INMIGRACION

USCIS aplica cambios para asilados y refugiados en solicitudes de la green card

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hizo modifiaciones para las solicitudes de Residencia Permanente para refugiados y asilados.

La agencia indicó la actualización de su guía para ampliar los criterios que aplican los oficiales migratorios en forma discrecional, para determinar si deben o no entrevistar a los solicitantes que presentan el Formulario I-485.

Aunque las reglas de elegibilidad de la “green card” no cambian, la autoridad amplía la discrecionalidad para que un oficial determine citar a entrevista a un solicitante.

“La lista actualizada proporciona una mayor paridad con los criterios que USCIS aplica para determinar si entrevista a otros solicitantes de ajuste de estatus”, señala la agencia.

USCIS insiste en que los oficiales decidirán “caso por caso”.

Esta ofician que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el ajuste derivará en la solicitud de más entrevistas, pero justifica la medida para “proteger el programa” y evitar “fraudes” que afecten el sistema migratorio.

Las autoridades han implementado cambios para endurecer las peticiones de asilo y refugio, pero también las peticiones familiares de estos inmigrantes.

Entre las razones que podrían obligar a solicitar una entrevista están las “preocupaciones” de un oficial migratorio sobre seguridad nacional.

“El oficial tiene cualquier otra inquietud articulable con respecto a la identidad, inadmisibilidad, seguridad nacional, seguridad pública o fraude, y recomienda una entrevista para ayudar a resolver esa inquietud”, indica una de las condicionantes.

Presionan a Biden para que promueva reforma migratoria

Grupos defensores de inmigrantes lanzaron este martes campañas por todo el país, de Los Ángeles a Nueva York, con las que tratan de presionar al presidente electo Joe Biden para que actúe con rapidez en la protección de la comunidad migrante y que impulse una reforma migratoria que permita a 11 millones de indocumentados regularizar su situación en el país.

Los llamados en varios estados se dan a un día después de que el Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó que la fórmula demócrata Joe Biden-Kamala Harris ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre, despejando su camino a la Casa Blanca tras semanas de intentos del presidente Donald Trump de echar abajo los resultados.

La convocatoria más grande se dio en la costa este, donde delegaciones de siete estados se unieron en Nueva Jersey a una caravana que partió hacia Wilmington, Delaware, la ciudad de Biden y donde tiene su oficina general, para instar al demócrata a actuar y trabajar por los inmigrantes desde su primer día en la Casa Blanca.

La caravana reunió a casi 500 personas que llevaban decorados sus vehículos pidiendo a Biden tomar medidas urgentes que ayuden a los latinos.

Jenna DeFosse, de la organización CASA in Action, dijo que los activistas tocarán la puerta de Biden con estas solicitudes, que incluyen un pedido al presidente electo para que voltee a ver a Puerto Rico, y las necesidades que enfrenta la isla.

“Elegimos una nueva visión para nuestro país, una que comienza con un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados y comienza a corregir el daño sufrido por nuestras comunidades durante los últimos cuatro años de una Administración que fue cruel e inhumana con las vidas de inmigrantes y refugiados”, dijo Sulma Arias, portavoz de FIRM, en un comunicado

La campaña “We Are Home” (Estamos en Casa), recientemente formada por decenas de organizaciones, impulsó más de 50 eventos en 27 estados, que incluyen acciones en Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Texas, Utah, Virginia, Washington y Wisconsin.

Nuevas caravanas de migrantes que preparan su viaje a EE.UU. pondrán a Biden a prueba

Los países centroamericanos, que sufren con mayor intensidad las consecuencias crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, vieron el mes pasado cómo dos huracanes devastadores dejaron abnegada una parte importante de su territorio. Tras nueve meses de restricciones de viaje y alto índice de desempleo, cada vez más familias se preparan para poner rumbo a Estados Unidos.

