INMIGRACION

Estas son las tres prioridades para Biden en materia migratoria

El gobierno del presidente electo Joe Biden enfrentará un complejo reto en asuntos migratorios, pero hay tres prioridades que expertos y activistas han puesto sobre la mesa: proteger a los ‘dreamers’, fortalecer la fuerza laboral agrícola y asegurar el estatus legal de la problación indocumentada.

Desde su campaña, el demócrata se ha comprometido a todo ello, pero los especialistas y congresistas lo establecieron como esencial para vencer la crisis causada por la pandemia de coronavirus.

Incluso Alejandro Mayorkas, nominado por Biden para liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reconoció la importancia y el reto que significará “arreglar el sistema migratorio roto”.

“Nuestro sistema de inmigración está roto y todos lo sabemos, el costo de ese sistema roto es incalculablemente alto, al prevenir no solamente a las familias de una mejor vida, sino al país de la prosperidad”, dijo Mayorkas en el foro virtual “Llamado Urgente para una Solución en Inmigración de Sentido Común”, organizado por la Coalición de Inmigración Empresarial Americana (ABIC, por sus siglas en inglés).

Agregó que se debe poner atención en los trabajadores de todo tipo, desde los agrícolas hasta los especializados en tecnología.

“El presidente electo Joe Biden está comprometido a arreglar este sistema migratorio roto”, indicó Mayorkas, quien recordó los beneficios que el programa de refugio le brindó a su familia, cuando su padre decidió mudarse de Cuba a Miami en 1960.

La nominación de Mayorkas ha sido celebrada por organizaciones de derechos civiles y de inmigrantes, debido a su experiencia de casi 20 años en el servicio público federal y su conocimiento del sistema migratoria, la haber sido subsecretario del DHS y director de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Debemos terminar con la política de menospreciar a los inmigrantes”, agregó Mayorkas en su intervención del evento que duró más de cinco horas con expertos de distintas áreas, así como beneficiarios de DACA y TPS.

El abogado enfatizó su rechazo a la separación de niños de sus padres, además de apuntar en la importancia de los inmigrantes para enfrentar la crisis por la pandemia de COVID-19.

“Los inmigrantes han sido esenciales para que nuestras comunidades sobrevivan a la actual pandemia, sirviendo en el país en números como personal médico, investigadores y científicos, como personal de entrega”, dijo. “Impulsaremos una agenda que sea humana, justa, que refuerce a la nación y su economía y mantenga a nuestras familias y comunidades seguras”.

EEUU: inmigrantes ya no podrán estar detenidos indefinidamente antes de ver a un juez

Los inmigrantes detenidos recientemente tienen que presentarse ante un juez en 10 días y no después de semanas e incluso meses encerrados como ha pasado hasta ahora.

La jueza federal Alison J. Nathan estableció el límite al servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una decisión que aplaudieron grupos a favor de los derechos civiles.

Los grupos de activistas señalaron en un comunicado que el fallo supone un golpe a las autoridades migratorias federales que han estado deteniendo a inmigrantes de manera indefinida antes de que puedan comparecer ante un juez.

“Los miembros del grupo podrían no tener un ‘derecho fundamental a ser liberados durante sus procedimientos de retiro’, pero el gobierno tampoco tiene un derecho ilimitado para detenerlos”, dijo la jueza al explicar que la ley autoriza la detención en lo que se resuelven los procedimientos de repatriación.

En 2014, los inmigrantes detenidos esperaban una media de 11 días antes de comparecer ante un juez. Pero en 2017 el tiempo de espera se prolongó a un mes y a casi tres meses en 2019, según el fallo de la jueza.

Victoria legal para los inmigrantes: Ya no podrán estar detenidos indefinidamente antes de ver a un juez

Los inmigrantes detenidos recientemente tienen que presentarse ante un juez en 10 días y no después de semanas e incluso meses encerrados como ha pasado hasta ahora.

La jueza federal Alison J. Nathan estableció el límite al servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una decisión que aplaudieron grupos a favor de los derechos civiles.

Los grupos de activistas señalaron en un comunicado que el fallo supone un golpe a las autoridades migratorias federales que han estado deteniendo a inmigrantes de manera indefinida antes de que puedan comparecer ante un juez.

“Los miembros del grupo podrían no tener un ‘derecho fundamental a ser liberados durante sus procedimientos de retiro’, pero el gobierno tampoco tiene un derecho ilimitado para detenerlos”, dijo la jueza al explicar que la ley autoriza la detención en lo que se resuelven los procedimientos de repatriación.

