DREAMERS

Más de 50,000 dreamers sin DACA podrían estar en peligro de deportación

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cumplió este domingo 15 de agosto nueve años de su implementación y aún hay más de 55,000 ‘dreamers’ que no tienen esa protección y están en riesgo de deportación.

La acción del programa está  limitada nuevamente en su alcance tras la decisión de un tribunal federal y con cientos de miles de jóvenes esperando que la Administración del presidente Joe Biden o el Congreso actúen.

En estos nueve años, el beneficio migratorio ha representado para cientos de miles de jóvenes indocumentados la oportunidad de tener un permiso de trabajo, y evitar la deportación.

Las cifras de los inmigrantes protegidos han llegado a rondar los 800,000. Muchos de estos jóvenes han logrado encontrar vías para legalizarse definitivamente, y contados son los que han perdido el estatus.

A marzo de 2021, unos 616.030 “soñadores”, como se conoce a los amparados por DACA, tenían activo el beneficio, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Protección por primera vez

Más de 50,000 indocumentados estaban esperando en marzo que se les aprobara por primera vez el amparo tras más de tres años de bloqueos de la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021), que quiso poner fin al beneficio en septiembre de 2017.

Las esperanzas de por fin lograr un amparo se vieron desvanecidas nuevamente cuando el juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, ordenó al Gobierno suspender la concesión de nuevos amparos migratorios al considerar que DACA es ilegal y que el hoy expresidente Barack Obama (2009-2017) se extralimitó en su autoridad cuando creó el programa en 2012.

No obstante, el magistrado sí permitió renovar los amparos existentes citando los años de vigencia del programa.

El fallo se dio en respuesta a una demanda entablada por Texas y otros ocho estados republicanos que desde 2018 alegaban que el programa era inconstitucional y no cumplía con el Acta de Proceso Administrativo (APA) al momento de su creación.

Fue un golpe bajo, el segundo que recibimos”, dijo a Efe Beatriz, una madre indocumentada residente en Arizona que estaba esperando desde diciembre que el Gobierno aprobara la solicitud de DACA de su hijo Alberto, de 18 años.

Tanto soñadores como activistas han estado esperando que el Ejecutivo y el Congreso actúen.

Esfuerzo de Administración Biden

Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de DACA, presentó al Registro Federal un aviso de reglamentación (NPRM) bajo el título “Preservar y fortalecer la acción diferida para los llegados en la niñez”.

El aviso advierte que el 20 de enero de 2021, el presidente Biden firmó un memorando requiriendo que el DHS, en consulta con el fiscal general, tome todas las medidas apropiadas para preservar y fortalecer DACA de conformidad con la ley aplicable, por lo que el DHS “tiene la intención de participar en la elaboración de reglas de avisos y comentarios”.

Hasta que se publique la regla propuesta en el Registro Federal, el público no podrá conocer los detalles del NPRM, pero fracciones de ambos extremos políticos están aguardando el paso del Gobierno de Biden para salvar el amparo, firmado por Obama en junio del 2012 y que comenzó a recibir solicitudes en agosto de ese año.

El nuevo paso dado por la Administración demócrata debe de alguna manera responder al fallo presentado por Hanen, o se corre el riesgo de extender la batalla legal.

En tanto, en el Capitolio se analizan desde marzo varios proyectos de ley que darían la residencia permanente y una posterior vía a la ciudadanía a los soñadores y a los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), campesinos indocumentados y otros trabajadores irregulares y considerados “esenciales” a raíz de la pandemia.

Pero su futuro es más que incierto pues no terminan de dar las cuentas y reunirse los al menos 10 votos republicanos necesarios para sacar adelante en el Senado alguna de las tres medidas, dos de las cuales ya fueron aprobadas con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes.

Un camino a la ciudadanía

Actualmente las esperanzas están puestas en el plan de gasto social de 3,5 billones de dólares propuesto por Biden, que los demócratas quieren aprobar sin depender del Partido Republicano mediante el proceso de reconciliación, y que incluye una partida para legalizar a un sector de los indocumentados, donde los soñadores seguramente estarán incluidos.

Esta semana se dio el primer paso en esta dirección cuando los demócratas aprobaron por 51 votos la resolución que permite arrancar con el proceso. Ningún republicano dio su voto a favor del plan.

Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, una de las organizaciones más grandes de defensa de los soñadores, dijo en un comunicado que “no podemos seguir cayendo en la mala fe y la retórica racista de los republicanos”.

“Debemos recordar a los demócratas que tienen todo el poder político y la obligación moral de proporcionar un camino completo hacia la ciudadanía”, expuso.

