INMIGRACION

Aspiran que aumento a tarifas de USCIS en trámites migratorios no se apliquen

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) celebró la decisión del juez federal Jeffrey White, de California, de suspender el incremento de tarifas a todos los trámites migratorios propuesto por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Los nuevos costos, algunos con incrementos de más del 500%, iban a ser implementados este viernes 2 de octubre, pero la agencia migratoria no podrá hacerlo, aunque se espera que haya una apelación en el Noveno Circuito.

“Mientras se cumpla esta orden judicial preliminar, USCIS no puede aumentar las tarifas”, dijo Doug Rand, cofundador de Boundless Immigration a Forbes. “El gobierno se apresurará a obtener una suspensión de la orden judicial desde Noveno Circuito, pero no se sabe cuánto tiempo tomará ni cuál será el resultado”.

Sin embargo, la agencia migratoria indicó que revisa la decisión y no haría comentarios al respecto.

“USCIS está revisando el fallo sobre la regla de tarifas y no tiene más comentarios en este momento”, señaló la agencia a petición de este diario.

Ahora bien, los inmigrantes que deseen aplicar por Residencia Permanentenaturalización, Autorización de Empleo, entre otros beneficios migratorios, podrán hacerlo con las actuales tarifas hasta nuevo aviso.

Los abogados destacaron que la regla impuslada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría duplicado o triplicado las tarifas de solicitud para muchos beneficios de inmigración esenciales.

“AILA aplaude la orden expedita del Tribunal de dejar de lado el intento sin precedentes de USCIS de aumentar drásticamente las tarifas antes de las elecciones presidenciales”, destacó la organización en un comunicado.

Los expertos apuntaron que el juez White identificó que el DHS no tenía la autoridad para emitir la regla, además de reconocer que el Gobierno del presidente Donald Trump presionó para aumentar las tarifas “de manera arbitraria”, sin considerar las preocupaciones de los demandantes y miles de comentarios en contra cuando fue publicada en el Registro Federal.

“AILA se enorgullece de unirse a nuestros socios de litigios en Sidley Austin LLP en esta importante lucha, apoyando a los inmigrantes, sus familias y las comunidades en todo Estados Unidos al llaman hogar”, apuntó.

Un juez federal bloquea alza de tarifas para trámites de la ciudadanía americana

Un juez federal en el norte de California bloqueó este martes el alza de tarifas a algunos trámites del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que entraría en vigencia el próximo 2 de octubre y que afectaba gestiones como el de la naturalización.

El juez federal Jeffrey S. White en Oakland, California, falló en favor de una demanda presentada el pasado 21 de agosto por una coalición de ocho organizaciones encabezada por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), con sede en San Francisco.

El pasado 31 de julio USCIS anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 30 % en sus tarifas, pero que en algunos casos llega a 535 %. La agencia justificó las alzas para financiar sus operaciones.

Uno de los procesos más afectados con el nuevo incremento es el proceso de naturalización, que pasará de $640 a $1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos, y que tenía en una contrarreloj a muchos migrantes para someter sus solicitudes antes del próximo viernes.

En su demanda, la coalición señaló que la nueva Regla de Tarifas viola la Ley de Procedimiento Administrativo y constituye una acción de agencia “arbitraria y caprichosa”.

La querella legal también argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad prioriza la unidad y diversidad familiar, sin embargo, “al hacer deliberadamente imposible el costo de asegurar los beneficios de inmigración esenciales para millones de familias inmigrantes, la política de la Administración Trump hace que la separación familiar sea inevitable y viola las leyes estatutarias y constitucionales”.

“Con la nueva regla de tarifas, la Administración Trump ha demostrado su voluntad de ignorar el estado de derecho en la búsqueda de su agenda antiinmigrante y xenófoba”, advirtió Melissa Rodgers, directora de programas de ILRC.

Denuncian que el gobierno americano quiere restringir las visas estudiantiles, de intercambio y de prensa

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una norma con la que prevé restringir la duración de los visados que se otorgan a estudiantes, extranjeros que permanecen en el país bajo la modalidad de intercambio y a los corresponsales de prensa internacional.

