INMIGRACION

EEUU destina 57 millones de dólares para atención de inmigrantes en México y Centroamérica

El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que aportará 57 millones de dólares para gobiernos e instituciones que acogen a los refugiados en México y Centroamérica.

“Esta asistencia representa el último de una serie de pasos que Estados Unidos ha dado para implementar nuestro enfoque ambicioso y combinado que procura abordar las causas fundamentales de la migración irregular y fortalecer la gestión colaborativa de las migraciones en la región”, anunció el el Departamento de Estado.

Se trata del Evento de Solidaridad con las Personas Desplazadas Forzadamente y las Comunidades que las Acogen en Centroamérica y México, realizado en San José de Costa Rica, en el contexto de la Cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y que por la parte estadounidense estuvo representado por la asesora del presidente Joe Biden para la Migración, Amy Pope.

Esta semana la vicepresidenta Kamala Harris realizó su primera visita oficial a Centroamérica, con encuentros con los mandatarios Alejandro Giammattei y Andrés Manuel López Obrador, de Guatemala y México, respectivamente.

En la víspera de la cita, Johnson y Biden mostraron un frente común sobre la emergencia climática, firmando una nueva “Carta Atlántica” que también hace hincapié en la necesidad de hacer frente a los ciberataques. Johnson describió la relación entre Londres y Washington como “indestructible”.

Pero si los dos grandes aliados están en sintonía sobre grandes temas internacionales como los desafíos que plantean China o Rusia, las tensiones persisten sobre Irlanda del Norte, en el centro de una disputa posbrexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Biden se abstuvo de hacer críticas públicas, pero los líderes europeos pretenden recordar a Johnson su compromiso con los acuerdos firmados, que Londres vulnera debido a las tensiones que provocan en esa región británica.

Según la policía local, unas 3 mil personas protestaron el jueves por la noche en Belfast contra las nuevas medidas posbrexit.

Bajó en mayo cantidad de niños que cruzan frontera hacia Estados Unidos

El número de niños no acompañados y de familias que entran ilegalmente en Estados Unidos por su frontera sur disminuyó considerablemente en mayo, aunque se mantiene en niveles altos, dijeron el miércoles las autoridades.

El mes pasado se encontraron 14.158 menores migrantes no acompañados, debajo de los 17.148 de abril y del récord de 18.951 de marzo. El número de mayo fue el tercer máximo histórico.

Aunque bajaron desde marzo, las grandes cifras de migrantes que llegan a la frontera han creado un enorme desafío para el gobierno del presidente Joe Biden. Durante su visita del lunes a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris envió un mensaje a quienes tienen pensado hacer la travesía hasta la frontera: “No vengan”.

El gobierno publicó las cifras en su página web el miércoles por la noche, otra vez en forma discreta, a diferencia de la presidencia de Donald Trump, cuyos funcionarios difundían los totales mensuales con fanfarrias y respondían preguntas de la prensa.

En total se registraron 180.034 encuentros en mayo en la frontera con México, ligeramente más que los 178.854 del mes anterior, y el aumento correspondió principalmente a adultos que iban solos. El total de encuentros casi se acerca a los máximos históricos de los últimos 20 años, aunque no son directamente comparables, porque las expulsiones efectuadas recientemente en virtud de una medida relacionada con la pandemia no conllevan consecuencias legales, lo cual alienta a las personas a que intenten cruzar varias veces.

El presidente Biden ha mantenido en vigor facultades del gobierno de Trump que permiten la expulsión de quienes crucen la frontera, en menos de dos horas por lo general, esgrimiendo el argumento sanitario de que intentan impedir la propagación del coronavirus.

Los encuentros con familias totalizaron 44.794 en mayo, comparados con 50.228 en abril. Sólo una de cada cinco familias fue expulsada el mes pasado de acuerdo con la autoridad relacionada con la pandemia.

Casi nueve de cada 10 adultos solos fueron expulsados según la emergencia de salud pública. Los niños no acompañados no son expulsados y se les permite permanecer en Estados Unidos para que soliciten asilo.

