JUSTICIA

Duque firma decreto para regularizar a migrantes venezolanos residentes en Colombia

Colombia puso en marcha ayer lunes (01.03.2021) el plan para regularizar a alrededor de un millón de migrantes indocumentados que llegaron a Colombia huyendo de la crisis de Venezuela, tras la firma del decreto por parte del presidente Iván Duque.

El decreto da vida al llamado “estatuto de protección temporal a migrantes venezolanos”, que les permite “transitar” en Colombia y les da un plazo “de 10 años para adquirir una visa de residentes”.

“Hoy nuestro país apela a la solidaridad (…) Sabiendo que no somos un país rico, pero eso no nos limita en la fraternidad, ni en el reconocimiento del dolor”, expresó Duque este lunes en la sede presidencial en Bogotá. 

Según Migración Colombia, hasta el pasado 31 de diciembre había en el país 1,72 millones de migrantes venezolanos, de los cuales cerca de un millón son indocumentados.

Venezuela acogió “con los brazos abiertos” a cientos de miles de colombianos

Durante la firma del decreto, Duque recordó que Venezuela acogió “con los brazos abiertos” a cientos de miles de colombianos que huyeron de la pobreza y el conflicto armado desde 1970.    

El decreto también dicta que los que ingresen regularmente durante los próximos dos años podrán acogerse al mismo beneficio. El gobierno precisó que “podrá prorrogar o dar por terminados los efectos del Estatuto en cualquier momento”.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), Filippo Grandi, describió como un “hito histórico” la firma del decreto, mientras que António Vitorino, director de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aseguró que la “medida reducirá las vulnerabilidades de los refugiados y migrantes” en el país.

Un juez federal dictamina que la moratoria de desalojo es inconstitucional

Un juez federal en Texas dictaminó ayer jueves que la moratoria federal sobre los desalojos es inconstitucional, según documentos judiciales.

El juez de distrito estadounidense John Barker, quien fue designado por el entonces presidente Donald Trump para la corte en el Distrito Este de Texas, no llegó a emitir una orden judicial preliminar, pero dijo que esperaba que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) respetaran su decisión y retiren la moratoria de desalojoinformó CNN.

“El gobierno federal no puede decir que nunca antes invocó su poder sobre el comercio interestatal para imponer una moratoria de desalojo residencial. No lo hizo durante la mortal pandemia de gripe española. Tampoco invocó tal poder durante las exigencias de la Gran Depresión. El gobierno federal no ha reclamado tal poder en ningún momento durante la historia de nuestra nación hasta el año pasado”, escribió Barker. Y aunque la pandemia de Covid-19 persiste, dijo el juez, “también lo hace la Constitución”.

El fallo marca un esfuerzo legal que comenzó cuando un grupo de propietarios y propietarios de Texas demandó a los CDC y al Departamento de Salud y Servicios Humanos en octubre, por la Orden de Moratoria de Desalojo emitida por la administración Trump en septiembre.

La orden, citando el hecho de que “COVID-19 presenta una amenaza histórica para la salud pública”, suspendió temporalmente los desalojos residenciales.

Pero los propietarios de viviendas argumentaron en su demanda que el gobierno federal no tenía el poder de detener los desalojos.

Barker apoyó ese argumento y escribió en su fallo que el Congreso carecía de autoridad para otorgar a los CDC el poder de detener los desalojos en todo el país, y señaló que la moratoria amenazaba con invadir los derechos de los propietarios, según la ley estatal.

Los demandantes estaban representados por dos grupos legales conservadores, la Texas Public Policy Foundation y Southeastern Legal Foundation, que elogiaron la decisión como una victoria.

Corte de Apelaciones de California rechaza nueva regla de carga pública del Gobierno Trump

La corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló este miércoles en contra de la aplicación de la regla del Gobierno federal conocida como “carga pública” al considerar que genera un daño financiero a los estados.

