CRISIS EN COLOMBIA

Un carro bomba explota dentro en la Brigada 30 del Ejército colombiano en Cúcuta

Un carro bomba explotó este martes en las instalaciones de la Trigésima Brigada del Ejército colombiano, ubicada en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, informó el presidente Iván Duque.

El mandatario dio instrucciones al ministro de Defensa, Diego Molano, para que viaje de inmediato a Cúcuta “ante la explosión de un vehículo al interior de la Brigada 30 del Ejército”.

Al lugar llegaron varias ambulancias pero se desconoce cuántos heridos hay y su estado, según las primeras informaciones de medios locales que también mencionan que no fue uno sino dos los carros bomba que explotaron dentro de la unidad militar.

La explosión, que se vio desde barrios vecinos, afectó algunas instalaciones de la Trigésima Brigada, especialmente un área de oficinas que, según algunos militares, estaban vacías ya que parte del personal de la brigada, adscrita a la Segunda División del Ejército, está en cuarentena por coronavirus.

Bomberos de Cúcuta y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, así como de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para tratar de esclarecer lo ocurrido pues las primeras imágenes muestran lo que parecen ser restos de un vehículo en llamas en una de las calles de la brigada.

La toma de Bogotá se desinfla por desgaste de movilizaciones

La convocatoria de sindicatos colombianos de una gran “toma de Bogotá” en una nueva jornada de manifestaciones transcurrió el miércoles (09.06.2021) con una afluencia claramente mermada por el desgaste de siete semanas de movilizaciones sociales en Colombia.

Unas 300 personas, convocadas por el Comité Nacional del Paro, se reunieron en el Parque Nacional de Bogotá con batucadas, globos y banderas con los colores nacionales y esperando que la lluvia les diese tregua, según reseñó la agencia española Efe.

Desfilaron cantando consignas contra el gobierno y la violencia policial hasta el hotel Tequendama, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra recibiendo a organizaciones, víctimas e instituciones durante la visita de trabajo que hace al país para verificar la situación de derechos humanos en las protestas.

La jornada comenzó con un grupo de indígenas misak que intentaron derribar una estatua de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón después de que hace unas semanas tumbaran la del conquistador español y fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, y se hayan dado acciones similares en otras partes del país. 

A los manifestantes de los sindicatos y jóvenes que marcharon pacíficamente se les sumó medio centenar de campesinos del Catatumbo, una de las zonas más convulsas de Colombia cercana a la frontera con Venezuela.

Colombia cumple un mes de protestas golpeadas por la violencia

Dos reformas canceladas, varias renuncias gubernamentales y la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro son parte del balance. Pero, la violencia se ha convertido en su alto costo. Muertes, desapariciones y abusos sexuales alarman sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas presuntamente por la fuerza pública. La CIDH advierte sobre una grave crisis.

Una desigualdad de décadas avivada con impopulares reformas políticas detonó el hartazgo por el que miles de colombianos se tomaron las calles. Tras un mes de protestas, algunos frutos han sido visibles. Sin embargo, aún quedan muchas peticiones por resolver. La crisis se agrava con la mirada puesta en las violaciones a los derechos humanos.

Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril junto a un paro nacional, presionaron al Gobierno y a los legisladores a archivar las impopulares reformas tributaria y de salud, iniciales detonantes de las manifestaciones.

Pero la decisión de la Administración de Iván Duque no logró contener los reclamos, ahora avivados por denuncias de brutalidad policial que derivaron en impactantes focos violentos, especialmente en Bogotá, la capital, y en Cali, la tercera ciudad del país. Las inconformidades se extienden a otras demandas.

Entre ellas, un ingreso básico, oportunidades para los jóvenes y el fin de la violencia policial, incluidos los llamados para eliminar ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, acusado de reprimir a los manifestantes. Los ciudadanos también expresan su frustración por la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la continua violencia en las zonas rurales, donde son asesinados líderes sociales y excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC.

A continuación, un repaso sobre lo que deja el primer mes de las movilizaciones que sacuden a Colombia:

Las protestas disminuyen su volumen, pero el pulso sigue siendo sólido

Luego de 30 días, las manifestaciones han atravesado por jornadas con menor flujo de participantes. El 26 de mayo Colombia vivió su quinto paro nacional en el que se evidenció una disminución en la asistencia.

