INMIGRACION

Plan migratorio de Biden podría ser riesgoso para demócratas

Como una de sus primeras medidas, Biden ofreció la semana pasada una extensa reforma inmigratoria que allanaría el camino a la ciudadanía estadounidense a un estimado de 11 millones de personas que están en Estados Unidos sin autorización. También modificaría cláusulas para eliminar algunas de las duras políticas aprobadas por el presidente Donald Trump, como la de intentar acabar con la protección para inmigrantes traídos a Estados Unidos siendo niños y la de restringir el asilo.

Es precisamente el tipo de acciones que los activistas latinos han deseado, particularmente después de la dura estrategia de la época de Trump. Pero debe competir con los otros objetivos legislativos prometidos por Biden, incluido un plan de 1,9 billones de dólares para combatir el coronavirus, un paquete de infraestructura que promueve iniciativas de energía limpia y una “opción pública” para expandir el seguro médico.

En la mejor de las circunstancias, implementar una variedad tan amplia de leyes podría ser difícil. Pero en un Congreso tan dividido, sería imposible. Y eso tiene a los latinos, el bloque electoral que más crece en el país, preocupados de que Biden y los líderes congresuales podrían eliminar acuerdos que debiliten mucho el producto final o ni siquiera aprueben algo.

“Esta no puede ser una situación en donde una simple propuesta de ley visionaria, una propuesta de ley mensaje, se envíe al Congreso y no suceda nada con ella”, dijo Marielena Hincapié, directora del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “Hay una expectativa de que cumplirán y de que hay un mandato ahora para que Biden sea pro inmigrante sin arrepentimiento y tenga un imperativo político para hacerlo, y los demócratas también”.

Si, finalmente, los latinos se sienten traicionados, las consecuencias políticas para los demócratas podrían durar mucho tiempo. Las elecciones del 2020 tuvieron varias alertas de que, a pesar de los esfuerzos demócratas de crear una coalición multirracial, el apoyo latino podría estar en riesgo.

Biden ya causaba escepticismo entre algunos activistas latinos por su asociación con el expresidente Barack Obama, quien fue llamado el “deportador en jefe” por el número récord de inmigrantes que fueron sacados del país durante su gobierno. El senador Bernie Sanders desafió a Biden el año pasado en los caucus de Nevada y la primaria de California, que sirvieron como los primeros termómetros para el voto latino.

Biden ordena a ICE suspender algunas deportaciones durante 100 días

A partir del 22 de enero, la administración del presidente Joe Biden suspenderá la deportación de inmigrantes sin récord criminal o que no representen un riesgo a la seguridad nacional.

Esta decisión se dio a conocer a través de un memorando, enviado por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Pekoske, a los titulares de las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el DHS detendrá las deportaciones de ciertos no-ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada”, reportó el Gobierno.

Se aclara que se seguirá la deportación de quienes hayan ingresado al país sin autorización a partir del 1 de noviembre del 2020 o que no puedan demostrar su estancia en EE.UU. antes de esa fecha.

La decisión también protege a inmigrantes de que puedan recibir alguna Notificación a Comparecer ante una corte, lo cual es conocido como el inicio del proceso de deportación. Cada caso será manejado en forma individual considerando el historial criminal de una persona.

Esta medida cambia la política del expresidente Donald Trump sobre la detención de “cualquier indocumentado” durante redadas de ICE.

“Vemos que este primer anuncio de la Administración Biden empieza con el punto de continuar el desmantelamiento de la cruel e inhumana maquinaria de deportación y terminar con la criminalización de nuestra gente”, Marisa Franco, directora nacional de Mijente, organización de defensa de inmigrantes.

Biden avanza con sus promesas hacia inmigrantes al enviar su reforma al Congreso e implementar órdenes ejecutivas que protegen a “dreamers”.

Las prioridades

Los agentes de ICE y CBP deberán enfocarán en los siguientes tipos de inmigrantes para su revisión, posible detención y expulsión:

  • Seguridad nacional.- Las personas que se han involucrado o son sospechosas de terrorismo o espionaje. También que su aprehensión, arresto o custodia sea necesaria para proteger la seguridad nacional.
  • Seguridad fronteriza. Aquellos detenido en la frontera a partir del 1 de noviembre del 2020.
  • Seguridad pública. Personas encarceladas en prisiones federales, estatales y locales, o que hayan sido liberadas durante o después de la emisión del memorando que hayan sido condenados por un “delito grave agravado”.

