Tag: ASILO

Biden abre la puerta a los solicitantes de asilo que fueron enviados por Trump a México

Un pequeño grupo de migrantes saluda tímidamente desde un enorme autobús que pone rumbo a la garita fronteriza de San Ysidro, en San Diego (California). Son los primeros que entran a Estados Unidos con casos activos en los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), un programa implementado por Donald Trump por el que su país devolvió a México a más de 71.000 solicitantes de asilo, la mayoría centroamericanos, y con el que su sucesor, Joe Biden, prometió acabar en sus primeros días en la Casa Blanca.

Con la entrada de ese grupo a territorio estadounidense, el Gobierno de Biden comenzó el desmantelamiento del programa por el que EE UU enviaba a peligrosas ciudades del país vecino a quienes llegaban a su territorio en busca de protección. La medida puede beneficiar hasta a 26.000 personas que todavía tienen casos activos de MPP y que llevan meses esperando en albergues, campamentos de refugiados y casas particulares en el norte de México a que un juez estadounidense atienda sus solicitudes de asilo. La pandemia paralizó esos procesos y puso a los migrantes en un limbo.

La recepción de solicitantes de asilo en Estados Unidos se puso en marcha este fin de semana, coincidiendo con el primer mes de Biden en la Casa Blanca. El procesamiento comenzó el viernes en la ciudad mexicana de Tijuana (Baja California), el punto de la frontera donde se empezó a implementar los MPP en enero de 2019, y en los próximos días se extenderá a la frontera texana, a los puentes que unen Matamoros (Tamaulipas) con Brownsville y Ciudad Juárez (Chihuahua) con El Paso. Para ello, Washington implementó una plataforma operada en coordinación con el Gobierno mexicano y la asistencia de las agencias de Naciones Unidas encargadas de la atención a migrantes y refugiados, la ACNUR y la Organización Internacional para las migraciones (OIM).

“Hay una necesidad urgente de atender a las personas vulnerables que están en esta situación”, dijo un funcionario de Naciones Unidas en una llamada con los medios en la que explicó cómo funcionaría el proceso. El procedimiento contempla que los solicitantes de asilo rellenen un formulario online para solicitar el traslado a ciudades estadounidenses donde tienen familiares o amigos que los reciban y donde esperarán su cita ante una corte de inmigración. Los beneficiados serán convocados a la frontera 24 horas antes del día asignado para su cruce. Allí se les hará una prueba de antígenos para descartar que están contagiados de coronavirus. Si el resultado sale negativo, serán procesados por la Patrulla Fronteriza y liberados con la fecha de su próxima cita ante un juez. En caso de que algún migrante esté contagiado, se le trasladará a unas instalaciones donde podrá hacer cuarentena antes de cruzar la frontera.

En territorio estadounidense, los migrantes “serán procesados rápidamente y los traerán con nosotros, que los daremos conexión con sus familiares en los lugares donde continuarán sus procesos de inmigración”, explica Norma Pimentel, directora de Caridades Católicas en el Valle del Río Grande. En el albergue de su organización en McAllen (Texas) ya están preparados para recibir a los solicitantes de asilo. Como sucedía antes de que Trump implementara los MPP, les ofrecerán cama y comida y les ayudarán a comprar sus billetes de avión o autobús para que puedan viajar a otros puntos de Estados Unidos, donde sus familiares o amigos los esperan.

“Están muy contentos de que se abrió una puerta y que tienen esperanza de que posiblemente van a entrar a EE UU a continuar su proceso de asilo”, asegura Pimentel. La religiosa dice sentirse contenta después de haber visto sufrir a los solicitantes de asilo —muchos de ellos familias con niños pequeños— en el campamento de migrantes de Matamoros, un asentamiento al lado del Río Grande, donde en los últimos días, con la ola de frío, las temperaturas han caído por debajo de cero grados centígrados. “Las familias están sufriendo muchísimo. Pero sí existe esa esperanza de que hay oportunidad para que su caso sea escuchado correctamente y van a dejar de sufrir por lo menos en estas circunstancias tan inhumanas en las que están”, afirma.

Biden suspendió el acuerdo de tercer país seguro que permitía deportar inmigrantes de centroamérica

El gobierno de Estados Unidos suspendió el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con El Salvador, Guatemala y Honduras firmado por la Administración del expresidente Donald Trump, que permitía deportar migrantes de estos países, informó este sábado el secretario de Estado, Antony Blinken.