Conozca la app del gobierno de EEUU que ayudará a inmigrantes que buscan asilo

El gobierno del presidente Joe Biden anunció que una “aplicación” de reconocimiento facial, ubicación geográfica y tecnología digital para obtener y procesar información sobre personas y cargas que entran en Estados Unidos, ahora comenzará a usarse también en los casos de inmigrantes que buscan asilo antes de que entren al país, informó este viernes el diario Los Angeles Times.

CBP One es una aplicación móvil que sirve como portal único para una variedad de servicios de CBP, informó la agencia del gobierno en un comunicado.

A través de una serie de preguntas guiadas, la aplicación dirige a cada tipo de usuario a los servicios adecuados en función de sus necesidades.

Inicialmente se aplicó para guiar a los usuarios hacia los servicios adecuados en función de sus necesidades particulares, como informar su llegada, completar documentos o programar citas para los servicios de CBP, pero desde que la agencia federal la comenzó a utilizar, se planeaba la extensión de estos servicios.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lanzó la aplicación móvil CBP One en las tiendas Apple App y Google Play desde octubre y la puso en operaciones inicialmente limitando su uso a los transportistas, viajeros no inmigrantes y usuarios de embarcaciones de recreación.

CBP One para tramitar asilo
La “app móvil” denominada CBP One empieza a usarse ahora para ayudar a procesar a decenas de miles de migrantes llegados, en su mayoría, de América Central, que viven en condiciones precarias en la frontera norte de México a la espera de que se tramiten sus solicitudes de asilo.

La semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó al Congreso que el gobierno de Biden solicitaría una asignación de $1,200 millones de dólares para modernizar y actualizar la tecnología que se usa en los puertos de entrada al país.

Grupos de defensa de los derechos civiles ya cuestionaron el uso de las tecnologías de reconocimiento y el almacenamiento de datos biométricos de los inmigrantes, cuando lo propuso el gobierno del expresidente Donald Trump.

El uso de esa tecnología por parte de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) presenta “riesgos enormes para la privacidad y es otro paso adelante en una senda peligrosa”, dijo al diario Ashley Gorski, abogada de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

“Siempre que un gobierno adquiere la imagen del rostro de una persona hay un riesgo de vigilancia persistente en la cual el Gobierno puede identificar y seguir los movimientos de la gente sin su conocimiento”, añadió.

El gobierno de Trump adoptó en 2019 el programa “Permanezcan en México” para devolver al país vecino a los solicitantes de asilo, cuyos casos pendientes aún se seguirán procesando.

Y en 2020 dio un paso más al cerrar la frontera debido a cuestiones médicas bajo el llamado Título 42. Desde entonces las autoridades fronterizas han rechazado a unas 800,000 personas.

El gobierno de Biden canceló “Permanezcan en México” pero mantiene el Título 4del trámite de sus solicitudes de asilo y está previsto que varios miles más vayan ingresando paulatinamente para esperar en EE.UU a que se defina su pedido de asilo.

Sepa cuáles son las claves sobre la reforma migratoria que discute el Congreso americano

Un reporte de La Opinión, señala que el si partido demócrata logran aplicar la llamada regla de Reconciliación a una reforma migratoria que otorgue la ciudadanía a millones de indocumentados, un proyecto podría ser aprobado en máximo dos meses, según estimaciones del representante Raúl Ruiz (California), presidente del Caucus Hispano.

Ruiz, quien es médico de profesión, fue cauteloso sobre los tiempos exactos, pero hizo referencia a la regla de Reconciliación, algo que ha expresado en otros foros con inmigrantes, pero en el podcast El Diario sin Límites expuso algunos detalles.

Reconoció que los republicanos están preocupados por el impacto económico, pero también respaldan la ciudadanía a trabajadores agrícolas, debido a que varios de sus votantes o patrocinadores son dueños de granjas.

Actualmente hay cinco proyectos migratorios en el Congreso, tres de los demócratas, uno bipartidista y uno más republicano, pero los primeros son los que tienen más posibilidad.

1. Las propuestas de ley

De los proyectos destacan la Ley de Sueño y Promesa o Dream Act, así como la Ley de Modernización del Trabajo Agrícola, ambas aprobadas en la Cámara de Representantes y en espera de su oportunidad en el Senado.

