Cali emerge en el epicentro de la violencia en Colombia

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Calí, la tercera mayor ciudad de Colombia, se ha convertido en el epicentro de los disturbios que sacuden al país andino, y sus habitantes sitiados por la violencia claman por la apertura de carreteras para paliar la creciente escasez de alimentos y medicinas.

La violencia, que ha dejado cientos de heridos y al menos 40 muertos, se produce en el marco de una jornada de protestas contra el gobierno que el martes cumplía 14 días y que ha sido acompañada por denuncias de violaciones a los derechos humanos y acusaciones de que agentes del orden público han utilizado armas de fuego contra manifestantes pacíficos.

Las protestas —emprendidas por organizaciones sindicales, estudiantiles e indígenas— han sido registradas en distintas ciudades del país desde que comenzaron el 28 de abril, pero los mayores enfrentamientos suceden en Cali y las zonas aledañas, donde grupos civiles armados han comenzado a enfrentarse contra los manifestantes.

El domingo, civiles con armas de fuego se enfrentaron a un grupo de indígenas que llevaban machetes y piedras. El choque, donde ambos bandos dicen haber sido atacados primero, dejó un saldo de al menos ocho heridos, reportó la Defensoría del Pueblo.

Cali, ciudad que se autodenomina como la capital de la salsa, emerge ahora como un emblema de los disturbios que sacuden a Colombia, en momentos en que persistentes tensiones sociales agravadas por la pandemia se mezclan con el accionar de bandas criminales, grupos armados ilegalmente conformados y un cuerpo policial mal entrenado para alimentar la ola de violencia.

Analistas advierten que el presidente Iván Duque tiene un arduo camino por delante para poder contener la violencia mientras Cali suena campanadas de alarma sobre lo que podría ocurrir en otras ciudades latinoamericanas en la medida en que el coronavirus acentúa las tensiones sociales.

En un intento por calmar la violencia en el país, Duque ha tratado de iniciar una etapa de diálogo con los manifestantes, pero los esfuerzos se han visto mermados por el fracaso anterior de iniciativas similares y los analistas advierten que el gobierno no parece estar dispuesto a brindar las concesiones necesarias para desactivar la crisis.

“Yo veo todo esto muy difícil. Veo entre los manifestantes una confianza en las instituciones que está rota, y (del lado de las autoridades) siento que hay un ánimo de desescalar pero no un ánimo a llegar a compromisos políticos y económicos que sean duraderos”, dijo el analista político Sergio Guzmán.

Lo que complica la situación, son las recurrentes acusaciones de que los organismos policiales han estado utilizando armas de fuego contra los manifestantes.

“Los abusos policiales han sido en realidad brutales. Creo que en realidad no tenemos registro en Colombia de abusos policiales tan generalizados y tan brutales como los que hemos podido documentar en estas jornadas de protestas”, dijo a el Nuevo Herald José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Human Rights Watch, cuyo equipo en Colombia logró confirmar la muerte de 40 personas y lesiones a otras 400 en el marco de las protestas, también ha estado documentando la preocupante participación de grupos de civiles armados en la violencia en Cali y otras localidades cercanas.

“Aparecen en vehículos, a veces sin placas, se bajan y disparan armas de fuego, armas pesadas, contra aquellos que están manifestándose en las calles, ya sea pacífica o violentamente. No sabemos si esos civiles son policías de civil, o bandas de criminales”, explicó Vivanco.

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