En 2014, los inmigrantes detenidos esperaban una media de 11 días antes de comparecer ante un juez. Pero en 2017 el tiempo de espera se prolongó a un mes y a casi tres meses en 2019, según el fallo de la jueza.

Más de 7,500 migrantes en centros de detención han dado positivo por coronavirus

 total de 7,527 inmigrantes indocumentados se han contagiado de coronavirus mientras estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), informó este lunes la agencia. Al 27 de noviembre pasado, la agencia tenía bajo su custodia 16,709 personas, de las cuales 347 tuvieron resultado positivo en la prueba de detección del coronavirus y estaban aisladas o bajo observación.

Desde que se inició la pandemia, al menos 67,660 inmigrantes indocumentados fueron sometidos a la prueba de detección del virus, con 7,527 positivos, y ocho de esas personas murieron por la enfermedad.

Los centros de detención con más casos positivos han sido La Palma (Arizona) con 468 infectados; Stewart (Atlanta) con 383; y Farmville (Virginia) y Bluebonnet (Texas), con 339 cada uno.

El centro de detención Stewart, con tres fallecimientos, es asimismo el sitio con el mayor número de decesos por covid-19, según el ICE.

Por su parte, el centro de El Paso (Texas) encabeza la lista de casos positivos actuales con 43 personas infectadas, seguido por el centro de detención Pearsall, también en Texas con 35; Alexandria (Luisiana) con 22; el centro correccional del Sur de Luisiana, con 19, y Pulaski (Illinois) con 19.

La cifra de personas mantenidas bajo detención por el ICE ha disminuido drásticamente desde comienzos del año, cuando el promedio diario de la población bajo custodia llegaba a unas 40,000 personas.

En el período fiscal 2019, que concluyó en septiembre del año pasado, el promedio diario de detenidos llegó a 50,165 como resultado de la política del presidente Donald Trump de aprisionar a los inmigrantes indocumentados a la espera de las audiencias de deportación.

Jueza suspende condición de impuesta para restringir el asilo

Una jueza federal en California emitió ayer jueves una orden a nivel nacional para detener provisionalmente una nueva regla del gobierno del presidente Donald Trump que restringía la elegibilidad de asilo para los solicitantes condenados por delitos menores.

En un nuevo revés para la Administración federal, la magistrada Susan Illston, de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, detuvo la entrada en vigor de la nueva regla, que comenzaría a aplicarse este viernes 20 de noviembre.

La decisión se dio tras una demanda presentada a comienzos de mes por las organizaciones Pangea Legal Services, Dolores Street Community Services, Catholic Legal Immigration Network Inc. (CLINIC” y Capital Area Immigrants’ Rights Coalition, que desafía la nueva regla migratoria.

La medida presentada por el gobierno de Trump el 21 de octubre creaba amplias y estrictas barreras para los solicitantes de asilo culpables de delitos menores e incluso, en algunos casos, perjudicaba aquellos que solo habían sido investigados, alegan las organizaciones.

El tribunal reconoció que “la nueva regla habría privado a los solicitantes válidos de obtener asilo, independientemente de si se han rehabilitado, independientemente de si su conducta delictiva ocurrió muchos años antes, o independientemente de si han cometidos actos que el Congreso ha dicho no deberían hacer que un solicitante sea inelegible para el asilo”.

Sin apoyo del Congreso, Biden no podrá hacer grandes cambios en el sistema migratorio

Las posibilidades de un cambio sustancial en el sistema de inmigración en Estados Unidos son escasas y, encarado con un Congreso dividido no puede esperarse que el presidente electo, Joe Biden, dé al asunto la prioridad que le ha dado Donald Trump, advirtieron este lunes expertos.

El gobierno del presidente Donald Trump ha restringido el otorgamiento de asilo, ha separado a miles de menores de edad de sus familias migrantes indocumentadas, y ha decretado la posible negación de visas de residente legal a extranjeros que, a criterio de los funcionarios de inmigración, puedan recurrir a programas de asistencia pública.

Algunas de estas medidas que se aplican bajo decretos, explicó Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), pueden darse por terminadas por decreto, como las vedas de viajes ordenadas por Trump en 2017 para residentes de ciertos países o modificaciones en la Acción Diferida (DACA) que abrirían es amparo migratorio a otros 400,000 extranjeros.

Una primera decisión de Biden podría dar por terminado el llamado Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), por el cual EE.UU. ha enviado a México y América Central unas 60,000 personas que llegaron a la frontera pidiendo asilo y ahora aguardan el trámite de sus pedidos, dijo Doris Meissner, exdirectora del entonces llamado Servicio de Inmigración y Naturalización.

