INMIGRACION

Trump anunciará nuevas restricciones de visados para trabajadores y científicos

El presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump, informó el fin de semana que anunciará nuevas restricciones en algunos tipos de visa, las cuales serán dadas a conocer en los próximos días.

«Vamos a anunciar algo mañana o pasado mañana con respecto a las visas. Se necesitan para algunas de las grandes empresas, donde tienen ciertas personas que han estado viniendo durante mucho tiempo, pero serán muy pocas exclusiones y son bastante ajustadas «, indicó Trump en declaraciones citadas por la agencia de noticias Xinhua.

Trump se negó a ofrecer más detalles, pero aseguró que habrá algunas exclusiones.

El periodista John Roberts, de la cadena de televisión Fox Newsen, a quién Trump le concedió la entrevista, durante un mitin en Tulsa, Oklahoma, indicó que las restricciones se impondrán a las visas H-1B, H-2B, L-1 y J-1.

La H-1B están diseñadas para algunos trabajadores calificados, como empleados en área de la ciencia, la ingeniería y la tecnología de la información, mientras que las visas H-2B se otorgan a los trabajadores temporales, como el personal de hoteles y la construcción.

En el caso de las visas L-1 son otorgadas a ejecutivos que trabajan para grandes corporaciones y las visas J-1 a investigadores académicos, profesores y otros programas de intercambio cultural o laboral.

Medios locales afirman que el mandatario estadounidense ordenará una orden ejecutiva para suspender ese tipo de visas hasta finales de 2020, y argumentará que su administración pasa por una crisis económica y alto desempleo entre los estadounidenses, por la pandemia del coronavirus.

USCIS advierte que Trump todavía puede suspender a DACA

Al criticar la decisión de la Corte Suprema de bloquear el intento del presidente Donald Trump para terminar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advirtió que el mandatario todavía puede ordenar la suspensión del programa.

El director adjunto de Política de USCIS, Joseph Edlow, consideró que los magistrados del Máximo Tribunal tomaron una decisión “sin fundamento en la ley” con respecto a la capacidad del presidente Trump sobre la protección a “dreamers” que impide su deportación y les otorga Autorización de Empleo.

La opinión de la Corte de hoy no tiene fundamento en la ley y simplemente retrasa la capacidad legal del presidente de poner fin al programa de amnistía ilegal de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia”, consideró Edlow.

Eso significa que el mandatario todavía podría terminar con el programa, algo que la opinión del presidente del Tribunal, John G. Roberts Jr., establece al señalar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no consideró opciones de terminación del programa, no si es viable concluirlo.

Edlow agrega que el memorando del expresidente Barack Obama, creador del programa, era “ilegal”, pero el Congreso no tomó una decisión al respecto.

“La constitucionalidad de este programa de amnistía de facto, creado por el gobierno de Obama, ha sido ampliamente cuestionada desde su inicio”, dijo Edlow. “Si el Congreso quiere proporcionar una solución permanente para estos extranjeros indocumentados, debe intervenir para reformar nuestras leyes de inmigración y demostrar que la piedra angular de nuestra democracia es que los presidentes no pueden legislar con un ‘bolígrafo y un teléfono’”.

El funcionario dijo que los “dreamers” están en el país violando las leyes aprobadas por el Congreso y consideró que “toman los empleos de estadoundenses” en este momento.

En el mismo tenor se propunció Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, una organización conservadores del sistema judicial.

“La Corte Suprema minó la Constitución hoy. La decisión de Obama de proporcionar amnistía a cientos de miles de extranjeros indocumentados bajo el programa DACA fue ilegal, y el tribunal interfirió con el deber y el derecho absoluto del presidente Trump de rescindirlo”, criticó.

Recibir cheque de estímulo económico no afecta las solicitudes de ciudadanía de Estados Unidos

Un mito migratorio que se puede descartar.

Las personas en proceso de obtener su ciudadanía de Estados Unidos no deben preocuparse por recibir el cheque de estímulo de $1,200 que envió el gobierno, informó el periodista Juan Meza en el diario La Opinión.

