Estados Unidos alcanza en abril la cifra más baja de deportaciones desde que hay registro

El número de deportaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el mes pasado cayó al nivel mensual más bajo registrado, una caída que se produce cuando los cruces fronterizos ilegales se mantienen en un máximo de 20 años, según datos de las autoridades migratorias divulgados por The Washington Post el miércoles.

ICE deportó a 2,962 inmigrantes en abril, según la agencia. Es la primera vez que la cifra mensual cae por debajo de 3.000, según muestran los registros. El total de abril es una disminución del 20 % respecto a marzo, cuando ICE deportó a 3,716 inmigrantes.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha concentrado sus limitados recursos de aplicación de la ley en amenazas a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”, dijo la agencia en un comunicado. “Esto ha permitido que ICE se concentre en la calidad de las acciones de ejecución y en cómo promueven la seguridad de nuestras comunidades en lugar de la simple cantidad de arrestos y deportaciones”.

El presidente Joe Biden decretó una suspensión de 100 días de las deportaciones a su llegada al poder, pero un fallo en una demanda encabezada por el estado de Texas bloqueó esta medida a los pocos días.

Las deportaciones, sin embargo, han bajado igualmente coincidiendo además con un gran incremento de la llegada de inmigrantes procedentes, sobre todo, de Centroamérica, muchos de ellos en familia o menores no acompañados.

La crisis en la frontera con México se ha convertido, de hecho, en uno de los mayores dolores de cabeza del gobierno de Biden durante sus primeros 100 días en el poder.

La cifra de 2,962 personas no incluye las expulsiones realizadas por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (CBP) realizadas en la frontera, que en marzo pasado superaron las cien mil.

Las deportaciones de abril publicadas por The Washington Post y que aún no ha difundido el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) se suman a las de un año con cifras inusualmente bajas.

En los siete meses que van del presente año fiscal, que empieza en octubre, Estados Unidos ha deportado a unas 37,000 personas. De seguir a este ritmo sería la primera vez que baja de 100.000 en un solo año.

Con el expresidente Donald Trump (2017-2021) en la Casa Blanca, Estados Unidos deportó a unas 240,000 personas al año de media, menos que durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017).

Se estima que hay 11 millones de inmigrantes que viven en los Estados Unidos sin estatus legal, incluidos 1,2 millones a los que un juez les ordenó salir del país, según estadísticas de ICE.

Sheriff hispano de Houston será nominado por Biden para ser jefe de ICE

El sheriff del Condado Harris Ed González ha dedicado gran parte de su vida al servicio público en el área de Houston, por muchos años fue oficial de la Policía de Houston antes de convertirse en concejal del Distrito H para representar uno de los sectores más hispanos de la cuarta ciudad más grande del país.

La trayectoria de González sin duda fue determinante para que el presidente Joe Biden anunciara este martes que nominará a González para ser el jefe de la Oficina y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

González será nominado por Biden para tomar las riendas de ICE, según informó la Casa Blanca, actualmente el funcionario se desempeña como sheriff del tercer condado más grande del país, cargo que ha ejercido desde enero de 2017.

González tiene un título profesional en Justicia Criminal de la Universidad de Houston Downtown y previamente ejerció como oficial de la Policía de Houston por más de 18 años.

Tras retirarse del Departamento de Policía en el año 2009, González se postuló para ser concejal del Distrito H y fue elegido como en el 2010, en este cargo estuvo al frente por seis años.

Durante su campaña para el puesto de sheriff de Harris González prometió revocóar el acuerdo que el condado había logrado con ICE para hacer cumplir el programa 287g, que entrega con mayor celeridad a las autoridades de inmigración a las personas detenidas por esa autoridad local y que se encuentran ilegalmente en el país, y lo cumplió.

González, además, se mostró en clara oposición a las redadas indiscriminadas hechas por la administración Trump y lideradas por la agencia que ahora podría dirigir.

La juez del Condado Harris Lina Hidalgo felicitó a González por su nominación y dijo que “me entristecerá que nos deje, pero el presidente Biden ganará un líder compasivo, reflexivo y valiente”.