“Pero no se puede abrir las puertas de par en par”, agregó. “Esto debería hacerse de una manera ordenada. Hay problemas logísticos y debe considerarse qué ocurrirá después”.

“La orden de emergencia por la cual, desde marzo, las autoridades en la frontera pueden usar los criterios del Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para rechazar de forma expedita a los migrantes que puedan tener síntomas de covid-19, es otro caso de una medida por decreto”, dijo Meissner.

“El futuro gobierno de Biden no ha indicado qué hará con este decreto”, agregó. “Y debe haber cautela. Será enero, las condiciones de la pandemia continuarán y es posible que haya que mantener la orden de CDC por un tiempo”.

Musaffar Chishti, otro analista de MPI, reseñó las numerosas oportunidades a lo largo de las últimas tres décadas cuando hubo expectativas de una reforma integral del sistema de inmigración de EE.UU. y que, tanto con presidentes demócratas como republicanos, fallaron por la división partidista en el Congreso.

“Con un Congreso, otra vez, dividido y polarizado las perspectivas de algo sustancial son muy pocas“, añadió.

“Biden ha prometido dar por terminadas muchas políticas de Trump”, recordó Jessica Bolter, otra analista de MPI. “Un ejemplo es la construcción del muro en la frontera, para la cual Trump ha pedido 15,000 millones de dólares. Después que el Congreso no le asignó ese dinero uno de los aspectos más controvertidos fue la declaración, por parte de Trump, de una emergencia y la transferencia de fondos del Departamento de Defensa, en 2019, para la obra”.

“Una de las acciones más fáciles (para Biden), sería el poner fin a la declaración de emergencia, pero entonces queda por decidir qué se hará con los fondos que ya se transfirieron pero no se han usado todavía”, dijo.

Con información de la agencia EFE

Cuomo cree que el gobierno podría compartir con ICE datos de receptores de la vacuna anti-COVID-19

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, advirtió ayer lunes que la Administración Trump podría usar información de quienes se pongan la vacuna del coronavirus para perseguir a inmigrantes indocumentados.

“El Gobierno federal acaba de enviar un acuerdo de formulario de intercambio de datos a los estados. Este es solo otro ejemplo de cómo intentan extorsionar al estado de Nueva York para obtener información que puedan usar en el Departamento de Seguridad Nacional e ICE y que usarán para deportar personas. Eso es lo que es esto. No lo haré”, dijo el demócrata en una conferencia telefónica.

Según Cuomo, la Administración Trump ha pedido a los estados que reciban la vacuna participar en un acuerdo para compartir datos de quienes se pongan la vacuna.

“Quieren el nombre, quieren la dirección, quieren la fecha de nacimiento, quieren la etnia, quieren la raza, el sexo y quieren el número de identificación“, aseguró el gobernador neoyorquino. Aportar esta información sería necesario para que los estados reciban la vacuna cuando este.

El acuerdo sería que agencias como la red de Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tengan acceso a la información, pero Cuomo dice que teme que agencias de inmigración como ICE también tengan acceso a esos datos.

“Ya he pasado por esto antes”, aseguró el demócrata. “Esta es una administración que ha sido implacable desde el primer día con el muro en su búsqueda de indocumentados”.

El gobernador dice que prefiere establecer un programa público estatal que gestione el programa de vacunación, pero agrega que el Gobierno federal no ha aceptado proporcionar fondos para ello.

En el debate, Trump defendió separación de familias migrantes

El presidente Donald Trump defendió ayer jueves la práctica de su gobierno de separar a niños migrantes que siguen lejos de sus familiares luego de ser detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos.

Durante el debate presidencial con su rival demócrata Joe Biden, Trump dijo que por lo general los niños que cruzan la frontera no van acompañados de sus familiares, sino “por coyotes y muchas malas personas”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) le dijo esta semana a un juez que aún hay 545 menores separados de sus padres desde 2018.

Trump dijo que su gobierno ha construido más de 640 kilómetros (400 millas) del muro fronterizo que prometió. Y agregó: “Ellos construyeron jaulas”, refiriéndose a las instalaciones de la era del presidente Barack Obama que fueron mostradas durante los reportes de prensa de las separaciones.

Biden refutó la respuesta de Trump, diciendo que los niños “fueron arrebatados de” sus familiares en 2018.

Tal como lo ha hecho desde las primarias, Biden defendió la política migratoria del gobierno de Obama, admitiendo que “tomó demasiado tiempo hacer que funcionara bien”.

