TPS: inmigrantes persisten en su lucha por la residencia permanente

Cientos de beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) agrupados en la Alianza Nacional volvieron a Washington DC ayer lunes para hacer presión por un paquete de ajuste que les facilite un camino al a residencia permanente cuando en cortes federales siguen litigios luego de que se les cancelara la protección en 2018.

El coordinador nacional de la organización José Palma, quien llegó a Washington DC desde Boston, Massachussets, consideró en declaraciones a la Voz de América que la apuesta de impulsar una legislación que les ampare y evite que más de 319.000 trabajadores entren en listas de deportación es “una decisión política”.

”Sabemos que la decisión de darnos residencia permanente es una decisión política, y todavía el Partido Demócrata puede empujar una residencia permanente para nuestra comunidad inmigrante”, comentó Palma.

En la antesala de la actividad de este lunes, la parlamentaria Elizabeth MacDonough rechazó los planes del ala demócrata de incluir en el proyecto de Ley de Presupuesto un plan para que beneficiarios de TPS y del Programa de Acción Diferida (DACA) y otros inmigrantes con posibilidades de tener acceso a la residencia permanente entraran dentro del proyecto general.

EE.UU. prorroga el TPS para los hondureños hasta “nuevo aviso”

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ponderará bajo el mismo parámetro las prórrogas automáticas del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nepal, al estar estos en un proceso judicial diferente a la querella en cortes federales por la cancelación del TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudan.

Por tanto “la cancelación del TPS para Honduras y Nepal no entrará en vigencia hasta nuevo aviso”, dijo DHS en un aviso de la edición en línea del Registro Federal este miércoles.

La agencia reitera que hondureños y nepalíes solo perderían el estatus legal por faltas individuales que les lleven a inadmisibilidad de la prórroga automática, tanto del permiso de trabajo como de estancia legal en Estados Unidos.

La norma se aplicará igual que a los otro cuatro países beneficiarios que están pendientes de una decisión final de la corte, como manda el proceso legal vigente, según explica DHS en el aviso en el equivalente a un Diario Oficial de Estados Unidos.

“Los beneficiarios bajo las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal conservarán su TPS mientras la orden judicial preliminar en Ramos y la orden Bhattarai permanezcan en vigencia, siempre que el TPS de un extranjero no se retire debido a inelegibilidad individual”, reza el anuncio.

Estos seis países vieron uno a uno la cancelación del estatus migratorio desde finales de 2017 hasta mediados de 2018 cuando vencían las reinscripciones dadas por la administración Barack Obama y que la entonces nueva gestión de Donald Trump decidió finiquitar.

Inmigrantes con TPS arrecian batalla legal por la residencia

Un grupo de inmigrantes beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS) arreciaron su batalla legal contra el Gobierno del presidente Donald Trump por bloquear su camino a la Residencia Permanente.

Los demandantes que viven en el Distrito de Columbia, Maryland, Virginia y Miami, Florida, y son respaldados por el Centro de Recursos de América Central (CARECEN), presentaron una moción para una obtener orden judicial preliminar que bloqueé los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en contra de su “green card”.

Las declaraciones describen el daño causado por la política que califican de ilegal, ya que fue autorizada por el entonces director en funciones de USCIS, Ken Cuccinelli, cuyo nombramiento fue declarado ilegal por un reporte interno del DHS.

Es una demanda separada presentada por Democracy Forward, Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), RAICES y Debevoise & Plimpton LLP.

Los demandantes en este caso están representados por Democracy Forward, CLINIC, Montagut & Sobral, PC y Debevoise & Plimpton LLP, reportaron las organizaciones.

“Una decisión reciente del Noveno Circuito que levanta una orden judicial allana el camino para que la Administración Trump avance con sus planes para eliminar las protecciones para muchos beneficiarios de TPS”, indican los defensores.

Recuerda que la protección de TPS podría terminar, para algunos beneficiarios, en marzo de 2021.

Las personas más afectadas serían personas con órdenes de deportación preexistentes.

“Antes del cambio ilegal de USCIS, cada uno de los demandantes tomó medidas importantes y costosas para ser elegibles para solicitar la residencia permanente”, indican los activistas.

