Más de 30 organizaciones de boricuas piden a Biden cancelar la deuda de Puerto Rico, entre otros asuntos

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Más de 30 organizaciones que representan a puertorriqueños en la diáspora publicaron una carta abierta en la que enumeran las principales necesidades y problemas que enfrenta la isla con el fin de que la Administración entrante de Joe Biden y Kamala Harris tome acción y garantice los derechos de los habitantes del territorio estadounidense desde hace más de un siglo.

La misiva pide en principio la derogación de la ley PROMESA, aprobada en el 2016, por el Congreso de Estados Unidos que viabilizó la creación de la Junta de Control Fiscal. Según los suscribientes, la situación económica de Puerto Rico se ha agravado más desde que se le dio paso al estatuto a nivel federal, a pesar de que con la ley se buscaba ajustar las finanzas del país.

“Esta ley impuso una Junta de Control Fiscal (FOMB, por sus siglas en inglés) no elegida y no responsable ante el pueblo, encargada de equilibrar las finanzas de la isla y guiarnos a través de un proceso de reestructuración de la deuda. Desafortunadamente, la Junta ha impuesto medidas de austeridad devastadoras que han debilitado aún más la infraestructura pública de salud, educación, y energía en Puerto Rico”, plantean los activistas en el documento.

“Las medidas de austeridad han incluido recortes a Medicaid, las pensiones, las escuelas públicas en todos los niveles (incluyendo la Universidad de Puerto Rico), la compensación para los empleados públicos y los presupuestos de los municipios que han visto grandes dificultades a raíz de los desastres naturales. Estas medidas no han tenido éxito en encaminarnos hacia una recuperación económica y salud fiscal a largo plazo en Puerto Rico”, agregan.

En el llamado público que circula desde este lunes en el ciberespacio se emplaza a que Biden y su equipo trabajen para cancelar la deuda que mantiene a la isla atada a las disposiciones federales, y, en su lugar, aboguen por la Ley de Alivio Territorial de EE.UU. de 2019, mediante la cual se crearía un fondo de compensación para ciertos acreedores y garantizaría una auditoría integral de las causas y fuentes de la deuda en la isla.

Adicional, la carta destaca el impacto del huracán María en las finanzas locales y la lentitud de las autoridades en EE.UU. para responder a la emergencia. En ese sentido, las organizaciones solicitan el desembolso inmediato de los fondos de ayuda por desastre vía HUD (Departamento de Vivienda Federal), FEMA, y de cualquier otra agencia, que ya hayan sido asignados a Puerto Rico.

También piden dejar sin efecto las condiciones “excesivamente restrictivas” impuestas sobre el uso de fondos de mitigación como CDBG-DR y CDBG.

“Estas medidas no han tenido éxito en encaminarnos hacia una recuperación económica y salud fiscal a largo plazo en Puerto Rico. Al contrario, la población de Puerto Rico vive en un mayor estado de precariedad durante esta pandemia y desastres naturales y antrópicos que parecen no tener fin…”, sostienen.

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