Se recomienda a los inmigrantes indocumentados con historial criminal pedir asesoría con un abogado migratorio para plantear sus casos y opciones.

USCIS suspende atención a migrantes en persona el 19 y 20 de enero por temor a ataques

La oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció que suspenderá la atención en persona los próximos días 19 y 20 de enero, a fin de “garantizar la seguridad” de los empleados y personas con citas.

Según señaló la agencia federal en un comunicado difundido el viernes, la suspensión temporal abarca a todas oficinas locales, oficinas de asilo y centros de asistencia.

Agregó que aquellas personas que tenía citas para esos días recibirán una notificación en las que se les informará la nueva fecha.

El asalto al Capitolio en Washington por parte de simpatizantes radicales del presidente Donald Trump, ocurrido el pasado 6 de enero ha motivado que las autoridades federales y estatales hayan reforzado y ampliado los dispositivos de seguridad en la capital para los próximos días.

El National Mall, el parque que alberga los monumentos más emblemáticos de Washington y la famosa explanada donde se han concentrado multitudes, permanecerá cerrado el próximo miércoles como parte de las herméticas medidas de seguridad dispuestas de cara a la investidura ese día del presidente electo Joe Biden.

La alerta se ha extendido incluso a las capitales estatales, hasta donde se han desplegado tropas de la Guardia Nacional que desde este fin de semana vigilan las sedes gubernamentales locales para prevenir brotes de violencia.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha alertado en un boletín interno sobre la amenaza de protestas armadas en todo el país, de un “levantamiento” a nivel nacional y de un nuevo intento de asalto al Capitolio desde el domingo y hasta la toma de posesión del demócrata Biden como nuevo presidente.

Denuncian que gobierno de Trump firmó acuerdos para detener cambios a leyes migratorias

El gobierno del presidente Donald Trump firmó acuerdos con autoridades locales y estatales en lo que parece un esfuerzo para hacer más difícil a la Administración entrante de Joe Biden cumplir con su promesa de detener las deportaciones y flexibilizar las peticiones de asilo, informó este viernes el medio periodístico BuzzFeed.

Según documentos obtenidos por BuzzFeed, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmó acuerdos con los gobiernos de Arizona, Louisiana e Indiana y la Oficina del Sheriff del condado de Rockingham en Carolina del Norte, que requieren que el gobierno entregue un aviso de 180 días antes de promulgar una gran cantidad de cambios en la política de inmigración.

Este compromiso, conocido como Acuerdo de Primera Promulgación del Santuario para los Estadounidenses (SAFE), detendrá por al menos seis meses la implementación de las nuevas políticas del nuevo gobierno demócrata.

Este último esfuerzo revelado a menos de una semana de que Biden tome posesión fue firmado por Ken Cuccinelli, el segundo al mando del DHS.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reaccionó de inmediato.

En una comunicado, Naureen Shah, asesora principal de defensa y políticas de la organización, dijo que “este es un intento transparente de los funcionarios de Trump para atar las manos de la Administración Biden-Harris y preservar la grotesca política de inmigración de Trump”.

“La Administración Biden tiene la autoridad, el mandato y la responsabilidad de romper con el legado de la Administración Trump, y nada sobre estos acuerdos informados cambia esa realidad “, agregó la abogada.

Por su parte Sarah Pierce, analista de políticas de Migration Policy Institute, dijo en un mensaje de Twitter que los acuerdos “ni siquiera pasan la prueba de la risa, y ciertamente no el escrutinio legal”.

En medio del escándalo que lo tiene a las puertas de un segundo juicio político, Trump realizó esta semana su última visita como presidente al muro a la frontera con México, y desde allí envió un mensaje a Biden, instándolo a mantener las políticas migratorias que su gobierno ha implantado.

Un juez federal bloquea las fuertes restricciones al asilo que Trump iba a imponer este lunes

Un juez federal bloqueó este viernes el mayor paquete de restricciones contra el derecho al asilo diseñado por la Administración del presidente Donald Trump, que planeaba poner en marcha este lunes, a menos de dos semanas de la toma de posesión del nuevo mandatario electo, el demócrata Joe Biden.