Heroldine Bazile, por ejemplo, tenía solo ocho meses cuando su madre huyó de Haití por temor a su seguridad y la trajo a los Estados Unidos para vivir una vida mejor.

Bazile se graduó de la escuela secundaria en 2016 con un diploma del programa de Colocación Avanzada; es una técnica farmacéutica en Miami, Florida, y está completando su licenciatura en ciencias mortuorias y espera algún día ser dueña de una funeraria.

“Si el gobierno de EE. UU. pone fin al programa TPS para Haití… podría sacarme de Estados Unidos y enviarme de regreso a Haití, donde no he vivido desde que era un bebé”, dijo Bazile.

Beneficiarios del TPS inician viaje para defender la protección migratoria

La comunidad de los beneficiarios por el Estatus de Protección Temporal (TPS) iniciaron este lunes desde Los Ángeles la campaña ”En el Camino Hacia la Justicia”, con la que recorrerán en un bus 32 estados y 54 ciudades buscando apoyo entre votantes para presionar al Congreso por la residencia permanente.

“Hemos estado aquí por décadas, trabajado duro, aportando a este país, acatando la ley. Tenemos familias e hijos ciudadanos, nos merecemos esa residencia”, dijo el salvadoreño Julio Pérez, quien conduce el bus que sale por segunda vez en el recorrido nacional buscando respaldo para cerca de 4000,00 inmigrantes que perderían el amparo el próximo año.

La salida del bus, y el inicio de la campaña, se dio desde las instalaciones de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, condado de Los Ángeles (California), donde el pasado lunes se revirtió una decisión de 2018 de un juez federal que bloqueó la suspensión del TPS para los beneficiarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

“Fue un golpe muy duro, pero somos una comunidad que lucha y esta decisión no nos va a detener”, advirtió la salvadoreña Verónica Lagunas, quien trabaja en la limpieza y ha estado protegida por el beneficio desde 2001.

La campaña, que recorre por segunda vez el país (la primera fue en agosto de 2018), está enfocada en tres grandes partes: la necesidad de una residencia permanente para los beneficiarios del TPS, el llamado a salir a votar, y una campaña de salud dirigida a los trabajadores hispanos y de minorías afectados por la COVID-19.

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que han respaldado la Alianza TPS, explicó a Efe que los inmigrantes que viajan en el bus están entrenados para hablar sobre los temas en comunidades, que incluirán territorios conservadores y de mayoría blanca.

“Sabemos que podemos ser rechazados, pero ya aprendimos del primer recorrido y vamos a insistir porque nosotros no vamos con odio; vamos a explicarles quiénes somos y lo que estamos haciendo los inmigrantes por este país”, sostuvo Alvarado.

El activista recalcó que es importante educar a los votantes sobre el momento político que atraviesa el país, y que en su opinión se dirige hacia el fascismo.

“Nosotros en nuestros países hemos vivido esto, y sabemos el desastre que puede pasar si no lo detenemos. No podemos seguir alimentando la ideología de la superioridad blanca”, agregó Alvarado.

Por las siguientes semanas el bus llegará hasta estados clave en las elecciones presidenciales y del Congreso del próximo 3 de noviembre, como Arizona, Nevada, Florida, Virginia, Pesilvania, Maine y Wisconsin. En el bus viajan amparados del TPS de California, Florida, Texas, Colorado, Nueva York y Massachussetts, entre otros estados.

Los acompañan en esta travesía hijos de los beneficiarios, nacidos en Estados Unidos y que se verían afectados cuando sus padres se vean obligados a salir del país.

Según la demanda presentada en 2018 por beneficiarios y sus hijos, unos 200.000 estadounidenses hijos de titulares del TPS se verían afectados por el fin del programa. Crista Ramos, de 16 años, es una de las ciudadanas que demandó el Gobierno ya que su mamá, Cristina Ramos, se vería obligada a salir del país y dejarla sola.

La decisión de los tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito será apelada, informaron hoy los activistas.

De mantenerse la decisión de la Corte los beneficiarios por el programa perderían sus permisos de trabajo, licencias de manejar, y en algunos casos enfrentarían más rápido la deportación.

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias. No nos van a detener”, concluyó Alvarado.