La inquietud al respecto surgió por los cambios en las leyes migratorias para aquellos que reciben ayuda pública. Sin embargo, abogados de inmigración y activistas aclaran que el pago de estímulo por coronavirus no es considerado un beneficio.

“El cheque de estímulo no se basó en la línea de pobreza pública federal. No fue un beneficio público. Es un estímulo basado en los impuestos declarados”, dijo a CBS 8 la abogada Enedina Kassamanian.

Lo que la abogada recomienda es mantenerse al margen de problemas con la ley. Un ejemplo importante es conducir dentro de los límites de velocidad.

La litigante dijo que en los últimos meses ha aumentado el número de residentes permanentes que quieren obtener la ciudadanía de Estados Unidos.

Un juez de Nueva York prohíbe a ICE arrestar a inmigrantes en tribunales

Un juez de Nueva York prohibió a la Oficina para el Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevar a cabo el arresto de inmigrantes en los tribunales del estado en un fallo judicial emitido este miércoles.

“El tribunal declara que la política del ICE de arrestos en los tribunales es ilegal y, por lo tanto, le prohíbe llevar a cabo cualquier arresto civil en los locales o terrenos de los tribunales del estado de Nueva York”, refiere el fallo del juez Jed Saul Rakoff, representante del tribunal federal para el distrito sur de Nueva York.

La decisión judicial es resultado de una demanda presentada el año pasado por la Fiscalía General de Nueva York y del Distrito de Brooklyn, que alegaron que los arrestos del ICE en los tribunales y sus alrededores “impiden que se aplique la justicia y afectan negativamente la seguridad pública”.

La demanda buscaba poner un alto a la política que ICE ha estado implementando durante tres años a pesar de los reclamos de autoridades locales y grupos de defensa de inmigrantes.

En video: Agente de ICE arresta a un inmigrante que acudía a un tribunal

La decisión del magistrado prohíbe los arrestos de cualquier persona que tenga que acudir a un juzgado del estado ya sea como parte o testigo de una demanda.

El juez consideró que los demandantes presentaron evidencia substancial que indican que los arrestos de ICE en las cortes ha impactado a litigantes y a los mismos tribunales en la aplicación de la justicia.

“Ganamos nuestra demanda contra la administración Trump para acabar con su política ilegal de hacer arrestos de ICE en las cortes de Nueva York. Esta es una victoria en nuestra lucha para proteger a la comunidades inmigrantes y asegurar que se haga justicia”, escribió en Twitter la fiscal general del estado, Letitia James.

Denuncian que Trump tiene un plan para dificultar aún más la inmigración

La Administración Trump propondrá una nueva regulación para hacer mucho más difícil que los inmigrantes pidan asilo en Estados Unidos, de acuerdo con un borrador que publicaron los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia.

La regla, programada para Registro Federal el 15 de junio, enumera una serie de cambios que endurecerán aún más el periplo de las personas que solicitan la protección en el país.

Trump ha ido añadiendo obstáculos a la inmigración o bloqueando sus posibilidades a lo largo de su mandato. Esta normativa, que aún tiene que atravesar el periodo de comentarios públicos, viene a cumplir con el mismo objetivo.

Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del Consejo de Inmigración Estadounidense criticó la propuesta del Gobierno. “El objetivo de esta regulación de asilo, lejos de remodelar el sistema para mejorarlo, es hacer que el asilo sea imposible de ganar“, sentenció.

Bajo la regla de la Administración, los inmigrantes se enfrentarán a un mayor escrutinio si viajó por al menos un país mientras se dirigía a Estados Unidos y no buscó asilo allí. Se trata de una condición similar a la que se aplica a los migrantes que viajan desde América Latina a través de México pero ahora amplía el ratio de personas afectadas. Habrá excepciones, como las víctimas de trata de personas.

También lo tendrían más difícil las personas que hayan vivido en Estados Unidos sin autorización durante más de un año, a pesar de las excepciones actuales. No presentar impuestos podrá implicar una condena penal que podría volverse en contra de la solicitud de asilo del interesado.

Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del Consejo de Inmigración Estadounidense criticó la propuesta del Gobierno. “El objetivo de esta regulación de asilo, lejos de remodelar el sistema para mejorarlo, es hacer que el asilo sea imposible de ganar“, sentenció.

Bajo la regla de la Administración, los inmigrantes se enfrentarán a un mayor escrutinio si viajó por al menos un país mientras se dirigía a Estados Unidos y no buscó asilo allí. Se trata de una condición similar a la que se aplica a los migrantes que viajan desde América Latina a través de México pero ahora amplía el ratio de personas afectadas. Habrá excepciones, como las víctimas de trata de personas.

También lo tendrían más difícil las personas que hayan vivido en Estados Unidos sin autorización durante más de un año, a pesar de las excepciones actuales. No presentar impuestos podrá implicar una condena penal que podría volverse en contra de la solicitud de asilo del interesado.

Temor a no recibir residencia permanente aparta a inmigrantes de ayudas durante el Coronavirus

Los inmigrantes en Estados Unidos temen que las ayudas lanzadas para paliar los efectos económicos y sanitarios del coronavirus les impida conseguir a posteriori mejoras en su estatus migratorio. La llamada norma de “carga pública” de la Administración Trump permite negar la residencia a los extranjeros que hayan recurrido a servicios públicos durante un periodo de tiempo determinado.

Esta situación aleja a los afectados de solicitar la asistencia médica que necesiten, según un estudio divulgado este lunes. En enero pasado el Tribunal Supremo dio su anuencia a la aplicación por parte del Gobierno de la norma de inmigración según la cual puede negarse la residencia legal permanente (“tarjeta verde“) a los inmigrantes que hayan usado, o se sospeche que puedan solicitar en el futuro, la asistencia pública en programas de salud, vivienda o alimentación.

“Aun antes de que la norma entrara en vigencia, las evidencias muestran que su propuesta aplicación produjo amplios efectos a nivel nacional por los cuales las familias inmigrantes, elegibles para esos servicios, evitaron inscribirse en programas de asistencia pública por temor a las consecuencias sobre su situación legal”, señaló el informe preparado por el Instituto Urbano.

Este fenómeno “se ha tornado aun más alarmante durante la pandemia de COVID-19, en la cual muchas familias inmigrantes son vulnerables a agudas tribulaciones médicas y económicas“, añadió. Como resultado del anuncio de la aplicación de la norma, conocida como “carga pública” y antes de que entrara en vigencia, “más de uno de cada siete adultos en familias inmigrantes indicó que él o alguien en su familia evitó los programas gubernamentales que no operan con subsidios en efectivo“.

Entre esos programas se cuentan el sistema de subsidio del cuidado de la salud para las personas de bajos recursos Medicaid, el programa de seguro de salud para niños (CHIP, en inglés), el programa de asistencia de alimentación suplementaria (SNAP) y los subsidios para la vivienda. Entre 2018 y 2019 aumentó de 21.8 % a 31 % el efecto disuasorio entre los adultos de familias inmigrantes en las cuales al menos un miembro no era residente permanente; este es el grupo más propenso a ser afectado directamente por la norma durante el trámite futuro de sus solicitudes de “tarjeta verde”.

Proponen alivio económico para indocumentados en Nueva Jersey

Dos senadores estatales de Nueva Jersey presentaron ayer miércoles una propuesta de ley para otorgar un incentivo económico a indocumentados que paguen contribuciones y que fueron excluidos del paquete de estímulo federal aprobado por el Congreso para los afectados por la pandemia del coronavirus.

El proyecto de ley, de los senadores demócratas Teresa Ruiz y Nicholas Scutari, requeriría que el Departamento del Tesoro de Nueva Jersey emita un pago a los inmigrantes con un Número de Identificación de Contribuyente (ITIN) y que se dé prioridad a las familias con niños.

El proyecto de ley asigna $35 millones de dólares para el programa, que podría ayudar a hasta 35,000 de los 140,000 inmigrantes con un ITIN en este estado.

