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Avanza en el Congreso de EEUU proyecto de ley que daría la ciudadanía a trabajadores agrícolas

La Cámara de Representantes votó ayer jueves a favor de un proyecto de ley que busca ofrecer un camino a la ciudadanía para los trabajadores agrícolas. La votación de esta iniciativa tuvo lugar el mismo día que otra que pretende dar la ciudadanía a los llamados dreamers, pero ninguna de las dos tiene posibilidades de ser aprobada en el Senado debido a la ferviente oposición republicana.

247 representantes (30 de ellos republicanos) votaron a favor y 174 en contra de la ley agrícola (H.R. 1603), que protegería de la deportación a un millón de trabajadores agrícolas, con el objetivo final de otorgarles también la ciudadanía.

Tanto la llamada Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola como la Ley de Sueños y Promesas forman parte de la extensa reforma migratoria que apoya el presidente Joe Biden y que propone el camino a la ciudadanía de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Los demócratas irán llevando al Congreso

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas que los proyectos de ley eran “hitos críticos hacia el alivio que tanto necesitan los millones de personas que llaman hogar a Estados Unidos”.

Además de activistas y organizaciones que defienden a los migrantes, los proyectos hermanos recibieron el impulso de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el grupo de presión empresarial más grande del país, que se hizo eco de la preocupación de las empresas por el “futuro incierto” de los trabajadores inmigrantes. Respecto a la llamada ley agrícola, la cámara opinó que las mejoras en las visas de estos trabajadores ayudarían a industrias estadounidenses que operan todo el año, como las granjas lecheras.

La aprobación en la Cámara Baja llega en un momento en el que Biden trata de contener la llegada de inmigrantes a la frontera. El presidente habría solicitado a México que le ayude a poner freno a la inmigración a cambio de enviar vacunas AstraZeneca al país vecino. Las personas que llegan a la frontera sur para solicitar asilo en Estados Unidos son principalmente hondureños, salvadoreños y guatemaltecos y huyen de la violencia, el hambre y la precariedad de sus países.

La ley agrícola contó también con respaldo de representantes de ambos partidos (34 republicanos votaron a favor) cuando fue presentada en la Cámara Baja en octubre de 2019, pero la situación ha cambiado en un Congreso dividido en el que es muy difícil que sus miembros no rebasan la línea partidista.

Esta división imposibilita que el proyecto de ley salga adelante en el Senado, donde los demócratas tienen una ajustada mayoría y el filibuster exige 60 votos para aprobar una legislación de gran calado como esta. 10 senadores republicanos tendrían que unirse a los 50 del partido de Biden para que la iniciativa llegue al escritorio de la oficina oval y el presidente la firme para convertirla en ley.

Un juez federal bloquea alza de tarifas para trámites de la ciudadanía americana

Un juez federal en el norte de California bloqueó este martes el alza de tarifas a algunos trámites del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que entraría en vigencia el próximo 2 de octubre y que afectaba gestiones como el de la naturalización.

El juez federal Jeffrey S. White en Oakland, California, falló en favor de una demanda presentada el pasado 21 de agosto por una coalición de ocho organizaciones encabezada por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), con sede en San Francisco.

El pasado 31 de julio USCIS anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 30 % en sus tarifas, pero que en algunos casos llega a 535 %. La agencia justificó las alzas para financiar sus operaciones.

Uno de los procesos más afectados con el nuevo incremento es el proceso de naturalización, que pasará de $640 a $1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos, y que tenía en una contrarreloj a muchos migrantes para someter sus solicitudes antes del próximo viernes.

En su demanda, la coalición señaló que la nueva Regla de Tarifas viola la Ley de Procedimiento Administrativo y constituye una acción de agencia “arbitraria y caprichosa”.

La querella legal también argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad prioriza la unidad y diversidad familiar, sin embargo, “al hacer deliberadamente imposible el costo de asegurar los beneficios de inmigración esenciales para millones de familias inmigrantes, la política de la Administración Trump hace que la separación familiar sea inevitable y viola las leyes estatutarias y constitucionales”.

“Con la nueva regla de tarifas, la Administración Trump ha demostrado su voluntad de ignorar el estado de derecho en la búsqueda de su agenda antiinmigrante y xenófoba”, advirtió Melissa Rodgers, directora de programas de ILRC.