Colombia cumple un mes de protestas golpeadas por la violencia

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Dos reformas canceladas, varias renuncias gubernamentales y la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro son parte del balance. Pero, la violencia se ha convertido en su alto costo. Muertes, desapariciones y abusos sexuales alarman sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas presuntamente por la fuerza pública. La CIDH advierte sobre una grave crisis.

Una desigualdad de décadas avivada con impopulares reformas políticas detonó el hartazgo por el que miles de colombianos se tomaron las calles. Tras un mes de protestas, algunos frutos han sido visibles. Sin embargo, aún quedan muchas peticiones por resolver. La crisis se agrava con la mirada puesta en las violaciones a los derechos humanos.

Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril junto a un paro nacional, presionaron al Gobierno y a los legisladores a archivar las impopulares reformas tributaria y de salud, iniciales detonantes de las manifestaciones.

Pero la decisión de la Administración de Iván Duque no logró contener los reclamos, ahora avivados por denuncias de brutalidad policial que derivaron en impactantes focos violentos, especialmente en Bogotá, la capital, y en Cali, la tercera ciudad del país. Las inconformidades se extienden a otras demandas.

Entre ellas, un ingreso básico, oportunidades para los jóvenes y el fin de la violencia policial, incluidos los llamados para eliminar ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, acusado de reprimir a los manifestantes. Los ciudadanos también expresan su frustración por la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la continua violencia en las zonas rurales, donde son asesinados líderes sociales y excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC.

A continuación, un repaso sobre lo que deja el primer mes de las movilizaciones que sacuden a Colombia:

Las protestas disminuyen su volumen, pero el pulso sigue siendo sólido

Luego de 30 días, las manifestaciones han atravesado por jornadas con menor flujo de participantes. El 26 de mayo Colombia vivió su quinto paro nacional en el que se evidenció una disminución en la asistencia.

No obstante, queda demostrado que aún hay cientos de personas elevando sus voces dispuestas a presionar por cambios sustanciales.

El impulso se mantiene. “Las protestas nos afectan, pero es preferible ir a la huelga uno, dos, tres meses que pasar la vida entera con tanta corrupción, sin ayuda del Estado”, aseguró el trabajador bancario Eduard Barragán, de 29 años, en el centro de Bogotá.

Si bien la mayoría de manifestaciones son pacíficas, del otro lado, hay quienes no están de acuerdo con las huelgas y los bloqueos de carreteras que durante un mes de estallido social han paralizado aún más los negocios, creado desabastecimiento de combustible y alimentos en algunas ciudades, así como daños a peajes, estaciones de policía, bancos y establecimientos comerciales. Estos grupos de personas también han salido a expresarse en una especie de contra protesta.

Frente a la condena internacional por el uso de fuerza excesiva, el Gobierno de Duque asegura que respeta las manifestaciones pacíficas, al tiempo que insiste en que los bloqueos de carreteras no son protestas legítimas y deben ser levantadas.

Dos reformas canceladas y varias renuncias gubernamentales

La presión de las movilizaciones a lo largo del país deja por el momento dos logros tangibles: el retiro del proyecto a la reforma tributaria, anunciado el pasado 2 de mayo y la cancelación de la reforma a la salud, el pasado 19 de mayo.

La iniciativa fiscal buscaba un importante aumento de impuestos sobre las clases media y baja del país para recaudar alrededor de 6.302 millones de dólares, con el fin de llenar los agujeros de las arcas públicas del Estado, golpeadas por la pandemia del Covid-19. Pero en un momento de crisis económica, justamente a raíz de la emergencia sanitaria que obligó al cierre del comercio, turismo y diversos negocios, este proyecto fue solo la última gota que colmó la paciencia de los ciudadanos.

La reforma a la salud, por su parte, pretendía privatizar una sanidad de por sí altamente tercerizada. En medio de las fuertes críticas desde distintos sectores, el Congreso votó por mayoría para archivar el controvertido proyecto de ley 010 de 2020.

El remesón ha llegado hasta las altas esferas del poder político. El Gobierno ha recibido tres renuncias en el último mes. El pasado 5 de mayo, dimitió el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Los manifestantes pedían su cabeza tras ser el impulsor de la polémica reforma tributaria.

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