“Las dos propuestas de ley que pasaron la Cámara de Representantes están en las manos de los senadores y están teniendo pláticas para negociar un camino adelante”, adelantó Ruiz. “No se sabe muy bien cuándo van a llegar a un acuerdo”.

La primera de esas leyes permitiría el camino a la ciudadanía a ‘dreamers’, portadores del Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros inmigrantes con acciones diferidas (DED), mientras la segunda se enfoca a los trabajadores del campo.

La otra propuesta es la Ley de Ciudadanía 2021 impulsada por el presidente Joe Biden, la cual es una reforma migratoria integral que daría la naturalización a 11 millones de indocumentados, pero los republicanos están en contra.

Otro proyecto que puede tener cierta oportunidad es la Ley de Trabajadores Esenciales, que también incluye a ‘dreamers’, portadores de TPS, trabajadores del campo. Supone un beneficio para más de cinco millones de indocumentados.

  1. Puntos de coincidencia
    Aunque algunos republicanos apoyan la ciudadanía para los ‘dreamers’, hay otros que se inclinan por modificaciones migratorias que impacten a sus votantes y patrocinadores directos, como los dueños de granjas, donde más del 70% de los trabajadores son indocumentados.

El representante Ruiz reconoce ese respaldo de los republicanos a los trabajadores del campo, más por un asunto económico que por un interés humanitario.

“Yo creo que eso nos va a ayudar, eso es algo que ellos quieren y nosotros queremos. Podemos utilizarlo para incluir a los ‘dreamers’ y a los demas”, adelantó Ruiz. “Desafortunamente no ven la gran contribución que hacen los inmigrantes a todos nosotros en nuestros país”.

Ruiz citó diversos reportes que indican que los indocumentados, incluidos los ‘dreamers’ han estado en la primera línea durante la pandemia.

“Los campesinos, hay muchos inmigrantes que se han sacrificado… y sus familias han muerto por poder darnos los servicios”, expuso. “Nosotros reconocemos la importancia moral de ayudarles con su trabajo heroico, si eso no es importante, tenemos una razón económica, para aquellos que solamente piensan en sus bolsillos”.

La regla de Reconciliación
El representante Ruiz recordó que existe la posibilidad de integrar alguno de los proyectos de ley a la discusión del Plan de Empleos Estadounidense, aunque reconoce que el presidente Biden quiere un acuerdo bipartidista.

“El presidente lo quiere en una forma bipartidista y nosotros lo queremos hacer en forma bipartidista”, indicó. “Si no nos dan el apoyo, vamos a comenzar con la regla de Reconciliación del presupuesto y esa decisión, yo pienso, que va a suceder entre dos y cuatro semanas, luego después de eso va a durar como un mes o seis semanas para pasar esa reconciliación”.

La postura del representante Ruiz ocurrió antes de que la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, indicara que los demócratas tienen una sola oportunidad de utilizar la regla para aprobar un proyecto económico sin apoyo republicano, por lo que no queda claro si pueda aplicarse a un tema migratorio.

Con información de La Opinión/Jesús Garcia

Sepa cuánto necesita ganar un inmigrante para patrocinar la “green card” de un pariente

Aunque el gobierno del presidente Joe Biden terminó con cambios a la llamada regla de carga pública, los inmigrantes que solicitan “green card” o la ciudadanía todavía son evaluados sobre si pueden mantenerse a sí mismos o alguien puede ayudarlos mientras no encuentran trabajo.

Lo anterior es porque las disposiciones siguen en la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA), pero las reglas no son tan duras como las que había impulsado el gobierno de Donald Trump.

Aún así, es decisión de los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y a los oficiales consulares que evalúan las peticiones de cualquier tipo de visa, incluso de turista, determinar si una persona podría convertirse en una carga pública para EE.UU.

Las personas que patrocinan a sus familiares, ya sea padres o hermanos, pueden integrar información financiera para que las autoridades consideren que esas personas no representarán “una carga” para las finanzas del gobierno.

