INMIGRACION

En el debate, Trump defendió separación de familias migrantes

El presidente Donald Trump defendió ayer jueves la práctica de su gobierno de separar a niños migrantes que siguen lejos de sus familiares luego de ser detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos.

Durante el debate presidencial con su rival demócrata Joe Biden, Trump dijo que por lo general los niños que cruzan la frontera no van acompañados de sus familiares, sino “por coyotes y muchas malas personas”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) le dijo esta semana a un juez que aún hay 545 menores separados de sus padres desde 2018.

Trump dijo que su gobierno ha construido más de 640 kilómetros (400 millas) del muro fronterizo que prometió. Y agregó: “Ellos construyeron jaulas”, refiriéndose a las instalaciones de la era del presidente Barack Obama que fueron mostradas durante los reportes de prensa de las separaciones.

Biden refutó la respuesta de Trump, diciendo que los niños “fueron arrebatados de” sus familiares en 2018.

Tal como lo ha hecho desde las primarias, Biden defendió la política migratoria del gobierno de Obama, admitiendo que “tomó demasiado tiempo hacer que funcionara bien”.

ICE buscará a indocumentados que incumplen con salida voluntaria del país

De acuerdo con un documento obtenido por CNN, la agencia pondrá en marcha la “Operación Promesa Rota” para detener y deportar a los indocumentados que “rompen su promesa de salir voluntariamente del país”.

Las personas que residen en Estados Unidos de manera ilegal pueden optar por salida voluntaria en una fecha específica. Con esto evitan arresto, deportación y la prohibición de volver a ingresar al país de manera legal.

“Desafortunadamente, a lo largo de los años, miles de inmigrantes han aceptado el beneficio de salida voluntaria sin cumplir su promesa al gobierno, no salen a tiempo de los Estados Unidos”, dice el memo.

Cerca de 16,451 inmigrantes recibieron ese beneficio en 2020, según datos de la Universidad de Syracuse. Las operaciones contra inmigrantes que incumplían con el retiro voluntario fueron suspendidas durante el gobierno de Barack Obama para enfocarse en indocumentados involucrados en acciones criminales.

La nueva operación se conoce días después de que ICE anunciara un plan de deportaciones rápidas.

Juez Federal pide hallar a padres deportados sin sus hijos

Un juez federal instó el jueves al gobierno del presidente Donald Trump a hacer más para ayudar a los investigadores designados por la corte para encontrar a los cientos de padres que aún están separados de sus hijos, tres años después de que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.

Un documento de la corte reveló esta semana que los investigadores no han podido rastrear a los padres de 545 menores de edad, una cifra mucho mayor a las conocidas previamente y que generó indignación. La mayoría de los padres fueron deportados a sus países de origen en Centroamérica, y sus hijos fueron colocados con tutores en Estados Unidos, por lo general familiares.

El juez federal Dana Sabraw se abstuvo de emitir una orden durante una audiencia en San Diego, y en su lugar solicitó a los abogados del Departamento de Justicia que exploraran la forma en que el gobierno pueda facilitar la localización de los padres.

Los intentos por encontrar a las familias separadas de sus hijos se han llevado a cabo desde que Sabraw ordenó al gobierno en 2018 poner fin a la criticada práctica derivada de su política de “tolerancia cero” para las personas que cruzaban ilegalmente la frontera.

Inicialmente, Sabraw le ordenó al gobierno reunir a más de 2.700 menores con sus familiares, creyendo que se trataba de la cifra total de familias separadas. Sin embargo, posteriormente fueron descubiertos otros 1.556 menores que fueron separados de sus padres desde el verano de 2017, entre ellos los 545 niños que siguen sin reunirse con sus padres.

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) Lee Gerent, que presentó una demanda en contra de esa práctica, dijo que el gobierno podría proporcionar fondos para la búsqueda, que actualmente llevan a cabo unos cuantos defensores de los derechos humanos en Centroamérica.

El moderador podrá apagar el micrófono en cualquier momento.

“Después de las críticas, el gobierno ahora asegura que quiere ayudar a encontrar a estas familias”, comentó el abogado.

La actitud reticente del gobierno ha complicado todavía más la localización de los padres, debido a todo el tiempo que ha transcurrido, puntualizó.