No obstante, queda demostrado que aún hay cientos de personas elevando sus voces dispuestas a presionar por cambios sustanciales.

El impulso se mantiene. “Las protestas nos afectan, pero es preferible ir a la huelga uno, dos, tres meses que pasar la vida entera con tanta corrupción, sin ayuda del Estado”, aseguró el trabajador bancario Eduard Barragán, de 29 años, en el centro de Bogotá.

Si bien la mayoría de manifestaciones son pacíficas, del otro lado, hay quienes no están de acuerdo con las huelgas y los bloqueos de carreteras que durante un mes de estallido social han paralizado aún más los negocios, creado desabastecimiento de combustible y alimentos en algunas ciudades, así como daños a peajes, estaciones de policía, bancos y establecimientos comerciales. Estos grupos de personas también han salido a expresarse en una especie de contra protesta.

Frente a la condena internacional por el uso de fuerza excesiva, el Gobierno de Duque asegura que respeta las manifestaciones pacíficas, al tiempo que insiste en que los bloqueos de carreteras no son protestas legítimas y deben ser levantadas.

Dos reformas canceladas y varias renuncias gubernamentales

La presión de las movilizaciones a lo largo del país deja por el momento dos logros tangibles: el retiro del proyecto a la reforma tributaria, anunciado el pasado 2 de mayo y la cancelación de la reforma a la salud, el pasado 19 de mayo.

La iniciativa fiscal buscaba un importante aumento de impuestos sobre las clases media y baja del país para recaudar alrededor de 6.302 millones de dólares, con el fin de llenar los agujeros de las arcas públicas del Estado, golpeadas por la pandemia del Covid-19. Pero en un momento de crisis económica, justamente a raíz de la emergencia sanitaria que obligó al cierre del comercio, turismo y diversos negocios, este proyecto fue solo la última gota que colmó la paciencia de los ciudadanos.

La reforma a la salud, por su parte, pretendía privatizar una sanidad de por sí altamente tercerizada. En medio de las fuertes críticas desde distintos sectores, el Congreso votó por mayoría para archivar el controvertido proyecto de ley 010 de 2020.

El remesón ha llegado hasta las altas esferas del poder político. El Gobierno ha recibido tres renuncias en el último mes. El pasado 5 de mayo, dimitió el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Los manifestantes pedían su cabeza tras ser el impulsor de la polémica reforma tributaria.

Colombia y EE. UU. expresan su rechazo “al vandalismo y la violencia”

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, de visita en Estados Unidos, se reunió ayer miércoles con el director de asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, con quien coincidió en rechazar “el vandalismo y la violencia, sin importar el origen”.

“Coincidimos en rechazo al vandalismo y la violencia, sin importar el origen. También avanzamos hacia la cooperación en vacunas contra el COVID-19, un tema muy importante para nuestra reactivación económica”, expresó la canciller Ramírez, según se conoció por un comunicado del gobierno colombiano.

En conferencia de prensa tras el encuentro, González fue asertivo respecto a las relaciones entre ambos países.

“Hay un claro apoyo a Colombia y al pueblo colombiano. Reconocemos a los protestantes pacíficos y las demandas que ellos tienen, en esa conversación nacional que ha propuesto el presidente Duque. Obviamente, cualquier reporte de violencia por parte de la ciudadanía será investigada de forma clara y contundente. Estados Unidos está para apoyar a Colombia, como lo hemos hecho por muchas décadas”, señaló.

La ONU y EE.UU piden a Colombia localizar a personas desaparecidas en protestas

Estados Unidos “animó” el lunes pasado al Gobierno de Iván Duque a localizar a las personas que han desaparecido durante las protestas de las últimas semanas “tan pronto como sea posible”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

“Animamos a las autoridades a continuar su trabajo para localizar a las personas desaparecidas tan pronto como sea posible”, afirmó Psaki en una rueda de prensa. La portavoz también dio la “bienvenida” a las investigaciones que el Ejecutivo colombiano ha abierto sobre algunos casos de violencia y al despliegue en todo el territorio nacional de unos 35 equipos que tienen como misión hallar a quienes están desaparecidos.

