INMIGRACION

Renuncia jefe de ICE responsable de deportaciones

El principal funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Matthew Albence, la agencia gubernamental de Estados Unidos encargada de las deportaciones de inmigrantes indocumentados, anunció el viernes pasado su renuncia.

“Después de más de 25 años como oficial federal, estoy anunciando mi retiro del servicio”, señaló Albence en un comunicado difundido por medios locales.

Albence se convirtió así en el quinto jefe de ICE en lo que va de mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

El principal funcionario de Inmigración y Control de Aduanas y subdirector de esa dependencia agregó que esta fue “una decisión excepcionalmente difícil de tomar” y que se prolongó “debido a la incertidumbre de una pandemia global y el papel esencial que ICE sigue desempeñando en la respuesta” del país.

La agencia no ha tenido ningún director confirmado por el Congreso desde que Trump llegó al poder en 2017: su primer jefe en funciones, Thomas Homan, fue nominado pero nunca logró que lo ratificaran, y el mandatario designó a Ron Vitiello para sustituirlo.

Albence reemplazó en el cargo a Vitiello, quien abandonó el cargo en abril del año pasado, después de que Trump revelara que había retirado su nominación para dirigir ICE.

Posteriormente, esa plaza fue asignada a Mark Morgan, quien luego se iría a liderar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con lo que Albence volvería a estar al frente de Inmigración y Control de Aduanas.

“Todos los días, contra pronósticos increíbles, politización constante y percepciones erróneas de la misión increíblemente crítica y compleja que realizan, los empleados de ICE siguen adelante con profesionalismo e integridad”, puntualizó el funcionario saliente en su mensaje.

Sin precisar a partir de cuándo cesará sus funciones, indicó que trabajará con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las directivas de ICE “para garantizar una transición sin problemas”.

Medios como The Washington Post y Politico atribuyeron la salida del funcionario a las preocupaciones que despertó en la Administración de Trump después de que ordenara que se detuvieran ciertas acciones de ICE durante la pandemia y ante la posibilidad de que tomara medidas menos agresivas hacia los migrantes.

USCIS anuncia fuerte aumento de trámites de la ciudadanía americana en 81%, ahora costará $1,160

El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer viernes un exorbitante aumento en las tarifas de algunos trámites de inmigración, incluyendo un alza de 81 por ciento en el costo de la ciudadanía estadounidense por naturalización y cobros a las personas que piden asilo, una imposición monetaria sin precedentes en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reveló el viernes una regla final publicada en el Registro Federal que detalla los nuevos costos de las gestiones para conseguir documentos de inmigración, un cambio más en las políticas nacionales con miras a frenar la inmigración legal de los extranjeros de bajos recursos.

El ajuste de tarifas, a fin de garantizar “que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración recupere todos los costos de los servicios que ofrece”, dijo la agencia en un comunicado, incluye una tarifa de de $50 en la Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción, lo cual hace a Estados Unidos uno de solo cuatro países en el mundo que cobran una tarifa por brindar protecciones humanitarias.

La tarifa para obtener la ciudadanía americana por naturalización, aumentará de $640 a $1,160 si se solicita por Internet, a $1,170 por papel.

El permiso de trabajo (Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo) costará $550, tras un 34 por ciento de aumento. Y quienes obtuvieron la residencia a base de matrimonio, tendrían que pagar $760 para remover las condiciones en su estatus de residente permanente, un 28 por ciento más que el precio actual.

USCIS ajusta tarifas de peticiones de beneficios de inmigración y naturalización

La agencia migratoria citó el aumento de los costos operativos y la disminución de sus ingresos para cubrir los gastos como razón para subir las tarifas.

De acuerdo con el comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional ajustó las tarifas en un alza promedio de 20 por ciento para recuperar sus costos operacionales y así evitar una insuficiencia de fondos estimada en $1,000 millones anuales.

“USCIS está obligado a examinar los fondos entrantes y salientes y a hacer ajustes a base de ese análisis”, declaró en un comunicado Joseph Edlow, subdirector de políticas de la agencia migratoria. “Estos ajustes de tarifas, que estaban pendientes desde hace tiempo, son necesarios para administrar el sistema de inmigración legal de nuestra nación de manera eficiente y justa, asegurar la nación, y proteger a los estadounidenses”.

La agencia migratoria ha declarado ante el Congreso que precisa $1,200 millones en fondos de emergencia para mantenerse a flote en medio de dificultades económicas.

