INMIGRANTES

Juez federal revoca regla de Trump que niega asilo a quien que cruza por tercer país antes de llegar a EEUU

Un juez federal en Washington D.C. bloqueó en la noche del martes la regla de la administración Trump que prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo en  Estados Unidos si antes pasaron por un tercer país y no solicitaron el beneficio allí.

La regla, llamada Third-Country Asylum Rule entró en vigencia el 16 de julio del año pasado como parte de la larga lista de restricciones que la administración Trump ha implementado y que se enmarca en la denominada política de tolerancia cero en términos de inmigración.

La norma obliga los migrantes solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador a acudir primero en México antes de pedir ayuda a Estados Unidos.

En su decisión, el juez Timothy Kelly dijo que la regla “es ilegal por varias razones, incluyendo que es contraria a la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico”.

“Es arbitraria y caprichosa, y fue emitida sin los procedimientos previos de comentarios y notificación requeridos por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)”, agregó.

“Esta decisión invalida la ‘prohibición de asilo’ de Trump en la frontera sur”, confirmó en Twitter Neal Katyal, exprocurador general interino y analista legal de MSNBC. “La decisión del juez Kelly, a quien el presidente Trump designó para el banquillo en 2017, entra en vigencia de inmediato”, agregó.

Se trata de otro duro golpe para la administración en pocas semanas. Esta decisión se produce días después de la decisión de la Corte Suprema de mantener el programa DACA y de la decisión de otro juez federal de que los niños inmigrantes en centros familiares de detención de ICE sean liberados

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Inmigrantes corren riesgos en marchas antiracismo

Entre las miles de personas que marchan todos los días en apoyo al movimiento Black Lives Matter están los inmigrantes y quienes defienden sus derechos.

Pero, para ellos, manifestarse tiene un riesgo extra: terminar inadvertidamente en custodia inmigratoria.

En todo el país, los inmigrantes expresan solidaridad con el movimiento que despegó desde la muerte de George Floyd en Minneapolis. Las mismas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes prestan su apoyo a Black Lives Matter, y muchos se sienten obligados a marchar, con frecuencia bajo el argumento de que se relacionan con la lucha a la que se enfrentan las personas de raza negra con el racismo y vigilancia policial punitiva.

Pero debido al envío de agentes de inmigración a las marchas en el país, y con las relaciones que muchas cárceles locales tienen con ellos, incluso marchar pacíficamente — o, en algunos casos, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado— puede cambiar drásticamente la vida de alguien en Estados Unidos.

Por lo menos cuatro inmigrantes fueron arrestados por la policía de Phoenix cuando las marchas comenzaban a tomar fuerza. Tres de los cuatro están protegidos por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que ampara de la deportación a inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños y les otorga permisos de trabajo. Como las cárceles locales permiten que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) entren a sus instalaciones, todos terminaron en detención inmigratoria, incluida una conocida joven activista que tiene protecciones del DACA y que fue liberada al día siguiente tras la intensa presión de defensores de sus derechos. La activista, Máxima Guerrero, había fungido como observadora legal y no participaba en la protesta cuando fue arrestada, según la organización para la cual trabaja.

Los inmigrantes, y particularmente los latinos, ya han sido blanco específico de la acción policial en protestas previas.

NYC prohíbe el término inmigrante ilegal para referirse a los indocumentados

El Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York aprobó este jueves por amplia mayoría la ley que prohíbe el uso del término “alien” o sus variantes “illegal alien” o “ilegal immigrant” (extranjero, extranjero ilegal o inmigrante ilegal), para referirse a inmigrantes indocumentados en las agencias gubernamentales de la ciudad, y en su lugar dispone que se use el término “noncitizen” (no ciudadano).

La propuesta de ley que fue planteada a finales del año pasado por el concejal demócrata Francisco Moya, tras pasar el proceso de audiencias correspondiente, fue sometida a votación del pleno del Concejo, siendo aprobada por 46 votos a favor y 4 en contra.

La normativa fue desarrollada por el Comité de Inmigración del Concejo Municipal, y contó con el patrocinio a más de su mentor, el concejal Moya, de los ediles Farah N. Louis, Daniel Dromm, Ben Kallos, Helen K. Rosenthal, Costa G. Constantinides, Keith Powers y Carlina Rivera.

Los términos “inmigrante ilegal” y “extranjero” no tienen cabida en los documentos o el discurso social de nuestra ciudad en la actualidad. Estas palabras son palabras obsoletas que se utilizan para deshumanizar a las personas. Es hora de retirarlos”, dijo Moya al anunciar la aprobación.

De acuerdo con el concejal -hijo de inmigrantes ecuatorianos- las palabras importan. El lenguaje que elegimos usar tiene poder y consecuencias. Es hora de que, como ciudad, usemos nuestro idioma para reconocer a los residentes como personas, en lugar de deshumanizarlas y dividirnos”, insistió Moya.

De acuerdo con documentos del Comité de Inmigración, la ley No: 1836-A, reemplaza el término “extranjero” con “no ciudadano” siempre que se refiera a personas no ciudadanas en los Estatutos de la Ciudad y el Código Administrativo. Además, prohibiría a la Ciudad usar los términos “extranjero”, “extranjero ilegal” o “inmigrante ilegal” en cualquiera de sus leyes, documentos o materiales a menos que haga referencia a una ley o programa federal.

El presidente del Concejo, Corey Johnson coincidió con las expresiones de moya subrayando que, “ningún ser humano es ilegal”.

Agencia migratoria de EEUU, la USCIS, se queda sin fondos por pandemia

La agencia gubernamental de Estados Unidos que procesa las solicitudes de naturalización y visas de trabajo se está quedando sin fondos debido a la pandemia del COVID-19 y dice que necesita aumentar sus tarifas y recibir financiamiento de emergencia del Congreso para mantenerse a flote.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) suele financiarse con las cuotas que cobra a las personas que intentan vivir o trabajar en el país, pero el domingo informó que ha sufrido un descenso drástico en las solicitudes debido a la pandemia.

Gran parte del sistema migratorio del país se ha detenido. Casi todos los procesamientos de visas del Departamento de Estado están suspendidos y los viajes a Estados Unidos están restringidos. En abril, el presidente Donald Trump anunció una interrupción de 60 días en la emisión de tarjetas de residencia permanente para limitar la competencia por empleos en una economía estadounidense devastada por el coronavirus.

El USCIS indicó en un comunicado que espera que sus ingresos se reduzcan en aproximadamente 61% a lo largo del año.

Envió una petición al Congreso el viernes para un financiamiento de emergencia de 1.200 millones de dólares, e indicó que se los reembolsará a los contribuyentes al agregar un cargo adicional de 10% a las cuotas de solicitud.

La agencia no especificó si reducirá su fuerza laboral o dará licencias, pero dijo que ha reducido gastos y, si no recibe el financiamiento de emergencia del Congreso, tendrá que “tomar medidas drásticas para mantener la agencia a flote”.