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La jueza Barrett se estrena en la Corte y decidirá sobre las elecciones, Obamacare, aborto e inmigración

Amy Coney Barrett tomó posesión este martes como magistrada de la Corte Suprema, cimentando una mayoría conservadora (6-3) que moldeará el país durante décadas. Entre los casos pendientes en los que participará próximamente, la jueza escuchará argumentos sobre Obamacare, inmigración, aborto y derechos LGBTQ.

Barrett, de 48 años, juró su cargo vitalicio oficialmente ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, un día después de ser confirmada por el Senado con 52 votos a favor (todos republicanos) y 48 en contra (de todos los demócratas, y de la senadora republicana por Maine, Susan Collins).

Con su incorporación, apenas un mes después de su designación por parte del presidente, Donald Trump, la jueza ocupa el lugar vacante tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg el 18 de septiembre.

Barrett es el tercer nombramiento de Trump para la Corte Suprema, después de Brett Kavanaugh en 2018, y Neil Gorsuch en 2017, y es la quinta mujer en los 231 años de historia del máximo tribunal.

Barrett evitó durante su proceso de confirmación ante el Senado pronunciarse sobre asuntos como Obamacare, el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la separación de familias en la frontera, pero su historial conservador ofrece pistas de cómo podría actuar en el máximo tribunal.

En el ámbito migratorio, por ejemplo, la jueza se ha alineado con la postura de la Administración presidida por Trump en el 88% de los casos del Séptimo Tribunal de Apelaciones, según un análisis de la página web Accountable.us. https://www.youtube.com/watch?v=J4Ug48ZGBDs 

A continuación, un resumen de los casos más relevantes que llegarán a la Corte Suprema en noviembre, y el papel que podría jugar Barrett en ellos:

Discriminación contra la comunidad LGBTQ.— El 4 de noviembre, la Corte escuchará el caso Fulton v. City of Philadelphia, después de que esa ciudad eliminara el contrato de una agencia católica que provee servicios de casas de crianza porque rechazó solicitudes de parejas del mismo sexo.

Una corte de menor instancia determinó que Philadephia puede continuar su política que prohíbe la discriminación por orientación sexual. La Corte Suprema tendrá que decidir si agencias privadas que reciben fondos públicos pueden negar servicios a homosexuales o personas de distintas religiones.

Barrett, de fe católica, ha sido vinculada en su vida privada con grupos opuestos a la equidad de derechos para la comunidad LGBTQ.

Derechos de los inmigrantes.— El 9 de noviembre, la Corte escuchará una audiencia oral en el caso Niz-Chavez v. Barr, que determinará si el Gobierno federal puede agilizar la deportación de inmigrantes indocumentados al truncar, mediante citaciones judiciales, su estancia continua en el país.

En la actualidad, la ley permite que ciertos extranjeros puedan pelear sus casos de deportación si llevan entre siete y 10 años de domicilio continuo en Estados Unidos, dependiendo de su estatus migratorio.

Pero, bajo la regla conocida como “frenar el reloj”, las cortes pueden interrumpir la acumulación de domicilio continuo mediante citaciones judiciales, a veces sin precisar la documentación requerida. La Corte Suprema deberá determinar qué documentos pueden justificar “frenar el reloj”.

Barrett dijo ante el Senado que se negaba a ser “arrastrada a un debate sobre la política migratoria” de Trump, para evitar responder a preguntas al respecto.

El futuro de Obamacare.— El 10 de noviembre llega a la Corte Suprema el caso California v. Texas, sobre la exigencia dentro de Obamacare de que las personas compren seguro médico so pena de recibir multas del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).

La Corte Suprema ya apoyó en 2012 esa cláusula de la reforma sanitaria, pero el Congreso aprobó una ley tributaria que dejó esa multa en cero dólares a finales de 2018, lo que desató la disputa actual.

Si los jueces determinan ahora que esa cláusula de la reforma sanitaria de 2010 es ilegal, podrían anularla por completo y dejar sin seguro médico a 22 millones de personas ahora cubiertas bajo Obamacare.

Barrett dijo ante el Senado que no es “hostil” hacia Obamacare, pero en el pasado criticó el programa y cuestionó aspectos del dictamen de 2012 de la Corte Suprema.

Las elecciones presidenciales.— Barrett también podría intervenir en casos relacionados con la contienda presidencial en curso, dependiendo de si Trump decide impugnar los resultados de los estados más reñidos. Trump ha sugerido que llevará la batalla a la Corte Suprema para exigir un recuento de votos si pierde la reelección.

Ante presiones de senadores demócratas, Barrett rehusó recusarse de casos electorales y pidió que tuvieran más confianza en su entereza profesional, porque no se dejaría utilizar “como pieza [de ajedrez] para decir la elección”.

Además, la Corte Suprema decidirá sobre temas clave relacionados con la votación antes del 3 de noviembre.

También hay dos casos relacionados con el derecho al aborto, uno en Mississipi y otro de Georgia, que podrían llegar hasta la Corte Suprema en esta sesión. 

Alarma de progresistas

Expertos y activistas consultados por Noticias Telemundo temen que, ante el rosario de casos pendientes en la Corte Suprema, Barrett abandone la independencia que prometió tanto en el Senado como anoche durante una ceremonia en la Casa Blanca.

Ante unos 200 invitados, Barrett afirmó que, contrario a los legisladores, los jueces federales no están en deuda con quien los designa, prometiendo así que actuará con independencia y libre incluso de sus preferencias personales.

Aún así, su historial conservador despierta el recelo de activistas de la comunidad inmigrante.