Las tarifas entrarán en vigor 60 días después del lunes, así que sería el viernes, 2 de octubre.

Nuevas tarifas de los formularios de inmigración

El aumento más drástico de las tarifas se refleja en visas de trabajo, ciudadanía, green cards y papeles para familiares de víctimas.

“La exención de tarifas está casi eliminada, lo que deja fuera de las solicitudes de ciudadanía y protecciones humanitarias a las personas de bajos ingresos”, escribió Doug Rand, un experto en inmigración, en su cuenta de Twitter.

Entre los formularios más utilizados afectados por el incremento de tarifas se encuentran:

? I-765, Solicitud de Autorización de Empleo

Aumenta un 34 por ciento, de $410 a $550.

I-131A, Solicitud de Documento de Viaje (Documento para Transporte)

Aumenta un 76 por ciento, de $575 a $1,010.

I-881, Solicitud de Suspensión de Deportación o Cancelación de Remoción

Sube 535 por ciento, de $285 a $1,810.

I-751, Petición para Cancelar las Condiciones de Residencia

Incrementa un 28 por ciento, de $595 a$ 760.

El USCIS aumentará el 10% de sus tarifas, así lo solicitó al Congreso de Estados Unidos

Debido a la crisis financiera que enfrenta, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) solicitó al Congreso $1,200 millones de dólares, además anunciar un recargo de 10% a sus tarifas.

Ese aumento es independiente de los nuevos costos que la agencia analiza para distintos servicios.

Los republicanos del Senado integraron la petición de los fondos extra en la Ley HEALS y, de aprobarse, también se permitiría el incremento del 10%, confirmó la agencia en un correo electrónico.

“El recargo del 10% se aplicaría a las tarifas de peticiones y solicitudes de inmigración si el Congreso aprueba y proporciona la propuesta de financiación“, indicó la agencia a este diario.

La semana pasada, USCIS canceló su plan de despido temporal de más de 13,400 de sus 16,700 empleados, lo cual haría el 3 de agosto por falta de fondos, pero tras las negociaciones entre senadores y la Casa Blanca, los fondos solicitados fueron integrados en el plan de estímulo dado a conocer el lunes pasado.

El senador Patrick Leahy (Vermont), vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado, celebró la decisión que pudo haber complicado los trámites migratorios y recrudecido los problemas financieros de miles de familias.

“El enviar a licencia sin pago a miles de empleados públicos en medio de una pandemia y con el desempleo en niveles sin precedentes hubiese trastornado completamente la vida de los hombres y mujeres dedicados al trabajo en USCIS”, indicó.

USCIS es una de las agencias gubernamentales que operan con autofinanciamiento, obtenido de las tarifas que pagan los inmigrantes en sus trámites de visas de trabajo y estudiantiles, Residencia Permanente y naturalización.

Debido a la pandemia de coronavirus, los trámites se han reducido, lo que ha impactado hasta un 60% los ingresos de la agencia que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esa oficina busca obtener los nuevos recursos antes de que termine el actual año fiscal, es decir el 30 de septiembre como máximo.

EE.UU desiste de retirar visas a universitarios extranjeros que sigan estudios en línea

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump desistió de retirar los visados a estudiantes universitarios extranjeros que deban seguir estudios en línea a raíz de la pandemia de coronavirus, informó el martes una jueza federal de Boston.

La decisión, adoptada el 6 de julio por la policía migratoria (ICE), fue cuestionada en la justicia por 18 estados más el Distrito de Columbia, la Universidad de Harvard y el MIT, con el apoyo de otras universidades y sindicatos de profesores.

«Las partes llegaron a una solución (…) el gobierno aceptó anular la decisión», indicó la jueza Allison Burroughs en una brevísima audiencia que debía tratar la demanda de Harvard y el MIT.

La jueza no dio más detalles sobre las razones de esta marcha atrás del gobierno, pero el anuncio tomó a todos por sorpresa.

Miles de estudiantes extranjeros corrían el riesgo de ser deportados de Estados Unidos, epicentro de la pandemia mundial de coronavirus, porque sus universidades solo ofrecerán cursos en línea a partir del próximo semestre.

Harvard y el MIT fueron los primeros en hacer frente a la decisión de la policía migratoria el miércoles pasado, cuando pidieron a la justicia bloquear esta orden «arbitraria y caprichosa».