Colombia es el mayor aliado de Estados Unidos en Latinoamérica y el Gobierno de Joe Biden se ha mostrado mucho más cauto a la hora de criticar los abusos denunciados que en otros países de la región. Según datos de este lunes de la Fiscalía colombiana, las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas.

La ONU se une al pedido de Washington

Por su parte, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DD.HH.) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) pidieron al Estado colombiano iniciar la “búsqueda y localización expedita” de las personas desaparecidas.

“Es importante también que se inicie la búsqueda y localización expedita, sin dilación y sin demora de las personas cuya desaparición se alega, como una forma de prevenir la posible consumación de desapariciones”, expresaron ambos organismos en un comunicado conjunto.

Renunció la canciller de Colombia ante crisis política y social

La canciller de Colombia, Claudia Blum, presentó hoy su renuncia al presidente Iván Duque, cuando el país está inmerso en una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años, debido a más de dos semanas de protestas y movilizaciones que han causado decenas de muertos.

“Por medio de la presente, quiero de la manera más respetuosa presentar a usted mi renuncia irrevocable al cargo de ministra de Relaciones Exteriores, efectiva de manera inmediata”, dice la carta con fecha del 11 de mayo, pero hecha pública este jueves.

“Estoy segura de que el país continuará en la senda del desarrollo sostenible, en la recuperación social y económica frente a los efectos de la pandemia, y en la consolidación de los consensos que ratifiquen la unidad y fortaleza de nuestra nación”, agregó Blum.

Desde el 28 de abril, Colombia vive multitudinarias protestas que comenzaron como rechazo a una retirada reforma tributaria que quería aprobar el gobierno.

Ahora, las movilizaciones congregan otros reclamos, como la dimisión del presidente, la reforma de la policía y que se cancele un intento de reformar la el sistema de salud.

De acuerdo con la prensa colombiana, la ministra tenía previsto viajar próximamente a Europa para compartir la versión del gobierno sobre la crisis.

Duque pierde así a su segundo ministro en medio de la convulsión social. El primero fue el responsable de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien dejó el cargo acosado por las críticas a su propuesta de subir impuestos a la clase media en plena pandemia.

Colombia: nueva jornada de paro mantiene en jaque al Gobierno de Duque

La más reciente convocatoria del paro nacional topó las calles de manifestaciones antigubernamentales en varias regiones de Colombia este miércoles 13 de mayo, mientras el Gobierno de Iván Duque mudó a un tono más conciliador hacia los manifestante con el fin de encontrar acuerdos que parecen estancados. 

Miembros de sindicatos, estudiantes, jubilados y trabajadores marcharon este miércoles 13 de mayo en un nuevo paro nacional convocado contra el Gobierno en Colombia, mientras el presidente Iván Duque instaba a los ciudadanos a rechazar la violencia y los estereotipos sobre los manifestantes y la policía por igual.

El decimoquinto día de las marchas fue una mezcla de reclamos al Gobierno, al que le exigen acciones efectivas contra la brutalidad policial y que cesen algunas de sus políticas y proyectos de ley, como la reforma de salud. Las marchas más concurridas fueron las de Bogotá, en donde hubo diferentes puntos de encuentro y algunos choques con las fuerzas antidisturbios, aunque no todos confluyeron en la céntrica Plaza de Bolívar. En tono similar, las manifestaciones se desarrollaron en Barranquilla, Cartagena y Montería, las principales ciudades del Caribe. En Bucaramanga y Cúcuta, esta última capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, la gente también salió a expresar su descontento.

“Estoy en el paro porque creo que ninguna de las reformas que se han hecho ni las que se piensan hacer en cuanto a lo laboral, lo pensional, la reforma a la salud, favorecen al pueblo”, argumentó Marcela, profesora de una escuela del barrio San Cristóbal, en el sur de Bogotá. La maestra, que izaba una pancarta escrita con letras rojas en la que se leía “no a la reforma laboral”, uno de los lemas del primer paro del 28 de abril, enfatizó que el país está viviendo “una serie de masacres, de asesinatos, simplemente por no tener un derecho a la protesta cuando en realidad lo que estamos pidiendo es garantía para todo”.

En Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia y la principal del Pacífico, la Minga (movilización) indígena acompañó en las marchas a “los jóvenes y la ciudadanía movilizada porque nos estaban masacrando”, exclamó Aida Quilcué, una fuerte opositora del Gobierno Duque. La líder indígena destacó que, pese a que el Gobierno del Valle del Cauca, del que es capital Cali, cerró sus fronteras desde el pasado domingo para garantizar el orden público, la Minga logró llegar para participar en las protestas y hoy mismo comenzaron a salir de la ciudad hacia sus territorios, mayoritariamente ubicados en el vecino Cauca por los ataques que han recibido los últimos días.

Duque: “es injusto generalizar”

Sobre la brutalidad policial, el presidente Duque, que sigue sin dar una declaración contundente al respecto como le piden las organizaciones, dijo el martes que las autoridades han iniciado 65 acciones disciplinarias, entre ellas 8 por homicidio, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física y 19 por otras conductas. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo informó también ayer que ha recibido reportes de que 42 personas (41 civiles y 1 policía) han muerto en las dos semanas de paro, y que siguen buscando a 168 personas.

Según los registros de la ONG Temblores, dedicada a investigar la violencia policial, durante las protestas han ocurrido 40 casos de víctimas de “violencia homicida” por parte de la fuerza pública y al menos 1.956 casos de violencia física, que incluyen 28 agresiones oculares, así como 12 casos de violencia sexual.

“Es injusto pintar a todos los que se expresan pacíficamente en las calles como vándalos o como terroristas o como delincuentes”, dijo Duque durante una reunión con decenas de líderes juveniles en Bogotá. “También es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de las fuerzas de seguridad”. Los comentarios fueron más conciliadores que el discurso de Duque al comienzo de las protestas, cuando denunció los incidentes de saqueos y ataques a la policía, acusando de vandalismo a los manifestantes.

Disturbios durante Copa Libertadores en Barranquilla

Los jugadores y el personal de la selección colombiana Junior y del River Plate de Argentina se frotaron los ojos con incomodidad luego de que la policía lanzara gases lacrimógenos a los manifestantes afuera del estadio, justo antes del partido de la Copa Libertadores en Barranquilla ayer. Las protestas se desplazaron hacia el evento deportivo para rechazar que un partido así se celebrara en medio del paro nacional.

Las imágenes de televisión mostraban antes al equipo de River interrumpiendo su calentamiento en la cancha debido a un malestar similar en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, la ciudad que albergará la final de la Copa América en julio. Se escucharon fuertes explosiones y sirenas fuera del estadio y el juego terminó 1-1. 

Otro partido de la Libertadores entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay en Pereira se retrasó una hora debido a las protestas allí. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) trasladó partidos de Colombia a Paraguay y Ecuador la semana pasada para asegurar que las protestas no afectaran los partidos. Sin embargo, los incidentes del miércoles fueron especialmente preocupantes para la CONMEBOL, ya que la Copa América se realizará en Colombia y Argentina el próximo mes.

Colombia albergará 15 partidos, incluida la final del torneo internacional más antiguo del mundo. El partido por el título se llevará a cabo en Barranquilla el 10 de julio. Algunos manifestantes protestaron ayer contra la realización del partido de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Club Nacional y la organización de la Copa América en Pereira.

Comité exige negociación, no diálogo

Si bien es cierto que el Gobierno ya retiró la reforma fiscal, las protestas encajan una serie de exigencias que el Comité de Paro resume así: retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones, y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual y defensa de la producción nacional.

Por su lado, el Gobierno plantea para la mesa de negociación asuntos como vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero. Las temáticas parecen coincidir y ahora se espera que las partes logren sentarse y llegar a acuerdos para sacar al país de esta crisis, la peor en el Gobierno de Duque y una de las más difíciles de Colombia en tiempos recientes.

Además, el Gobierno anunció que está dispuesto a “negociar” con el Comité de Paro, que exige una “negociación” y no un “diálogo”. Sin embargo, hay manifestantes en las calles que aseguran que tampoco se sienten recogidos en las demandas del Comité de Paro, que solo agrupa las organizaciones más tradicionales de la protesta, y que podrían mantener con las movilizaciones independientemente a las negociaciones con Duque.

El Gobierno colombiano ha pedido que los manifestantes deben despejar las vías del país para permitir el normal abastecimiento de alimentos y medicinas. Según el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea, las pérdidas por los bloqueos de las carreteras son de alrededor de 1,7 billones de pesos (unos 458 millones de dólares de hoy). Explicó que la cifra es porque se dejaron de movilizar 700.000 toneladas de alimentos por los bloqueos en los diferentes departamentos.