Deportan a más de 150 extranjeros que se negaron a salir voluntariamente de EEUU

El gobierno de Estados Unidos informó ayer que más de 150 extranjeros que se negaron a salir voluntariamente del país, luego de una orden de deportación, fueron arrestados y sacados del territorio nacional en lo que va del mes de noviembre.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) explicó en un comunicado de prensa -sin detallar la procedencia de los encartados- que el anuncio fue hecho por un alto funcionario estadounidense en McAllen, estado de Texas.

“El ICE se toma en serio su obligación de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación”, dijo el alto funcionario, en cumplimiento de las funciones del director Tony H. Pham.

ICE retoma las deportaciones aceleradas en todo el paísEl proceso de había detenido el 27 de julio de 2019 y ahora se implementa con el objetivo de “evitar que los delincuentes peligrosos ingresen a las comunidades” en EE. UU., anunció Inmigración.

Las detenciones y posterior deportación de los individuos se enmarcan en la denominada ‘Operación Promesa Rota’.

El ICE asegura que “aproximadamente el 86% de los arrestados también tenían condenas penales o cargos pendientes”.

La entidad señala que de modo general la persona solicita la salida voluntaria, que es después concedida por un juez migratorio. Al solicitante se le conceden entre 60 y 120 días para organizar su salida, en lugar de enfrentar una deportación formal.

Además de las barreras a una posible readmisión, un reingreso ilegal después de una deportación formal es un delito grave punible con hasta 20 años de prisión, recordaban las autoridades migratorias.

Estudio: el ICE detiene a 70,000 durante la pandemia

Adrián y Yasmani, quienes prefirieron usar otros nombres para proteger su identidad, dicen seguir sin poder asimilar que en el centro de detenciones de Otay Mesa —ubicado en San Diego— un guardia, que después supieron que se había contagiado de COVID-19, se quitaba la mascarilla del rostro para toserle a los migrantes.

Ambos cubanos, quienes forman una pareja gay, explicaron que “fue horrible estar ahí… [Que fue como estar] en como otro mundo”.

La pandemia ya se registraba fuera del centro de detención pero poco tiempo después, una celadora y un primer migrante se contagiaron.

“Cuando empezó el coronavirus, hicimos una huelga de hambre porque no nos daban mascarillas. [Los guardias] empezaron a atacarnos. Se presentaban vestidos de negro con pistolas de gas lacrimógeno y nos amenazaban… Ordenaban que volviéramos a las habitaciones”, platicó Adrián.

Yasmani recuerda que “se llevaron a unas siete personas de nuestra sección, porque un guardia tenía coronavirus”.

Agrega que “[el celador] se quitaba la máscara y andaba tosiendo. Después de que dejó de venir a trabajar por unas dos semanas, pusieron nuestra sección en cuarentena”.

“Todo el mundo se dio cuenta de que nuestra sección tenía COVID-19 y fue cuando empezamos a preocuparnos más. Estábamos atrapados allí, pero ellos [los guardias] no adoptaron ninguna medida… No nos dieron nada y no podíamos mantener ninguna distancia”.

Explicaron que si alguien de la sección enfermara, sacarían a esa persona del área durante una semana y después de eso, traerían a la persona de regreso.

“Como alguien que es VIH positivo, temía no sobrevivir si me enfermaba allí”, dijo Yasmani.

Al salir del centro de detenciones, cerca de la frontera de San Diego con México, “nos sentimos bien al poder respirar aire fresco de nuevo”, platicó.

Pandemia y arrestos

Este relato se basa en lo que platicaron a la ACLU los dos migrantes cubanos que viajaron a Guyana, de ahí a Brasil; y por tierra lograron llegar a Tijuana, México.

En esta última parada, tuvieron que esperar meses hasta conseguir pasar en orden a pedir asilo, solo para ser enviados a la “hielera” de la patrulla fronteriza y luego al centro de detención de Otay Mesa.

Son solo dos de 525 migrantes que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha conseguido liberar de centros de detenciones en lo que va de la pandemia.

Pero la organización legal sin fines de lucro más grande en el país, calcula que en lo que va de la contingencia sanitaria, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a una 70,000 personas a nivel nacional.

Las detenciones van desde personas que el ICE busca hasta inmigrantes que están en el lugar del operativo pero terminan capturados —a quienes la agencia llama arrestos ‘colaterales’. Encierran incluso a aquellos, que como Adrián y Yasmani, hacen todo apegados al derecho internacional, al derecho de asilo y aportan evidencias.

