Estudio: el ICE detiene a 70,000 durante la pandemia

Adrián y Yasmani, quienes prefirieron usar otros nombres para proteger su identidad, dicen seguir sin poder asimilar que en el centro de detenciones de Otay Mesa —ubicado en San Diego— un guardia, que después supieron que se había contagiado de COVID-19, se quitaba la mascarilla del rostro para toserle a los migrantes.

Ambos cubanos, quienes forman una pareja gay, explicaron que “fue horrible estar ahí… [Que fue como estar] en como otro mundo”.

La pandemia ya se registraba fuera del centro de detención pero poco tiempo después, una celadora y un primer migrante se contagiaron.

“Cuando empezó el coronavirus, hicimos una huelga de hambre porque no nos daban mascarillas. [Los guardias] empezaron a atacarnos. Se presentaban vestidos de negro con pistolas de gas lacrimógeno y nos amenazaban… Ordenaban que volviéramos a las habitaciones”, platicó Adrián.

Yasmani recuerda que “se llevaron a unas siete personas de nuestra sección, porque un guardia tenía coronavirus”.

Agrega que “[el celador] se quitaba la máscara y andaba tosiendo. Después de que dejó de venir a trabajar por unas dos semanas, pusieron nuestra sección en cuarentena”.

“Todo el mundo se dio cuenta de que nuestra sección tenía COVID-19 y fue cuando empezamos a preocuparnos más. Estábamos atrapados allí, pero ellos [los guardias] no adoptaron ninguna medida… No nos dieron nada y no podíamos mantener ninguna distancia”.

Explicaron que si alguien de la sección enfermara, sacarían a esa persona del área durante una semana y después de eso, traerían a la persona de regreso.

“Como alguien que es VIH positivo, temía no sobrevivir si me enfermaba allí”, dijo Yasmani.

Al salir del centro de detenciones, cerca de la frontera de San Diego con México, “nos sentimos bien al poder respirar aire fresco de nuevo”, platicó.

Pandemia y arrestos

Este relato se basa en lo que platicaron a la ACLU los dos migrantes cubanos que viajaron a Guyana, de ahí a Brasil; y por tierra lograron llegar a Tijuana, México.

En esta última parada, tuvieron que esperar meses hasta conseguir pasar en orden a pedir asilo, solo para ser enviados a la “hielera” de la patrulla fronteriza y luego al centro de detención de Otay Mesa.

Son solo dos de 525 migrantes que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha conseguido liberar de centros de detenciones en lo que va de la pandemia.

Pero la organización legal sin fines de lucro más grande en el país, calcula que en lo que va de la contingencia sanitaria, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a una 70,000 personas a nivel nacional.

Las detenciones van desde personas que el ICE busca hasta inmigrantes que están en el lugar del operativo pero terminan capturados —a quienes la agencia llama arrestos ‘colaterales’. Encierran incluso a aquellos, que como Adrián y Yasmani, hacen todo apegados al derecho internacional, al derecho de asilo y aportan evidencias.

Aún ahora, Yasmani dice sentirse mal “porque tengo un monitor electrónico de tobillo puesto y eso te hace sentir que sigues siendo un prisionero”.

Indica que los agentes del ICE “te llaman por la noche, en todo momento y otra vez al amanecer. Durante el proceso, no puedes trabajar. No tenemos trabajo… No somos independientes”.

Designan en el ICE a un inmigrante acusado de persecución a asiáticos

El nuevo director interino de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es un inmigrante y ha provocado duras críticas, especialmente entre los defensores de los estadounidenses de origen asiático.

Tony Pham es un refugiado de Vietnam, quien llegó al país con su familia en 1975.

Ahora, el inmigrante naturalizado fue seleccionado para suceder a Matt Albence como nuevo director interino, pero además de calificar la decisión como “hipócrita”, los defensores de inmigrantes advierten que la carrera de Pham está enfocada a la persecución.

Los activistas indican que las deportaciones de asiáticos aumentaron drásticamente durante el Gobierno del presidente Donald Trump, incluyendo personas protegidas por acuerdos del 2008.

“Al nombrar a un refugiado como jefe de una agencia que constantemente viola los derechos de los refugiados es una táctica comúnmente utilizada por Trump para dividir nuestras comunidades”, dijo a NBC News Tracy La, directora ejecutiva de la organización VietRISE.

Antes de unirse al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), trabajó como fiscal en Richmond, Virginia, y como superintendente en la Cárcel Regional Península de Virginia, indicaron defensores.

“No nos sentimos optimistas de que habrá un cambio en la forma en que se administra ICE”, dijo Phi Nguyen, la director de litigios en Asian Americans Advancing Justice (AAAJ).

Los activistas consideran que el nombramiento de Pham y la forma en que ha llevado su carrera ayudará a soportar la teoría del “buen inmigrante contra el mal inmigrante”.

ICE defendió su decisión y dijo que Pham y su familia se hicieron ciudadanos una década después de llegar a los EE.UU y lo hicieron “por el camino legal”.

Conozca cuáles son los dos mayores problemas que enfrentan los inmigrantes ante ICE

Aunque los inmigrantes bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene una mayor y mejor representación legal gratuita, muchos de ellos no logran salir del encierro, debido a que los jueces no otorgan a todos el derecho a fianza y, cuando la aprueban, ésta resulta ser demasiado alta.

Un reporte de Law360 explica que la tasa de representación para las audiencias se ha duplicado desde 2015, pasando del 35% al ​​66% en los primeros ocho meses del actual año fiscal.

En esos eventos ante jueces, los inmigrantes y sus defensores tienen oportunidad de explicar porqué no son un peligro para permanecer en EE.UU. y, por ende, podrían pelear sus casos en libertad.

El reporte cita un informe del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, donde se apunta que tener un abogado en la corte es positivo para el inmigrante, aunque eso no se refleja en las tasas de concesión de fianza, ya que han caído del 56% en 2015 al 48% en 2018 hasta 2020.

“Podríamos tener un núcleo de jueces de inmigración en este momento que tienen menos probabilidades de otorgar fianzas que quizás en el pasado”, reconoció Aaron C. Hall, director de defensa de deportación de la firma de abogados de inmigración Joseph & Hall PC.

Eso obliga a los inmigrantes a permanecer meses o años en el encierro, pues aunque no pueden ser deportados de inmediato, no pueden avanzar con sus casos en libertad.

A eso se suma el costo de las fianzas, ya que TRAC también encontró que el monto promedio es de $8,500 dólares, un aumento del 30% sobre el monto promedio de $6,500 en 2015.

Los montos varían a nivel nacional y hay reportes de que, por ejemplo, en Tacoma, Washington, el promedio es de $15,000 dólares, lo cual es tres veces el monto de $5,000 dólares en Chicago.

La jueza de inmigración Ashley Tabaddor, hablando en su calidad de presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, le dijo a Law360 que hay distintos criterios en las cortes, como si cada una tuviera su “propia cultura”.

Este reporte es desalentador para los inmigrantes, en el contexto de que ICE puede ahora realizar deportaciones acelerades desde cualquier parte del país.

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