El abogado de inmigración Allan Wernick, quien dirige el proyecto de CUNY Citizenship Now! de la City University of New York responde a preguntas de inmigrantes, como en el Al Día Dallas, donde una persona preguntó cuánto dinero debía ganar para poder patrocinar a un familiar.

Recordó que para un oficial de USCIS considere viable otorgar la Residencia Permanente a una persona, quien la patrocina debe tener ingresos del 125 por ciento del nivel federal de pobreza.

Eso significa demostrar un ingreso de al menos $44,475 dólares anuales si la familia es de al menos tres miembros.

Los expertos señalan que las evaluaciones migratorias son discrecionales, es decir, los oficiales revisan toda la documentación y determinan si una persona puede o no representar una carga, por ello los abogados sugieren integrar declaraciones juradas que apoyen una solicitud.

“Los solicitantes de green card por familia deben demostrar que no se convertirán en una carga pública; es decir, que van a necesitar asistencia pública”, recuerda Wernick.

Ahora bien, esa cifra señalada dependerá del número de miembros de la familia y si la persona que reporta los ingresos está patrocinando a alguien más en un proceso migratorio.

Biden termina con regla que ordenaba permancer en México a inmigrantes que pedían asilo en la frontera

El gobierno del presidente Joe Biden terminó con la política de Protocolos de Protección al Migrante (MPP), mejor conocida como “Permanecer en México”, la cual fue considerada una forma de deportación de inmigrantes a México para esperar ahí una cita en cortes de Estados Unidos.

Según la agencia Reuters, la primera en reportar la finalización oficial del programa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) distribuyó un memorando firmado por el secretario Alejandro Mayorkas, informando el término de la regla.

“Comparto la creencia de que solo podemos gestionar la migración de una manera eficaz, responsable y duradera si abordamos el problema de manera integral, mirando más allá de nuestras propias fronteras”, escribió Mayorkas en el memorando.

El reporte agrega que ya son 11,200 los inmigrantes que han podido ingresar a EE.UU. para dar seguimiento a sus peticiones de asilo, cifra que aumentó en menos de un mes cuando se informó que eran poco más de 8,000 las personas que lograron entrar al país.

En una orden ejecutiva del 2 de febrero, el presidente Biden pidió al DHS terminar con los MPP, una iniciativa impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump, que obligó a México –tras amagos de embargos comerciales– aceptar a inmigrantes que solicitaban asilo.

“El Secretario de Seguridad Nacional revisará y determinará de inmediato si da por terminado o modifica el programa conocido como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP)”, indica la orden.

La finalización del programa debe realizarse en coordinación con el Secretario de Estado, el Procurador General y el Director de los CDC, tomando en cuenta la pandemia de COVID-19.

El 19 de febrero, la Administración Biden dio los primeros pasos para ayudar a inmigrantes varados en México, bajo un programa que, se estima, ayudará a unas 25,000 personas con casos activos, para ser procesadas en un periodo no determinado.

“Esta última acción es otro paso en nuestro compromiso de reformar las políticas de inmigración que no se alinean con los valores de nuestra nación”, indicó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas al confirmar esa acción.

La decisión recién anunciada también implicaría la terminación de acuerdos migratorios con Honduras, El Salvador y Guatemala, a fin de que sus inmigrantes fueran enviados a México.

“La decisión es un paso monumental para borrar la mancha de esta política inmoral y volver a comprometer a los Estados Unidos con el liderazgo humanitario mundial”, destacó Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora ejecutiva del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados.

Citó que aproximadamente 70,000 solicitantes de asilo se vieron forzados a esperar “en condiciones peligrosas” por una cita en tribunales.

“Felicitamos a la administración de Biden por comenzar el arduo pero necesario trabajo de restaurar nuestra obligación moral hacia los más vulnerables”, agregó. “Es notable que la administración haya reconocido las políticas de disuasión deliberadas por lo que son, crueles e ineficaces”.

La tensa espera por la nueva política inmigratoria de Biden

En marzo del 2020, Estela Lazo se presentó ante el juez de inmigración Lee O’Connor con sus dos hijos, con los músculos tensos y un nudo en la garganta. ¿Le concederían asilo?

