INMIGRACION

DHS no detendrá a indocumentados en centros de vacunación

El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes (01.02.2021) que no realizará detenciones rutinarias de inmigrantes indocumentados en los lugares de vacunación contra COVID-19.

“Es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en los Estados Unidos tengan acceso a la vacuna”, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en un comunicado.

Asimismo, alentó a todas las personas, “independientemente de su situación migratoria”, a vacunarse contra el COVID-19 cuando reúnan los requisitos según las pautas de distribución en sus ciudades.

La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) ha anunciado el establecimiento de centros de vacunación temporales que ayuden a las clínicas y los hospitales a administrar las vacunas.

El DHS tiene una política que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en “lugares sensibles”, incluidos los hospitales, clínicas de salud y consultorios médicos, excepto en “circunstancias más extraordinarias”.

Los puntos de vacunación son considerados “lugares sensibles”, por lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de las medidas de represión de la inmigración ilegal, según el comunicado.

Piden a Biden avances para poner fin a la detención de inmigrantes

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes están presionando al presidente Joe Biden para que acabe con los contratos federales a cárceles privadas que detienen a inmigrantes. Las organizaciones alegan que las compañías se benefician del aumento de los costes.

Esta petición forma parte de una demanda más amplia para reformar los protocolos de detención de migrantes en un momento de pandemia en el que los arrestos se han reducido drásticamente.

“Tienen mucho margen. Es una oportunidad histórica para desmantelar este sistema de encarcelamiento masivo”, declaró Naureen Shah, asesora de políticas y defensa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y publicó Noticias Telemundo.

Una de las órdenes ejecutivas que ha firmado Biden en sus 11 días de mandato impide que el Departamento de Justicia haga uso de prisiones federales privadas. Sin embargo, aunque durante la campaña presidencial dijo que las empresas privadas no deberían gestionar la detención de migrantes, su orden ejecutiva no incluye estos centros. Shah dijo tener esperanzas en que esto cambie.

El 81% de las personas que están bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentran en centros de propiedad privada o administrados por compañías privadas, según un informe de ACLU, Human Rights Watch y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

Las órdenes de inmigración de Biden tendrán que esperar

El presidente, Joe Biden, postergó hasta la próxima semana la firma de una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración con las que abordará temas decisivos como la separación de familias, el proceso de asilo y la admisión de un mayor número de refugiados.

Para este viernes se esperaba los anuncios sobre inmigración, pero, consultada al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó durante su rueda de prensa diaria que “será la próxima semana“.

Medios locales habían anticipado el retraso, sin que dieran a conocer una razón específica.

“Tendremos más que decir la próxima semana”, afirmó la funcionaria, quien apuntó que “a veces las cosas cambian” y defendió que los anuncios de la Casa Blanca se han dado según el calendario previsto.

El pasado 20 de enero, cuando el líder demócrata asumió el poder, medios locales señalaron que Biden tenía sobre la mesa 53 medidas ejecutivas de todo tipo que iría revelando hasta finales de enero, poniendo el foco cada día en un tema específico.

Este viernes, 29 de enero, estaba previsto que el mandatario lo dedicara a la inmigración, según esas versiones.

Pero este jueves Psaki aclaró que el programa que incluía las órdenes en materia de inmigración era un borrador.

Biden ha prometido desmontar muchas de las decisiones de su antecesor, Donald Trump, relacionadas especialmente con el proceso de asilo y el cupo de refugiados que Estados Unidos recibe anualmente.

Trump puso en marcha diversas decisiones que prácticamente estrangularon el proceso de asilo, una de ellas la política de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), también conocida como “Permanezca en México”.

Esa política ha permitido devolver a cerca de 60,000 solicitantes de asilo que ahora esperan en el país vecino por sus citas antes jueces de migración estadounidenses.

La Administración de Trump también suscribió Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) con Guatemala, El Salvador y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo norte de Centroamérica y de donde procede la mayor cantidad de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos atravesando la frontera con México.

Amparado en esos acuerdos, Estados Unidos puede retornar a esos países a los solicitantes de asilo que en su paso hacia territorio estadounidense no hubiesen pedido esa protección en la primera nación a la que arribaran.