La medida, que este viernes saldrá publicada en el Registro Federal y se someterá a un período de recepción de comentarios durante los 30 días siguientes, afecta a los visados F para estudios académicos; J o denominadas de intercambio (que abarca profesores o académicos, estudiantes, aprendices, maestros, niñeras y consejeros de campamentos); e I, destinados a la prensa extranjera.

Sin embargo, no entrará en vigor sino hasta después de que el Gobierno reciba las opiniones y redacte el texto definitivo, un proceso que expertos estiman puede demorar un par de meses.

El anuncio lo hizo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), al señalar en un comunicado el “crecimiento significativo” de las solicitudes bajo estos programas y la necesidad de garantizar la “integridad” del sistema de inmigración estadounidense.

Además, el DHS aclaró que la normativa “no propone cambios a los requisitos subyacentes para cualificar para estas clasificaciones de no inmigrantes”.

EEUU da marcha atrás a medida de suspender de visas para estudiantes extranjeros

El Gobierno del presidente Donald Trump aceptó rescindir el viernes la suspensión de visas para los estudiantes extranjeros matriculados en universidades estadounidenses que ofrezcan todos sus estudios en línea, tras una demanda de 17 estados, el Distrito de Columbia, y de varias instituciones de educación superior.

En una audiencia en Boston (Massachusetts), en la que se iba a discutir la demanda iniciada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para revocar esta directiva, la jueza federal Allison Burroughs presentó la lectura de un acuerdo al que llegaron el gobierno federal y las instituciones académicas.

La audiencia se había programado con una duración de 90 minutos, ante la expectativa de una acalorada defensa de posiciones de ambas partes, pero en menos de dos minutos el gobierno y las universidades se pusieron de acuerdo en la retirada de la norma.

La resolución de este caso significa que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) retornará a sus directrices de marzo, que permiten que los estudiantes extranjeros permanezcan en EE.UU. aún si su universidad opta por dar la instrucción exclusivamente en línea durante la pandemia de COVID- 19.

La sorpresiva resolución de esta disputa deja sin efecto asimismo las demandas iniciadas por el estado de Nueva York, universidades del Oeste del país, la Universidad John Hopkins, de Maryland, y la coalición de estados encabezada por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.,

También quedó sin causa la moción iniciada esta mañana por el fiscal general de California, Xavier Becerra, que solicitaba la intervención de los tribunales para bloquear la aplicación de la suspensión de visas hasta que hubiese un fallo judicial.

California, el estado con los sistemas educativos más grandes del país, con 180.000 estudiantes internacionales cada año, según datos de la Oficina del Fiscal General, iba a ser uno de los más afectados por esta orden de Trump.

Muchas universidades planean ofrecer una combinación de clases en línea y presenciales para proteger la salud del profesorado, los estudiantes y las comunidades circundantes durante la pandemia, según el diario The New York Times.

Corte de Apelaciones permite a gobierno de EEUU eliminar el TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán

Con una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito avaló al Gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Termporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, que afectará a unos 300,000 inmigrantes y sus familias.

“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía implementación de decisiones de rescisión de designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, y en prisión preventiva”, indica la opinión de la jueza Consuelo Callahan.

El panel de jueces encontró que un juez federal de California que decidió mantener el programa tomó una decisión extrema para bloquear la terminación de este programa que otorga perdón de deportación y Autorización de Empleo.

“El Tribunal de Distrito abusó de su discreción para concluir que los Demandantes presentaron al menos serias dudas sobre los méritos de su protección”, indica la opinión sobre la demanda Ramos v. Wolf.

Durante casi 20 años, las administraciones anteriores –republicanas o demócratas– han renovado el estatus de TPS, pero el presidente Trump terminó el programa en noviembre de 2017, aunque los tribunales han bloqueado temporalmente sus esfuerzos.

En medio de la batalla legal, en noviembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió al 4 enero del 2021 el TPS para los cuatro países mencionados.

En la decisión de este lunes, la jueza Morgan Christen votó en contra citando los esfuerzos de la Administración Trump por terminar con el programa que protege a familias de desastres naturales, el crimen organizado y otros problemas en sus países de origen.