La respuesta de O’Connor: No. Ni consideraría la solicitud.

El juez, no obstante, hizo algo que le permitió alentar esperanzas. Dictaminó que era ilegal obligar a esta familia hondureña esperar una respuesta definitiva a su solicitud en México, como disponía uno de los pilares de la política inmigratoria del gobierno de Donald Trump pensada para desalentar los pedidos de asilo. O’Connor dijo que desestimaba su caso por los pasos en falso del gobierno y programó otra vista en un tribunal de San Diego al mes siguiente.

La familia, irónicamente, fue enviada de vuelta a México a esperar la nueva vista.

Y cuando Lozano, su hijo de diez años y su niña de seis, se presentaron en un cruce fronterizo de Tijuana para asistir a esa cita, las autoridades estadounidenses les negaron la entrada diciendo que su caso había sido cerrado.

El hecho de que no se hayan siquiera considerado los méritos de la solicitud de Lazo es una de las numerosas anomalías de la política de “Quédate en México”, un esfuerzo inusual que con frecuencia iba en contra de principios básicos de la justicia, como el derecho a ser escuchado en un tribunal.

Al eliminar muchas de las medidas de Trump sobre la inmigración que considera inhumanas, el presidente Joe Biden enfrenta un dilema: ¿Qué tan lejos debe llegar en sus esfuerzos por corregir lo que considera los errores de su predecesor en ese terreno?

Biden suspendió la política de “Quédate en México” el día en que asumió la presidencia y poco después dijo que unas 26.000 personas con solicitudes de asilo pendientes podían esperar la resolución de sus casos en Estados Unidos. El procesamiento de esas solicitudes puede tomar años porque los tribunales de inmigración tienen muchos casos pendientes. Más de 10.000 de esas personas fueron admitidas en Estados Unidos hasta ahora.

Pero quedan más de 30.000 cuyos pedidos de asilo fueron rechazados o desestimados en el marco de esa política, llamada oficialmente “Protocolos de Protección del Migrante”. Activistas presionan para que estas personas reciban otra oportunidad.

Muchas personas que buscaban asilo y cuyas solicitudes fueron rechazadas por no presentarse a las vistas dicen que fueron secuestradas en México. Otras estaban enfermas o temerosas de ir a un cruce fronterizo a las cuatro y media de la mañana en una ciudad peligrosa. Human Rights First, una agrupación de activistas, contabilizó más de 1.500 denuncias de ataques a personas afectadas por esa política.

Dificultades para encontrar abogados en México hicieron que resultase complicado conseguir representación legal, contribuyendo a que apenas un 1,6% de las solicitudes consideradas fuesen aprobadas. Las autoridades dieron a las personas que solicitaban asilo una lista de abogados baratos o que no cobraban, pero las personas en esa lista no contestaban llamadas telefónicas ni respondían a mensajes.

Hay además unos 6.700 casos como el de Lazo que fueron desestimados, de acuerdo con el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Estas situaciones se dieron mayormente cuando los jueces consideraban que el gobierno había fallado al aplicar sus políticas inmigratorias. Muchos solicitantes de asilo fueron enviados de vuelta a México por tiempo indefinido, en algunas instancias después de que las autoridades estadounidenses llenasen formularios con citas falsas para asegurarse de que México los recibía.

Fiscales republicanos quieren bloquear políticas migratorias de Biden

Al tiempo que el gobierno del presidente Joe Biden avanza en su plan de desmantelar o reorganizar políticas migratorias del expresidente Donald Trump, un grupo de fiscales republicanos se oponen en tribunales.

Fiscales de Arizona, Texas, Missouri, por ejemplo, presentan demandas para evitar la aplicación de políticas que favorezcan a los inmigrantes, al considerar que los planes de Biden son “acciones ilegales” que “ponen en peligro” a los estadounidenses.

“Como fiscal general, tengo ciertas herramientas en mi caja de herramientas, y he dicho que haré todo lo posible para hacer cumplir el estado de derecho y proteger a los contribuyentes”, dijo a Fox News el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich.