El fallo tiene un impacto limitado porque el gobierno ha suspendido en gran medida el derecho al asilo en la frontera con México durante la pandemia de coronavirus, citando preocupaciones de salud pública.

Aún así, algunos inmigrantes que aún pueden solicitar asilo habrían visto obstaculizado su derecho, y el resto lo habría sentido cuando se levantaran las prohibiciones derivadas del coronavirus.

La Administración Trump argumentó que las medidas eran una respuesta adecuada a un sistema que, en su opinión, está plagado de abusos y abrumado por afirmaciones sin mérito.

Pero el juez federal James Donato en San Francisco se puso del lado de los grupos activistas que intentaban frenar las medidas bajo la premisa de que el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, carece de autoridad para imponer estas reglas tan amplias sin haber sido confirmado por el Senado.

Donato, quien fue designado para el cargo en 2013 por el expresidente Barack Obama, escribió que el nombramiento de Wolf violaba el orden de sucesión establecido. Dijo que era la quinta vez que un tribunal fallaba en contra del Departamento de Seguridad Nacional por los mismos motivos.

“El Gobierno ha reciclado exactamente las mismas afirmaciones legales y fácticas hechas en los casos anteriores, como si no hubieran sido rechazadas sólidamente en opiniones escritas bien fundamentadas por varios tribunales”, escribió Donato.

“Esta es una estrategia de litigio preocupante. En efecto, el Gobierno sigue chocando el mismo auto contra las mismas puertas, esperando que algún día pueda atravesarlas”, añadió. La Administración Trump puede apelar este dictamen.

Las reglas buscaban redefinir los requisitos para que una persona califique para el asilo y otras formas similares de protección humanitaria si enfrentan persecución en sus países de origen. Las restricciones habrían ampliado los motivos para que un juez migratorio (dependiente del Departamento de Justicia, y por tanto del Gobierno en última instancia) considerara las solicitudes “frívolas” y pudiera rechazarlas.

Aaron Frankel, uno de los abogados de los demandantes, calificó las reglas como “nada menos que un intento por acabar con el sistema de asilo”.

El asilo es una protección legal diseñada para las personas que huyen de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un grupo social. Cualquier extranjero que pise suelo estadounidense tiene el derecho legal de solicitar asilo, de acuerdo con las leyes domésticas y las obligaciones de los tratados internacionales.

Las reglas limitarían los tipos de persecución y la gravedad de las amenazas por las que se concede asilo. Los solicitantes que busquen protección por motivos de género o aquellos que afirmen haber sido blanco de pandillas, de funcionarios gubernamentales “rebeldes” o de “organizaciones al margen de la ley” probablemente no serían elegibles para el asilo.

Se ordenaría a los jueces de inmigración que fueran más selectivos a la hora de otorgar solicitudes de asilo y les permitirían denegar la mayoría de las solicitudes sin una audiencia judicial.

También habrían tenido que sopesar varios factores nuevos contra la capacidad de un solicitante de obtener protecciones, entre ellos no poder pagar impuestos. Los antecedentes penales seguirían contando en contra de un solicitante de asilo incluso si se borraran sus condenas.

Según las medidas relacionadas con la pandemia en vigor desde marzo, aproximadamente nueve de cada 10 personas detenidas en la frontera son expulsadas de inmediato por motivos de salud pública. El resto se procesa bajo las leyes de inmigración, que incluyen el derecho a solicitar asilo.

La Administración Trump ya ha instituido una serie de políticas que restringen el asilo, que incluyen hacer que los solicitantes de asilo esperen en México mientras se escuchan sus reclamos en un tribunal migratorio estadounidense.

Se espera que Biden revierta algunas de las políticas de asilo restrictivas de Trump, incluida la política de Quédese en México, pero recientemente dijo que su Administración necesitaría “probablemente los próximos seis meses” para recrear un sistema que pueda procesar a los solicitantes de asilo para evitar que una marea de migrantes llegue a la frontera sur.

También el viernes, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, Virginia, falló en contra de la política de la Administración que otorgaba a los Gobiernos estatales y locales el derecho a negarse a reasentar a los refugiados.

El panel de tres jueces dijo que la orden ejecutiva de Trump que requería que las entidades estatales y locales dieran su consentimiento antes de permitir que los refugiados fueran ubicados en sus áreas socavaría la Ley de Refugiados de 1980. Esa ley establecida por el Congreso fue diseñada para permitir que las agencias de reasentamiento encuentren el mejor lugar para que una persona prospere mientras trabaja con funcionarios locales y estatales.

