El Salvador: destitución de jueces enciende alarmas por autoritarismo

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El nuevo Congreso de El Salvador, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión el sábado y destituyó a jueces enfrentados con el gobernante y al fiscal general, en una decisión considerada por la comunidad internacional como un intento de concentrar el poder.

El Parlamento retiró del cargo a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a los suplentes. De inmediato se nombró a sus reemplazantes, que escoltados por la policía llegaron al Palacio de Justicia para asumir funciones.

La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias “arbitrarias”. Sin embargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon “la inconstitucionalidad del decreto de destitución” y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado. Enfrentados con el presidente

“Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: íDESTITUIDOS!”, enfatizó
Bukele al ser aprobada la destitución.

Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción.

El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía. En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas.

La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema, y resuelve demandas de inconstitucionalidad, ‘habeas corpus’ y controversias entre los poderes del Estado.

Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”.

“Los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita a funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin la vida no existen demás derechos constitucionales”, consideró la legisladora Suecy Callejas, del gobernante Nuevas Ideas.

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