“Este año, debemos entregar la ciudadanía a millones de estadounidenses indocumentados. ¡No hay excusas!”, concluyó Martínez, quien también es copresidenta de la campaña We Are Home, que reúne decenas de organizaciones que están luchando por la legalización de los indocumentados.

Senado retoma el ‘Dream Act’ para otorgar ciudadanía a ‘dreamers’

A veces la unidad bipartidista sorprende positivamente, como este jueves que los senadores demócrata Dick Durbin (Illinois) y el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) presentaron la ‘Dream Act’ que permitiría a los ‘dreamers’ obtener la ciudadanía.

“Hace veinte años, fui al piso del Senado para presentar el Dream Act por primera vez. Estoy orgulloso de hacerlo una vez más hoy. Es hora de arreglar finalmente nuestro sistema de inmigración roto”, dijo Durbin al presentar el proyecto.

La propuesta permitiría otorgar la Residencia Permanente a dos millones de inmigrantes, según cálculos de varias organizaciones, que llegaron al país siendo niños.

De ese universo alrededor de 700,000 están protegidos bajo la Acción Diferida (DACA).

El proyecto es celebrado por organizaciones que defienden a inmigrantes, así como coaliciones empresariales.

Datos del Center for American Progress (CAP) señalan que estos inmigrantes aportan miles de millones de dólares a la economía del país, al pagar $5,700 millones de dólares en impuestos federales y $3,100 millones de dólares en impuestos estatales y locales anualmente.

La National Retail Federation (NFR) celebró que se retomara la propuesta.

“Felicitamos a los senadores Durbin y Graham por liderar el esfuerzo para proporcionar una resolución bipartidista y permanente para millones de Dreamers”, dijo Matthew Shay, presidente y director ejecutivo de NRF.

Activistas buscan detener en corte restricciones para ‘dreamers’ impuestas por Trump

El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, presentó una queja actualizada para detener una nueva norma de la Administración del presidente Donald Trump que pretende restringir la protección de la Acción diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), poco después de que la Corte Suprema declarase ilegal el primer intento del Gobierno federal por eliminarla a mediados de junio.

“El tribunal más importante del país le dijo a la Administración Trump que no podía terminar arbitrariamente con DACA. A pesar de ello, el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el liderazgo de un interino designado ilegalmente, ha impulsado otro intento de erosionar el programa, por lo que haré todo lo posible para proteger a los soñadores del estado de Washington”, dijo Ferguson.

La nueva queja actualiza la demanda presentada en la Corte Suprema de Nueva York por Ferguson y 15 fiscales de otros estados en septiembre de 2017, y pretende frenar el más reciente esfuerzo de Trump para poner fin al programa DACA, creado en 2012 durante el mandato del presidente Barack Obama (2009-2017) y que protege de la deportación a sus beneficiarios.

Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentó un memorando el pasado 28 de julio ordenando a la dependencia rechazar las nuevas solicitudes de DACA, disminuir a un año el periodo de renovación de la protección del programa y prohibir a los beneficiarios salir de Estados Unidos sin aprobación del Departamento.

Ferguson dice que, una vez más, esta iniciativa es ilegal por haber sido presentado por un interino que no está facultado para tomar decisiones ya que se le nombró indebidamente eludiendo las leyes de sucesión para funcionarios, y que restringe las protecciones a 17,000 beneficiarios del programa en Washington y 800,000 en todo el país.

Asegura que el programa ha permitido a miles de inmigrantes indocumentados llegados en la infancia trabajar legalmente, tramitar sus licencias de conducir, comprar casas y acceder a estudios universitarios, lo que beneficia a la economía de ellos y del estado.

El nuevo reclamo estima que los residentes elegibles para DACA contribuyen con 51 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales en el estado.

USCIS aplica restricciones a los dreamers, incluidas limitantes para viajar al extranjero

oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer la nueva guía que restringe beneficios a los ‘dreamers’ bajo el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

En un reporte del diario La Opinión se selañal que los lineamientos son respuesta al memorando del 28 de julio del secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y confirma el rechazo de nuevas peticiones de protección de deportación y Autorización de Empleo para estos inmigrantes.

“Rechazaremos todas las peticiones iniciales de DACA de parte de extranjeros que nunca habían recibido DACA anteriormente y devolveremos todas las tarifas”, indica la guía.

La agencia adelanta que ese rechazo será “sin prejuicio”, es decir, en caso de que haya un cambio de política de la Administración federal para nuevas aplicaciones, aquellos inmigrantes a quienes les niegue el beneficio no serán castigados por ello.

USCIS también aplica la restricción adelantada por Wolf en su memorando sobre la limitante a un año de la protección, la cual era de dos años, según el programa original del presidente Barack Obama, creado en 2012.