De esta forma, dijo Blinken en un comunicado, el gobierno de Estados Unidos da los “primeros pasos concretos” para lograr una mayor “asociación y colaboración” en la región, trazados por el presidente Joe Biden, que desde que llegó a la Casa Blanca está desmantelando la política migratoria de su predecesor.

“De acuerdo con la visión del Presidente, hemos notificado a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que Estados Unidos está tomando esta acción a medida que comienzan los esfuerzos para establecer un enfoque cooperativo y mutuamente respetuoso para gestionar la migración en la región”, dijo Blinken.

El gobierno de Guatemala ya había informado el pasado viernes de que Estados Unidos había puesto fin al denominado acuerdo de “tercer país seguro”, firmado en julio de 2019 por el gobierno Trump y el presidente local en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020).

Las transferencias bajo el convenio entre EE.UU. y Guatemala estaban suspendidas desde mediados de marzo de 2020 debido a la pandemia de la covid-19, y los acuerdos con El Salvador y Honduras nunca se implementaron, explicó el Departamento de Estado.

“Para ser claros, estas acciones no significan que la frontera de Estados Unidos esté abierta”, dijo Blinken, que, indicó que el actual Gobierno de EE.UU. cree que hay “formas más adecuadas de trabajar” con estos países para “gestionar” la migración en toda la región que la desarrollada por el equipo de Trump, que hizo de la dura política migratoria una de sus principales señas de identidad.

En una orden ejecutiva firmada esta semana, Biden apostó por abordar las causas de la migración, gestionar la migración en la región y “proporcionar un procesamiento seguro y ordenado” de los solicitantes de asilo en la frontera, señala el comunicado de este sábado.

Hasta febrero de 2020, según datos oficiales de Guatemala, aproximadamente 700 migrantes hondureños y salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos a Guatemala bajo el marco del ACA.

El acuerdo fue rubricado originalmente el 26 de julio de 2019 y convirtió a Guatemala en “tercer país seguro”, una figura mediante la cual EE.UU. estaba autorizado para enviar migrantes salvadoreños y hondureños deportados a su territorio.

Estados Unidos tiene entre sus planes ayudar al llamado Triángulo Norte de Centroamérica con el objetivo de promover las oportunidades y la prosperidad para las personas y las comunidades en toda la región.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló un día después de su primera conversación telefónica con Biden desde que este último llegó al poder que EE.UU. se comprometió a destinar $4,000 millones de dólares para impulsar el desarrollo de Honduras, El Salvador y Guatemala y frenar así la migración forzada.

En los últimos meses se ha registrado un notable aumento de la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera de EE.UU. con México y los republicanos apuntan que esa tendencia se mantendrá ahora que Biden llegó a la Casa Blanca y ha comenzado a desenredar la maraña de medidas migratorias de Trump.

¿Qué pasará con los solicitantes de asilo esperando en México?

Dentro de las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Joe Biden sobre inmigración, se le pide al secretario del Departamento de Seguridad Nacional que revise el programa “Permanezca en México”, también conocido como el Protocolo de Protección al Migrante (MPP) para solicitantes de asilo.

Sin embargo, no está claro qué pasará con las personas que continúan esperando en México.

“Una de las acciones pide específicamente una pronta planificación con organizaciones internacionales y no gubernamentales para desarrollar políticas y procedimientos para el procesamiento seguro y ordenado,” explicó Laura Peña, abogada de inmigración.

Bajo el Título 42, todo aquel que ingrese al país de manera ilegal es expulsado de inmediato como medida de prevención debido a la pandemia del coronavirus, la cual aún continúa en efecto.

“Él (Biden) le ha dado una estrategia en fases para el proceso de entrada a los Estados Unidos ordenada y segura, coherente con las limitaciones de salud pública, seguridad y capacidad,” sostuvo Peña.

Dentro de este plan se podría considerar hacer pruebas de coronavirus antes de que se le permita el ingreso al país, algo que dice Freddy López, un solicitante de asilo, estaría dispuesto a hacer.