Las restricciones relacionadas con el coronavirus impidieron que los investigadores visitaran muchas áreas entre marzo y agosto, pero a medida que esas restricciones se relajen, los investigadores esperan progresar en las próximas semanas.

Las autoridades federales han proporcionado números telefónicos de 1.030 menores a una comisión rectora designada por la corte, que localizó a los padres de 485 de esos niños.

La comisión ha contratado vallas publicitarios para informar de números telefónicos gratuitos y anuncios en otros medios en Centroamérica con el objetivo de localizar a las familias.

Voluntarios han buscado a los padres en Guatemala y Honduras, sea yendo puerta por puerta o a través de registros públicos, indicó la ACLU en un documento presentado ante el tribunal.

El juez solicitó una actualización el 2 de diciembre y fijó una nueva audiencia dos días después para discutir sobre el progreso.

“Esta, desde luego, es la pieza faltante más importante” en cuanto a la separación de familias, recalcó Sabraw.

El representante federal Joaquin Castro, demócrata por Texas y presidente de la bancada hispana del Congreso, dijo que el gobierno necesita permitir que los padres que fueron deportados sin sus hijos vuelvan a Estados Unidos y se les brinde la oportunidad de convertirse en residentes legales permanentes y, eventualmente, en ciudadanos estadounidenses.

Únicamente nueve padres que fueron separados de sus hijos recibieron autorización para regresar al país en enero pasado.

Castro también pidió la creación de una comisión especial, tal vez en forma de una comisión de derechos humanos, para investigar el daño causado por la separación masiva de familias entre 2017 y 2018.

“Esta fue una crueldad coordinada, un maltrato coordinado, a los niveles más altos y más bajos del gobierno de Estados Unidos”, comentó Castro.

¿Qué ha dicho sobre inmigración y discriminación la jueza que Trump nomina a la Corte Suprema?

El Senado comenzó este lunes con las audiencias de confirmación de la nominada de Trump, la jueza Amy Coney Barrett, a la Corte Suprema. La conservadora, que sustituirá a la fallecida Ruth Bader Ginsburg, se ha pronunciado sobre temas como el aborto, el control de armas, la inmigración o la discriminación en el trabajo. ¿Qué opina sobre estos últimos dos temas?

Inmigración

Como jueza del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, Barret se opuso a bloquear temporalmente en Chicago la llamada regla de “carga pública”, con la que la Administración Trump pretende negar estatus de residente permanente a los inmigrantes que usan cupones de alimentos, Medicaid y cupones de vivienda.

Barrett escribió que el derecho migratorio vigente y una reforma de la asistencia social de la era Clinton ya habían limitado la asistencia pública a los quienes no son ciudadanos. Para ella, la Administración estaba haciendo uso del margen de maniobra recogido en las leyes, según publicó Associated Press.

Las objeciones de los inmigrantes y sus defensores “reflejan el desacuerdo con esta elección de política e incluso la exclusión legal misma. El litigio no es el vehículo para resolver disputas sobre políticas”, según escribió la llamada a convertirse en jueza de la Corte Suprema.

Discriminación en el trabajo

En 2019, Barret fue una de las tres juezas que confirmó por unanimidad desestimar una demanda por discriminación que había interpuesto Terry Smith, un empleado negro de Illinois, después de ser despedido de su trabajo como transportista en Illinois. Smith argumentaba que su jefe lo llamaba con un insulto racista.

“La palabra “n” es un epíteto racial ofensivo”, escribió entonces la jueza sobre el caso de Smith contra el Departamento de Transporte de Illinois. Dicho esto, Smith no puede ganar simplemente demostrando que se pronunció la palabra. También debe demostrar que el uso de esta palabra por parte de [su jefe Lloyd] Colbert alteró las condiciones de su empleo y creó un entorno de trabajo hostil o abusivo“, añadió.

Sobre el mismo tema, el juez Brett Kavanaugh -que podría ser compañero de Barret en el Supremo- escribió que un solo insulto de este tipo era suficiente “para establecer un ambiente de trabajo hostil”, en su opinión sobre un caso en la corte de apelaciones de Washington DC.

La próxima semana arranca la lotería de visas; son 55.000 las disponibles

El Departamento de Estado informó que el 7 de octubre comienza el proceso para el programa de Visas de la Diversidad, mejor conocido como lotería de visas.