Cali emerge en el epicentro de la violencia en Colombia

Calí, la tercera mayor ciudad de Colombia, se ha convertido en el epicentro de los disturbios que sacuden al país andino, y sus habitantes sitiados por la violencia claman por la apertura de carreteras para paliar la creciente escasez de alimentos y medicinas.

La violencia, que ha dejado cientos de heridos y al menos 40 muertos, se produce en el marco de una jornada de protestas contra el gobierno que el martes cumplía 14 días y que ha sido acompañada por denuncias de violaciones a los derechos humanos y acusaciones de que agentes del orden público han utilizado armas de fuego contra manifestantes pacíficos.

Las protestas —emprendidas por organizaciones sindicales, estudiantiles e indígenas— han sido registradas en distintas ciudades del país desde que comenzaron el 28 de abril, pero los mayores enfrentamientos suceden en Cali y las zonas aledañas, donde grupos civiles armados han comenzado a enfrentarse contra los manifestantes.

El domingo, civiles con armas de fuego se enfrentaron a un grupo de indígenas que llevaban machetes y piedras. El choque, donde ambos bandos dicen haber sido atacados primero, dejó un saldo de al menos ocho heridos, reportó la Defensoría del Pueblo.

Cali, ciudad que se autodenomina como la capital de la salsa, emerge ahora como un emblema de los disturbios que sacuden a Colombia, en momentos en que persistentes tensiones sociales agravadas por la pandemia se mezclan con el accionar de bandas criminales, grupos armados ilegalmente conformados y un cuerpo policial mal entrenado para alimentar la ola de violencia.

Analistas advierten que el presidente Iván Duque tiene un arduo camino por delante para poder contener la violencia mientras Cali suena campanadas de alarma sobre lo que podría ocurrir en otras ciudades latinoamericanas en la medida en que el coronavirus acentúa las tensiones sociales.

En un intento por calmar la violencia en el país, Duque ha tratado de iniciar una etapa de diálogo con los manifestantes, pero los esfuerzos se han visto mermados por el fracaso anterior de iniciativas similares y los analistas advierten que el gobierno no parece estar dispuesto a brindar las concesiones necesarias para desactivar la crisis.

“Yo veo todo esto muy difícil. Veo entre los manifestantes una confianza en las instituciones que está rota, y (del lado de las autoridades) siento que hay un ánimo de desescalar pero no un ánimo a llegar a compromisos políticos y económicos que sean duraderos”, dijo el analista político Sergio Guzmán.

Lo que complica la situación, son las recurrentes acusaciones de que los organismos policiales han estado utilizando armas de fuego contra los manifestantes.

“Los abusos policiales han sido en realidad brutales. Creo que en realidad no tenemos registro en Colombia de abusos policiales tan generalizados y tan brutales como los que hemos podido documentar en estas jornadas de protestas”, dijo a el Nuevo Herald José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Human Rights Watch, cuyo equipo en Colombia logró confirmar la muerte de 40 personas y lesiones a otras 400 en el marco de las protestas, también ha estado documentando la preocupante participación de grupos de civiles armados en la violencia en Cali y otras localidades cercanas.

“Aparecen en vehículos, a veces sin placas, se bajan y disparan armas de fuego, armas pesadas, contra aquellos que están manifestándose en las calles, ya sea pacífica o violentamente. No sabemos si esos civiles son policías de civil, o bandas de criminales”, explicó Vivanco.

Colombia: fracasan negociaciones entre comité del paro y presidente Duque

La reunión entre el Comité Nacional del Paro (CNP) y el presidente de Colombia, Iván Duque, para avanzar en negociaciones con el que se buscaba dar fin a las movilizaciones y bloqueo de carreteras que el país vive desde hace 12 días concluyó sin acuerdo alguno, al tiempo que continuaron las protestas en varias ciudades del país.

Durante casi cuatro horas, la organización que reúne a sindicatos, movimientos sociales y universitarios habló con Duque en la sede de gobierno, sin acordar una salida a la crisis que deja 12 días de protestas con un reporte oficial de 27 fallecidos y centenares de heridos.