“Creo que sería algo bueno y lo mejor que siempre nos hagan la prueba y que igual nos pusieran en cuarentena antes de ingresar por completo, creo que lo mejor sería que hicieran al albergue dentro de Estados Unidos en la frontera como un filtro,” opinó López.

López y su pequeña de tres años llegaron al campamento migrante en Matamoros en el año 2019 y, desde entonces, están esperando a que el gobierno estadounidense procese sus solicitudes con la esperanza de que puedan esperar en los Estados Unidos.

Por su parte, abogados aclararon que esto no significa que se haya reinstalado la política de “catch and release” ni se han dado a conocer nuevas leyes o políticas bajo la administración.

Un juez federal bloquea las fuertes restricciones al asilo que Trump iba a imponer este lunes

Un juez federal bloqueó este viernes el mayor paquete de restricciones contra el derecho al asilo diseñado por la Administración del presidente Donald Trump, que planeaba poner en marcha este lunes, a menos de dos semanas de la toma de posesión del nuevo mandatario electo, el demócrata Joe Biden.

El fallo tiene un impacto limitado porque el gobierno ha suspendido en gran medida el derecho al asilo en la frontera con México durante la pandemia de coronavirus, citando preocupaciones de salud pública.

Aún así, algunos inmigrantes que aún pueden solicitar asilo habrían visto obstaculizado su derecho, y el resto lo habría sentido cuando se levantaran las prohibiciones derivadas del coronavirus.

La Administración Trump argumentó que las medidas eran una respuesta adecuada a un sistema que, en su opinión, está plagado de abusos y abrumado por afirmaciones sin mérito.

Pero el juez federal James Donato en San Francisco se puso del lado de los grupos activistas que intentaban frenar las medidas bajo la premisa de que el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, carece de autoridad para imponer estas reglas tan amplias sin haber sido confirmado por el Senado.

Donato, quien fue designado para el cargo en 2013 por el expresidente Barack Obama, escribió que el nombramiento de Wolf violaba el orden de sucesión establecido. Dijo que era la quinta vez que un tribunal fallaba en contra del Departamento de Seguridad Nacional por los mismos motivos.

“El Gobierno ha reciclado exactamente las mismas afirmaciones legales y fácticas hechas en los casos anteriores, como si no hubieran sido rechazadas sólidamente en opiniones escritas bien fundamentadas por varios tribunales”, escribió Donato.

“Esta es una estrategia de litigio preocupante. En efecto, el Gobierno sigue chocando el mismo auto contra las mismas puertas, esperando que algún día pueda atravesarlas”, añadió. La Administración Trump puede apelar este dictamen.

Las reglas buscaban redefinir los requisitos para que una persona califique para el asilo y otras formas similares de protección humanitaria si enfrentan persecución en sus países de origen. Las restricciones habrían ampliado los motivos para que un juez migratorio (dependiente del Departamento de Justicia, y por tanto del Gobierno en última instancia) considerara las solicitudes “frívolas” y pudiera rechazarlas.

Aaron Frankel, uno de los abogados de los demandantes, calificó las reglas como “nada menos que un intento por acabar con el sistema de asilo”.

El asilo es una protección legal diseñada para las personas que huyen de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un grupo social. Cualquier extranjero que pise suelo estadounidense tiene el derecho legal de solicitar asilo, de acuerdo con las leyes domésticas y las obligaciones de los tratados internacionales.

Las reglas limitarían los tipos de persecución y la gravedad de las amenazas por las que se concede asilo. Los solicitantes que busquen protección por motivos de género o aquellos que afirmen haber sido blanco de pandillas, de funcionarios gubernamentales “rebeldes” o de “organizaciones al margen de la ley” probablemente no serían elegibles para el asilo.

Se ordenaría a los jueces de inmigración que fueran más selectivos a la hora de otorgar solicitudes de asilo y les permitirían denegar la mayoría de las solicitudes sin una audiencia judicial.

También habrían tenido que sopesar varios factores nuevos contra la capacidad de un solicitante de obtener protecciones, entre ellos no poder pagar impuestos. Los antecedentes penales seguirían contando en contra de un solicitante de asilo incluso si se borraran sus condenas.

Según las medidas relacionadas con la pandemia en vigor desde marzo, aproximadamente nueve de cada 10 personas detenidas en la frontera son expulsadas de inmediato por motivos de salud pública. El resto se procesa bajo las leyes de inmigración, que incluyen el derecho a solicitar asilo.