Para el año fiscal 2022, indicó, estarán disponibles hasta 55,000 “green card” de ese tipo.

Aunque no hay costo para registrarse, los solicitantes seleccionados en el programa deben cumplir con el proceso de elegibilidad, ya que en caso de ganar deberán pasar un proceso de evaluación migratoria regular.

“El Departamento de Estado determina a los seleccionados mediante un dibujo por computadora al azar”, indica la autoriad.

La distribución de las protecciones migratorias es entre seis regiones geográficas y ningún país puede recibir más del siete por ciento de los permisos disponibles en cualquier año.

También recordó que los originarios de 20 países y regiones no pueden aplicar al proceso, ya que más de 50,000 nativos de esas naciones inmigraron en los últimos cinco años.

Los países y regiones de donde puede haber aplicantes son: Bangladesh, Brasil, Canadá, China (incluida la RAE de Hong Kong), Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte) y sus territorios y Vietnam.

Los requisitos:

  • Tener al menos educación secundaria o su equivalente, definida como la finalización exitosa de un período de 12 años o curso de educación primaria y secundaria formal.
  • Dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en una ocupación que requiere al menos dos años de formación o experiencia para realizar.
  • Los solicitantes deben enviar las inscripciones para el programa DV-2022 electrónicamente en dvprogram.state.gov

Las solicitudes pueden enviarse a partir del miércoles 7 de octubre gasta el martes 10 de noviembre de 2020.

Aunque el presidente Donald Trump ha criticado este programa de visas, su Administración lo ha mantenido prácticamente intacto en cuanto aplicaciones, pero debido a la pandemia de coronavirus la prohibición migratoria afectó a miles de ganadores.

Aspiran que aumento a tarifas de USCIS en trámites migratorios no se apliquen

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) celebró la decisión del juez federal Jeffrey White, de California, de suspender el incremento de tarifas a todos los trámites migratorios propuesto por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Los nuevos costos, algunos con incrementos de más del 500%, iban a ser implementados este viernes 2 de octubre, pero la agencia migratoria no podrá hacerlo, aunque se espera que haya una apelación en el Noveno Circuito.

“Mientras se cumpla esta orden judicial preliminar, USCIS no puede aumentar las tarifas”, dijo Doug Rand, cofundador de Boundless Immigration a Forbes. “El gobierno se apresurará a obtener una suspensión de la orden judicial desde Noveno Circuito, pero no se sabe cuánto tiempo tomará ni cuál será el resultado”.

Sin embargo, la agencia migratoria indicó que revisa la decisión y no haría comentarios al respecto.

“USCIS está revisando el fallo sobre la regla de tarifas y no tiene más comentarios en este momento”, señaló la agencia a petición de este diario.

Ahora bien, los inmigrantes que deseen aplicar por Residencia Permanentenaturalización, Autorización de Empleo, entre otros beneficios migratorios, podrán hacerlo con las actuales tarifas hasta nuevo aviso.

Los abogados destacaron que la regla impuslada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría duplicado o triplicado las tarifas de solicitud para muchos beneficios de inmigración esenciales.

“AILA aplaude la orden expedita del Tribunal de dejar de lado el intento sin precedentes de USCIS de aumentar drásticamente las tarifas antes de las elecciones presidenciales”, destacó la organización en un comunicado.

Los expertos apuntaron que el juez White identificó que el DHS no tenía la autoridad para emitir la regla, además de reconocer que el Gobierno del presidente Donald Trump presionó para aumentar las tarifas “de manera arbitraria”, sin considerar las preocupaciones de los demandantes y miles de comentarios en contra cuando fue publicada en el Registro Federal.

“AILA se enorgullece de unirse a nuestros socios de litigios en Sidley Austin LLP en esta importante lucha, apoyando a los inmigrantes, sus familias y las comunidades en todo Estados Unidos al llaman hogar”, apuntó.

Un juez federal bloquea alza de tarifas para trámites de la ciudadanía americana

Un juez federal en el norte de California bloqueó este martes el alza de tarifas a algunos trámites del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que entraría en vigencia el próximo 2 de octubre y que afectaba gestiones como el de la naturalización.