EEUU aprueba primeras solicitudes al DACA en años

Más de 170 nuevos solicitantes se han convertido en los primeros individuos en varios años en obtener aprobación para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA), que protege a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos siendo menores, reveló el lunes el gobierno federal.

Un informe entregado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) a la corte federal de Brooklyn muestra que 171 nuevas solicitudes fueron aprobadas entre el 14 de noviembre y el fin del 2020, mientras que 121 fueron negadas y otras 369 rechazadas. En total, se presentaron 2.713 solicitudes iniciales.

El juez federal de distrito Nicholas Garaufis había ordenado al gobierno federal publicar un aviso público informando que aceptaría las solicitudes bajo los términos vigentes antes de que el presidente Donald Trump pusiera fin al DACA en 2017 con el argumento de que era inconstitucional.

La Corte Suprema federal falló en junio que Trump infringió la ley federal en cuanto a cómo poner fin al programa, pero Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que el gobierno no aceptaría nuevas solicitudes y concedería renovaciones por un año en lugar de dos. El DACA protege de la deportación a aproximadamente 650.000 personas y las hace elegibles para recibir permisos de trabajo.

El gobierno federal no apeló una orden de Garaufis emitida en noviembre en donde estipulaba que Wolf estaba en su puesto ilegalmente. Ordenó que se reinstauraran las renovaciones por dos años y exigió que el DHS reportara cuántas solicitudes nuevas fueron rechazadas de junio al 4 de diciembre; la cifra fue de 4.383.

Además de procesar las solicitudes nuevas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración también indicó que aprobó 61.844 renovaciones, mientras que negó 326 y rechazó 2.842 renovaciones en las últimas seis semanas del año.

Se enviaron mensajes a activistas y a abogados que representan a solicitantes del DACA.

El gobierno de Obama lanzó el DACA en 2012, bajo el cual permitía que ciertos inmigrantes que fueron traídos sin autorización al país siendo menores pudieran trabajar y quedaran exentos de ser deportados. Sin embargo, no confirió estatus legal a los beneficiarios.

El presidente electo Joe Biden ha jurado restaurar el DACA a finales de este mes, pero el estatus legal permanente y el camino a la ciudadanía requerirían aprobación del Congreso.

Hace dos semanas, un juez en Houston escuchó argumentos de abogados de Texas y otros ocho estados que intentan poner fin al programa diciendo que el DACA viola la constitución al evadir la autoridad del Congreso en cuanto a leyes inmigratorias,

En representación de los beneficiarios del DACA, los abogados del Mexican American Legal Defense and Educational Fund, o MALDEF, y la fiscalía general de Nueva Jersey pidieron que se desestimara la demanda argumentando que estaba entre los derechos de Obama lanzar el programa.

El juez no emitió un fallo en el momento.

Familias que tienen un migrante indocumentado podrán recibir el segundo cheque de estímulo

Como parte del paquete de estímulo económico de $900 billones de dólares que aprobó el lunes por la noche, el Congreso permitirá que los hogares de estatus mixto, con familiares indocumentados, reciban los cheques de estímulo que se les negaron en la Ley CARES.

Según el acuerdo bipartidista, los ciudadanos estadounidenses y los titulares de la tarjeta verde recibirán $600 dólares en ayuda directa, incluso si presentaron una declaración de impuestos conjunta con un cónyuge indocumentado, así como cheques adicionales de $600 por hijo dependiente, según el texto de la legislación, informó CBS News.

El nuevo compromiso también se haría retroactivo a las familias de estatus mixto con un titular de número de Seguro Social elegibles para el cheque de estímulo de $1,200 dólares por hogar y $500 por niño asignados por la Ley CARES, que se promulgó a fines de marzo.

Los cheques de $600 se eliminan gradualmente para las personas con un ingreso bruto ajustado superior a $75000 dólares en 2019, los jefes de familia que ganaron más de $112,500 y para las parejas que ganaron $150,000 dólares o más.

Los inmigrantes indocumentados u otros no ciudadanos que no tengan número de Seguro Social y presenten declaraciones de impuestos individuales todavía no tendrían derecho a recibir cheques de estímulo según el acuerdo. Los niños estadounidenses, hijos de un padre sin número de Seguro Social, tampoco serían elegibles para la ayuda.