Administración Biden anula regla de Trump que provocó la separación de miles de familias migrantes

El Departamento de Justicia anuló ayer martes un memorando de la era Trump que establecía la política de “tolerancia cero” para inmigrantes que cruzaran la frontera entre México y Estados Unidos sin autorización. Esta medida provocó la separación de miles de familias migrantes. Las organizaciones aún no han podido encontrar a los padres de más de 600 menores.

El fiscal general en funciones, Monty Wilkinson, envió un nuevo memorando a los fiscales federales de todo el país en el que explica que el departamento volvía a su política anterior y les instruía y les instruye a actuar en función de cada caso, según informó Associated Press.

“De acuerdo con este principio de larga duración de realizar evaluaciones individualizadas en casos penales, estoy rescindiendo con efecto inmediato la directiva de la política”, escribió Wilkinson.

Según el fiscal general interino, los principios del departamento han “enfatizado durante mucho tiempo que las decisiones sobre la presentación de cargos penales deben involucrar no solo la determinación de que se ha cometido un delito federal y que la evidencia admisible probablemente será suficiente para obtener y sustentar una condena, sino que también debe tener en cuenta otros factores individualizados, incluidas las circunstancias personales y los antecedentes penales, la gravedad del delito y la probable sentencia u otras consecuencias que resultarían de una condena”.

La política de “tolerancia cero” recogía que cualquier adulto que las autoridades descubrieran cruzando la frontera sin autorización sería procesado por “entrada ilegal”. Como los niños no pueden ser encarcelados, los separaban de sus familias y quedaban bajo la custodia del Departamento de Servicios Sanitarios y Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). HHS se encarga de los niños no acompañados en la frontera. Abogados y organizaciones que ahora se encargan de reunir a esas familias dicen que no pueden encontrar a los padres de 666 de los menores afectados.

Aunque anular esta política es en parte simbólico, deshace la ampliamente criticada política de la Administración Trump, que provocó la separación de más de 5,500 niños de sus familias en la frontera sur del país.

Plan migratorio de Biden podría ser riesgoso para demócratas

Como una de sus primeras medidas, Biden ofreció la semana pasada una extensa reforma inmigratoria que allanaría el camino a la ciudadanía estadounidense a un estimado de 11 millones de personas que están en Estados Unidos sin autorización. También modificaría cláusulas para eliminar algunas de las duras políticas aprobadas por el presidente Donald Trump, como la de intentar acabar con la protección para inmigrantes traídos a Estados Unidos siendo niños y la de restringir el asilo.

Es precisamente el tipo de acciones que los activistas latinos han deseado, particularmente después de la dura estrategia de la época de Trump. Pero debe competir con los otros objetivos legislativos prometidos por Biden, incluido un plan de 1,9 billones de dólares para combatir el coronavirus, un paquete de infraestructura que promueve iniciativas de energía limpia y una “opción pública” para expandir el seguro médico.

En la mejor de las circunstancias, implementar una variedad tan amplia de leyes podría ser difícil. Pero en un Congreso tan dividido, sería imposible. Y eso tiene a los latinos, el bloque electoral que más crece en el país, preocupados de que Biden y los líderes congresuales podrían eliminar acuerdos que debiliten mucho el producto final o ni siquiera aprueben algo.

“Esta no puede ser una situación en donde una simple propuesta de ley visionaria, una propuesta de ley mensaje, se envíe al Congreso y no suceda nada con ella”, dijo Marielena Hincapié, directora del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “Hay una expectativa de que cumplirán y de que hay un mandato ahora para que Biden sea pro inmigrante sin arrepentimiento y tenga un imperativo político para hacerlo, y los demócratas también”.

Si, finalmente, los latinos se sienten traicionados, las consecuencias políticas para los demócratas podrían durar mucho tiempo. Las elecciones del 2020 tuvieron varias alertas de que, a pesar de los esfuerzos demócratas de crear una coalición multirracial, el apoyo latino podría estar en riesgo.

Biden ya causaba escepticismo entre algunos activistas latinos por su asociación con el expresidente Barack Obama, quien fue llamado el “deportador en jefe” por el número récord de inmigrantes que fueron sacados del país durante su gobierno. El senador Bernie Sanders desafió a Biden el año pasado en los caucus de Nevada y la primaria de California, que sirvieron como los primeros termómetros para el voto latino.