Si bien la inmigración no ocupó en la última campaña electoral el peso que tuvo en 2016, el presidente electo, Joe Biden, se comprometió a acabar con las políticas de Donald Trump en esta materia. Pero el arribo de migrantes centroamericanos a la frontera sur le pondrá a prueba en cuanto llegue a la Casa Blanca el próximo mes de enero.

Las razones de la caravana

“Habrá caravanas y en las próximas semanas aumentará” el flujo de llegadas, según dijo a Bloomberg José Luis González, coordinador de la organización no gubernamental Red Jesuita con Migrantes de Guatemala. “La gente ya no tiene miedo al coronavirus. Están pasando hambre, lo han perdido todo y algunos pueblos todavía están inundados“, añade.

González explica que cuando hay un cambio en los gobiernos de Estados Unido o México, empiezan a armarse caravanas para tomar el pulso a las autoridades entrantes. “Lo que ven (ahora) es que el que dijo que iba a construir un muro y odiaba a los latinos está de salida”, asegura González.

La presión migratoria ha aumentado en el último mes tras los estragos que provocaron los huracanas Eta e Iota en medio de una temporada sin precedentes en el Atlántico. Tras peticiones de países centroamericanos, la Administración Trump anunció este lunes la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de El Salvador, Honduras y Nicaragua (entre otros) que llegaron hace décadas a Estados Unidos también como consecuencia de desastres naturales.

Solo Eta causó daños por valor de cinco millones de dólares en toda la región y afectó a tres millones de personas. Se inundaron casas, se dañaron carreteras, puentes y cultivos en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Respecto a Iota, los gobiernos están todavía contabilizando los daños que causó y algunos pueblos continúan aún parcialmente abnegados.

El reto de Biden ante la inmigración

Dos de las medidas migratorias de Trump que Biden ha prometido revertir son la detención prolongada y la separación de familias. Tras una orden judicial, la Administración actual trató de reunir con sus padres a los menores que había separado. Sin embargo, aún no han podido encontrar a los progenitores 666 niños y niñas.

Varias organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han advertido repetidamente que en materia migratoria no será suficiente volver a la era Obama, a quien apodaron “jefe de las deportaciones”. Aunque en un debate electoral, Biden quiso desvincularse del anterior presidente demócrata, será muy difícil conseguir cambios de gran calado si no se establece una mayoría demócrata en el Senado.

Los asesores de Biden proyectan alejarse de las políticas de Trump y, al mismo tiempo, evitar que la frontera se abra de golpe, dicen a Bloomberg personas familiarizadas con la planificación. Temen que los cambios rápidos y de gran envergadura pueden provocar que más personas emprendan su viaje al norte.

El nominado del presidente electo para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estuvo al frente de la gestión del aumento del flujo migratorio durante la Administración Obama. Alejandro Mayorkas creo más centros de detención para familias y aumentó las deportaciones, dos medidas que le valieron la crítica contundente de organizaciones civiles.

Los datos migratorios

La cantidad de personas que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha detenido a lo largo de las casi 2,000 de frontera entre México y Estados Unidos ha aumentado en los últimos seis meses. La agencia dice que en abril, al inicio de la pandemia y de las restricciones de viaje, registraron 17,000 frente a los más de 69,000 del último conteo.

La migración de Centroamérica a México y EE.UU. empezó a aumentar después del huracán Mitch de 1998 y el huracán Stan de 2005. Otros desastres naturales han forzado desde entonces a los habitantes de la región a abandonar su lugar de nacimiento. En El Salvador, una fuerte sequía entre 2014 y 2015 afectó a la producción de maíz, otro ejemplo de la crudeza con la que los fenómenos meteorológicos afectan a estos países.

Durante la campaña presidencial, Biden pidió un paquete de ayuda de $4,000 millones de dólares para Centroamérica y dijo que su administración abordaría la crisis climática que enfrenta la región. Las caravanas de inmigrantes son un indicador de que tendrá que ponerse con este trabajo desde el principio de su gobierno.

