Multas de $300 a viajeros que lleguen a Puerto Rico sin prueba negativa del COVID-19

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El secretario designado del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado, anunció que la agencia multará en $300 a aquellos viajeros que no traigan consigo una prueba molecular negativa del COVID-19 realizada en un periodo de tres días o 72 horas previo a su arribo a la isla.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Mellado señaló que firmó la orden administrativa 2021-499 con la finalidad de establecer los requisitos para viajar a Puerto Rico. La nueva Orden impone una multa de $300 a todo viajero que no presente un resultado negativo a COVID-19, en un periodo de tres días o 72 horas previo a su arribo. Sin embargo, dicha multa será dejada sin efecto una vez el viajero se realice una prueba molecular y presente el resultado ante el sistema BioPortal en un término máximo de 48 horas tras la llegada a la Isla.

“Estamos cumpliendo con el mandato del Gobernador Pedro Pierluisi de establecer medidas más restrictivas que nos permita controlar la propagación del virus y, de esta manera, desacelerar el alza en los contagios. Estamos viendo el comportamiento de la enfermedad un poco más agresiva, lo que nos mueve a tomar cambios que nos permita proteger la vida, la salud y los recursos médico-hospitalarios”, sostuvo Mellado tras destacar que las nuevas disposiciones le aplica a los pasajeros que estén en proceso o hayan completado su proceso de vacunación.

La Orden Administrativa, que entrará en vigor el miércoles, 28 de abril, concede una dispensa a todo viajero para poder realizarse la prueba molecular sin necesidad de un referido. También, le ordena a los laboratorios darle prioridad a los viajeros que lleguen a Puerto Rico y acudan al laboratorio para realizarse la PCR.

“Los aeropuertos han sido identificados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un posible foco de fácil contagio, a estos fines, y a tono con las prioridades del Gobernador, priorizamos implementar medidas que ayuden a prevenir y controlar la propagación del virus. Los queremos sanos y vamos a continuar trabajando hasta lograr frenar la pandemia”, dijo el funcionario.

De otra parte, las personas que se han recuperado del COVID-19 pueden seguir dando positivo hasta 90 días después de su infección. Por tal razón, se permite que las personas que se recuperaron recientemente del COVID-19 puedan viajar sin presentar un resultado negativo a prueba molecular para detectar COVID-19. Sin embargo, es requisito adjuntar evidencia de su historial de recuperación en la Declaración de Viajero de manera digital. Asimismo, todo pasajero cuyo resultado de la prueba molecular arroje positivo, será responsable de asumir todos los gastos médicos y de su estadía. El viajero tendrá que mantenerse en aislamiento hasta que el Departamento de Salud así lo determine.

El DS proveerá un listado de laboratorios, por región, al que los pasajeros podrán acudir y realizarse dicha prueba sin necesidad de presentar orden médica o un referido. Los pasajeros deberán permanecer en cuarentena hasta tanto tenga el resultado negativo a la prueba molecular, el cual no debe exceder las 48 horas. Asimismo, procederá a subirla a su declaración de viajeros de manera digital. Una vez realizado el proceso, el sistema dará por cumplido el requisito del Departamento y eliminará la multa administrativa del sistema.

El galeno hizo hincapié en que, “todo pasajero que actúe en contra de las órdenes y guías del Departamento de Salud, se le impondrá una multa administrativa no mayor de $5,000.00. En el caso de una segunda ocasión la multa podrá ser hasta un máximo de diez mil dólares”.

En marzo, se informó que más de 380,000 viajeros entraron a la isla por medio del aeropuerto Luis Muñoz Marín y que menos de la mitad de estos presentó una prueba negativa del COVID-19. En junio del año pasado, la entonces gobernadora Wanda Vázquez anunció una iniciativa similar para restringir la cantidad de pasajeros que entran a la isla por medio del aeropuerto. En aquel momento, el gobierno indicó que los viajeros debían responder un formulario previo a tomar un vuelo hacia la isla o en papel al ingresar al avión. Las personas que no respondieran a las preguntas de esta aplicación —denominada Sara Alert— se encontrarían en violación de la orden ejecutiva y se expondrían a una multa de hasta $5,000 y hasta seis meses de cárcel.

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