Biden ordena a ICE suspender algunas deportaciones durante 100 días

A partir del 22 de enero, la administración del presidente Joe Biden suspenderá la deportación de inmigrantes sin récord criminal o que no representen un riesgo a la seguridad nacional.

Esta decisión se dio a conocer a través de un memorando, enviado por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Pekoske, a los titulares de las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el DHS detendrá las deportaciones de ciertos no-ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada”, reportó el Gobierno.

Se aclara que se seguirá la deportación de quienes hayan ingresado al país sin autorización a partir del 1 de noviembre del 2020 o que no puedan demostrar su estancia en EE.UU. antes de esa fecha.

La decisión también protege a inmigrantes de que puedan recibir alguna Notificación a Comparecer ante una corte, lo cual es conocido como el inicio del proceso de deportación. Cada caso será manejado en forma individual considerando el historial criminal de una persona.

Esta medida cambia la política del expresidente Donald Trump sobre la detención de “cualquier indocumentado” durante redadas de ICE.

“Vemos que este primer anuncio de la Administración Biden empieza con el punto de continuar el desmantelamiento de la cruel e inhumana maquinaria de deportación y terminar con la criminalización de nuestra gente”, Marisa Franco, directora nacional de Mijente, organización de defensa de inmigrantes.

Biden avanza con sus promesas hacia inmigrantes al enviar su reforma al Congreso e implementar órdenes ejecutivas que protegen a “dreamers”.

Las prioridades

Los agentes de ICE y CBP deberán enfocarán en los siguientes tipos de inmigrantes para su revisión, posible detención y expulsión:

  • Seguridad nacional.- Las personas que se han involucrado o son sospechosas de terrorismo o espionaje. También que su aprehensión, arresto o custodia sea necesaria para proteger la seguridad nacional.
  • Seguridad fronteriza. Aquellos detenido en la frontera a partir del 1 de noviembre del 2020.
  • Seguridad pública. Personas encarceladas en prisiones federales, estatales y locales, o que hayan sido liberadas durante o después de la emisión del memorando que hayan sido condenados por un “delito grave agravado”.

Se recomienda a los inmigrantes indocumentados con historial criminal pedir asesoría con un abogado migratorio para plantear sus casos y opciones.

USCIS suspende atención a migrantes en persona el 19 y 20 de enero por temor a ataques

La oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció que suspenderá la atención en persona los próximos días 19 y 20 de enero, a fin de “garantizar la seguridad” de los empleados y personas con citas.

Según señaló la agencia federal en un comunicado difundido el viernes, la suspensión temporal abarca a todas oficinas locales, oficinas de asilo y centros de asistencia.

Agregó que aquellas personas que tenía citas para esos días recibirán una notificación en las que se les informará la nueva fecha.

El asalto al Capitolio en Washington por parte de simpatizantes radicales del presidente Donald Trump, ocurrido el pasado 6 de enero ha motivado que las autoridades federales y estatales hayan reforzado y ampliado los dispositivos de seguridad en la capital para los próximos días.

El National Mall, el parque que alberga los monumentos más emblemáticos de Washington y la famosa explanada donde se han concentrado multitudes, permanecerá cerrado el próximo miércoles como parte de las herméticas medidas de seguridad dispuestas de cara a la investidura ese día del presidente electo Joe Biden.

La alerta se ha extendido incluso a las capitales estatales, hasta donde se han desplegado tropas de la Guardia Nacional que desde este fin de semana vigilan las sedes gubernamentales locales para prevenir brotes de violencia.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha alertado en un boletín interno sobre la amenaza de protestas armadas en todo el país, de un “levantamiento” a nivel nacional y de un nuevo intento de asalto al Capitolio desde el domingo y hasta la toma de posesión del demócrata Biden como nuevo presidente.

Denuncian que gobierno de Trump firmó acuerdos para detener cambios a leyes migratorias

El gobierno del presidente Donald Trump firmó acuerdos con autoridades locales y estatales en lo que parece un esfuerzo para hacer más difícil a la Administración entrante de Joe Biden cumplir con su promesa de detener las deportaciones y flexibilizar las peticiones de asilo, informó este viernes el medio periodístico BuzzFeed.