ICE buscará a indocumentados que incumplen con salida voluntaria del país

De acuerdo con un documento obtenido por CNN, la agencia pondrá en marcha la “Operación Promesa Rota” para detener y deportar a los indocumentados que “rompen su promesa de salir voluntariamente del país”.

Las personas que residen en Estados Unidos de manera ilegal pueden optar por salida voluntaria en una fecha específica. Con esto evitan arresto, deportación y la prohibición de volver a ingresar al país de manera legal.

“Desafortunadamente, a lo largo de los años, miles de inmigrantes han aceptado el beneficio de salida voluntaria sin cumplir su promesa al gobierno, no salen a tiempo de los Estados Unidos”, dice el memo.

Cerca de 16,451 inmigrantes recibieron ese beneficio en 2020, según datos de la Universidad de Syracuse. Las operaciones contra inmigrantes que incumplían con el retiro voluntario fueron suspendidas durante el gobierno de Barack Obama para enfocarse en indocumentados involucrados en acciones criminales.

La nueva operación se conoce días después de que ICE anunciara un plan de deportaciones rápidas.

Juez Federal pide hallar a padres deportados sin sus hijos

Un juez federal instó el jueves al gobierno del presidente Donald Trump a hacer más para ayudar a los investigadores designados por la corte para encontrar a los cientos de padres que aún están separados de sus hijos, tres años después de que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.

Un documento de la corte reveló esta semana que los investigadores no han podido rastrear a los padres de 545 menores de edad, una cifra mucho mayor a las conocidas previamente y que generó indignación. La mayoría de los padres fueron deportados a sus países de origen en Centroamérica, y sus hijos fueron colocados con tutores en Estados Unidos, por lo general familiares.

El juez federal Dana Sabraw se abstuvo de emitir una orden durante una audiencia en San Diego, y en su lugar solicitó a los abogados del Departamento de Justicia que exploraran la forma en que el gobierno pueda facilitar la localización de los padres.

Los intentos por encontrar a las familias separadas de sus hijos se han llevado a cabo desde que Sabraw ordenó al gobierno en 2018 poner fin a la criticada práctica derivada de su política de “tolerancia cero” para las personas que cruzaban ilegalmente la frontera.

Inicialmente, Sabraw le ordenó al gobierno reunir a más de 2.700 menores con sus familiares, creyendo que se trataba de la cifra total de familias separadas. Sin embargo, posteriormente fueron descubiertos otros 1.556 menores que fueron separados de sus padres desde el verano de 2017, entre ellos los 545 niños que siguen sin reunirse con sus padres.

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) Lee Gerent, que presentó una demanda en contra de esa práctica, dijo que el gobierno podría proporcionar fondos para la búsqueda, que actualmente llevan a cabo unos cuantos defensores de los derechos humanos en Centroamérica.

El moderador podrá apagar el micrófono en cualquier momento.

“Después de las críticas, el gobierno ahora asegura que quiere ayudar a encontrar a estas familias”, comentó el abogado.

La actitud reticente del gobierno ha complicado todavía más la localización de los padres, debido a todo el tiempo que ha transcurrido, puntualizó.

Las restricciones relacionadas con el coronavirus impidieron que los investigadores visitaran muchas áreas entre marzo y agosto, pero a medida que esas restricciones se relajen, los investigadores esperan progresar en las próximas semanas.

Las autoridades federales han proporcionado números telefónicos de 1.030 menores a una comisión rectora designada por la corte, que localizó a los padres de 485 de esos niños.

La comisión ha contratado vallas publicitarios para informar de números telefónicos gratuitos y anuncios en otros medios en Centroamérica con el objetivo de localizar a las familias.

Voluntarios han buscado a los padres en Guatemala y Honduras, sea yendo puerta por puerta o a través de registros públicos, indicó la ACLU en un documento presentado ante el tribunal.

El juez solicitó una actualización el 2 de diciembre y fijó una nueva audiencia dos días después para discutir sobre el progreso.

“Esta, desde luego, es la pieza faltante más importante” en cuanto a la separación de familias, recalcó Sabraw.

El representante federal Joaquin Castro, demócrata por Texas y presidente de la bancada hispana del Congreso, dijo que el gobierno necesita permitir que los padres que fueron deportados sin sus hijos vuelvan a Estados Unidos y se les brinde la oportunidad de convertirse en residentes legales permanentes y, eventualmente, en ciudadanos estadounidenses.

Únicamente nueve padres que fueron separados de sus hijos recibieron autorización para regresar al país en enero pasado.