Extensión del TPS favorece a casi 250,000 centroamericanos residentes en EEUU

Estados Unidos aprobó este lunes una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de seis países entre los que se incluye El Salvador, Honduras y Nicaragua. Unos 248,508 centroamericanos , según publicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) este jueves.

Qué supone la extensión del TPS


reseñó el periodista Joel Carzola, La Opinión, que la notificación de USCIS incluye también la prórroga de documentos como la autorización de empleo (formulario I-766) o los registros de entrada y salida de más de 200,000 salvadoreños, unos 44,000 hondureños y 4,508 nicaragüenses, que actualmente gozan de la protección.

Pero esta extensión automática de nueve meses se aplicará “siempre y cuando los beneficiarios afectados sigan siendo individualmente elegibles para el TPS”. Quienes cumplan las condiciones también podrán solicitar nuevas autorizaciones de empleo.

Cómo beneficia a Honduras
El Gobierno hondureño ya pidió el pasado viernes al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, una prórroga del permiso de trabajo de los migrantes (que vencía en enero de 2021). El país centroamericano alegaba que el paso de los ciclones Eta e Iota golpeó duramente al Valle de Sula, una región que aporta alrededor de dos tercios del Producto Interno Bruto (PIB).

“Ante los desastres que generaron en el país las tormentas tropicales Eta y Iota, el canciller Lisandro Rosales presentó en Washington una nueva solicitud oficial del Estatus de Protección Temporal“, expuso la cancillería de Honduras en un comunicado. El presidente Juan Orlando Hernández también viajó el pasado jueves a EE.UU. para pedir ayuda.

Fue otro desastre natural, el huracán Mitch de 1998, por el que 44,000 hondureños obtuvieron en 1999 el TPS, que les ha protegido de la deportación y les ha permitido trabajar en Estados Unidos y viajar al extranjero. Pero la Administración del presidente Donald Trump había decretado su final para el próximo 4 de enero.

El canciller Rosales celebró en su cuenta de Twitter la prórroga y añadió que buscarán negociar otro TPS con la futura Administración Biden.

Estas son las tres prioridades para Biden en materia migratoria

El gobierno del presidente electo Joe Biden enfrentará un complejo reto en asuntos migratorios, pero hay tres prioridades que expertos y activistas han puesto sobre la mesa: proteger a los ‘dreamers’, fortalecer la fuerza laboral agrícola y asegurar el estatus legal de la problación indocumentada.

Desde su campaña, el demócrata se ha comprometido a todo ello, pero los especialistas y congresistas lo establecieron como esencial para vencer la crisis causada por la pandemia de coronavirus.

Incluso Alejandro Mayorkas, nominado por Biden para liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reconoció la importancia y el reto que significará “arreglar el sistema migratorio roto”.

“Nuestro sistema de inmigración está roto y todos lo sabemos, el costo de ese sistema roto es incalculablemente alto, al prevenir no solamente a las familias de una mejor vida, sino al país de la prosperidad”, dijo Mayorkas en el foro virtual “Llamado Urgente para una Solución en Inmigración de Sentido Común”, organizado por la Coalición de Inmigración Empresarial Americana (ABIC, por sus siglas en inglés).

Agregó que se debe poner atención en los trabajadores de todo tipo, desde los agrícolas hasta los especializados en tecnología.

“El presidente electo Joe Biden está comprometido a arreglar este sistema migratorio roto”, indicó Mayorkas, quien recordó los beneficios que el programa de refugio le brindó a su familia, cuando su padre decidió mudarse de Cuba a Miami en 1960.

La nominación de Mayorkas ha sido celebrada por organizaciones de derechos civiles y de inmigrantes, debido a su experiencia de casi 20 años en el servicio público federal y su conocimiento del sistema migratoria, la haber sido subsecretario del DHS y director de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Debemos terminar con la política de menospreciar a los inmigrantes”, agregó Mayorkas en su intervención del evento que duró más de cinco horas con expertos de distintas áreas, así como beneficiarios de DACA y TPS.