“La comunidad inmigrante indocumentada de Nueva Jersey contribuye con casi $600 millones de dólares en impuestos estatales y locales, además de sus contribuciones federales, pero no están recibiendo ninguna ayuda en este momento”, indicó Ruiz en un comunicado.

Ruiz recordó que esta comunidad fue excluida del paquete de estímulos federales y no puede acceder al seguro de desempleo, a pesar de que aportan al mismo con sus impuestos, agregó.

“Si vamos a discutir la reapertura de Nueva Jersey debemos tener una conversación honesta sobre cómo esta crisis ha afectado a nuestra comunidad de inmigrantes”, indicó la senadora.

Ruiz recordó además que los inmigrantes trabajan en todas las industrias y en todas las regiones de este estado.

“Si bien (la propuesta de ley) ayudaría sólo al 25% de nuestros contribuyentes que cuentan con ITIN, esta legislación de apoyo financiero brinda a Nueva Jersey la oportunidad de intervenir y comenzar a ayudar donde el Gobierno federal ha fallado”, afirmó.

Scutari indicó por su parte que todas las personas que pagan impuestos merecen recibir un alivio para ayudar a superar el difícil momento que afrontan debido a la pandemia.

“Innumerables personas que contribuyen a la economía de nuestro estado y pagan impuestos en nuestro sistema deberían tener derecho a beneficiarse de los sistemas a los que contribuyen. Estos son nuestros vecinos y amigos, y miembros trabajadores de nuestra fuerza laboral”, expuso.

La comunidad inmigrante de Nueva Jersey realizó una manifestación en Trenton, capital del estado, en apoyo a que se establezca un fondo para que todos los inmigrantes, afectados de diversas formas por la pandemia, puedan recibir ayuda económica.

California, Massachusetts, Oregón y Washington han tomado medidas para proporcionar asistencia financiera a los contribuyentes con un Número de Identificación de Contribuyente.

Varias ciudades y condados en todo el país también han aprobado medidas similares.

Nueva ley de ayuda económica apoyaría a inmigrantes y evitaría las deportaciones

La Ley Héroes, presentada por los demócratas en la Cámara, suma a los inmigrantes en diversos frentes, incluyendo evitar deportaciones.

Las propuestas se integraron en la subsección titulada “Asuntos de inmigración”.

El proyecto de ley permitiría que los inmigrantes indocumentados que pagan impuestos reciban cheques de estímulo del Gobierno, un tema que con la Ley CARES desató polémica y varias demandas.

El plan enviado por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), busca apoyar a los trabajadores inmigrantes de primera línea, incluso permitir “green cards” expeditas para los médicos.

También se sugiere proteger temporalmente de la deportación a los trabajadores esenciales no ciudadanos en los EEUU, incluidos aquellos que trabajan fuera del sector de la salud.

Propone acelerar el procesamiento de visas de trabajo temporales y visas de inmigrante para trabajadores de la salud, así como la extensión temporal de los plazos de solicitud para los no ciudadanos con permisos de trabajo y visas de inmigración cuyo estado puede expirar durante la pandemia.

También otorga permiso para que las “green card” que no se utilizaron en el año fiscal 2020, a fin de que se liberen en años posteriores.

Según la medida, se esperaría que el jefe de Seguridad Nacional, Chad Wolf, atienda las medidas migratorias de forma inmediata.

“Acelere el procesamiento de solicitudes y peticiones que buscan empleo o clasificación de un extranjero como no inmigrante para practicar medicina, brindar atención médica, participar en investigaciones médicas o participar en una educación médica de posgrado o programa de capacitación que implique el diagnóstico, tratamiento o prevención de COVID-19”, indica.

La ley establece que ciertos trabajadores serían “considerados en un periodo de acción diferida y autorizados para el empleo”, a fin de no enfrentar problemas migratorios.

Denuncian que Trump va a suspender emisión de más visas

Los planes de la administración del presidente Donald Trump para restringir aún más la inmigración legal parecen no detenerse luego de que esta semana se revelara de que en los próximos días podría firmar una nueva orden ejecutiva para suspender permisos de trabajo y visas para ingresar al país.