Aún ahora, Yasmani dice sentirse mal “porque tengo un monitor electrónico de tobillo puesto y eso te hace sentir que sigues siendo un prisionero”.

Indica que los agentes del ICE “te llaman por la noche, en todo momento y otra vez al amanecer. Durante el proceso, no puedes trabajar. No tenemos trabajo… No somos independientes”.

Designan en el ICE a un inmigrante acusado de persecución a asiáticos

El nuevo director interino de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es un inmigrante y ha provocado duras críticas, especialmente entre los defensores de los estadounidenses de origen asiático.

Tony Pham es un refugiado de Vietnam, quien llegó al país con su familia en 1975.

Ahora, el inmigrante naturalizado fue seleccionado para suceder a Matt Albence como nuevo director interino, pero además de calificar la decisión como “hipócrita”, los defensores de inmigrantes advierten que la carrera de Pham está enfocada a la persecución.

Los activistas indican que las deportaciones de asiáticos aumentaron drásticamente durante el Gobierno del presidente Donald Trump, incluyendo personas protegidas por acuerdos del 2008.

“Al nombrar a un refugiado como jefe de una agencia que constantemente viola los derechos de los refugiados es una táctica comúnmente utilizada por Trump para dividir nuestras comunidades”, dijo a NBC News Tracy La, directora ejecutiva de la organización VietRISE.

Antes de unirse al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), trabajó como fiscal en Richmond, Virginia, y como superintendente en la Cárcel Regional Península de Virginia, indicaron defensores.

“No nos sentimos optimistas de que habrá un cambio en la forma en que se administra ICE”, dijo Phi Nguyen, la director de litigios en Asian Americans Advancing Justice (AAAJ).

Los activistas consideran que el nombramiento de Pham y la forma en que ha llevado su carrera ayudará a soportar la teoría del “buen inmigrante contra el mal inmigrante”.

ICE defendió su decisión y dijo que Pham y su familia se hicieron ciudadanos una década después de llegar a los EE.UU y lo hicieron “por el camino legal”.

Conozca cuáles son los dos mayores problemas que enfrentan los inmigrantes ante ICE

Aunque los inmigrantes bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene una mayor y mejor representación legal gratuita, muchos de ellos no logran salir del encierro, debido a que los jueces no otorgan a todos el derecho a fianza y, cuando la aprueban, ésta resulta ser demasiado alta.

Un reporte de Law360 explica que la tasa de representación para las audiencias se ha duplicado desde 2015, pasando del 35% al ​​66% en los primeros ocho meses del actual año fiscal.

En esos eventos ante jueces, los inmigrantes y sus defensores tienen oportunidad de explicar porqué no son un peligro para permanecer en EE.UU. y, por ende, podrían pelear sus casos en libertad.

El reporte cita un informe del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, donde se apunta que tener un abogado en la corte es positivo para el inmigrante, aunque eso no se refleja en las tasas de concesión de fianza, ya que han caído del 56% en 2015 al 48% en 2018 hasta 2020.

“Podríamos tener un núcleo de jueces de inmigración en este momento que tienen menos probabilidades de otorgar fianzas que quizás en el pasado”, reconoció Aaron C. Hall, director de defensa de deportación de la firma de abogados de inmigración Joseph & Hall PC.

Eso obliga a los inmigrantes a permanecer meses o años en el encierro, pues aunque no pueden ser deportados de inmediato, no pueden avanzar con sus casos en libertad.

A eso se suma el costo de las fianzas, ya que TRAC también encontró que el monto promedio es de $8,500 dólares, un aumento del 30% sobre el monto promedio de $6,500 en 2015.

Los montos varían a nivel nacional y hay reportes de que, por ejemplo, en Tacoma, Washington, el promedio es de $15,000 dólares, lo cual es tres veces el monto de $5,000 dólares en Chicago.

La jueza de inmigración Ashley Tabaddor, hablando en su calidad de presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, le dijo a Law360 que hay distintos criterios en las cortes, como si cada una tuviera su “propia cultura”.

Este reporte es desalentador para los inmigrantes, en el contexto de que ICE puede ahora realizar deportaciones acelerades desde cualquier parte del país.

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