La Administración Trump ya ha instituido una serie de políticas que restringen el asilo, que incluyen hacer que los solicitantes de asilo esperen en México mientras se escuchan sus reclamos en un tribunal migratorio estadounidense.

Se espera que Biden revierta algunas de las políticas de asilo restrictivas de Trump, incluida la política de Quédese en México, pero recientemente dijo que su Administración necesitaría “probablemente los próximos seis meses” para recrear un sistema que pueda procesar a los solicitantes de asilo para evitar que una marea de migrantes llegue a la frontera sur.

También el viernes, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, Virginia, falló en contra de la política de la Administración que otorgaba a los Gobiernos estatales y locales el derecho a negarse a reasentar a los refugiados.

El panel de tres jueces dijo que la orden ejecutiva de Trump que requería que las entidades estatales y locales dieran su consentimiento antes de permitir que los refugiados fueran ubicados en sus áreas socavaría la Ley de Refugiados de 1980. Esa ley establecida por el Congreso fue diseñada para permitir que las agencias de reasentamiento encuentren el mejor lugar para que una persona prospere mientras trabaja con funcionarios locales y estatales.

Biden no parará “de inmediato” el sistema de asilo de Trump

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, defendió su decisión de no parar “inmediatamente” todas las restricciones al asilo creadas por el mandatario Donald Trump, porque eso generaría un repunte enorme en la migración de indocumentados hacia su país.

En una rueda de prensa, Biden respondió a una pregunta sobre la entrevista exclusiva de Efe con los que serán los asesores de política nacional y seguridad nacional del presidente electo cuando llegue a la Casa Blanca en enero, Susan Rice y Jake Sullivan, respectivamente.

“Lo último que necesitamos es decir que vamos a parar inmediatamente el (sistema de) acceso al asilo tal y como se ejecuta ahora, y después acabar con 2 millones de personas en la frontera”, dijo Biden a los periodistas en Wilmington (Delaware), donde vive.

El presidente electo calculó que tardará unos “seis meses” en restablecer del todo el sistema para solicitar asilo en la frontera con México, después de su llegada al poder el próximo 20 de enero.

“Se trata de establecer unos parámetros para poder avanzar en una dirección. Cumpliré lo que dije que iba a hacer: un sistema mucho más humano, basado en la reunificación familiar. Pero eso requiere implementar muchas cosas, requiere conseguir fondos, por ejemplo para los jueces de asilo”, explicó Biden.

Biden ahondaba así en lo que adelantaron Sullivan y Rice en su entrevista con Efe, publicada este lunes, y en la que pidieron que los migrantes indocumentados no viajen hacia la frontera norte de México porque los planes del presidente electo tomarán “meses” y “ahora no es el momento”.

El presidente electo fue todavía más claro que sus asesores, al reconocer que parte de la razón por la que no levantará de inmediato las restricciones al asilo de Trump es porque no quiere espolear una llegada masiva de indocumentados a la frontera con México.

“Lo haremos, y lo haremos rápidamente, pero no vamos a poder hacerlo el primer día, levantar cada restricción, volver a cómo eran las cosas hace 20 años y de pronto darnos cuenta de que tenemos una crisis (migratoria) en nuestras manos”, subrayó.

Biden aseguró que ya ha “empezado a hablar de estos temas con el presidente de México”, Andrés Manuel López Obrador, con quien conversó por teléfono el sábado, y con otros líderes de Latinoamérica, y que su objetivo es crear un sistema de asilo “mejor” que el actual.

En su entrevista con Efe, Sullivan y Rice insinuaron que Biden no anulará de forma inmediata una orden sobre la frontera que emitieron este año los Centros de Control y Enfermedades de EE.UU. (CDC) debido a la pandemia.

Los agentes migratorios de EE.UU. se basan actualmente en esa orden para enviar a México a más del 90 % de quienes cruzan ilegalmente la frontera.

Biden sí planea acabar con el programa “Permanezcan en México”, por el que se ha enviado a más de 60.000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar en México sus citas ante jueces migratorios en EE.UU., pero no está claro cómo de pronto lo hará una vez que llegue al poder.