Entre las medidas que los fiscales desafían están los lineamientos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se deberían enfocar principalmente en personas con récord criminal, permitiendo a otros indocumentados permanecer en el país.

Una primera acción fue decidida por un juez de Texas, que bloqueó la medida de la Administración Biden, que se vio obligada a implementar nuevos lineamientos.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la victoria, la cual consideró “un mensaje claro” a la Administración Biden soobre lo que califican sus “políticas liberales”.

Tras ese triunfo, los fiscales ahora pretenden que se modifiquen los nuevos lineamientos de ICE, ya que consideran que equivalen “a la misma política que la moratoria de deportación”.

Los fiscales también desafían la revocación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) por parte de la Administración Biden, una política de la era Trump conocida como Permanecer en México, la cual impedía a solicitantes de asilo permanecer en EE.UU.

Tras la suspensión de la Administración Biden, más de 8,000 inmigrantes han podido volver al país en espera de una respuesta a sus peticiones.

Los republicanos pretenden llegar hasta la Corte Suprema en sus esfuerzos, indica el reporte, pero por ahora pretenden una acción judicial preliminar, adelantó el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt.

El gobierno demócrata avanza con su agenda con modificaciones en procesos de inmigración legal aplicados por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y un reordenamiento del sistema de asilo.

Sin embargo, los cambios profundos dependerán de la reforma migratoria que apruebe el Congreso, que incluso contempla otorgar ciudadanía a indocumentados, particularmente aquellos que fueron trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19.

Durante la Administración Trump se implementaron más de 900 cambios migratorios, según reportes.

Baja número de niños migrantes solos en frontera de EEUU

El número de encuentros de niños migrantes sin compañía de un adulto en la frontera entre Estados Unidos y México cayó en abril luego de alcanzar un máximo histórico el mes previo, aunque aumentó la cifra de adultos que cruzaron solos, informaron las autoridades el martes.

Las autoridades encontraron a 17.171 menores que cruzaron sin compañía de un adulto, una baja del 9% en comparación con los 18.960 de marzo, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en ingles), pero todavía muy por arriba de los 11.475 que la Patrulla Fronteriza reportó en mayo de 2019, cuando comenzó a difundir las cifras.

En total, los 173.460 encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes en la frontera con México durante abril, significaron un aumento de 3% sobre los 169.213 en marzo, el nivel más alto desde abril de 2000. Los números no se pueden comparar de manera directa ya que la gran mayoría de los detenidos en abril fueron expulsados rápidamente del país en conformidad con las facultades federales relacionadas con la pandemia que niegan el derecho a solicitar asilo. La expulsión no conlleva consecuencias legales, por lo que muchas personas realizan múltiples intentos de llegar al país.

Los encuentros de la Patrulla Fronteriza con personas que llegan en familias disminuyeron en una proporción similar a la de niños que cruzaron solos: una baja de 10% a 48.226 respecto a los 53.406 en marzo. Poco más de uno de cada tres encuentros con familias resultó en expulsiones por la pandemia.

Las cifras constituyen la más reciente lectura de uno de los desafíos más serios para la incipiente presidencia de Joe Biden. A pesar de algunas noticias alentadoras en abril sobre los menores no acompañados y las familias de inmigrantes, Biden tiene mucho en juego en un nuevo sistema de asilo “humano” el cual aún no ha sido develado. Al parecer no hay soluciones rápidas y sencillas.

Estados Unidos comienza a reunir familias de inmigrantes separadas

El gobierno del presidente Joe Biden dijo el lunes que cuatro familias que fueron separadas en la frontera con México durante la presidencia de Donald Trump se reunirán en Estados Unidos esta semana, lo que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, describió como “sólo el comienzo” de una labor más extensa.

Dos de las cuatro familias incluyen madres que fueron separadas de sus hijos a fines de 2017, una hondureña y otra mexicana, precisó Mayorkas, quien se negó a detallar sus identidades. Sólo dijo que se trataba de niños que tenían 3 años en ese momento y “adolescentes que han tenido que vivir sin sus padres durante sus años más formativos”.