Según documentos obtenidos por BuzzFeed, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmó acuerdos con los gobiernos de Arizona, Louisiana e Indiana y la Oficina del Sheriff del condado de Rockingham en Carolina del Norte, que requieren que el gobierno entregue un aviso de 180 días antes de promulgar una gran cantidad de cambios en la política de inmigración.

Este compromiso, conocido como Acuerdo de Primera Promulgación del Santuario para los Estadounidenses (SAFE), detendrá por al menos seis meses la implementación de las nuevas políticas del nuevo gobierno demócrata.

Este último esfuerzo revelado a menos de una semana de que Biden tome posesión fue firmado por Ken Cuccinelli, el segundo al mando del DHS.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reaccionó de inmediato.

En una comunicado, Naureen Shah, asesora principal de defensa y políticas de la organización, dijo que “este es un intento transparente de los funcionarios de Trump para atar las manos de la Administración Biden-Harris y preservar la grotesca política de inmigración de Trump”.

“La Administración Biden tiene la autoridad, el mandato y la responsabilidad de romper con el legado de la Administración Trump, y nada sobre estos acuerdos informados cambia esa realidad “, agregó la abogada.

Por su parte Sarah Pierce, analista de políticas de Migration Policy Institute, dijo en un mensaje de Twitter que los acuerdos “ni siquiera pasan la prueba de la risa, y ciertamente no el escrutinio legal”.

En medio del escándalo que lo tiene a las puertas de un segundo juicio político, Trump realizó esta semana su última visita como presidente al muro a la frontera con México, y desde allí envió un mensaje a Biden, instándolo a mantener las políticas migratorias que su gobierno ha implantado.

Un juez federal bloquea las fuertes restricciones al asilo que Trump iba a imponer este lunes

Un juez federal bloqueó este viernes el mayor paquete de restricciones contra el derecho al asilo diseñado por la Administración del presidente Donald Trump, que planeaba poner en marcha este lunes, a menos de dos semanas de la toma de posesión del nuevo mandatario electo, el demócrata Joe Biden.

El fallo tiene un impacto limitado porque el gobierno ha suspendido en gran medida el derecho al asilo en la frontera con México durante la pandemia de coronavirus, citando preocupaciones de salud pública.

Aún así, algunos inmigrantes que aún pueden solicitar asilo habrían visto obstaculizado su derecho, y el resto lo habría sentido cuando se levantaran las prohibiciones derivadas del coronavirus.

La Administración Trump argumentó que las medidas eran una respuesta adecuada a un sistema que, en su opinión, está plagado de abusos y abrumado por afirmaciones sin mérito.

Pero el juez federal James Donato en San Francisco se puso del lado de los grupos activistas que intentaban frenar las medidas bajo la premisa de que el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, carece de autoridad para imponer estas reglas tan amplias sin haber sido confirmado por el Senado.

Donato, quien fue designado para el cargo en 2013 por el expresidente Barack Obama, escribió que el nombramiento de Wolf violaba el orden de sucesión establecido. Dijo que era la quinta vez que un tribunal fallaba en contra del Departamento de Seguridad Nacional por los mismos motivos.

“El Gobierno ha reciclado exactamente las mismas afirmaciones legales y fácticas hechas en los casos anteriores, como si no hubieran sido rechazadas sólidamente en opiniones escritas bien fundamentadas por varios tribunales”, escribió Donato.

“Esta es una estrategia de litigio preocupante. En efecto, el Gobierno sigue chocando el mismo auto contra las mismas puertas, esperando que algún día pueda atravesarlas”, añadió. La Administración Trump puede apelar este dictamen.

Las reglas buscaban redefinir los requisitos para que una persona califique para el asilo y otras formas similares de protección humanitaria si enfrentan persecución en sus países de origen. Las restricciones habrían ampliado los motivos para que un juez migratorio (dependiente del Departamento de Justicia, y por tanto del Gobierno en última instancia) considerara las solicitudes “frívolas” y pudiera rechazarlas.

Aaron Frankel, uno de los abogados de los demandantes, calificó las reglas como “nada menos que un intento por acabar con el sistema de asilo”.

El asilo es una protección legal diseñada para las personas que huyen de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un grupo social. Cualquier extranjero que pise suelo estadounidense tiene el derecho legal de solicitar asilo, de acuerdo con las leyes domésticas y las obligaciones de los tratados internacionales.