En su explicación, la jueza Christen apunta las comunicaciones internas entre distintas agencias del DHS, incluido Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entonces dirigida por Francis Cissna, sobre los esfuerzos de terminar con la protección de inmigrantes sin tomar en cuenta las afectaciones a las familias.

Vale recordar que en 2017 se dieron a conocer decenas de memorandos internos del Departamento de Estado y comunicaciones diplomáticas que demuestran que altos funcionarios advirtieron repetidamente al exsecretario de Estado, Rex Tillerson, que eliminar el TPS desestabilizaría gravemente a sus países de origen, además de acarrear problemas de seguridad nacional para EE.UU.

Los TPS fueron creados en 1990 por el Congreso, que le dio facultades al DHS de otorgar protecciones migratorias y permisos laborales a originarios de naciones devastadas por desastres naturales o movimientos sociales.

La jueza Christen también citó los comentarios del presidente Trump cuando llamó “países de mierda” a naciones con TPS, como Haití.

USCIS será más flexible en estos trámites y ajusta tarifas de inmigración

La crisis del Coronavirus y los problemas presupuestarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se han tornado en favor de los inmigrantes con procesos abiertos, que precisan respaldar sus solicitudes de visas, tarjetas de residencia permanente o green cards o la ciudadanía estadounidense con más pruebas o documentos.

Como la pandemia ha frenado el ritmo de trabajo de la agencia desde que normalizó operaciones el 4 de junio, la autoridad migratoria volvió a prorrogar el sábado una flexibilidad mayor en el plazo de entrega de documentos por parte de los inmigrantes para responder a sus peticiones. Esta acomodación se vencía el 11 de septiembre.

La iniciativa busca “minimizar las consecuencias de inmigración para aquellos que buscan obtener beneficios de inmigración durante este tiempo”, dijo en un comunicado la entidad gubernamental.

Las peticiones de USCIS que abarcan la ampliación de flexibilidad brindan a los inmigrantes la oportunidad de intervenir si sus peticiones están incompletas o contienen errores antes de que se tome una decisión final sobre sus casos. De lo contrario, la agencia migratoria puede negar una petición y, en ciertos casos, proceder directamente a la deportación.

Ante la situación de la pandemia, la autoridad migratoria ha tenido que hacer ciertas excepciones en su gestión administrativa desde el 30 de marzo, entre estas otorgar mayor flexibilidad en el plazo de entrega de documentos por parte de los inmigrantes.

USCIS EXTIENDE PLAZO PARA RESPONDER A SOLICITUDES DE INMIGRACIÓN

En respuesta a la pandemia de coronavirus, las autoridades migratorias anunciaron que adoptaron medidas para ayudar a los solicitantes y peticionarios en los siguientes ocho trámites de la agencia del Departamento de Seguridad Nacional:

▪ Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés)

▪ Notificaciones de Intención de Denegación (NOID)

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▪ Notificaciones de Intención de Rescindir y Notificaciones de Intención de Cancelación de centros de inversión regionales (NOIT)

▪ Continuaciones a Solicitudes de Evidencia (N-14)

▪ Requisitos de fechas de presentación del Formulario I-290B, Aviso de Apelación o Moción

▪ Solicitud de audiencia sobre decisión en los procedimientos de naturalización bajo Ley de Inmigración y Nacionalidad

▪ Mociones para Reabrir un Formulario N-400, Recibo de Información Derogatoria Después de la Concesión

A QUIÉNES IMPACTA LA FLEXIBILIDAD DE TRÁMITES

Según el comunicado de USCIS, la flexibilidad se ofrece a las personas que reciban uno de los ocho documentos mencionados, incluyendo solicitudes, notificaciones o decisiones, con fechas entre el 1ro de marzo del 2020 y el 1ro de enero del 2021.

“USCIS considerará cualquier respuesta a las solicitudes y notificaciones si la recibe dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha límite de respuesta indicada en la solicitud o notificación antes de tomar cualquier medida”, dijo la agencia.

“Consideraremos un Formulario N-336 o Formulario I-290B recibido hasta 60 días calendario a partir de la fecha de la decisión antes de tomar cualquier medida”, agregó.