El juez federal Jeffrey S. White en Oakland, California, falló en favor de una demanda presentada el pasado 21 de agosto por una coalición de ocho organizaciones encabezada por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), con sede en San Francisco.

El pasado 31 de julio USCIS anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 30 % en sus tarifas, pero que en algunos casos llega a 535 %. La agencia justificó las alzas para financiar sus operaciones.

Uno de los procesos más afectados con el nuevo incremento es el proceso de naturalización, que pasará de $640 a $1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos, y que tenía en una contrarreloj a muchos migrantes para someter sus solicitudes antes del próximo viernes.

En su demanda, la coalición señaló que la nueva Regla de Tarifas viola la Ley de Procedimiento Administrativo y constituye una acción de agencia “arbitraria y caprichosa”.

La querella legal también argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad prioriza la unidad y diversidad familiar, sin embargo, “al hacer deliberadamente imposible el costo de asegurar los beneficios de inmigración esenciales para millones de familias inmigrantes, la política de la Administración Trump hace que la separación familiar sea inevitable y viola las leyes estatutarias y constitucionales”.

“Con la nueva regla de tarifas, la Administración Trump ha demostrado su voluntad de ignorar el estado de derecho en la búsqueda de su agenda antiinmigrante y xenófoba”, advirtió Melissa Rodgers, directora de programas de ILRC.

Denuncian que el gobierno americano quiere restringir las visas estudiantiles, de intercambio y de prensa

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una norma con la que prevé restringir la duración de los visados que se otorgan a estudiantes, extranjeros que permanecen en el país bajo la modalidad de intercambio y a los corresponsales de prensa internacional.

La medida, que este viernes saldrá publicada en el Registro Federal y se someterá a un período de recepción de comentarios durante los 30 días siguientes, afecta a los visados F para estudios académicos; J o denominadas de intercambio (que abarca profesores o académicos, estudiantes, aprendices, maestros, niñeras y consejeros de campamentos); e I, destinados a la prensa extranjera.

Sin embargo, no entrará en vigor sino hasta después de que el Gobierno reciba las opiniones y redacte el texto definitivo, un proceso que expertos estiman puede demorar un par de meses.

El anuncio lo hizo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), al señalar en un comunicado el “crecimiento significativo” de las solicitudes bajo estos programas y la necesidad de garantizar la “integridad” del sistema de inmigración estadounidense.

Además, el DHS aclaró que la normativa “no propone cambios a los requisitos subyacentes para cualificar para estas clasificaciones de no inmigrantes”.

EEUU da marcha atrás a medida de suspender de visas para estudiantes extranjeros

El Gobierno del presidente Donald Trump aceptó rescindir el viernes la suspensión de visas para los estudiantes extranjeros matriculados en universidades estadounidenses que ofrezcan todos sus estudios en línea, tras una demanda de 17 estados, el Distrito de Columbia, y de varias instituciones de educación superior.

En una audiencia en Boston (Massachusetts), en la que se iba a discutir la demanda iniciada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para revocar esta directiva, la jueza federal Allison Burroughs presentó la lectura de un acuerdo al que llegaron el gobierno federal y las instituciones académicas.

La audiencia se había programado con una duración de 90 minutos, ante la expectativa de una acalorada defensa de posiciones de ambas partes, pero en menos de dos minutos el gobierno y las universidades se pusieron de acuerdo en la retirada de la norma.

La resolución de este caso significa que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) retornará a sus directrices de marzo, que permiten que los estudiantes extranjeros permanezcan en EE.UU. aún si su universidad opta por dar la instrucción exclusivamente en línea durante la pandemia de COVID- 19.

La sorpresiva resolución de esta disputa deja sin efecto asimismo las demandas iniciadas por el estado de Nueva York, universidades del Oeste del país, la Universidad John Hopkins, de Maryland, y la coalición de estados encabezada por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.,

También quedó sin causa la moción iniciada esta mañana por el fiscal general de California, Xavier Becerra, que solicitaba la intervención de los tribunales para bloquear la aplicación de la suspensión de visas hasta que hubiese un fallo judicial.

California, el estado con los sistemas educativos más grandes del país, con 180.000 estudiantes internacionales cada año, según datos de la Oficina del Fiscal General, iba a ser uno de los más afectados por esta orden de Trump.