La Ley CARES, aprobada en la primavera, excluyó a las parejas de estatus mixto del cheque de estímulo porque requería que ambos contribuyentes de una declaración de impuestos conjunta tuvieran números de Seguro Social.

Los inmigrantes indocumentados y otros no ciudadanos que no son elegibles para los números de Seguro Social utilizan los números de identificación individual del contribuyente (ITIN) emitidos por el gobierno para pagar impuestos. Los beneficiarios de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y Estatus de Protección Temporal (TPS) tienen acceso a números de Seguro Social.

USCIS aplica cambios para asilados y refugiados en solicitudes de la green card

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hizo modifiaciones para las solicitudes de Residencia Permanente para refugiados y asilados.

La agencia indicó la actualización de su guía para ampliar los criterios que aplican los oficiales migratorios en forma discrecional, para determinar si deben o no entrevistar a los solicitantes que presentan el Formulario I-485.

Aunque las reglas de elegibilidad de la “green card” no cambian, la autoridad amplía la discrecionalidad para que un oficial determine citar a entrevista a un solicitante.

“La lista actualizada proporciona una mayor paridad con los criterios que USCIS aplica para determinar si entrevista a otros solicitantes de ajuste de estatus”, señala la agencia.

USCIS insiste en que los oficiales decidirán “caso por caso”.

Esta ofician que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el ajuste derivará en la solicitud de más entrevistas, pero justifica la medida para “proteger el programa” y evitar “fraudes” que afecten el sistema migratorio.

Las autoridades han implementado cambios para endurecer las peticiones de asilo y refugio, pero también las peticiones familiares de estos inmigrantes.

Entre las razones que podrían obligar a solicitar una entrevista están las “preocupaciones” de un oficial migratorio sobre seguridad nacional.

“El oficial tiene cualquier otra inquietud articulable con respecto a la identidad, inadmisibilidad, seguridad nacional, seguridad pública o fraude, y recomienda una entrevista para ayudar a resolver esa inquietud”, indica una de las condicionantes.

Presionan a Biden para que promueva reforma migratoria

Grupos defensores de inmigrantes lanzaron este martes campañas por todo el país, de Los Ángeles a Nueva York, con las que tratan de presionar al presidente electo Joe Biden para que actúe con rapidez en la protección de la comunidad migrante y que impulse una reforma migratoria que permita a 11 millones de indocumentados regularizar su situación en el país.

Los llamados en varios estados se dan a un día después de que el Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó que la fórmula demócrata Joe Biden-Kamala Harris ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre, despejando su camino a la Casa Blanca tras semanas de intentos del presidente Donald Trump de echar abajo los resultados.

La convocatoria más grande se dio en la costa este, donde delegaciones de siete estados se unieron en Nueva Jersey a una caravana que partió hacia Wilmington, Delaware, la ciudad de Biden y donde tiene su oficina general, para instar al demócrata a actuar y trabajar por los inmigrantes desde su primer día en la Casa Blanca.

La caravana reunió a casi 500 personas que llevaban decorados sus vehículos pidiendo a Biden tomar medidas urgentes que ayuden a los latinos.

Jenna DeFosse, de la organización CASA in Action, dijo que los activistas tocarán la puerta de Biden con estas solicitudes, que incluyen un pedido al presidente electo para que voltee a ver a Puerto Rico, y las necesidades que enfrenta la isla.

“Elegimos una nueva visión para nuestro país, una que comienza con un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados y comienza a corregir el daño sufrido por nuestras comunidades durante los últimos cuatro años de una Administración que fue cruel e inhumana con las vidas de inmigrantes y refugiados”, dijo Sulma Arias, portavoz de FIRM, en un comunicado

La campaña “We Are Home” (Estamos en Casa), recientemente formada por decenas de organizaciones, impulsó más de 50 eventos en 27 estados, que incluyen acciones en Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Texas, Utah, Virginia, Washington y Wisconsin.

Nuevas caravanas de migrantes que preparan su viaje a EE.UU. pondrán a Biden a prueba

Los países centroamericanos, que sufren con mayor intensidad las consecuencias crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, vieron el mes pasado cómo dos huracanes devastadores dejaron abnegada una parte importante de su territorio. Tras nueve meses de restricciones de viaje y alto índice de desempleo, cada vez más familias se preparan para poner rumbo a Estados Unidos.