Los padres regresarán a Estados Unidos con permiso condicional humanitario mientras las autoridades consideran otras formas de estatus legal a más largo plazo, dijo Michelle Brane, directora ejecutiva del Grupo de Reunificación Familiar del gobierno. Los niños ya están en Estados Unidos.

El número exacto de familias que serán reunidas en Estados Unidos y el orden en que eso sucederá está vinculado a las negociaciones con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) para zanjar una demanda federal interpuesta en San Diego, pero Mayorkas dijo que habrá más reuniones en el futuro.

“Seguimos trabajando incansablemente para reunir a muchos más niños con sus padres en las próximas semanas y meses”, dijo Mayorkas a los periodistas antes del anuncio. “Aún hay mucho trabajo por hacer, pero estoy orgulloso de nuestro progreso y de las reuniones que hemos ayudado a concretar”.

Más de 5.500 niños fueron separados de sus padres durante el gobierno de Trump desde el 1 de julio de 2017, muchos de ellos bajo una política de “tolerancia cero” para procesar penalmente a cualquier adulto que ingresara ilegalmente al país, según documentos de la corte. El gobierno de Biden lleva su propio conteo que se remonta a la toma de posesión de Trump en enero de 2017 y, según Brane, se cree que más de 1.000 familias aún están separadas.

Aunque la separación de familias bajo la “tolerancia cero” llegó a su fin en junio de 2018 gracias a una orden judicial y Trump alteró sus prácticas poco después, Biden ha arremetido en reiteradas ocasiones contra la operación, describiéndola como un acto de crueldad. En su primer día de mandato emitió una orden ejecutiva en la que se comprometía a reunir a las familias que seguían separadas “en la medida de lo posible”.

La ACLU expresó su alegría por las cuatro familias, pero sus reencuentros son “sólo la punta del iceberg”, dijo el abogado Lee Gelernt. Entre los más de 5.500 niños de los que se tiene conocimiento que fueron separados, más de 1.000 podrían seguir lejos de sus padres y aún no se ha localizado a más de 400 padres, subrayó.

“Necesitamos que el gobierno de Biden les brinde ayuda a todos ellos, incluyendo un recurso permanente para naturalizarse y cuidados”, dijo Gelernt.

En tanto, el gobierno de Biden enfrenta el tercer aumento importante en siete años en la cantidad de niños que llegan solos a la frontera. Se ha avanzado mucho en el traslado de menores de las instalaciones atestadas de la Patrulla Fronteriza a refugios del Departamento de Salud, que son más adecuados para estadías más prolongadas hasta que los niños sean colocados con tutores en Estados Unidos, generalmente padres o parientes cercanos.

La estadía promedio para menores sin compañía de un adulto bajo custodia de la Patrulla Fronteriza ha disminuido en unas 20 horas, por debajo del límite legal de 72 horas y lejos de las 133 horas en promedio que se tenían registradas a finales de marzo, dijo Mayorkas. Actualmente hay 677 menores no acompañados en custodia de la Patrulla Fronteriza, luego de que la cifra superó los 5.700 a finales de marzo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés) abrió 14 albergues de emergencia que elevaron la capacidad a casi 20.000 camas, en comparación con las 952 de las que se disponían antes de recurrir a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias el pasado 13 de marzo, dijo Mayorkas. Unos 400 agentes de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración han sido asignados como administradores de casos con el fin de acelerar la liberación de menores a sus patrocinadores. Hasta el jueves, el HHS tenía 22.557 menores bajo su cuidado.

Gobierno de Biden aumenta visas de trabajo temporal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) añadió 22,000 visas de trabajo temporal no agrícola, de las cuales 6,000 serán destinadas a países del Triángulo Norte.

La visa H-2B es un permiso de no-inmigrante para empleos del área de servicios, principalmente, y su otorgamiento se divide en dos partes anualmente.

El gobierno del presidente Joe Biden busca enfrentar las causas de la migración en El Salvador, Honduras y Guatemala, por lo que cual se emitió la Orden Ejecutiva 14010, con la cual se justifica el incremento de permisos temporales.