Muchas universidades planean ofrecer una combinación de clases en línea y presenciales para proteger la salud del profesorado, los estudiantes y las comunidades circundantes durante la pandemia, según el diario The New York Times.

Corte de Apelaciones permite a gobierno de EEUU eliminar el TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán

Con una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito avaló al Gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Termporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, que afectará a unos 300,000 inmigrantes y sus familias.

“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía implementación de decisiones de rescisión de designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, y en prisión preventiva”, indica la opinión de la jueza Consuelo Callahan.

El panel de jueces encontró que un juez federal de California que decidió mantener el programa tomó una decisión extrema para bloquear la terminación de este programa que otorga perdón de deportación y Autorización de Empleo.

“El Tribunal de Distrito abusó de su discreción para concluir que los Demandantes presentaron al menos serias dudas sobre los méritos de su protección”, indica la opinión sobre la demanda Ramos v. Wolf.

Durante casi 20 años, las administraciones anteriores –republicanas o demócratas– han renovado el estatus de TPS, pero el presidente Trump terminó el programa en noviembre de 2017, aunque los tribunales han bloqueado temporalmente sus esfuerzos.

En medio de la batalla legal, en noviembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió al 4 enero del 2021 el TPS para los cuatro países mencionados.

En la decisión de este lunes, la jueza Morgan Christen votó en contra citando los esfuerzos de la Administración Trump por terminar con el programa que protege a familias de desastres naturales, el crimen organizado y otros problemas en sus países de origen.

En su explicación, la jueza Christen apunta las comunicaciones internas entre distintas agencias del DHS, incluido Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entonces dirigida por Francis Cissna, sobre los esfuerzos de terminar con la protección de inmigrantes sin tomar en cuenta las afectaciones a las familias.

Vale recordar que en 2017 se dieron a conocer decenas de memorandos internos del Departamento de Estado y comunicaciones diplomáticas que demuestran que altos funcionarios advirtieron repetidamente al exsecretario de Estado, Rex Tillerson, que eliminar el TPS desestabilizaría gravemente a sus países de origen, además de acarrear problemas de seguridad nacional para EE.UU.

Los TPS fueron creados en 1990 por el Congreso, que le dio facultades al DHS de otorgar protecciones migratorias y permisos laborales a originarios de naciones devastadas por desastres naturales o movimientos sociales.

La jueza Christen también citó los comentarios del presidente Trump cuando llamó “países de mierda” a naciones con TPS, como Haití.

USCIS será más flexible en estos trámites y ajusta tarifas de inmigración

La crisis del Coronavirus y los problemas presupuestarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se han tornado en favor de los inmigrantes con procesos abiertos, que precisan respaldar sus solicitudes de visas, tarjetas de residencia permanente o green cards o la ciudadanía estadounidense con más pruebas o documentos.

Como la pandemia ha frenado el ritmo de trabajo de la agencia desde que normalizó operaciones el 4 de junio, la autoridad migratoria volvió a prorrogar el sábado una flexibilidad mayor en el plazo de entrega de documentos por parte de los inmigrantes para responder a sus peticiones. Esta acomodación se vencía el 11 de septiembre.

La iniciativa busca “minimizar las consecuencias de inmigración para aquellos que buscan obtener beneficios de inmigración durante este tiempo”, dijo en un comunicado la entidad gubernamental.

Las peticiones de USCIS que abarcan la ampliación de flexibilidad brindan a los inmigrantes la oportunidad de intervenir si sus peticiones están incompletas o contienen errores antes de que se tome una decisión final sobre sus casos. De lo contrario, la agencia migratoria puede negar una petición y, en ciertos casos, proceder directamente a la deportación.

Ante la situación de la pandemia, la autoridad migratoria ha tenido que hacer ciertas excepciones en su gestión administrativa desde el 30 de marzo, entre estas otorgar mayor flexibilidad en el plazo de entrega de documentos por parte de los inmigrantes.