Sin embargo, las ONG Temblores e Indepaz dan cuenta de 47 víctimas mortales, “39 de ellas por violencia policial”.

“No hubo empatía del gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional”, dijo a periodistas el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, (CUT), Francisco Maltés.

Las manifestaciones, que completaron su décimo tercer día, fueron convocadas inicialmente para rechazar un plan de reforma fiscal. Pero cuando el gobierno retiró la polémica iniiativa hace poco más de una semana, los movimientos sociales mantuvieron las protestas y exigieron acciones contra la violencia policial, la histórica desigualdad social con una renta básica para las familias más pobres y mejoras a la salud y la educación, el retiro del proyecto de ley de salud y una vacunación masiva, cumplir el acuerdo de paz con la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y desmantelar las organizaciones criminales y paramilitares. entre otras reivindicaciones.

Diógenes Orejuela, del Comité Nacional de Paro y secretario general de la CUT, dijo que “fue una reunión fallida, una reunión que no produjo nada”, y acusó al gobierno de esquivar la palabra negociación.

La representante estudiantil, Jennifer Pedraza, aseguró que el gobierno mantuvo una posición similar a la de 2019, cuando eludió una negociación de fondo. “El discurso del presidente Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública sobre las manifestaciones y sobre la base de eso es imposible tramitar cualquier tipo de reivindicación”, declaró a periodistas la dirigente estudiantil.

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseveró que el gobierno rechaza la violencia y que habrá cero tolerancia con los miembros de la fuerza pública que violen la Constitución y la ley.

Resaltó que el encuentro se agendó para para buscar una salida a las protestas y cierres de vías que se dan en el país desde el pasado 28 de abril, y por lo mismo se trató de una reunión exploratoria.

“No esperábamos una respuesta porque no era el espíritu de esa reunión hacer una declaración conjunta y presentar al país un acuerdo”, dijo a la prensa Miguel Ceballos. Agregó: “Sí era el espíritu y lo sigue siendo (…) construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdo”.

El ministro del Interior, Daniel Palacios recalcó que el pliego de peticiones pasó de ocho puntos a 108, lo que aleja las posibilidades de un acuerdo.

En tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su preocupación por el ataque a tiros ayer a indígenas que participan en una marcha conocida como Minga, y se dirigían a Cali en apoyo a las movilizaciones.

El domingo, habitantes de un barrio del sur de Cali se enfrentaron con los indígenas luego de que intentaron quitar las barricadas que los mantiene encerrados en sus calles desde que comenzó la protesta, lo que derivó en fuertes enfrentamientos, en los cuales algunos de esos habitantes sacaron armas y dispararon contra los participantes en la Minga, de los cuales hay nueve heridos, denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca; la policía metropolitana de Cali reportó que cuatro personas resultaron heridas por los manifestantes.

¿Qué pasa en Colombia y por qué no culminan las protestas?

Miles de personas volvieron a las calles de Colombia este miércoles para protestar contra el gobierno del presidente Iván Duque, al fin de una semana de manifestaciones que se tornaron violentas y dejaron ya al menos 24 muertos, la mayoría por disparos.

Bajo la lupa de la comunidad internacional -que denunció excesos de la fuerza pública-, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron a las calles de la capital Bogotá, así como de Medellín en el noroeste y Cali en el suroeste.

El disparador fue el rechazo a la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque. Pero el abanico del descontento era más amplio, por eso no amainó luego de que el presidente anunciara que retiraba el proyecto impositivo y que estaba dispuesto a negociar uno nuevo con la oposición y otros actores políticos. Los reclamos son variopintos: mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, cese del abuso policial contra las manifestaciones, entre otras.

Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades se tornaron violentas. De acuerdo a cifras oficiale, hasta este martes al menos 24 personas murieron (18 baleados), más de 800 quedaron lesionadas y 89 están desaparecidas. Onegés denuncian que la policía ha disparado contra manifestantes y que las víctimas fatales superan las 30 personas. Las autoridades también registran tres policías heridos de bala.

Así, lo que había empezado como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en la protesta más grande contra el gobierno conservador desde que llegó al poder en 2018.