«Parece que fue diseñada a propósito para presionar a las universidades a fin de que abran sus campus para clases presenciales este otoño, haciendo caso omiso de las preocupaciones sobre la salud y la seguridad de los estudiantes, profesores y otros», dijo el presidente de Harvard, Lawrence Bacow.

Trump, quien ha hecho de la lucha contra la inmigración el buque insigne de su mandato y apuesta a la reactivación de la economía para ser reelecto en noviembre, llama incansablemente a la reapertura de escuelas y universidades.

Estados Unidos tiene cerca de un millón de estudiantes extranjeros (5,5% del total), y muchas instituciones dependen en gran medida de sus pagos de matrícula.

Denuncian que hay más de 3,000 inmigrantes en centros de detención del ICE que tienen Coronavirus

ICE asegura que ha hecho pruebas a la mitad de los indocumentados que están bajo su custodia

El número de casos del coronavirus SARS-Cov-2 en los centros de detención para indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya superó la cifra de 3,000, de acuerdo a la agencia federal.

Según datos difundidos este jueves por el ICE, el total de casos confirmados de la COVID-19 en los centros de detención del país asciende a 3,077, de los cuales actualmente 871 son vigilados y aislados al interior de las instalaciones.

De esa cifra, al menos dos de ellos fueron letales.

La población total de inmigrantes en sus centros asciende actualmente a 22,579, mientras que el número total de pruebas efectuadas es de 11,828, según la contabilidad difundida este jueves.

Los mayores brotes se registran en el centro de detención Bluebonnet, en Dallas (Texas), con 286 casos, seguido del centro de Eloy, en Phoenix (Arizona), con 250 positivos.

El Centro de Procesamiento de Montgomery, en Houston (Texas), con 202 casos; el californiano Centro de Detención de Otay Mesa, con 168 casos; y el Centro de Procesamiento del Condado Otero, en El Paso (Texas), con 142, siguen en la lista de los centros de ICE con mayores números de casos.

A los más de 3,000 casos entre los indocumentados retenidos en los centros de ICE hay que agregar 45 empleados de esas instalaciones o que tienen contrato con la agencia federal.

ICE expulsará de EEUU a estudiantes extranjeros que tomen clases virtuales en el otoño

La Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) advirtió el lunes que los estudiantes extranjeros que sólo tomen clases a través de internet el próximo semestre tendrán que cambiar de universidad o abandonar el país.

La nueva política, anunciada en su página web, afectará a miles de estudiantes extranjeros inscritos en universidades estadounidenses que, en medio de la pandemia del COVID-19, aún no han finalizado planes para las clases de otoño.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), prevé publicar “los procedimientos y responsabilidades” de los inmigrantes con visas de estudiantes en el diario oficial del Gobierno (Federal Register).

Según el documento, habrá exenciones temporales para los estudiantes con visas “F-1″ y “M-1” que asisten a universidades enteramente virtuales, porque el Departamento de Estado de todas maneras no les extenderá visas.

Algunos estudiantes con visa “F-1″ podrán tomar un curso en línea, con un máximo de tres créditos, al igual que estudiantes que asisten a universidades con planes de estudio “híbridos”: es decir, cursos presenciales y también por internet.

En todo caso, la medida ya ha sido rechazada por grupos defensores de los inmigrantes, que advierten del enorme costo económico para las universidades que tienen un alto porcentaje de estudiantes internacionales.

Segundo golpe judicial contra política de Trump que buscaba negar protección a miles de inmigrantes

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló ayer lunes contra la norma del Gobierno de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a pedirlo antes en terceros países, lo que constituye la segunda decisión judicial contraria a esta regla en menos de una semana.

Según lo informó el diario La Opinión, la Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco se sumó así a la tesis ya expuesta por el juez federal Timothy J. Kelly de Washington, quien el pasado miércoles dictaminó que la regla del Gobierno es ilegal porque viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, además de no haber seguido los procedimientos requeridos para su aprobación.

En un sentido similar, el magistrado de Apelaciones William A. Fletcher tildó este lunes la norma de “inconsistente” y apuntó que el Gobierno sólo puede exigir que los inmigrantes pidan antes asilo en terceros países si estos han firmado antes un acuerdo con EE.UU. en que se comprometan a garantizar la seguridad de los solicitantes, así como a proveerles un proceso “completo y justo”.

La medida del “tercer país” fue promovida por Trump y aprobada a mediados de julio del año pasado, y restringe la posibilidad de pedir asilo en EE.UU. a los migrantes que hayan pasado antes por otros países, donde deben dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia el país norteamericano.