El abogado enfatizó su rechazo a la separación de niños de sus padres, además de apuntar en la importancia de los inmigrantes para enfrentar la crisis por la pandemia de COVID-19.

“Los inmigrantes han sido esenciales para que nuestras comunidades sobrevivan a la actual pandemia, sirviendo en el país en números como personal médico, investigadores y científicos, como personal de entrega”, dijo. “Impulsaremos una agenda que sea humana, justa, que refuerce a la nación y su economía y mantenga a nuestras familias y comunidades seguras”.

EEUU: inmigrantes ya no podrán estar detenidos indefinidamente antes de ver a un juez

Los inmigrantes detenidos recientemente tienen que presentarse ante un juez en 10 días y no después de semanas e incluso meses encerrados como ha pasado hasta ahora.

La jueza federal Alison J. Nathan estableció el límite al servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una decisión que aplaudieron grupos a favor de los derechos civiles.

Los grupos de activistas señalaron en un comunicado que el fallo supone un golpe a las autoridades migratorias federales que han estado deteniendo a inmigrantes de manera indefinida antes de que puedan comparecer ante un juez.

“Los miembros del grupo podrían no tener un ‘derecho fundamental a ser liberados durante sus procedimientos de retiro’, pero el gobierno tampoco tiene un derecho ilimitado para detenerlos”, dijo la jueza al explicar que la ley autoriza la detención en lo que se resuelven los procedimientos de repatriación.

En 2014, los inmigrantes detenidos esperaban una media de 11 días antes de comparecer ante un juez. Pero en 2017 el tiempo de espera se prolongó a un mes y a casi tres meses en 2019, según el fallo de la jueza.

Victoria legal para los inmigrantes: Ya no podrán estar detenidos indefinidamente antes de ver a un juez

Los inmigrantes detenidos recientemente tienen que presentarse ante un juez en 10 días y no después de semanas e incluso meses encerrados como ha pasado hasta ahora.

La jueza federal Alison J. Nathan estableció el límite al servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una decisión que aplaudieron grupos a favor de los derechos civiles.

Los grupos de activistas señalaron en un comunicado que el fallo supone un golpe a las autoridades migratorias federales que han estado deteniendo a inmigrantes de manera indefinida antes de que puedan comparecer ante un juez.

“Los miembros del grupo podrían no tener un ‘derecho fundamental a ser liberados durante sus procedimientos de retiro’, pero el gobierno tampoco tiene un derecho ilimitado para detenerlos”, dijo la jueza al explicar que la ley autoriza la detención en lo que se resuelven los procedimientos de repatriación.

En 2014, los inmigrantes detenidos esperaban una media de 11 días antes de comparecer ante un juez. Pero en 2017 el tiempo de espera se prolongó a un mes y a casi tres meses en 2019, según el fallo de la jueza.

Más de 7,500 migrantes en centros de detención han dado positivo por coronavirus

 total de 7,527 inmigrantes indocumentados se han contagiado de coronavirus mientras estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), informó este lunes la agencia. Al 27 de noviembre pasado, la agencia tenía bajo su custodia 16,709 personas, de las cuales 347 tuvieron resultado positivo en la prueba de detección del coronavirus y estaban aisladas o bajo observación.

Desde que se inició la pandemia, al menos 67,660 inmigrantes indocumentados fueron sometidos a la prueba de detección del virus, con 7,527 positivos, y ocho de esas personas murieron por la enfermedad.

Los centros de detención con más casos positivos han sido La Palma (Arizona) con 468 infectados; Stewart (Atlanta) con 383; y Farmville (Virginia) y Bluebonnet (Texas), con 339 cada uno.

El centro de detención Stewart, con tres fallecimientos, es asimismo el sitio con el mayor número de decesos por covid-19, según el ICE.