Castro también pidió la creación de una comisión especial, tal vez en forma de una comisión de derechos humanos, para investigar el daño causado por la separación masiva de familias entre 2017 y 2018.

“Esta fue una crueldad coordinada, un maltrato coordinado, a los niveles más altos y más bajos del gobierno de Estados Unidos”, comentó Castro.

¿Qué ha dicho sobre inmigración y discriminación la jueza que Trump nomina a la Corte Suprema?

El Senado comenzó este lunes con las audiencias de confirmación de la nominada de Trump, la jueza Amy Coney Barrett, a la Corte Suprema. La conservadora, que sustituirá a la fallecida Ruth Bader Ginsburg, se ha pronunciado sobre temas como el aborto, el control de armas, la inmigración o la discriminación en el trabajo. ¿Qué opina sobre estos últimos dos temas?

Inmigración

Como jueza del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, Barret se opuso a bloquear temporalmente en Chicago la llamada regla de “carga pública”, con la que la Administración Trump pretende negar estatus de residente permanente a los inmigrantes que usan cupones de alimentos, Medicaid y cupones de vivienda.

Barrett escribió que el derecho migratorio vigente y una reforma de la asistencia social de la era Clinton ya habían limitado la asistencia pública a los quienes no son ciudadanos. Para ella, la Administración estaba haciendo uso del margen de maniobra recogido en las leyes, según publicó Associated Press.

Las objeciones de los inmigrantes y sus defensores “reflejan el desacuerdo con esta elección de política e incluso la exclusión legal misma. El litigio no es el vehículo para resolver disputas sobre políticas”, según escribió la llamada a convertirse en jueza de la Corte Suprema.

Discriminación en el trabajo

En 2019, Barret fue una de las tres juezas que confirmó por unanimidad desestimar una demanda por discriminación que había interpuesto Terry Smith, un empleado negro de Illinois, después de ser despedido de su trabajo como transportista en Illinois. Smith argumentaba que su jefe lo llamaba con un insulto racista.

“La palabra “n” es un epíteto racial ofensivo”, escribió entonces la jueza sobre el caso de Smith contra el Departamento de Transporte de Illinois. Dicho esto, Smith no puede ganar simplemente demostrando que se pronunció la palabra. También debe demostrar que el uso de esta palabra por parte de [su jefe Lloyd] Colbert alteró las condiciones de su empleo y creó un entorno de trabajo hostil o abusivo“, añadió.

Sobre el mismo tema, el juez Brett Kavanaugh -que podría ser compañero de Barret en el Supremo- escribió que un solo insulto de este tipo era suficiente “para establecer un ambiente de trabajo hostil”, en su opinión sobre un caso en la corte de apelaciones de Washington DC.

La próxima semana arranca la lotería de visas; son 55.000 las disponibles

El Departamento de Estado informó que el 7 de octubre comienza el proceso para el programa de Visas de la Diversidad, mejor conocido como lotería de visas.

Para el año fiscal 2022, indicó, estarán disponibles hasta 55,000 “green card” de ese tipo.

Aunque no hay costo para registrarse, los solicitantes seleccionados en el programa deben cumplir con el proceso de elegibilidad, ya que en caso de ganar deberán pasar un proceso de evaluación migratoria regular.

“El Departamento de Estado determina a los seleccionados mediante un dibujo por computadora al azar”, indica la autoriad.

La distribución de las protecciones migratorias es entre seis regiones geográficas y ningún país puede recibir más del siete por ciento de los permisos disponibles en cualquier año.

También recordó que los originarios de 20 países y regiones no pueden aplicar al proceso, ya que más de 50,000 nativos de esas naciones inmigraron en los últimos cinco años.

Los países y regiones de donde puede haber aplicantes son: Bangladesh, Brasil, Canadá, China (incluida la RAE de Hong Kong), Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte) y sus territorios y Vietnam.

Los requisitos:

  • Tener al menos educación secundaria o su equivalente, definida como la finalización exitosa de un período de 12 años o curso de educación primaria y secundaria formal.
  • Dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en una ocupación que requiere al menos dos años de formación o experiencia para realizar.
  • Los solicitantes deben enviar las inscripciones para el programa DV-2022 electrónicamente en dvprogram.state.gov

Las solicitudes pueden enviarse a partir del miércoles 7 de octubre gasta el martes 10 de noviembre de 2020.

Aunque el presidente Donald Trump ha criticado este programa de visas, su Administración lo ha mantenido prácticamente intacto en cuanto aplicaciones, pero debido a la pandemia de coronavirus la prohibición migratoria afectó a miles de ganadores.