“Creación de un marco regional integral para abordar las causas de la migración, gestionar la migración en América del Norte y Central y proporcionar un procesamiento seguro y ordenado de solicitantes de asilo en la frontera de los Estados Unidos”, explica el DHS sobre la orden.

El titular del DHS, Alejandro Mayorkas, destacó que las empresas que soliciten a empleadores extranjeros deberán demostrar que no afectan a trabajadores estadounidenses, ni en ofrecimiento de puestos ni en sus salarios, además de demostrar que su negocio puede ser afectado en caso de no lograr mayor personal.

También destacó el compromiso para atender las causas de la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos.

“Este aumento complementario también demuestra el compromiso del DHS de ampliar las vías legales de oportunidades en los Estados Unidos a las personas del Triángulo Norte”, dijo Mayorkas.

También se exige que la contratación no afectará “los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses”, que tengan una posición similar.

Congresistas de Florida piden aliviar requisitos de la vacuna para inmigrantes indocumentados

Cuatro miembros demócratas del Congreso escribieron al gobernador Ron DeSantis el miércoles para decirle que Florida debería flexibilizar los requisitos de residencia que han dificultado que los casi 1 millón de inmigrantes indocumentados y trabajadores agrícolas temporales del estado reciban la vacuna COVID-19.

La solicitud, que fue dirigida por la representante estadounidense Debbie Wasserman Schultz, cita una creciente disparidad en el esfuerzo de vacunación del estado con informes de que los residentes indocumentados fueron rechazados.

Los legisladores pidieron sitios de vacunas específicos para las comunidades de inmigrantes y más flexibilidad en los requisitos de documentación.

“Mantener a todos los floridanos seguros en esta pandemia significa derribar los obstáculos de vacunación para nuestros residentes más vulnerables”, dijo Wasserman Schultz en una declaración preparada.

Los representantes estadounidenses Ted Deutch, Lois Frankel y Darren Soto también firmaron la carta.

Las preocupaciones sobre el turismo de vacunas, incluidos los informes de viajeros internacionales adinerados que reciben vacunas en Florida, llevaron al estado a emitir requisitos de residencia el 21 de enero para recibir la vacuna COVID-19.

Los residentes deben mostrar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal. Los residentes de temporada pueden proporcionar dos documentos que demuestren que viven en Florida, que pueden incluir un estado de cuenta de la hipoteca o un contrato de arrendamiento; factura de servicios públicos o declaración de conexión de servicios públicos; correo de una institución financiera; correo de una agencia gubernamental; o prueba de residencia de un padre, padrastro o tutor.

En un correo electrónico, Cody McCloud, portavoz de DeSantis, escribió que los requisitos del estado no son demasiado onerosos porque se pueden mostrar una variedad de documentos como prueba de residencia.

“No es sorprendente que los políticos en Washington continúen con los frívolos intentos de politizar el exitoso lanzamiento de vacunas en Florida mientras crean innecesariamente divisiones entre los floridanos para quienes han sido elegidos”, escribió McCloud.

La carta de los demócratas reconoce las preocupaciones sobre el turismo de vacunas, pero los legisladores escribieron que es esencial garantizar que las comunidades de inmigrantes tengan acceso ahora que la vacuna está en mayor cantidad. Los inmigrantes indocumentados pueden tener dificultades para recopilar los documentos necesarios que a menudo dependen de tener una identificación estatal, escribieron los legisladores.

“Si ignoramos las brechas en el acceso a la vacuna o imponemos barreras que empeoran esas brechas, entonces solo estamos poniendo en peligro la vida de las personas y debilitando nuestros esfuerzos para poner fin a esta pandemia y reconstruir nuestra economía”, dijo Deutch en una declaración preparada.

Los legisladores también escribieron a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, pidiendo que se renuncie por completo a la prueba de residencia en los sitios de vacunas administrados a nivel federal.

Los letreros colocados en los sitios federales de vacunas en Florida han asegurado a los inmigrantes indocumentados que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU no realizará operaciones en o cerca de los sitios o clínicas de distribución de vacunas.

Hasta el martes, más de 4.5 millones de personas habían sido completamente vacunadas en Florida.