El mensaje de Biden, Sullivan y Rice tiene como objetivo contener el “efecto llamada” que puede generar entre los migrantes la transición en Washington, después de cuatro años de restricciones al derecho al asilo bajo el Gobierno de Donald Trump y tras el paso de los devastadores huracanes Eta y Iota por Centroamérica.

USCIS aplica cambios para asilados y refugiados en solicitudes de la green card

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hizo modifiaciones para las solicitudes de Residencia Permanente para refugiados y asilados.

La agencia indicó la actualización de su guía para ampliar los criterios que aplican los oficiales migratorios en forma discrecional, para determinar si deben o no entrevistar a los solicitantes que presentan el Formulario I-485.

Aunque las reglas de elegibilidad de la “green card” no cambian, la autoridad amplía la discrecionalidad para que un oficial determine citar a entrevista a un solicitante.

“La lista actualizada proporciona una mayor paridad con los criterios que USCIS aplica para determinar si entrevista a otros solicitantes de ajuste de estatus”, señala la agencia.

USCIS insiste en que los oficiales decidirán “caso por caso”.

Esta ofician que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el ajuste derivará en la solicitud de más entrevistas, pero justifica la medida para “proteger el programa” y evitar “fraudes” que afecten el sistema migratorio.

Las autoridades han implementado cambios para endurecer las peticiones de asilo y refugio, pero también las peticiones familiares de estos inmigrantes.

Entre las razones que podrían obligar a solicitar una entrevista están las “preocupaciones” de un oficial migratorio sobre seguridad nacional.

“El oficial tiene cualquier otra inquietud articulable con respecto a la identidad, inadmisibilidad, seguridad nacional, seguridad pública o fraude, y recomienda una entrevista para ayudar a resolver esa inquietud”, indica una de las condicionantes.

Trump ordena restringir más las posibilidades de asilo

La Administración saliente del presidente Donald Trump está aprovechando sus últimas semanas de gobierno para debilitar un sistema migratorio que muchos defensores de derechos humanos consideran que ya estaba descompuesto. Las regulaciones que presentaron este jueves y que hacen casi imposible que los extranjeros obtengan asilo en Estados Unidos, entrarían en vigor nueve días de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

La nueva reglamentación ordena a los funcionarios y jueces de inmigración que rechacen las solicitudes de asilo de las personas que hayan ingresado a Estados Unidos sin autorización, que hayan usado documentos falsos, o que hayan pasado por otros países sin pedir primero asilo en otras partes.

“Estas nuevas regulaciones liquidan el salvavidas que necesitan quienes huyen del peligro y reiteran una versión falsa promovida por el Gobierno de Trump: que la seguridad de las fronteras solo puede obtenerse terminando el sistema de asilo”, dijo Jennifer Minear, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA).

Aaron Reichlin Melnick, del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que estas medidas “ponen el asilo fuera del alcance de todos excepto algunos pocos afortunados”.

Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha dirigido de manera constante una política que restringe la inmigración, rechaza a quienes buscan asilo y hace más complicada y costosa la obtención de residencia legal y la adquisición de la ciudadanía estadounidense.

Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, el Gobierno de Trump ha modificado unas 400 regulaciones en los sistemas de inmigración y asilo que presentarán un desafío a la Administración de Biden, quien ha prometido medidas urgentes en materia de inmigración.

Desde 2019, el Gobierno de Trump ha rechazado a decenas de miles de personas que llegaron a la frontera sur, se presentaron a las autoridades y solicitaron asilo, enviándolas de regreso a México y América Central a la espera de la audiencia de inmigración que les provee la ley estadounidense.

Entre otras medidas, el Gobierno de Trump ha procurado la terminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, que ha protegido de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad.

Asimismo, dispuso la terminación del estatus de protección temporal, o TPS, para los ciudadanos de varios países que han escapado de conflictos armados o desastres naturales. A principios de esta semana, USCIS otorgó una extensión de nueve meses a la mayoría te los llamados “tepesianos”, aunque ellos buscan la residencia permanente.

Todas esas medidas han sido cuestionadas en tribunales y han quedado en suspenso, o han sido refutadas por jueces federales. El Tribunal Supremo tiene ante sí ahora una decisión final sobre el programa DACA.