Condena internacional

La presión en las calles no cede, ante la vigilancia de la comunidad internacional que denunció ataques de policías contra civiles. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma y le exigieron garantías al gobierno en medio de las protestas. Según Reporteros sin Fronteras hubo además 76 agresiones contra periodistas, diez de ellos lesionados por la fuerza pública.

Bogotá vivió una noche de tensión el martes. Treinta ciudadanos y 16 policías resultaron heridos tras los choques con uniformados que dejaron 25 puestos policiales afectados, según la alcaldía local. La violencia estalló también en Cali el lunes dejando cinco muertos y una treintena de lesionados.

Bogotá declara toque de queda en segundo día de paro nacional

Tras un segundo día de protestas masivas en toda Colombia, la capital de Bogotá declaró toque de queda a partir de las 9:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana, dijo la alcaldía de la ciudad este viernes. 

Los principales grupos sindicales y activistas estudiantiles de Colombia convocaron a un paro nacional este jueves para protestar por las políticas económicas del Gobierno del presidente Iván Duque y una larga lista de quejas. Han sido las mayores marchas del país desde 1977.

El presidente Duque dijo en una rueda de prensa que habrá presencia del Ejército en la ciudad el viernes en la noche.

Los ciudadanos manifestaron durante todo el día su inconformidad con el Gobierno por medio de ‘cacerolazos’, golpeando cacerolas para hacer llegar sus quejas hasta oídos de  Duque, cuya desaprobación alcanza un récord 74%.

El alcalde de Bogota Enrique Peñalosa dijo en un video  compartido en Twitter, sin presentar pruebas, que “hay una campaña orquestada” para sembrar el caos en la ciudad y que los reportes de saqueos a los conjuntos residenciales que han investigado “han resultado no ser reales”.https://twitter.com/EnriquePenalosa/status/1198088194606153729

Añadió que la situación del viernes en Bogotá, parecida a la de Cali el jueves que también llevó a un toque de queda, es “una trampa que han tendido los que quieren generar terror”.

Un descontento que no se ve hace décadas

Las marchas fueron históricas, no solo por su tamaño, sino también porque los puntos donde más apoyo tiene el partido conservador del presidente, el Centro Demócratico, seguidores también del polarizante expresidente Álvaro Uribe Vélez, también alzaron su voz para mostrar su desaprobación.

Al terminar el día, tres personas habían muerto en el departamento del Valle del Cauca al suroeste del país, en Buenaventura y en Candelaria. 

Sin embargo, las marchas fueron en su gran mayoría pacíficas: la gente de todas las clases sociales y edades, desde la punta norte en la Guajira hasta la punta sur en el Amazonas en Leticia, y hasta en ciudades alrededor del mundo como Madrid, Nueva York y París, salieron con pancartas, cantos, instrumentos y coreos a denunciar el mal manejo que le ha dado al país el presidente.

El jueves hubo focos de violencia debido a minorías en Bogotá, Cali y Manizales. Tanto civiles como policías y miembros del ejercito resultaron heridos: 122 civiles con heridas leves y 151 uniformados lesionados, según el balance oficial a nivel nacional. También hubo 98 capturados.

Según informó Peñalosa en una rueda de prensa, 26 civiles y 74 policías resultaron heridos en Bogotá, dos de ellos graves. 

Colombia: crecen las denuncias por violencia contra manifestantes

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaron ayer que periodistas han sido víctimas de 70 ataques durante las violentas protestas en Colombia y hay un riesgo inminente de autocensura de quienes las cubren por el excesivo uso de la fuerza policial.

Durante las manifestaciones, en las que han muerto 19 personas según la Defensoría del Pueblo, “se han documentado 70 agresiones y 76 víctimas, de las cuales destacamos 32 agresiones, siete robos y eliminaciones de material, nueve obstrucciones, cinco detenciones ilegales”, detallaron ambos organismos en un comunicado.

Advirtieron de que “el Estado colombiano ha demostrado su incapacidad para brindar a la prensa el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público” y aseguraron que quienes ejercen periodismo y los medios de comunicación son víctimas de estigmatización por parte de algunos funcionarios públicos. “Criticar a los medios de comunicación y periodistas por difundir las cifras sistematizadas por las organizaciones de la sociedad civil y las denuncias hechas en las redes sociales, en lugar de la información oficial, es un síntoma de un Estado antidemocrático”, lamentaron.