Tomando la crisis del coronavirus como pretexto, el presidente Trump pretender emitir otro decreto para detener la emisión de visas a trabajadores temporales de la categoría H-1B y H-2B, así como interrumpir los procesos de peticiones familiares de residentes permanentes y ciudadanos, además de rechazar las solicitudes de asilo, reportó el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Las nuevas medidas de restricción se sumarían a la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 22 de abril que suspendió los trámites de residencia permanente por 60 días y que podría extenderse.

También son parte de las restricciones impuestas al cruzar por las garitas fronterizas que siguen vigentes y no permiten el ingreso a quienes no sean ciudadanos, residentes permanentes o que su viaje a Estados Unidos sea esencial, además de que ni los consulados ni las embajadas están otorgando visas.

En la orden ejecutiva del 22 de abril, el presidente Trump dijo que sólo suspendería los procesos de inmigración para “green card” o residencia permanente, pero el nuevo plan incluiría a las visas para empleo temporal, con excepción de las visas H-2A que se otorgan a trabajadores agrícolas.

Los planes de Trump de restringir aún más la inmigración son impulsados por legisladores del Partido Republicano que el jueves le enviaron una carta para pedirle que suspenda los programas de trabajadores huéspedes ante la tasa de desempleo en el país, la más alta en la historia, reportó Jorge Morales, de la redacción de La Opinión.com

La petición de los republicanos precisa una suspensión de 60 días a un año, o hasta que el desempleo recuperare sus “niveles normales”, de las visas H-1B que se otorga profesionales, la H-2B para trabajadores no especializados que ocupan puestos en el sector de servicios, y la E-B5 para inversionistas.

En el nuevo decreto de Trump también se incluiría la suspensión de las visas para estudiantes que pueden realizar prácticas en el país durante año después de graduarse.

El gobierno de Trump asume que los estadounidenses aceptarán las nuevas restricciones al estar preocupados por las miles de muertes que ha dejado la pandemia y por los millones de empleos que se han perdido, refiere el WSJ.

Trump no podrá exigir seguro médico a los solicitantes de asilo

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha apoyado ayer lunes la orden judicial que impide a la Administración Trump solicitar prueba de plan de seguro médico a los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de los inmigrantes en Oregón celebraron la decisión de la corte.

“Estamos encantados de que el Noveno Circuito haya permitido que este mandato judicial continúe protegiendo el sistema legal de inmigración basado en la familia promulgado por el Congreso”, dijo la abogada Naomi Igra, del despacho Sidley Austin LLP, en un comunicado.

Las organizaciones Latino Network, Justice Action Center (JAC), The American Immigration Lawyers Association (AILA), Innovation Law Lab y el despacho de abogados Sidley Austin LLP interpusieron una demanda para frenar la petición de la Administración que había solicitado la suspensión de la orden judicial otorgada el 26 de noviembre por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Portland, Oregon.

La suspensión de dicha orden le habría permitido a la Administración implementar de inmediato la proclamación presidencial del 4 de octubre, que exige que los inmigrantes autorizados demuestren que tienen un tipo específico de plan de seguro de salud, o que pueden pagar la atención médica de su bolsillo, para poder ingresar a Estados Unidos.

La proclamación debía entrar en vigencia el 3 de noviembre de 2019, pero al impedir su implementación se pudieron otorgar 25,000 visas que hubieran sido denegadas. Se contabiliza que dos tercios de los inmigrantes legales se hubieran quedado sin entrar en el país, sin haber demostrado hasta la fecha la Administración la eficacia de dicha medida en caso de haber sido implementada.

Las organizaciones demandantes alegan que dicha medida es ilegal y afectaría a más de 300,000 personas al año, favoreciendo la separación de familias y frenaría la llegada de talento internacional.

Jeff Bless, director de litigios federales de AILA, dijo en un comunicado que “gracias a esta decisión muchas familias pueden respirar aliviadas ya que se ha reconocido el daño irreparable que se habría infligido de haberse suspendido la orden judicial”.