USCIS complica patrocinio de inmigrantes para residencia americana

La oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) lanzó un sistema para verificar que el patrocinador de un inmigrante pague al Gobierno federal por las ayudas que esa persona solicite, como cupones de alimentos.

A través de la Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE, por sus siglas en inglés), a través del cual todas las agencias federales de Gobierno podrán revisar los apoyos otorgados a extranjeros y el reembolso de esas ayudas, lo que permitirá a las autoridades a evaluar con mayor rigor a quienes soliciten Residencia Permanente u otros beneficios migratorios, así como a las personas que los patrocinan para vivir en los EE.UU.

La iniciativa es la política resultado de la orden del presidente Donald Trump de mayo de 2019 a través del “Memorando sobre el cumplimiento de las responsabilidades legales de los patrocinadores de extranjeros”, enfocada a una mayor supervisión y recopilación de datos.

“La administración Trump ha dejado en claro que se deben hacer cumplir las leyes de inmigración existentes y que los patrocinadores de extranjeros deben hacerse cargo de las responsabilidades financieras que aceptan voluntariamente”, dijo el subdirector de políticas de USCIS, Joseph Edlow. “Esta función mejorada apoyará a las agencias que otorgan beneficios públicos mientras administran sus programas y determinan la elegibilidad de un extranjero para recibir asistencia pública al garantizar la coherencia con la ley actual, los requisitos de patrocinio establecidos y la responsabilidad adecuada”.

A través del sistema SAVE, las agencias que administran distintos tipos de apoyos, como ayuda para vivienda o Medicaid, proporcionarpa información sobre patrocinadores y seguimiento de reembolso.

“La información recopilada ayudará a las agencias participantes a aprender y mejorar la forma en que utilizan la información del patrocinador para tomar determinaciones de elegibilidad y responsabilizar a los patrocinadores”, acota USCIS. “Y ayudará a las agencias que administran los programas de beneficios a cumplir mejor con las obligaciones bajo las leyes y regulaciones de reembolso de las agencias”.

La oficina acota que lo inmigrantes patrocinados a veces solicitan y reciben beneficios públicos de agencias federales, estatales, locales o tribales y podrían no ser elegibles a algunos de ellos, porque la agencia otorgante considerará los ingresos y recursos de su patrocinador al determinar la elegibilidad del inmigrante.

“Si un extranjero patrocinado recibe un beneficio público con verificación de recursos, el patrocinador es responsable, previa solicitud, de reembolsar a la agencia que proporciona el beneficio”, especifica la agencia.

Esa decisión incluso podría ser a través de una orden judicial, en caso de que el patrocinador no cubra el monto requerido.

“Una agencia puede solicitar una orden judicial para el reembolso si un patrocinador no emite el reembolso”, recuerda la oficina migratoria.

YX5bGZ4zrB7Po#rq 28 de julio 2020

Estados Unidos: sugieren liberar a ciertos inmigrantes infectados con el virus chino

Un especialista externo que inspeccionó un centro de detención para inmigrantes en Virginia en el que se registró un fuerte brote de coronavirus, recomendó la liberación de detenidos que corran mayor riesgo de enfermar gravemente después de encontrar deficiencias en las revisiones médicas del lugar.

La jueza federal Leonie Brinkema ordenó la inspección el mes pasado después de que varios detenidos interpusieran una demanda con ayuda de grupos activistas. Brinkema responsabilizó al complejo de detención en Farmville por un brote que afectó a más del 90% de los casi 300 detenidos, incluida una persona de 72 años que falleció. Funcionarios del gobierno intentaron infructuosamente bloquear la inspección.

El experto, Homer Venters, inspeccionó el centro el mes pasado y presentó un informe que se difundió el viernes en el que señala que el lugar realiza una revisión deficiente a los detenidos en busca de síntomas de COVID-19. Recomendó que se libere a las personas que tengan mayor riesgo por la enfermedad.

El informe menciona “deficiencias múltiples y sistémicas” en los servicios de salud del complejo y concluye que estar detenido ahí “representa un peligro importante de salud para los pacientes de alto riesgo”.

