DEMANDA

Pacientes de EEUU afectadas por Coronavirus demandan a China

Antes del coronavirus, Saundra Andringa-Meuer era una mujer saludable de 61 años, madre de seis hijos, que no fumaba ni bebía alcohol. Pero el COVID-19 la enfermó gravemente después de viajar desde su hogar en Wisconsin para ayudar a su hijo a mudarse de la universidad en Connecticut.

La hospitalizaron en marzo, terminando en coma y con un respirador artificial durante 14 días. Los médicos le dijeron a su familia que tenía pocas posibilidades de vivir. Cuando se recuperó, le dijeron que era la paciente más grave por coronavirus que habían visto salir adelante.

Ahora, Andringa-Meuer, junto con docenas de pacientes de COVID-19 y algunas empresas estadounidenses, busca demandar a China por la propagación del virus, que ha matado al menos a 75.000 personas en Estados Unidos.

“Siento que lo escondieron del mundo y de los estadounidenses”, dijo. “No siento que debamos perder la boda o tener que cerrar la economía. Se interrumpió la vida de todos los estadounidenses. Creo que necesitamos corregir algunos de estos errores”, señaló la mujer.

Hasta el momento, se han presentado al menos nueve demandas en Estados Unidos contra China donde se alega que las autoridades no hicieron lo suficiente para contener al virus desde un inicio, trataron de ocultar lo que estaba sucediendo en la ciudad de Wuhan, donde comenzó el brote, y buscaron esconder sus acciones y lo que sabían.

Ocho de los juicios son acciones colectivas potenciales que podrían representar a miles de personas y empresas. Uno fue presentado por el fiscal general de Missouri, que hasta ahora es el único estado que ha emprendido acciones legales contra China.

Los casos enfrentan varios obstáculos bajo la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, que establece que los gobiernos extranjeros no pueden ser demandados en Estados Unidos a menos que se cumplan ciertas excepciones. Y eso no es fácil de probar, dicen los expertos.

Tribunal Superior de Los Ángeles rechaza bloqueo de ayuda millonaria para indocumentados en California

Una juez en Los Ángeles negó una solicitud de emergencia para bloquear la asignación de $75 millones de fondos del estado de California para ayudar a inmigrantes indocumentados afectados por el coronavirus.

La demanda había sido presentada por los contribuyentes Robin Crest y Howard A. Myers la semana pasada.

En su petición los demandantes buscaban un bloqueo de los fondos autorizados por el gobernador Gavin Newsom para ayudar a los trabajadores indocumentados afectados por la pandemia, alegando que la ayuda es “un gasto ilegal del dinero de los contribuyentes”.

El gobernador del estado presentó un programa de ayuda para inmigrantes indocumentados el pasado 15 de abril en el que prometía $125 millones en fondos, de los cuales $75 millones provenían de los ingresos fiscales del estado.

Los recursos económicos en disputa ayudarán a unos 150.000 indocumentados en el estado, que recibirán 500 dólares en efectivo por persona o 1.000 si son una familia.

La acción legal también pedía una orden judicial permanente que impida que el dinero de los contribuyentes se ponga a disposición de los “extranjeros ilegalmente presentes”.

Hace dos semanas, dos hispanos de filiación conservadora presentaron una demanda similar contra Newsom para bloquear dichos fondos.

La concejal de la ciudad de Whittier, Jessica Martínez, y el salvadoreño Ricardo Benítez presentaron su demanda argumentando que la ley de California y la ley federal prohíben la extensión de los beneficios de desempleo a los indocumentados.

Ambos demandantes son candidatos republicanos para la Asamblea estatal y la acción legal les valió una oleada de críticas de la comunidad hispana.

Hijos de indocumentados demandan a Trump por negarles ayuda económica por Coronavirus

Los hijos ciudadanos estadounidenses cuyos padres son inmigrantes indocumentados presentaron una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump, debido a que sus familias no recibieron ayuda de $1,200 dólares por pandemia de coronavirus.

La demanda es sobre la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES), la cual indica que las familias elegibles pueden recibir hasta $500 por cada niño menor de 17 años, además del pago para adultos.

Sin embargo, el Gobierno federal y el Congreso señalaron que los indocumentados no tienen derecho a ese apoyo y tampoco sus parejas estadounidenses, si es que presentaron conjuntamente su reporte de impuestos.

La demanda fue presentada en un tribunal federal de Maryland en forma anónima. Los demandantes tienen entre siete meses y nueve años, reportó BuzzFeed.

“La negativa a distribuir este beneficio a los niños ciudadanos estadounidenses socava el objetivo de la Ley CARES de proporcionar asistencia a los estadounidenses que lo necesitan, frustra los esfuerzos de la Ley para impulsar la economía y castiga a los hijos de ciudadanos por el estado (migratorio) de sus padres”, indicaron los abogados de los menores.

Aunque los hijos estadounidenses de inmigrantes indocumentados tienen números de Seguro Social, no pueden presentar declaraciones de impuestos por sí mismos, por lo cual dependen de un padre para que solicite el apoyo federal por COVID-19, pero las restricciones de la Ley CARES lo impiden.