La medida ha sido criticada por activistas defensores de los inmigrantes especialmente porque podría llevar a que, ante la pandemia de la COVID-19, algunos inmigrantes contagiados no acudan a los servicios públicos de salud.

De igual forma, varias demandas presentadas contra la regla alegan que la medida lleva a que inmigrantes que tendrían derecho a aplicar por ayudas federales como dinero en efectivo, alimentos o subsidio de vivienda, no las utilicen y en cambio busquen ayudas estatales o locales, causando un daño financiero a los gobiernos respectivos.

“El panel concluyó que esto constituye un daño suficiente”, declaró la Corte en su decisión.

El panel de tres jueces, que falló a favor de los demandantes en una votación de 2-1, igualmente encontró que “la regla es inconsistente con cualquier interpretación razonable del estatuto de carga pública y por lo tanto contraria a la ley”.

Xavier Becerra, fiscal general de California, que figura entre los estados que han demandado la norma, aplaudió la decisión de la Corte de Apelaciones y aseguró que mantendrá su lucha jurídica contra la medida.

“Mientras continuamos enfrentando una crisis económica y de salud pública sin precedentes, forzar a las familias trabajadoras a escoger entre necesidades básicas o mantener su estatus de inmigración es inhumano”, señaló Becerra en una declaración al conocerse el miércoles el fallo.

La decisión de la corte de apelaciones de California afecta también a Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia, según indicó la fiscalía.

Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un comunicado en el que informó que actualmente “está revisando la orden de la Corte” y no ofreció más comentarios.

Juez federal de EE.UU. frena bloqueo de Trump a visas de trabajo

Un juez federal de Estados Unidos ordenó la suspensión de algunas restricciones de visas impuestas por el gobierno de Donald Trump a trabajadores extranjeros capacitados, muy buscados por las firmas tecnológicas, informaron ayer jueves las organizaciones profesionales que las habían impugnado ante la justicia.

Amazon, Apple y Facebook se encuentran entre los gigantes tecnológicos y las organizaciones que firmaron una petición judicial que dice que la medida de bloquear las visas para trabajadores tomada por Trump perjudica al país.

El juez federal Jeffrey White en San Francisco otorgó una orden judicial preliminar, ordenando la suspensión inmediata de una serie de restricciones de visa, incluidas las visas H-1B, utilizadas por las empresas tecnológicas para contratar talentos en áreas con poca mano de obra disponible.

“Agradecemos que la corte reconoció el daño real e inmediato que estas restricciones han significado para los manufactureros y detuvo esa política equivocada hasta que la corte pueda considerar completamente el asunto”, dijo Linda Kelly, de la Asociación Nacional de Manufactureros, uno de los grupos que presentó la demanda.Trump excedió su autoridad

El juez concluyó que Trump excedió su autoridad en una orden ejecutiva que detuvo la emisión de visas de trabajo para no inmigrantes, según TechNet, otro de los grupos detrás de la demanda.

“Cualquier política u orden que obstaculice la capacidad de las empresas estadounidenses para encontrar trabajadores altamente calificados solo perjudica nuestra recuperación económica en este momento crítico”, dijo la director ejecutiva de TechNet, Linda Moore.

“A medida que continuamos trabajando para fortalecer nuestra cartera de talentos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) nacional y empoderar a la fuerza laboral del mañana, debemos asegurarnos que los programas de visas permanezcan vigentes para cubrir la escasez critica de mano de obra altamente calificada”, agregó.

Los gigantes de Silicon Valley presentaron un escrito en apoyo a la demanda de la Cámara de Comercio y grupos comerciales contra una proclamación emitida por Trump en junio que suspendía las visas.

“La suspensión por parte del presidente de los programa de visas de no inmigrantes, supuestamente para ‘proteger’ a los trabajadores estadounidenses, en realidad perjudica a esos trabajadores, sus empleadores y la economía”, argumentó el informe respaldado por más de 50 empresas y organizaciones de tecnología.

Otros que se unieron a la petición fueron Microsoft, Twitter, Uber y el Consejo de la Industria de Tecnología de la Información.