El informe de un especialista contratado por el centro de detención arrojó distintas conclusiones. El experto William Reese dijo que el mayor problema que encontró fue que los detenidos se rehusaban utilizar mascarilla. Considerando su “falta de cooperación… es notable que la instalación no haya registrado nuevas pruebas positivas entre los detenidos en casi un mes”, escribió Reese.

En su reporte, Venters escribió que los detenidos ignoraron las recomendaciones del personal de usar mascarillas porque culparon a la instalación de que enfermaran en primer lugar. Los detenidos también le dijeron a Venters que consideraban innecesarias las mascarillas ya que casi todos en el lugar ya habían contraído el virus.

Venters encontró deficiencias en numerosos procedimientos en el centro. En particular, señaló que las labores de la instalación para detectar síntomas de COVID-19 entre los detenidos fueron insuficientes, ya que la gran mayoría de los internos dijo que nunca se les preguntó si tenían algún malestar durante la revisión diaria de temperatura.

Como resultado, dijo Venters, es dudosa la aseveración del centro de que ningún detenido ha experimentado síntomas de COVID-19 desde julio.

También escribió que los internos que reportaban malestares a menudo tuvieron que aguardar varios días antes de ser evaluados por el personal médico, a pesar de las afirmaciones del centro de que todas las personas recluidas en el lugar son revisadas en menos de 24 horas a partir del momento en el que dan aviso.

“El ICE y la instalación causaron el brote por aceptar las transferencias de numerosas personas procedentes de lugares con casos activos de COVID-19, y no están considerando con seriedad el riesgo para la gente bajo su cuidado”, dijo Sirine Shebya, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados, que representa a los demandantes. “Esto plantea preocupaciones importantes sobre los riesgos de salud actuales que enfrentan las personas detenidas en la instalación”.

En una audiencia previa, Brinkema criticó lo que describió como un “circo burocrático” por causar el brote, señalando que el centro infringió sus propios procedimientos al aceptar 74 transferencias desde instalaciones en estados de alto contagio como Florida y Arizona sin aplicar procedimientos de cuarentena.

Una portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (o ICE por sus siglas en inglés) declinó hacer declaraciones sobre el informe, señalando que el proceso judicial permanece abierto.

Estudio considera que personas con TPS deben recibir residencia permanente

En consideración al tiempo que han vivido en Estados Unidos y sus lazos con el país, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) deberían poder obtener una residencia permanente en los Estados Unidos, concluyó un análisis de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El estudio elaborado por la Iniciativa de Políticas Latinas (LPPI) considera que de los cerca de 400,000 inmigrantes beneficiados con el TPS, “más de 70 % han vivido aquí por más de 20 años y aproximadamente dos tercios tienen hijos nacidos en los Estados Unidos”.

El promedio de años viviendo en EE.UU. de los beneficiarios es de 20.3 en comparación con 14.8 años de los inmigrantes no autorizados y 30 años de los inmigrantes naturalizados ciudadanos, asegura el informe.

Estos nexos con el país dan una idea del efecto desestabilizador para estas personas y sus familias que tendrían los cambios al TPS propuestos por la Administración del presidente Donald Trump, comentó este jueves Sonja Díaz, directora fundadora de LPPI.

De igual forma, la investigación encontró que 88.5% de los residentes con TPS forman parte de la fuerza laboral, más que los inmigrantes no autorizados (72%) y que los ciudadanos naturalizados (65.1%).

“En un momento en que los inmigrantes han desempeñado un papel clave en el mantenimiento de la economía como trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19, es importante comprender lo que está en juego cuando se eliminan las salvaguardas como el Estatus de Protección Temporal”, dijo Díaz.

Adicionalmente el análisis destacó que 10.8% de los beneficiarios del TPS son trabajadores independientes, en comparación con solo el 7.2 % de los inmigrantes naturalizados.

Para Cecilia Menjívar, autora del estudio y profesora de psicología de sociología en UCLA, dos sugerencias presentadas por el análisis son claves para asegurar la estabilidad de estos inmigrantes legales y sus familias.