Huir de peligros mortales en busca de seguridad duradera es un esfuerzo hercúleo, y obtener la seguridad no debería serlo. El Gobierno de Estados Unidos, ciertamente, no debería seguir erigiendo barreras que obstaculizan enteramente el asilo”, dijo hoy Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.

La migra americana ofrece intérpretes gratuitos a solicitantes de asilo por tiempo limitado

Solicitantes de asilo que no hablan inglés podrán durante los próximos seis meses acceder de forma gratuita a un intérprete para su entrevista con los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), anunció la agencia este martes.

La regla temporal pretende ayudar a prevenir la propagación del coronavirus mediante el uso de intérpretes telefónicos contratados por el Gobierno para las entrevistas afirmativas de asilo sin costo para el solicitante, anunció USCIS en un comunicado.

Hasta hoy USCIS exigía a los solicitantes de asilo que no hablan inglés traer un intérprete a su entrevista de asilo afirmativa. La actual medida suspende por 180 días esta regla.

La agencia proveerá intérpretes en 47 idiomas diferentes para los inmigrantes.

USCIS advirtió que los intérpretes son cuidadosamente examinados y deben pasar verificaciones de antecedentes rigurosas y cumplir con un alto nivel de competencia. Además estos profesionales ya sirven regularmente como intérpretes para las entrevistas de detección fronteriza.

La nueva regla advierte que aquellos solicitantes de asilo que no puedan continuar con la entrevista en inglés o en cualquiera de los 47 idiomas disponibles enumerados deben continuar proporcionando su propio intérprete.

Organizaciones como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) en Los Ángeles han subrayado que solicitantes de asilo indígenas de México o Centroamérica enfrentan grandes problemas comunicándose con los agentes porque muchos de ellos ni siquiera hablan español.

Entre la lista de lenguas que estarán disponibles por USCIS de forma gratuita se encuentran el quiché, idioma que hablan indígenas mexicanos y centroamericanos.

La agencia advirtió que si el solicitante necesita un intérprete para uno de los 47 idiomas, pero no hay uno de estos profesionales contratados disponible en el momento de la entrevista, la cita se reprogramará.

La regla temporal enmendará las regulaciones existentes del Departamento de Seguridad Nacional durante 180 días y entrará en vigor el 23 de septiembre.

USCIS subrayó que el 23 de marzo de 2021, los solicitantes de asilo que no puedan continuar con la entrevista en inglés deberán nuevamente proporcionar su propio intérprete.

Segundo golpe judicial contra política de Trump que buscaba negar protección a miles de inmigrantes

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló ayer lunes contra la norma del Gobierno de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a pedirlo antes en terceros países, lo que constituye la segunda decisión judicial contraria a esta regla en menos de una semana.

Según lo informó el diario La Opinión, la Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco se sumó así a la tesis ya expuesta por el juez federal Timothy J. Kelly de Washington, quien el pasado miércoles dictaminó que la regla del Gobierno es ilegal porque viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, además de no haber seguido los procedimientos requeridos para su aprobación.

En un sentido similar, el magistrado de Apelaciones William A. Fletcher tildó este lunes la norma de “inconsistente” y apuntó que el Gobierno sólo puede exigir que los inmigrantes pidan antes asilo en terceros países si estos han firmado antes un acuerdo con EE.UU. en que se comprometan a garantizar la seguridad de los solicitantes, así como a proveerles un proceso “completo y justo”.

La medida del “tercer país” fue promovida por Trump y aprobada a mediados de julio del año pasado, y restringe la posibilidad de pedir asilo en EE.UU. a los migrantes que hayan pasado antes por otros países, donde deben dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia el país norteamericano.

Como la mayoría de solicitantes de asilo en la actualidad son ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, en su camino hacia EE.UU. pasan precisamente por Guatemala y por México, con lo que se pone virtualmente fin a la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.

Tanto el fallo de este lunes como el del miércoles pueden tener poco impacto sobre la situación en la frontera, ya que desde hace meses esta se encuentra cerrada a la inmigración y el asilo debido a las medidas preventivas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19.

Denuncian que Trump tiene un plan para dificultar aún más la inmigración

La Administración Trump propondrá una nueva regulación para hacer mucho más difícil que los inmigrantes pidan asilo en Estados Unidos, de acuerdo con un borrador que publicaron los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia.