Las reglas limitarían los tipos de persecución y la gravedad de las amenazas por las que se concede asilo. Los solicitantes que busquen protección por motivos de género o aquellos que afirmen haber sido blanco de pandillas, de funcionarios gubernamentales “rebeldes” o de “organizaciones al margen de la ley” probablemente no serían elegibles para el asilo.

Se ordenaría a los jueces de inmigración que fueran más selectivos a la hora de otorgar solicitudes de asilo y les permitirían denegar la mayoría de las solicitudes sin una audiencia judicial.

También habrían tenido que sopesar varios factores nuevos contra la capacidad de un solicitante de obtener protecciones, entre ellos no poder pagar impuestos. Los antecedentes penales seguirían contando en contra de un solicitante de asilo incluso si se borraran sus condenas.

Según las medidas relacionadas con la pandemia en vigor desde marzo, aproximadamente nueve de cada 10 personas detenidas en la frontera son expulsadas de inmediato por motivos de salud pública. El resto se procesa bajo las leyes de inmigración, que incluyen el derecho a solicitar asilo.

La Administración Trump ya ha instituido una serie de políticas que restringen el asilo, que incluyen hacer que los solicitantes de asilo esperen en México mientras se escuchan sus reclamos en un tribunal migratorio estadounidense.

Se espera que Biden revierta algunas de las políticas de asilo restrictivas de Trump, incluida la política de Quédese en México, pero recientemente dijo que su Administración necesitaría “probablemente los próximos seis meses” para recrear un sistema que pueda procesar a los solicitantes de asilo para evitar que una marea de migrantes llegue a la frontera sur.

También el viernes, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, Virginia, falló en contra de la política de la Administración que otorgaba a los Gobiernos estatales y locales el derecho a negarse a reasentar a los refugiados.

El panel de tres jueces dijo que la orden ejecutiva de Trump que requería que las entidades estatales y locales dieran su consentimiento antes de permitir que los refugiados fueran ubicados en sus áreas socavaría la Ley de Refugiados de 1980. Esa ley establecida por el Congreso fue diseñada para permitir que las agencias de reasentamiento encuentren el mejor lugar para que una persona prospere mientras trabaja con funcionarios locales y estatales.

EEUU aprueba primeras solicitudes al DACA en años

Más de 170 nuevos solicitantes se han convertido en los primeros individuos en varios años en obtener aprobación para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA), que protege a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos siendo menores, reveló el lunes el gobierno federal.

Un informe entregado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) a la corte federal de Brooklyn muestra que 171 nuevas solicitudes fueron aprobadas entre el 14 de noviembre y el fin del 2020, mientras que 121 fueron negadas y otras 369 rechazadas. En total, se presentaron 2.713 solicitudes iniciales.

El juez federal de distrito Nicholas Garaufis había ordenado al gobierno federal publicar un aviso público informando que aceptaría las solicitudes bajo los términos vigentes antes de que el presidente Donald Trump pusiera fin al DACA en 2017 con el argumento de que era inconstitucional.

La Corte Suprema federal falló en junio que Trump infringió la ley federal en cuanto a cómo poner fin al programa, pero Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que el gobierno no aceptaría nuevas solicitudes y concedería renovaciones por un año en lugar de dos. El DACA protege de la deportación a aproximadamente 650.000 personas y las hace elegibles para recibir permisos de trabajo.

El gobierno federal no apeló una orden de Garaufis emitida en noviembre en donde estipulaba que Wolf estaba en su puesto ilegalmente. Ordenó que se reinstauraran las renovaciones por dos años y exigió que el DHS reportara cuántas solicitudes nuevas fueron rechazadas de junio al 4 de diciembre; la cifra fue de 4.383.

Además de procesar las solicitudes nuevas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración también indicó que aprobó 61.844 renovaciones, mientras que negó 326 y rechazó 2.842 renovaciones en las últimas seis semanas del año.

Se enviaron mensajes a activistas y a abogados que representan a solicitantes del DACA.

El gobierno de Obama lanzó el DACA en 2012, bajo el cual permitía que ciertos inmigrantes que fueron traídos sin autorización al país siendo menores pudieran trabajar y quedaran exentos de ser deportados. Sin embargo, no confirió estatus legal a los beneficiarios.