Como la mayoría de solicitantes de asilo en la actualidad son ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, en su camino hacia EE.UU. pasan precisamente por Guatemala y por México, con lo que se pone virtualmente fin a la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.

Tanto el fallo de este lunes como el del miércoles pueden tener poco impacto sobre la situación en la frontera, ya que desde hace meses esta se encuentra cerrada a la inmigración y el asilo debido a las medidas preventivas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19.

Miles de inmigrantes quedan en el limbo tras prohibición migratoria de Trump

La Proclamación del presidente Donald Trump que extiende una prohibición de “green card” desde el exterior, además de bloquear visas laborales, impactará a miles de inmigrantes y sus familias.

El Gobierno reconoció que la medida ayudaría a preservar unos 500,000 empleos para estadounidenses, pero no toma en cuenta a los dependientes de los inmigrantes.

Según un reporte del diario La Opinión, no hay números precisos sobre le impacto, pero análisis como el del Instituto de Política de Migración apunta que al menos 167,000 extranjeros se verán afectados.

El reporte indica que las afectaciones por visas se dividen como sigue: 29,000 beneficiarios de H-1B; 19,000 de H-4 (dependientes de H-1B); 23,000 de H-2B; 72,000 de J-1; 11,000 de J-2 (dependientes); 6,000 de L-1, y 7,000 de L-1 (dependientes).

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Proponen ley para dar cheques de estímulo a ciudadanos de familias con estatus migratorio mixto

El senador Marco Rubio, republicano de Florida, presentó un proyecto de ley para que tanto los ciudadanos estadounidenses casados con una persona indocumentada como los menores hijos de un padre o madre ciudadana (y otro indocumentado) aún puedan recibir el cheque de estímulo de $1,200 dólares que recoge la ley Cares, según una exclusiva de Newsweek.

La Ley de Alivio del Coronavirus para Ciudadanos Estadounidenses, que presenta con el senador de Carolina del Norte Thom Tillis, enmendaría la Ley Cares de forma que en declaraciones conjuntas de familias de estatus migratorio mixto, el cónyuge que es ciudadano pueda recibir su cheque de estímulo.

El cambio propuesto eliminaría el requisito de que ambos estén obligados a tener un número de seguridad social (SSN, por sus siglas en inglés), aunque el dinero solo llegaría al que sí lo tiene. Es decir, el ciudadano estadounidense de la pareja cobraría como si hubiera presentado una declaración individual.

Este tipo de familia también recibiría los $500 dólares adicionales por cada menor dependiente que sea ciudadano y que tenga al menos un progenitor que también lo sea.

Por tanto, con la propuesta de Rubio seguirían quedando fuera las familias con dos padres indocumentados, aunque sus hijos sean ciudadanos estadounidenses.

A ningún estadounidense se le debe negar un cheque de estímulo federal porque está casado con una persona extranjera que no es ciudadana“, dijo Rubio a Newsweek. “En medio de una pandemia global, debemos asegurar que los estadounidenses están recibiendo los fondos federales que le corresponden para sacar a sus familias a flote durante esta crisis nacional”, añadió.

Marco Rubio se enteró del problema el mes pasado durante una entrevista en Telemundo. El republicano latino dejó claro que la ley no se había escrito para excluir a los ciudadanos estadounidenses en función de con quien se casan. Por ello, solicitó ejemplos a la cadena hispana y se comprometió a tomar cartas en el asunto.

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USCIS advierte retrasos en trámites migratorios por reducción de personal ante falta de presupuesto

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) lanzó un nuevo grito de auxilio al Congreso, para que le apruebe fondos urgentes que le permitan hacer frente a la deficiencia presupuestal y evitar serios retrasos en trámites de distintas visas y naturalización.

Un reporte de Jesús García de La Opinipon, señalo que de no concretarse pronto la petición de $1,200 millones de dólares, esa dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dará de baja al 70% por ciento de su personal, es decir unos 13,000 empleados de sus más de 18,000, a quienes ya ha alertado de posibles afectaciones. “Los efectos de la pandemia de coronavirus son de largo alcance.

USCIS todavía está experimentando esos mismos efectos, que comenzaron con una caída alarmante en las solicitudes a fines de marzo”, reconoció el Subdirector de Política, JosephEdlow. “USCIS deberá suspender a más de 13,000 miembros del personal, lo que tendrá enormes impactos negativos en nuestra misión de administrar el sistema de inmigración legal”.