Por su parte Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab, dijo que “la larga tradición de Estados Unidos de reunir a las familias a través de su sistema de inmigración es un componente clave de la estabilidad, prosperidad y fuerza colectiva de la nación”.

Sepa cuál sería la próxima restricción migratoria que activará Trump

La prohibición migratoria del presidente Donald Trump, firmada en una Proclamación del 22 de abril, ordenó a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional (DHS) revisar los tipos de visas que debían ser restringidos o sufrir ajustes en los próximos meses.

Un reporte de Forbes señala que los estudiantes extranjeros podrían ser los siguientes afectados, considerando la posición del DHS al respecto.

“La administración Trump puede imponer nuevas restricciones a los estudiantes que desean trabajar en los Estados Unidos después de graduarse en Capacitación Práctica Opcional (OPT)”, señaló Stuart Anderson, experto en políticas públicas. “Las nuevas medidas también podrían estar dirigidas a estudiantes de China”.

Anderson recuerda una entrevista radial del 27 de abril de 2020 con Brian Kilmeade, donde el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, indicó que la capacitación práctica opcional es un objetivo de la administración.

“Desde la perspectiva del Departamento de Seguridad Nacional, ciertamente estamos muy preocupados por la cantidad de programas de visa que los estudiantes chinos pueden usar para ingresar al país y estudiar y quedarse, y eventualmente trabajar”, dijo Wolf. “Vemos que algunos de estos programas han sido potencialmente abusados ​​en el pasado. Este es un trabajo que ya ha comenzado en el Departamento”.

El senador repubicano Tom Cotton (Arkansas) apoya dicha postura, sobre la cual incluso impulsó una reforma rechazada en 2018, que no solamente impactaba a estudiantes chinos.

Anderson indica que la reciente crisis con China por la pandemia de coronavirus podría ser utilizada como argumento para impulsar las medidas.

En 2015, Stephen Miller, principal asesor del presidente Trump en materia migratoria, ayudó a redactar un proyecto de ley (S. 2394) que habría eliminado la OPT y prohibió a casi todos los estudiantes internacionales trabajar en los Estados Unidos, después de recibir un título a menos que primero trabajaran 10 años fuera del país.

Actualmente el DHS vigila más de cerca a estudiantes para evitar que se queden en el país, un programa que es administrado por Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

USCIS será más flexible en varios trámites migratorios por crisis del COVID-19

Una vez que los solicitantes de beneficios migratorios presentan sus planillas con los requisitos correspondientes, a menudo las autoridades de inmigración piden más pruebas para respaldar sus visas, tarjetas de residencia permanente o green cards o la ciudadanía estadounidense, entre numerosas otras gestiones.

Estas solicitudes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) brindan a los inmigrantes la oportunidad de intervenir si sus peticiones están incompletas o contienen errores antes de que se tome una decisión final sobre sus casos. De lo contrario, la agencia migratoria puede negar una petición y, en ciertos casos, proceder directamente a la deportación.

Pero la crisis del coronavirus ha frenado el ritmo de trabajo de la agencia, que desde el 18 de marzo suspendió sus servicios rutinarios en persona y no normalizará operaciones hasta el 4 de junio.

Ante esta emergencia, la autoridad migratoria ha tenido que hacer ciertas excepciones en su gestión administrativa, entre estas otorgar mayor flexibilidad en el plazo de entrega de documentos por parte de los inmigrantes.

La agencia federal anunció el viernes que, en respuesta a la pandemia del coronavirus, prolongará medidas para ayudar a extranjeros e inmigrantes que deben responder a seis categorías de solicitudes:

Los seis trámites por los que la agencia del Departamento de Seguridad Nacional da ahora flexibilidad a inmigrantes por COVID-19, son:

▪ Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés)

▪ Notificaciones de Intención de Denegación (NOID)

▪ Notificaciones de Intención de Revocación (NOIR)

▪ Notificaciones de Intención de Rescindir y Notificaciones de Intención de Cancelación de centros de inversión regionales (NOIT)

▪ Continuaciones a Solicitudes de Evidencia (N-14)