La regla, programada para Registro Federal el 15 de junio, enumera una serie de cambios que endurecerán aún más el periplo de las personas que solicitan la protección en el país.

Trump ha ido añadiendo obstáculos a la inmigración o bloqueando sus posibilidades a lo largo de su mandato. Esta normativa, que aún tiene que atravesar el periodo de comentarios públicos, viene a cumplir con el mismo objetivo.

Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del Consejo de Inmigración Estadounidense criticó la propuesta del Gobierno. “El objetivo de esta regulación de asilo, lejos de remodelar el sistema para mejorarlo, es hacer que el asilo sea imposible de ganar“, sentenció.

Bajo la regla de la Administración, los inmigrantes se enfrentarán a un mayor escrutinio si viajó por al menos un país mientras se dirigía a Estados Unidos y no buscó asilo allí. Se trata de una condición similar a la que se aplica a los migrantes que viajan desde América Latina a través de México pero ahora amplía el ratio de personas afectadas. Habrá excepciones, como las víctimas de trata de personas.

También lo tendrían más difícil las personas que hayan vivido en Estados Unidos sin autorización durante más de un año, a pesar de las excepciones actuales. No presentar impuestos podrá implicar una condena penal que podría volverse en contra de la solicitud de asilo del interesado.

Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del Consejo de Inmigración Estadounidense criticó la propuesta del Gobierno. “El objetivo de esta regulación de asilo, lejos de remodelar el sistema para mejorarlo, es hacer que el asilo sea imposible de ganar“, sentenció.

Bajo la regla de la Administración, los inmigrantes se enfrentarán a un mayor escrutinio si viajó por al menos un país mientras se dirigía a Estados Unidos y no buscó asilo allí. Se trata de una condición similar a la que se aplica a los migrantes que viajan desde América Latina a través de México pero ahora amplía el ratio de personas afectadas. Habrá excepciones, como las víctimas de trata de personas.

También lo tendrían más difícil las personas que hayan vivido en Estados Unidos sin autorización durante más de un año, a pesar de las excepciones actuales. No presentar impuestos podrá implicar una condena penal que podría volverse en contra de la solicitud de asilo del interesado.

Trump no podrá exigir seguro médico a los solicitantes de asilo

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha apoyado ayer lunes la orden judicial que impide a la Administración Trump solicitar prueba de plan de seguro médico a los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de los inmigrantes en Oregón celebraron la decisión de la corte.

“Estamos encantados de que el Noveno Circuito haya permitido que este mandato judicial continúe protegiendo el sistema legal de inmigración basado en la familia promulgado por el Congreso”, dijo la abogada Naomi Igra, del despacho Sidley Austin LLP, en un comunicado.

Las organizaciones Latino Network, Justice Action Center (JAC), The American Immigration Lawyers Association (AILA), Innovation Law Lab y el despacho de abogados Sidley Austin LLP interpusieron una demanda para frenar la petición de la Administración que había solicitado la suspensión de la orden judicial otorgada el 26 de noviembre por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Portland, Oregon.

La suspensión de dicha orden le habría permitido a la Administración implementar de inmediato la proclamación presidencial del 4 de octubre, que exige que los inmigrantes autorizados demuestren que tienen un tipo específico de plan de seguro de salud, o que pueden pagar la atención médica de su bolsillo, para poder ingresar a Estados Unidos.

La proclamación debía entrar en vigencia el 3 de noviembre de 2019, pero al impedir su implementación se pudieron otorgar 25,000 visas que hubieran sido denegadas. Se contabiliza que dos tercios de los inmigrantes legales se hubieran quedado sin entrar en el país, sin haber demostrado hasta la fecha la Administración la eficacia de dicha medida en caso de haber sido implementada.

Las organizaciones demandantes alegan que dicha medida es ilegal y afectaría a más de 300,000 personas al año, favoreciendo la separación de familias y frenaría la llegada de talento internacional.

Jeff Bless, director de litigios federales de AILA, dijo en un comunicado que “gracias a esta decisión muchas familias pueden respirar aliviadas ya que se ha reconocido el daño irreparable que se habría infligido de haberse suspendido la orden judicial”.

Por su parte Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab, dijo que “la larga tradición de Estados Unidos de reunir a las familias a través de su sistema de inmigración es un componente clave de la estabilidad, prosperidad y fuerza colectiva de la nación”.