Agregó que desde mayo, la dependencia –una de las pocas que opera principalmente con las tarifas a los servicios que ofrece– ha explicado al Congreso su situación financiera, a fin de obtener el rescate.

“La propuesta de USCIS al Congreso incluye el requisito de que cualquier financiamiento proporcionado… se reembolsará al Tesoro de los Estados Unidos”, afirma Edlow, en un esfuerzo de mantener el mismo principio de independencia presupuestal de USCIS.

Tanto el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, como la Oficina de Administración y Presupuesto han escrito al Congreso apoyando esta propuesta. USCIS advierte que la decisión debe aprobarse antes del 3 de agosto, ya que de lo contrario suspenderá al número de empleados mencionados.

USCIS señaló que ha tiene una caída del 50% en las peticiones migratorias y tarifas entrantes, lo cual tendrá un impacto negativo hasta fines del pesente año fiscal, que concluye en septiembre. Edlow aseguró que la institución ha tomado algunas medidas para evitar una crisis fiscal, incluida la limitación del gasto al salario y las actividades no básicas.

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Juez federal rechaza prohibición de Trump a emitir nuevas “green card”

El juez federal Amit P. Mehta, de Washington, D.C., rechazó una solicitud para detener la Proclamación del presidente Donald Trump que prohíbe la emisión de algunos tipos de “green card” desde el exterior de los EE.UU.

Su decisión afirma que la demanda de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no demostraron que los miembros han sido afectados por la orden del 22 abril, reportó Law360.

El juez consideró que dos beneficiarios de dos residentes permanentes de origen mexicano recientemente recibieron sus “green card” y emigraron a los Estados Unidos, después de que sus solicitudes –una vez rechazadas– fueron aprobadas.

Tres residentes permanentes y un ciudadano estadounidense presentaron la demanda

Juez rechaza detener prohibición de Trump sobre “green cards”
La orden del 22 de abril bloquea emisión de “green cards” desde el extranjero.

Los reclamos presentados por el tercer demandante, un ciudadano estadounidense de El Salvador que intenta presentar una queja por su hijo, aún no están listos para una revisión judicial, agregó el juez.

La solicitud de la “green card” del hijo se retrasó debido al cierre temporal de la Embajada de los EE.UU. en San Salvador en respuesta al brote de COVID-19, agrega el reporte, por lo que la familia no completó sus citas médicas.

“Los demandantes no han demostrado más allá de la mera especulación que la consideración de sus beneficiarios bajo la excepción de interés nacional les causará daño inminentemente”, consideró el juez.

El fallo del martes se produjo después de que el presidente Trump anunció que prohibirá a los ciudadanos extranjeros que se muden a los EE. UU. con varias visas de trabajo, incluida la visa de ocupación especial H-1B, hasta fines de 2020.

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Tribunal de Washington, D.C. permite a ICE acelerar deportaciones

Un Tribunal de Apelaciones en Washington, D.C. permitió a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ampliar el alcance de los procedimientos de deportación acelerados.

Los jueces consideran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, tiene la discreción “única y no revisable” para realizar cambios en las expulsiones aceleradas.

Grupos de inmigrantes han luchado por detener la expansión de tal proceso, al considerarlo injusto, algo que dividió a los jueces, que decidieron respaldar a las autoridades.

Las deportaciones aceleradas se extienden a más 100 millas de la frontera, permitiendo el arresto y expulsión de los EE.UU. de inmigrantes que no pueden documentar la residencia desde hace más de dos años.

La medida se tomó considerando los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza a menos de 100 millas de la frontera, donde se detiene extranjeros a los que se puede expulsar más fácilmente.

La opinión de la jueza Patricia Millett apunta que este tipo de deportaciones están consideradas por el Congreso en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), por lo que las autoridades migratorias hacen uso de esa herramienta.

Establece que, sin embargo, aquellos inmigrantes que soliciten asilo o demuestren amenazas en sus países de origen, podrían evitar este tipo de expulsión.

Agrega que esta forma de deportación había sido aplicada en casos excepcionales, pero no es irregular su extensión.

“Debido a las preocupaciones pasadas del Poder Ejecutivo sobre administrabilidad y precisión de la expulsión acelerada… el Secretario había elegido durante mucho tiempo aplicar esos procedimientos abruptos solo para ciertas clases reducidas de individuos”, apunta la opinión.

Se destaca que el titular del DHS tiene la “discreción” de aplicar la regla de acuerdo al contexto.

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