El presidente electo Joe Biden ha jurado restaurar el DACA a finales de este mes, pero el estatus legal permanente y el camino a la ciudadanía requerirían aprobación del Congreso.

Hace dos semanas, un juez en Houston escuchó argumentos de abogados de Texas y otros ocho estados que intentan poner fin al programa diciendo que el DACA viola la constitución al evadir la autoridad del Congreso en cuanto a leyes inmigratorias,

En representación de los beneficiarios del DACA, los abogados del Mexican American Legal Defense and Educational Fund, o MALDEF, y la fiscalía general de Nueva Jersey pidieron que se desestimara la demanda argumentando que estaba entre los derechos de Obama lanzar el programa.

El juez no emitió un fallo en el momento.

Familias que tienen un migrante indocumentado podrán recibir el segundo cheque de estímulo

Como parte del paquete de estímulo económico de $900 billones de dólares que aprobó el lunes por la noche, el Congreso permitirá que los hogares de estatus mixto, con familiares indocumentados, reciban los cheques de estímulo que se les negaron en la Ley CARES.

Según el acuerdo bipartidista, los ciudadanos estadounidenses y los titulares de la tarjeta verde recibirán $600 dólares en ayuda directa, incluso si presentaron una declaración de impuestos conjunta con un cónyuge indocumentado, así como cheques adicionales de $600 por hijo dependiente, según el texto de la legislación, informó CBS News.

El nuevo compromiso también se haría retroactivo a las familias de estatus mixto con un titular de número de Seguro Social elegibles para el cheque de estímulo de $1,200 dólares por hogar y $500 por niño asignados por la Ley CARES, que se promulgó a fines de marzo.

Los cheques de $600 se eliminan gradualmente para las personas con un ingreso bruto ajustado superior a $75000 dólares en 2019, los jefes de familia que ganaron más de $112,500 y para las parejas que ganaron $150,000 dólares o más.

Los inmigrantes indocumentados u otros no ciudadanos que no tengan número de Seguro Social y presenten declaraciones de impuestos individuales todavía no tendrían derecho a recibir cheques de estímulo según el acuerdo. Los niños estadounidenses, hijos de un padre sin número de Seguro Social, tampoco serían elegibles para la ayuda.

La Ley CARES, aprobada en la primavera, excluyó a las parejas de estatus mixto del cheque de estímulo porque requería que ambos contribuyentes de una declaración de impuestos conjunta tuvieran números de Seguro Social.

Los inmigrantes indocumentados y otros no ciudadanos que no son elegibles para los números de Seguro Social utilizan los números de identificación individual del contribuyente (ITIN) emitidos por el gobierno para pagar impuestos. Los beneficiarios de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y Estatus de Protección Temporal (TPS) tienen acceso a números de Seguro Social.

USCIS aplica cambios para asilados y refugiados en solicitudes de la green card

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hizo modifiaciones para las solicitudes de Residencia Permanente para refugiados y asilados.

La agencia indicó la actualización de su guía para ampliar los criterios que aplican los oficiales migratorios en forma discrecional, para determinar si deben o no entrevistar a los solicitantes que presentan el Formulario I-485.

Aunque las reglas de elegibilidad de la “green card” no cambian, la autoridad amplía la discrecionalidad para que un oficial determine citar a entrevista a un solicitante.

“La lista actualizada proporciona una mayor paridad con los criterios que USCIS aplica para determinar si entrevista a otros solicitantes de ajuste de estatus”, señala la agencia.

USCIS insiste en que los oficiales decidirán “caso por caso”.

Esta ofician que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el ajuste derivará en la solicitud de más entrevistas, pero justifica la medida para “proteger el programa” y evitar “fraudes” que afecten el sistema migratorio.

Las autoridades han implementado cambios para endurecer las peticiones de asilo y refugio, pero también las peticiones familiares de estos inmigrantes.

Entre las razones que podrían obligar a solicitar una entrevista están las “preocupaciones” de un oficial migratorio sobre seguridad nacional.

“El oficial tiene cualquier otra inquietud articulable con respecto a la identidad, inadmisibilidad, seguridad nacional, seguridad pública o fraude, y recomienda una entrevista para ayudar a resolver esa inquietud”, indica una de las condicionantes.