La investigación recomendó que se renueve el TPS más allá de su próxima expiración en enero del 2021 para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, países que representan 98 % de todos los participantes en este programa.

Adicionalmente el análisis sugiere que se otorgue “un estatus de residencia permanente para todos los residentes que viven protegidos por el estatus temporal”.

Relacionado: Inmigrantes con TPS demandan a exfuncionario de USCIS por bloquear su camino a obtener la “green card”

La investigadora argumentó que ofrecer a los inmigrantes una participación plena en sus comunidades ha demostrado ser “una y otra vez una victoria para todos en las comunidades donde viven”.

El informe también encontró que 31.9% de los beneficiarios del TPS son propietarios de vivienda, al igual que 34% de los inmigrantes no autorizados y 64.7% de los naturalizados.

Renuncia jefe de ICE responsable de deportaciones

El principal funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Matthew Albence, la agencia gubernamental de Estados Unidos encargada de las deportaciones de inmigrantes indocumentados, anunció el viernes pasado su renuncia.

“Después de más de 25 años como oficial federal, estoy anunciando mi retiro del servicio”, señaló Albence en un comunicado difundido por medios locales.

Albence se convirtió así en el quinto jefe de ICE en lo que va de mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

El principal funcionario de Inmigración y Control de Aduanas y subdirector de esa dependencia agregó que esta fue “una decisión excepcionalmente difícil de tomar” y que se prolongó “debido a la incertidumbre de una pandemia global y el papel esencial que ICE sigue desempeñando en la respuesta” del país.

La agencia no ha tenido ningún director confirmado por el Congreso desde que Trump llegó al poder en 2017: su primer jefe en funciones, Thomas Homan, fue nominado pero nunca logró que lo ratificaran, y el mandatario designó a Ron Vitiello para sustituirlo.

Albence reemplazó en el cargo a Vitiello, quien abandonó el cargo en abril del año pasado, después de que Trump revelara que había retirado su nominación para dirigir ICE.

Posteriormente, esa plaza fue asignada a Mark Morgan, quien luego se iría a liderar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con lo que Albence volvería a estar al frente de Inmigración y Control de Aduanas.

“Todos los días, contra pronósticos increíbles, politización constante y percepciones erróneas de la misión increíblemente crítica y compleja que realizan, los empleados de ICE siguen adelante con profesionalismo e integridad”, puntualizó el funcionario saliente en su mensaje.

Sin precisar a partir de cuándo cesará sus funciones, indicó que trabajará con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las directivas de ICE “para garantizar una transición sin problemas”.

Medios como The Washington Post y Politico atribuyeron la salida del funcionario a las preocupaciones que despertó en la Administración de Trump después de que ordenara que se detuvieran ciertas acciones de ICE durante la pandemia y ante la posibilidad de que tomara medidas menos agresivas hacia los migrantes.

USCIS anuncia fuerte aumento de trámites de la ciudadanía americana en 81%, ahora costará $1,160

El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer viernes un exorbitante aumento en las tarifas de algunos trámites de inmigración, incluyendo un alza de 81 por ciento en el costo de la ciudadanía estadounidense por naturalización y cobros a las personas que piden asilo, una imposición monetaria sin precedentes en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reveló el viernes una regla final publicada en el Registro Federal que detalla los nuevos costos de las gestiones para conseguir documentos de inmigración, un cambio más en las políticas nacionales con miras a frenar la inmigración legal de los extranjeros de bajos recursos.

El ajuste de tarifas, a fin de garantizar “que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración recupere todos los costos de los servicios que ofrece”, dijo la agencia en un comunicado, incluye una tarifa de de $50 en la Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción, lo cual hace a Estados Unidos uno de solo cuatro países en el mundo que cobran una tarifa por brindar protecciones humanitarias.

La tarifa para obtener la ciudadanía americana por naturalización, aumentará de $640 a $1,160 si se solicita por Internet, a $1,170 por papel.

El permiso de trabajo (Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo) costará $550, tras un 34 por ciento de aumento. Y quienes obtuvieron la residencia a base de matrimonio, tendrían que pagar $760 para remover las condiciones en su estatus de residente permanente, un 28 por ciento más que el precio actual.