USCIS EXTIENDE PLAZO PARA RESPONDER A SOLICITUDES DE INMIGRACIÓN

En respuesta a la pandemia de coronavirus, las autoridades migratorias anunciaron que adoptaron medidas para ayudar a los solicitantes y peticionarios en los siguientes ocho trámites de la agencia del Departamento de Seguridad Nacional:

▪ Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés)

▪ Notificaciones de Intención de Denegación (NOID)

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▪ Notificaciones de Intención de Rescindir y Notificaciones de Intención de Cancelación de centros de inversión regionales (NOIT)

▪ Continuaciones a Solicitudes de Evidencia (N-14)

▪ Requisitos de fechas de presentación del Formulario I-290B, Aviso de Apelación o Moción

▪ Solicitud de audiencia sobre decisión en los procedimientos de naturalización bajo Ley de Inmigración y Nacionalidad

▪ Mociones para Reabrir un Formulario N-400, Recibo de Información Derogatoria Después de la Concesión

A QUIÉNES IMPACTA LA FLEXIBILIDAD DE TRÁMITES

Según el comunicado de USCIS, la flexibilidad se ofrece a las personas que reciban uno de los ocho documentos mencionados, incluyendo solicitudes, notificaciones o decisiones, con fechas entre el 1ro de marzo del 2020 y el 1ro de enero del 2021.

“USCIS considerará cualquier respuesta a las solicitudes y notificaciones si la recibe dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha límite de respuesta indicada en la solicitud o notificación antes de tomar cualquier medida”, dijo la agencia.

“Consideraremos un Formulario N-336 o Formulario I-290B recibido hasta 60 días calendario a partir de la fecha de la decisión antes de tomar cualquier medida”, agregó.

USCIS complica patrocinio de inmigrantes para residencia americana

La oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) lanzó un sistema para verificar que el patrocinador de un inmigrante pague al Gobierno federal por las ayudas que esa persona solicite, como cupones de alimentos.

A través de la Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE, por sus siglas en inglés), a través del cual todas las agencias federales de Gobierno podrán revisar los apoyos otorgados a extranjeros y el reembolso de esas ayudas, lo que permitirá a las autoridades a evaluar con mayor rigor a quienes soliciten Residencia Permanente u otros beneficios migratorios, así como a las personas que los patrocinan para vivir en los EE.UU.

La iniciativa es la política resultado de la orden del presidente Donald Trump de mayo de 2019 a través del “Memorando sobre el cumplimiento de las responsabilidades legales de los patrocinadores de extranjeros”, enfocada a una mayor supervisión y recopilación de datos.

“La administración Trump ha dejado en claro que se deben hacer cumplir las leyes de inmigración existentes y que los patrocinadores de extranjeros deben hacerse cargo de las responsabilidades financieras que aceptan voluntariamente”, dijo el subdirector de políticas de USCIS, Joseph Edlow. “Esta función mejorada apoyará a las agencias que otorgan beneficios públicos mientras administran sus programas y determinan la elegibilidad de un extranjero para recibir asistencia pública al garantizar la coherencia con la ley actual, los requisitos de patrocinio establecidos y la responsabilidad adecuada”.

A través del sistema SAVE, las agencias que administran distintos tipos de apoyos, como ayuda para vivienda o Medicaid, proporcionarpa información sobre patrocinadores y seguimiento de reembolso.

“La información recopilada ayudará a las agencias participantes a aprender y mejorar la forma en que utilizan la información del patrocinador para tomar determinaciones de elegibilidad y responsabilizar a los patrocinadores”, acota USCIS. “Y ayudará a las agencias que administran los programas de beneficios a cumplir mejor con las obligaciones bajo las leyes y regulaciones de reembolso de las agencias”.

La oficina acota que lo inmigrantes patrocinados a veces solicitan y reciben beneficios públicos de agencias federales, estatales, locales o tribales y podrían no ser elegibles a algunos de ellos, porque la agencia otorgante considerará los ingresos y recursos de su patrocinador al determinar la elegibilidad del inmigrante.

“Si un extranjero patrocinado recibe un beneficio público con verificación de recursos, el patrocinador es responsable, previa solicitud, de reembolsar a la agencia que proporciona el beneficio”, especifica la agencia.

Esa decisión incluso podría ser a través de una orden judicial, en caso de que el patrocinador no cubra el monto requerido.

“Una agencia puede solicitar una orden judicial para el reembolso si un patrocinador no emite el reembolso”, recuerda la oficina migratoria.

YX5bGZ4zrB7Po#rq 28 de julio 2020