Por su parte, el centro de El Paso (Texas) encabeza la lista de casos positivos actuales con 43 personas infectadas, seguido por el centro de detención Pearsall, también en Texas con 35; Alexandria (Luisiana) con 22; el centro correccional del Sur de Luisiana, con 19, y Pulaski (Illinois) con 19.

La cifra de personas mantenidas bajo detención por el ICE ha disminuido drásticamente desde comienzos del año, cuando el promedio diario de la población bajo custodia llegaba a unas 40,000 personas.

En el período fiscal 2019, que concluyó en septiembre del año pasado, el promedio diario de detenidos llegó a 50,165 como resultado de la política del presidente Donald Trump de aprisionar a los inmigrantes indocumentados a la espera de las audiencias de deportación.

Jueza suspende condición de impuesta para restringir el asilo

Una jueza federal en California emitió ayer jueves una orden a nivel nacional para detener provisionalmente una nueva regla del gobierno del presidente Donald Trump que restringía la elegibilidad de asilo para los solicitantes condenados por delitos menores.

En un nuevo revés para la Administración federal, la magistrada Susan Illston, de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, detuvo la entrada en vigor de la nueva regla, que comenzaría a aplicarse este viernes 20 de noviembre.

La decisión se dio tras una demanda presentada a comienzos de mes por las organizaciones Pangea Legal Services, Dolores Street Community Services, Catholic Legal Immigration Network Inc. (CLINIC” y Capital Area Immigrants’ Rights Coalition, que desafía la nueva regla migratoria.

La medida presentada por el gobierno de Trump el 21 de octubre creaba amplias y estrictas barreras para los solicitantes de asilo culpables de delitos menores e incluso, en algunos casos, perjudicaba aquellos que solo habían sido investigados, alegan las organizaciones.

El tribunal reconoció que “la nueva regla habría privado a los solicitantes válidos de obtener asilo, independientemente de si se han rehabilitado, independientemente de si su conducta delictiva ocurrió muchos años antes, o independientemente de si han cometidos actos que el Congreso ha dicho no deberían hacer que un solicitante sea inelegible para el asilo”.

Sin apoyo del Congreso, Biden no podrá hacer grandes cambios en el sistema migratorio

Las posibilidades de un cambio sustancial en el sistema de inmigración en Estados Unidos son escasas y, encarado con un Congreso dividido no puede esperarse que el presidente electo, Joe Biden, dé al asunto la prioridad que le ha dado Donald Trump, advirtieron este lunes expertos.

El gobierno del presidente Donald Trump ha restringido el otorgamiento de asilo, ha separado a miles de menores de edad de sus familias migrantes indocumentadas, y ha decretado la posible negación de visas de residente legal a extranjeros que, a criterio de los funcionarios de inmigración, puedan recurrir a programas de asistencia pública.

Algunas de estas medidas que se aplican bajo decretos, explicó Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), pueden darse por terminadas por decreto, como las vedas de viajes ordenadas por Trump en 2017 para residentes de ciertos países o modificaciones en la Acción Diferida (DACA) que abrirían es amparo migratorio a otros 400,000 extranjeros.

Una primera decisión de Biden podría dar por terminado el llamado Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), por el cual EE.UU. ha enviado a México y América Central unas 60,000 personas que llegaron a la frontera pidiendo asilo y ahora aguardan el trámite de sus pedidos, dijo Doris Meissner, exdirectora del entonces llamado Servicio de Inmigración y Naturalización.

“Pero no se puede abrir las puertas de par en par”, agregó. “Esto debería hacerse de una manera ordenada. Hay problemas logísticos y debe considerarse qué ocurrirá después”.

“La orden de emergencia por la cual, desde marzo, las autoridades en la frontera pueden usar los criterios del Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para rechazar de forma expedita a los migrantes que puedan tener síntomas de covid-19, es otro caso de una medida por decreto”, dijo Meissner.

“El futuro gobierno de Biden no ha indicado qué hará con este decreto”, agregó. “Y debe haber cautela. Será enero, las condiciones de la pandemia continuarán y es posible que haya que mantener la orden de CDC por un tiempo”.