USCIS ajusta tarifas de peticiones de beneficios de inmigración y naturalización

La agencia migratoria citó el aumento de los costos operativos y la disminución de sus ingresos para cubrir los gastos como razón para subir las tarifas.

De acuerdo con el comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional ajustó las tarifas en un alza promedio de 20 por ciento para recuperar sus costos operacionales y así evitar una insuficiencia de fondos estimada en $1,000 millones anuales.

“USCIS está obligado a examinar los fondos entrantes y salientes y a hacer ajustes a base de ese análisis”, declaró en un comunicado Joseph Edlow, subdirector de políticas de la agencia migratoria. “Estos ajustes de tarifas, que estaban pendientes desde hace tiempo, son necesarios para administrar el sistema de inmigración legal de nuestra nación de manera eficiente y justa, asegurar la nación, y proteger a los estadounidenses”.

La agencia migratoria ha declarado ante el Congreso que precisa $1,200 millones en fondos de emergencia para mantenerse a flote en medio de dificultades económicas.

Las tarifas entrarán en vigor 60 días después del lunes, así que sería el viernes, 2 de octubre.

Nuevas tarifas de los formularios de inmigración

El aumento más drástico de las tarifas se refleja en visas de trabajo, ciudadanía, green cards y papeles para familiares de víctimas.

“La exención de tarifas está casi eliminada, lo que deja fuera de las solicitudes de ciudadanía y protecciones humanitarias a las personas de bajos ingresos”, escribió Doug Rand, un experto en inmigración, en su cuenta de Twitter.

Entre los formularios más utilizados afectados por el incremento de tarifas se encuentran:

? I-765, Solicitud de Autorización de Empleo

Aumenta un 34 por ciento, de $410 a $550.

I-131A, Solicitud de Documento de Viaje (Documento para Transporte)

Aumenta un 76 por ciento, de $575 a $1,010.

I-881, Solicitud de Suspensión de Deportación o Cancelación de Remoción

Sube 535 por ciento, de $285 a $1,810.

I-751, Petición para Cancelar las Condiciones de Residencia

Incrementa un 28 por ciento, de $595 a$ 760.

El USCIS aumentará el 10% de sus tarifas, así lo solicitó al Congreso de Estados Unidos

Debido a la crisis financiera que enfrenta, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) solicitó al Congreso $1,200 millones de dólares, además anunciar un recargo de 10% a sus tarifas.

Ese aumento es independiente de los nuevos costos que la agencia analiza para distintos servicios.

Los republicanos del Senado integraron la petición de los fondos extra en la Ley HEALS y, de aprobarse, también se permitiría el incremento del 10%, confirmó la agencia en un correo electrónico.

“El recargo del 10% se aplicaría a las tarifas de peticiones y solicitudes de inmigración si el Congreso aprueba y proporciona la propuesta de financiación“, indicó la agencia a este diario.

La semana pasada, USCIS canceló su plan de despido temporal de más de 13,400 de sus 16,700 empleados, lo cual haría el 3 de agosto por falta de fondos, pero tras las negociaciones entre senadores y la Casa Blanca, los fondos solicitados fueron integrados en el plan de estímulo dado a conocer el lunes pasado.

El senador Patrick Leahy (Vermont), vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado, celebró la decisión que pudo haber complicado los trámites migratorios y recrudecido los problemas financieros de miles de familias.

“El enviar a licencia sin pago a miles de empleados públicos en medio de una pandemia y con el desempleo en niveles sin precedentes hubiese trastornado completamente la vida de los hombres y mujeres dedicados al trabajo en USCIS”, indicó.

USCIS es una de las agencias gubernamentales que operan con autofinanciamiento, obtenido de las tarifas que pagan los inmigrantes en sus trámites de visas de trabajo y estudiantiles, Residencia Permanente y naturalización.

Debido a la pandemia de coronavirus, los trámites se han reducido, lo que ha impactado hasta un 60% los ingresos de la agencia que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esa oficina busca obtener los nuevos recursos antes de que termine el actual año fiscal, es decir el 30 de septiembre como máximo.