Si bien la inmigración no ocupó en la última campaña electoral el peso que tuvo en 2016, el presidente electo, Joe Biden, se comprometió a acabar con las políticas de Donald Trump en esta materia. Pero el arribo de migrantes centroamericanos a la frontera sur le pondrá a prueba en cuanto llegue a la Casa Blanca el próximo mes de enero.

Las razones de la caravana

“Habrá caravanas y en las próximas semanas aumentará” el flujo de llegadas, según dijo a Bloomberg José Luis González, coordinador de la organización no gubernamental Red Jesuita con Migrantes de Guatemala. “La gente ya no tiene miedo al coronavirus. Están pasando hambre, lo han perdido todo y algunos pueblos todavía están inundados“, añade.

González explica que cuando hay un cambio en los gobiernos de Estados Unido o México, empiezan a armarse caravanas para tomar el pulso a las autoridades entrantes. “Lo que ven (ahora) es que el que dijo que iba a construir un muro y odiaba a los latinos está de salida”, asegura González.

La presión migratoria ha aumentado en el último mes tras los estragos que provocaron los huracanas Eta e Iota en medio de una temporada sin precedentes en el Atlántico. Tras peticiones de países centroamericanos, la Administración Trump anunció este lunes la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de El Salvador, Honduras y Nicaragua (entre otros) que llegaron hace décadas a Estados Unidos también como consecuencia de desastres naturales.

Solo Eta causó daños por valor de cinco millones de dólares en toda la región y afectó a tres millones de personas. Se inundaron casas, se dañaron carreteras, puentes y cultivos en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Respecto a Iota, los gobiernos están todavía contabilizando los daños que causó y algunos pueblos continúan aún parcialmente abnegados.

El reto de Biden ante la inmigración

Dos de las medidas migratorias de Trump que Biden ha prometido revertir son la detención prolongada y la separación de familias. Tras una orden judicial, la Administración actual trató de reunir con sus padres a los menores que había separado. Sin embargo, aún no han podido encontrar a los progenitores 666 niños y niñas.

Varias organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han advertido repetidamente que en materia migratoria no será suficiente volver a la era Obama, a quien apodaron “jefe de las deportaciones”. Aunque en un debate electoral, Biden quiso desvincularse del anterior presidente demócrata, será muy difícil conseguir cambios de gran calado si no se establece una mayoría demócrata en el Senado.

Los asesores de Biden proyectan alejarse de las políticas de Trump y, al mismo tiempo, evitar que la frontera se abra de golpe, dicen a Bloomberg personas familiarizadas con la planificación. Temen que los cambios rápidos y de gran envergadura pueden provocar que más personas emprendan su viaje al norte.

El nominado del presidente electo para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estuvo al frente de la gestión del aumento del flujo migratorio durante la Administración Obama. Alejandro Mayorkas creo más centros de detención para familias y aumentó las deportaciones, dos medidas que le valieron la crítica contundente de organizaciones civiles.

Los datos migratorios

La cantidad de personas que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha detenido a lo largo de las casi 2,000 de frontera entre México y Estados Unidos ha aumentado en los últimos seis meses. La agencia dice que en abril, al inicio de la pandemia y de las restricciones de viaje, registraron 17,000 frente a los más de 69,000 del último conteo.

La migración de Centroamérica a México y EE.UU. empezó a aumentar después del huracán Mitch de 1998 y el huracán Stan de 2005. Otros desastres naturales han forzado desde entonces a los habitantes de la región a abandonar su lugar de nacimiento. En El Salvador, una fuerte sequía entre 2014 y 2015 afectó a la producción de maíz, otro ejemplo de la crudeza con la que los fenómenos meteorológicos afectan a estos países.

Durante la campaña presidencial, Biden pidió un paquete de ayuda de $4,000 millones de dólares para Centroamérica y dijo que su administración abordaría la crisis climática que enfrenta la región. Las caravanas de inmigrantes son un indicador de que tendrá que ponerse con este trabajo desde el principio de su gobierno.

Extensión del TPS favorece a casi 250,000 centroamericanos residentes en EEUU

Estados Unidos aprobó este lunes una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de seis países entre los que se incluye El Salvador, Honduras y Nicaragua. Unos 248,508 centroamericanos , según publicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) este jueves.

