El USCIS aumentará el 10% de sus tarifas, así lo solicitó al Congreso de Estados Unidos

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Debido a la crisis financiera que enfrenta, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) solicitó al Congreso $1,200 millones de dólares, además anunciar un recargo de 10% a sus tarifas.

Ese aumento es independiente de los nuevos costos que la agencia analiza para distintos servicios.

Los republicanos del Senado integraron la petición de los fondos extra en la Ley HEALS y, de aprobarse, también se permitiría el incremento del 10%, confirmó la agencia en un correo electrónico.

“El recargo del 10% se aplicaría a las tarifas de peticiones y solicitudes de inmigración si el Congreso aprueba y proporciona la propuesta de financiación“, indicó la agencia a este diario.

La semana pasada, USCIS canceló su plan de despido temporal de más de 13,400 de sus 16,700 empleados, lo cual haría el 3 de agosto por falta de fondos, pero tras las negociaciones entre senadores y la Casa Blanca, los fondos solicitados fueron integrados en el plan de estímulo dado a conocer el lunes pasado.

El senador Patrick Leahy (Vermont), vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado, celebró la decisión que pudo haber complicado los trámites migratorios y recrudecido los problemas financieros de miles de familias.

“El enviar a licencia sin pago a miles de empleados públicos en medio de una pandemia y con el desempleo en niveles sin precedentes hubiese trastornado completamente la vida de los hombres y mujeres dedicados al trabajo en USCIS”, indicó.

USCIS es una de las agencias gubernamentales que operan con autofinanciamiento, obtenido de las tarifas que pagan los inmigrantes en sus trámites de visas de trabajo y estudiantiles, Residencia Permanente y naturalización.

Debido a la pandemia de coronavirus, los trámites se han reducido, lo que ha impactado hasta un 60% los ingresos de la agencia que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esa oficina busca obtener los nuevos recursos antes de que termine el actual año fiscal, es decir el 30 de septiembre como máximo.

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