Musaffar Chishti, otro analista de MPI, reseñó las numerosas oportunidades a lo largo de las últimas tres décadas cuando hubo expectativas de una reforma integral del sistema de inmigración de EE.UU. y que, tanto con presidentes demócratas como republicanos, fallaron por la división partidista en el Congreso.

“Con un Congreso, otra vez, dividido y polarizado las perspectivas de algo sustancial son muy pocas“, añadió.

“Biden ha prometido dar por terminadas muchas políticas de Trump”, recordó Jessica Bolter, otra analista de MPI. “Un ejemplo es la construcción del muro en la frontera, para la cual Trump ha pedido 15,000 millones de dólares. Después que el Congreso no le asignó ese dinero uno de los aspectos más controvertidos fue la declaración, por parte de Trump, de una emergencia y la transferencia de fondos del Departamento de Defensa, en 2019, para la obra”.

“Una de las acciones más fáciles (para Biden), sería el poner fin a la declaración de emergencia, pero entonces queda por decidir qué se hará con los fondos que ya se transfirieron pero no se han usado todavía”, dijo.

Con información de la agencia EFE

Cuomo cree que el gobierno podría compartir con ICE datos de receptores de la vacuna anti-COVID-19

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, advirtió ayer lunes que la Administración Trump podría usar información de quienes se pongan la vacuna del coronavirus para perseguir a inmigrantes indocumentados.

“El Gobierno federal acaba de enviar un acuerdo de formulario de intercambio de datos a los estados. Este es solo otro ejemplo de cómo intentan extorsionar al estado de Nueva York para obtener información que puedan usar en el Departamento de Seguridad Nacional e ICE y que usarán para deportar personas. Eso es lo que es esto. No lo haré”, dijo el demócrata en una conferencia telefónica.

Según Cuomo, la Administración Trump ha pedido a los estados que reciban la vacuna participar en un acuerdo para compartir datos de quienes se pongan la vacuna.

“Quieren el nombre, quieren la dirección, quieren la fecha de nacimiento, quieren la etnia, quieren la raza, el sexo y quieren el número de identificación“, aseguró el gobernador neoyorquino. Aportar esta información sería necesario para que los estados reciban la vacuna cuando este.

El acuerdo sería que agencias como la red de Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tengan acceso a la información, pero Cuomo dice que teme que agencias de inmigración como ICE también tengan acceso a esos datos.

“Ya he pasado por esto antes”, aseguró el demócrata. “Esta es una administración que ha sido implacable desde el primer día con el muro en su búsqueda de indocumentados”.

El gobernador dice que prefiere establecer un programa público estatal que gestione el programa de vacunación, pero agrega que el Gobierno federal no ha aceptado proporcionar fondos para ello.

En el debate, Trump defendió separación de familias migrantes

El presidente Donald Trump defendió ayer jueves la práctica de su gobierno de separar a niños migrantes que siguen lejos de sus familiares luego de ser detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos.

Durante el debate presidencial con su rival demócrata Joe Biden, Trump dijo que por lo general los niños que cruzan la frontera no van acompañados de sus familiares, sino “por coyotes y muchas malas personas”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) le dijo esta semana a un juez que aún hay 545 menores separados de sus padres desde 2018.

Trump dijo que su gobierno ha construido más de 640 kilómetros (400 millas) del muro fronterizo que prometió. Y agregó: “Ellos construyeron jaulas”, refiriéndose a las instalaciones de la era del presidente Barack Obama que fueron mostradas durante los reportes de prensa de las separaciones.

Biden refutó la respuesta de Trump, diciendo que los niños “fueron arrebatados de” sus familiares en 2018.

Tal como lo ha hecho desde las primarias, Biden defendió la política migratoria del gobierno de Obama, admitiendo que “tomó demasiado tiempo hacer que funcionara bien”.