Qué supone la extensión del TPS


reseñó el periodista Joel Carzola, La Opinión, que la notificación de USCIS incluye también la prórroga de documentos como la autorización de empleo (formulario I-766) o los registros de entrada y salida de más de 200,000 salvadoreños, unos 44,000 hondureños y 4,508 nicaragüenses, que actualmente gozan de la protección.

Pero esta extensión automática de nueve meses se aplicará “siempre y cuando los beneficiarios afectados sigan siendo individualmente elegibles para el TPS”. Quienes cumplan las condiciones también podrán solicitar nuevas autorizaciones de empleo.

Cómo beneficia a Honduras
El Gobierno hondureño ya pidió el pasado viernes al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, una prórroga del permiso de trabajo de los migrantes (que vencía en enero de 2021). El país centroamericano alegaba que el paso de los ciclones Eta e Iota golpeó duramente al Valle de Sula, una región que aporta alrededor de dos tercios del Producto Interno Bruto (PIB).

“Ante los desastres que generaron en el país las tormentas tropicales Eta y Iota, el canciller Lisandro Rosales presentó en Washington una nueva solicitud oficial del Estatus de Protección Temporal“, expuso la cancillería de Honduras en un comunicado. El presidente Juan Orlando Hernández también viajó el pasado jueves a EE.UU. para pedir ayuda.

Fue otro desastre natural, el huracán Mitch de 1998, por el que 44,000 hondureños obtuvieron en 1999 el TPS, que les ha protegido de la deportación y les ha permitido trabajar en Estados Unidos y viajar al extranjero. Pero la Administración del presidente Donald Trump había decretado su final para el próximo 4 de enero.

El canciller Rosales celebró en su cuenta de Twitter la prórroga y añadió que buscarán negociar otro TPS con la futura Administración Biden.

Estas son las tres prioridades para Biden en materia migratoria

El gobierno del presidente electo Joe Biden enfrentará un complejo reto en asuntos migratorios, pero hay tres prioridades que expertos y activistas han puesto sobre la mesa: proteger a los ‘dreamers’, fortalecer la fuerza laboral agrícola y asegurar el estatus legal de la problación indocumentada.

Desde su campaña, el demócrata se ha comprometido a todo ello, pero los especialistas y congresistas lo establecieron como esencial para vencer la crisis causada por la pandemia de coronavirus.

Incluso Alejandro Mayorkas, nominado por Biden para liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reconoció la importancia y el reto que significará “arreglar el sistema migratorio roto”.

“Nuestro sistema de inmigración está roto y todos lo sabemos, el costo de ese sistema roto es incalculablemente alto, al prevenir no solamente a las familias de una mejor vida, sino al país de la prosperidad”, dijo Mayorkas en el foro virtual “Llamado Urgente para una Solución en Inmigración de Sentido Común”, organizado por la Coalición de Inmigración Empresarial Americana (ABIC, por sus siglas en inglés).

Agregó que se debe poner atención en los trabajadores de todo tipo, desde los agrícolas hasta los especializados en tecnología.

“El presidente electo Joe Biden está comprometido a arreglar este sistema migratorio roto”, indicó Mayorkas, quien recordó los beneficios que el programa de refugio le brindó a su familia, cuando su padre decidió mudarse de Cuba a Miami en 1960.

La nominación de Mayorkas ha sido celebrada por organizaciones de derechos civiles y de inmigrantes, debido a su experiencia de casi 20 años en el servicio público federal y su conocimiento del sistema migratoria, la haber sido subsecretario del DHS y director de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Debemos terminar con la política de menospreciar a los inmigrantes”, agregó Mayorkas en su intervención del evento que duró más de cinco horas con expertos de distintas áreas, así como beneficiarios de DACA y TPS.

El abogado enfatizó su rechazo a la separación de niños de sus padres, además de apuntar en la importancia de los inmigrantes para enfrentar la crisis por la pandemia de COVID-19.

“Los inmigrantes han sido esenciales para que nuestras comunidades sobrevivan a la actual pandemia, sirviendo en el país en números como personal médico, investigadores y científicos, como personal de entrega”, dijo. “Impulsaremos una agenda que sea humana, justa, que refuerce a la nación y su economía y mantenga a nuestras familias y comunidades seguras”.