“En los próximos años, es muy probable que la Corte Suprema presida sobre numerosos casos críticos respecto a inmigración y los derechos de los inmigrantes, DACA o el Censo”, señaló Todd Schulte, presidente del grupo FWD.us. “Lo más importante acá es que, si Joe Biden gana la presidencia, él debe dar prioridad a cambios políticos a través del Congreso desde el primer día de su administración”, agregó.

Corte Suprema de EE.UU. invalida ley que restringía el aborto

La Corte Suprema de Estados Unidos dio el lunes una victoria a los defensores de los derechos reproductivos al invalidar una ley restrictiva sobre el aborto en Luisiana que habría dejado al estado sureño con una sola clínica de abortos.

La votación fue de 5-4, con el Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, del lado del contingente liberal de cuatro miembros de la corte. La decisión revocó una ley que habría requerido que los médicos que realizan abortos obtengan “privilegios de admisión”, un tipo de afiliación especial, en hospitales cercanos, a pesar de que los activistas por el derecho al aborto dicen que los pacientes rara vez necesitan ser hospitalizados después del procedimiento.

La Casa Blanca deploró el fallo. La portavoz Kayleigh McEnany dijo que  la decisión “devaluó tanto la salud de las madres como la vida de los niños no nacidos. En lugar de valorar los principios democráticos fundamentales, los jueces no elegidos se inmiscuyeron en las prerrogativas soberanas de los gobiernos estatales al imponer sus propias preferencias políticas a favor del aborto para anular las normas legítimas de seguridad del aborto “

En sus primeros fallos de casos de aborto, los jueces conservadores Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, nombrados por el presidente Donald Trump, estaban en minoría, votando a favor de defender la ley de Luisiana que habría revocado un fallo de 2016, emitido por un grupo diferente de jueces de la corte, que anuló una casi idéntica ley restrictiva del aborto en Texas.

Al coincidir con el ala liberal de la corte, Roberts dijo que el respeto por el precedente de la corte en decisiones previas “nos exige, en ausencia de circunstancias especiales, que tratemos casos similares por igual. La ley de Luisiana impone una carga sobre el acceso al aborto tan grave como la impuesta por la ley de Texas, por las mismas razones. Por lo tanto, la ley de Luisiana no puede sostenerse bajo nuestros precedentes “.

La alineación de Roberts con los cuatro liberales de la corte fue sorprendente porque declaró que sigue creyendo que el caso de Texas de 2016 fue “erróneamente decidido”, pero que, sin embargo, debería cumplirse en el caso de Luisiana.

La decisión fue una victoria significativa para los defensores de los derechos del aborto en EE.UU. y un revés para los enemigos del aborto que esperaban que Gorsuch y Kavanaugh llevaran a la corte a imponer más restricciones al aborto y eventualmente a revocar la histórica decisión Roe v. Wade de 1973 que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en EE.UU. 

“La Corte Suprema envió un mensaje claro a los políticos de todo el país: Paren de intentar quitar el acceso al aborto legal y seguro”, escribió en un comunicado Alexis McGill, presidenta del Fondo de Acción de Planned Parenthood, que defiende los derechos reproductivos. 

Los defensores del derecho al aborto sostuvieron que la ley de Luisiana fue un intento velado de reducir la legalidad del aborto en Estados Unidos. El juez Stephen Breyer escribió que la mayoría “en consecuencia sostiene que el estatuto de Luisiana es inconstitucional”.

Breyers dijo que la evidencia en la disputa de Luisiana “también muestra que la oposición al aborto jugó un papel importante en las decisiones de algunos hospitales de negar los privilegios de admisión” a los practicantes del aborto.

Los expertos en salud estiman que se realizan más de 800,000 abortos al año en EE.UU., aunque la cifra ha disminuido sustancialmente desde el período de 1978 a 1997, cuando las cifras anuales superaron el millón de abortos y alcanzaron un máximo de más de 1.4 millones.

La pregunta ante el tribunal en el fallo del lunes fue si la ley de Luisiana de 2014 que exige que los médicos en las clínicas de aborto tengan privilegios de admisión en los hospitales cercanos pondría una carga excesiva en las mujeres que buscan un aborto. 

Los practicantes de aborto han dicho que habría sido casi imposible por una variedad de razones obtener privilegios de admisión hospitalaria, lo que habría dejado a Luisiana con una sola clínica de abortos, en la ciudad más grande del estado, Nueva Orleans.

Sin embargo, los partidarios de la ley dijeron que protegería la salud y la seguridad de las mujeres que buscan abortos y ayudaría a garantizar la competencia entre los médicos.

Sin embargo, los defensores del derecho al aborto citaron la rareza de la necesidad de hospitalización después de un aborto y dijeron que las mujeres podrían, si fuera necesario, ser hospitalizadas, aunque su doctor no tuviera privilegios de admisión. 

La ley de Texas anulada en 2016 dijo que la disposición de privilegio de admisión no tenía un beneficio médico.

En esa decisión, el ahora retirado juez Anthony Kennedy se unió a los cuatro liberales de la corte para formar una mayoría. En ese momento antes de que Trump asumiera la presidencia, el Departamento de Justicia argumentó que la ley de Texas debería ser revocada. Pero bajo Trump, el departamento respaldó la ley de Luisiana.

La decisión de la corte de 2016 dijo que el requisito de privilegios de admisión “proporciona pocos, si es que hay alguno, beneficios de salud para las mujeres, representa un obstáculo sustancial para las mujeres que buscan abortos y constituye una” carga indebida “sobre su derecho constitucional a hacerlo”.

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