“En los casos de peticiones de renovación de DACA aprobables, USCIS limitará las otorgaciones de acción diferida y autorización de empleo bajo DACA a no más de un año”, precisa.

Aquellos ‘dreamers’ que actualmente tienen una protección aprobada por dos años mantendrán ese beneficio hasta que expire, acotó la agencia, aunque las autoridades podrían rescindir la protección si considera que el extranjero “no continúa en cumplimiento con los criterios de DACA”, como no justificar el ejercicio favorable de discreción procesal.

Las Autorizaciones de Empleo o EAD por dos años que fueron robadas o perdidas serán renovadas para un periodo similar.

USCIS rechazará las solicitudes recibidas con más de 150 días de anticipación a la fecha de vencimiento de la protección, por lo que los aplicantes deben presentar la solicitud en un periodo de 30 días, es decir mínimo 120 antes de que caduque y máximo 150 días.

Trump elinina financiamiento a ‘dreamers’ universitarios

Aunque lo había adelantado hace unas semanas, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, eliminó formalmente a los “dreamers” de la ayuda económica aprobada por el Congreso para universitarios ante la crisis por coronavirus.

La funcionaria del Gobierno del presidente Donald Trump no considerará a los protegidos con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) como parte de los beneficiarios de los $6,000 millones de dólares para que los estudiantes puedan obtener alimentos, atención médica y cuidado infantil.

El Departamento de Educación emitió una regla final interina el jueves, reportó Law360, donde se aclara que sólo los estudiantes elegibles para recibir ayuda financiera federal considerados en el Título IV de la Ley de Educación Superior, pueden acceder al fondo de emergencia establecido en la Ley CARES.

Es decir, la autoridad federal recuerda que los inmigrantes indocumentados y los estudiantes de intercambio internacional no son elegibles para recibir apoyo extra.

“Los contribuyentes estadounidenses han apoyado durante mucho tiempo a los estudiantes estadounidenses que cursan estudios superiores y esta regla simplemente garantiza la continuidad de esa política bien establecida”, dijo DeVos en un comunicado.

La política también hace a un lado a aquellos universitarios con incumplimientos en su préstamo federal y quienes tengan una mala posición académica.

Activistas han criticado la decisión del Gobierno federal, adelantada en abril, al considerar que podría poner fin a las carreras universitarias de los estudiantes indocumentados, quienes ya corren un mayor riesgo de inseguridad alimentaria y de vivienda.

Hay algunas mociones en cortes pendientes, como una demanda en la corte federal de California, la cual podría tomar una determinación los próximos días.

Los “dreamers” también están a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre el programa –que esta 15 de junio cumplió ocho años– que los protege de la deportación.

Dreamers esperan ansiosos decisión de la Corte Suprema sobre DACA

Los más de 700 mil jóvenes amparados con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en Estados Unidos, esperan nerviosos que la Corte Suprema de la Nación emita un fallo a favor o en contra de la permanencia de este programa que les ha dado un permiso de trabajo y evitado su deportación.

Este lunes 18 de mayo fue otro día de angustiosa espera, en el que no hubo noticias.

La Corte tiene hasta el 30 de junio para tomar una decisión con relación al futuro del programa DACA. El fallo se espera desde enero.

Los fallos del máximo tribunal se dan cada lunes con excepción del lunes 29 de mayo que es día festivo en los Estados Unidos. Por lo tanto, el siguiente día que se espera un posible dictamen es el martes 30 de mayo.

“Estoy muy ansiosa esperando de aquí a junio un fallo. Al mismo tiempo estamos lidiando con el coronavirus y cómo protegernos. Es un balance muy difícil de sostener”, dice Melody, una joven beneficiada con DACA casi desde que comenzó este programa en 2012.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) ha llevado a cabo vigilias a distancia cada día que se espera una decisión de la Corte Suprema. En estos eventos se hacen públicas algunas de las historias de los beneficiarios del programa DACA. 

Como no pueden tener a muchos jóvenes en la vigilia, debido a la pandemia del COVID-19, han impreso casi 40 carteles grandes con las fotos de personas amparadas con DACA a quienes les llaman “Nunca Invisibles”.

Para cada vigilia escogen un lugar icónico de Los Ángeles. Así se han manifestado en el Queen Mary Hotel de Long Beach, la Plaza del Mariachi en Boyle Heights, Echo Park y el puente de la calle Primera de la ciudad de Los Ángeles.

Cada vez que salimos a hacer las protestas, nos protegemos de no contagiarnos del coronavirus. Se siente raro. Salimos con miedo pero con mucha valentía”.