COMUNISMO

¿Quién es Alex Saab y de qué lo acusan? Lo señalan como testaferro de Maduro

En noviembre de 2011, los entonces presidentes de Venezuela y Colombia, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, mantuvieron una reunión para la historia.

Chavéz cantó, Santos logró abrir la puerta de un proceso de paz con la guerrilla que le daría el Nobel de la Paz y un empresario colombiano firmó un acuerdo de inversión social que sería el origen de uno de los presuntos esquemas de corrupción más sonados de los últimos tiempos en Venezuela.

Ese empresario se llama Alex Nain Saab Morán.

Y en junio de 2020 se convirtió de nuevo en noticia, después de que fue arrestado en Cabo Verde, un archipiélago africano donde el avión privado en el que viajaba hizo una escala para repostar cuando de dirigía a Caracas desde Teherán.

La razón de esa captura era que Saab estaba acusado entre otras cosas de lavado de dinero y era pedido por la justicia estadounidense.

Pero sobre todo, es señalado no solo por EE.UU., sino por otros países incluido Colombia, de ser uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.

Y después de un año y medio de recursos legales tanto de su defensa como del gobierno de Venezuela -lo nombró miembro de su equipo diplomático- para evitar la extradición, este sábado las autoridades de Cabo Verde lo pusieron en un avión con destino a Estados Unidos, para que enfrente allí las acusaciones que tiene en su contra

En el momento de su captura, la Cancillería de Venezuela condenó a través de un comunicado en Twitter el arresto que calificó de “arbitrario” e “irregular” y consideró que se suma “a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de EE.UU.” contra ese país latinoamericano.

Y durante las conversaciones que se están llevando a cabo entre la oposición venezolana y el oficialismo chavista en México, con la intermediación del Gobierno de Noruega, el gobierno de Nicolás Maduro había puesto como una de las condiciones la presencia de Saab como uno de los miembros del equipo del oficialismo.

De hecho, al conocerse la noticia de su extradición hacia EE.UU., el gobierno de Venezuela decidió no continuar en la ronda de negociaciones.

Jorge Rodríguez, alto funcionario del gobierno y jefe de la delegación chavista en la mesa de diálogo fue quien confirmó la retirada.

Rodríguez ha asegurado que la extradición de Saab significa “una agresión inaceptable que viola principios legales internacionales y que contradice el ánimo constructivo que debe privar en toda negociación política“.

Pero, ¿quién este es empresario colombiano que para muchos es una ficha clave para conocer los niveles de corrupción que hay dentro del régimen chavista en Venezuela?

De Colombia a los Clap

Saab, de 49 años, era solicitado por la Interpol, acusado de delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países.

De ser encontrado culpable, podría ser condenado en Estados Unidos hasta a 20 años de cárcel.

Y es que la investigación que llevó a su arresto en medio del océano Atlántico viene desde Estados Unidos, donde fiscales federales de Miami lo acusan de lavado de dinero en el proyecto que se firmó bajo la presencia de Chávez y Santos aquel 28 de noviembre.

Además, el gobierno estadounidense acusa a Saab de servir de testaferro de Maduro en una amplia red de narcotráfico, lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales.

Aquel 28 de noviembre fue una de las pocas veces que el mundo vio la cara de este barranquillero de origen libanés que suele ser descrito como un hombre de bajo perfil y que conoció a la dirigencia chavista gracias a su amistad con la política colombiana Piedad Córdoba, cercana a Chávez y pieza clave del proceso de paz en Colombia.

Presentado en la reunión bilateral como representante legal del Fondo Global de Construcciones, una empresa colombiana, Saab quedaría encargado de importar desde Ecuador y Colombia materiales prefabricados para la Gran Misión Vivienda, el proyecto chavista que dice haber construido 2,6 millones de casas para familias humildes.

En ese momento, el precio del petróleo seguía alto, Chávez empezaba una campaña presidencial que disparó el gasto público y Venezuela aún no sufría la crisis económica que desde 2013 redujo su economía a casi la mitad.

Las autoridades de EE.UU. aseguran que las viviendas a cargo de Saab no se construyeron y, si lo hicieron, fue con sobrecostos.

Según Armando.Info, un portal de investigación periodística venezolano, Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013.

Pero solo entregó productos por el equivalente de US$3 millones, según los periodistas venezolanos que debieron exiliarse tras dicho reportaje.

Saab era uno de los empresarios beneficiados por el sistema de control de cambio conocido como Cadivi, que entregaba divisas a tasas preferenciales que luego podían revenderse en el mercado ilegal.

La defensa de Saab, entre la que se encuentra el polémico abogado colombiano Abelardo de la Espriella, cercano al uribismo, aseguró que no existe nexo entre el barranquillero y la filial ecuatoriana del Fondo Global de Construcciones que realizó los supuestos delitos.

“Mi cliente es un emprendedor del negocio de alimentos”, le dijo la abogada de Saab, María Domínguez, a la agencia Bloomberg recientemente.

…a “testaferro” de Maduro

En efecto, otro de los contratos que firmó Saab con el gobierno venezolano, ya con Nicolás Maduro como presidente, tenía como fin abastecer al pueblo venezolano.

Para ese entonces, 2016, la escasez de alimentos básicos se hizo común en los supermercados venezolanos, una consecuencia, según Maduro, de una guerra económica fraguada desde Estados Unidos y Colombia para derrocar al socialismo.

La estrategia del gobierno para enfrentar dicha “guerra” fue centralizar la importación y distribución de alimentos básicos bajo el esquema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Cada venezolano registrado en este esquema parcialmente organizado por las Fuerzas Armadas recibiría una caja con arroz, pollo y aceite, entre otras cosas, importados por contratistas del gobierno. Saab era uno de esos contratistas.

En mayo de 2018, investigaciones periodísticas revelaron que Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAP.

En julio de 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Saab y Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta US$350 millones que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

De acuerdo a la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, exaliada de Chávez y hoy crítica del oficialismo venezolano, el colombiano operaba como testaferro de una empresa de Maduro en dichos negocios.

Según las autoridades estadounidenses, Saab usó una red de compañías fantasma en países como Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong para ocultar las ganancias ilícitas de esos contratos para importación de alimentos.

Cuando las investigaciones sobre esas empresas avanzaron, en medio de la ola de sanciones financieras de EE.UU. a funcionarios venezolanos, Saab trasladó sus empresas a Turquía, según Armando.Info, portal de investigaión, diigido or periodistas venezolanos en el exilio.

Persisten dudas sobre muerte del exministro de Defensa de Chávez

“Yo voy saliendo ahorita para Caracas para saber qué pasa, qué sucede, él no tenía Covid, no es verdad, a él cuando lo sacaron de (la prisión conocida como) La Tumba él no tenía Covid y lo vacunaron una semana antes de sacarlo de La Tumba, aproximadamente siete días antes”. Cruz María Zambrano, la viuda de Raúl Isaías Baduel, el exministro de Defensa de Hugo Chávez fallecido este martes en prisión, refutó así la información entregada por el fiscal general Tarek William Saab, quien explicó que Baduel murió de un paro cardiorrespiratorio a consecuencia del coronavirus. La oposición venezolana también puso en tela de juicio la versión del gobierno, denunciando torturas y tratos crueles contra el militar encarcelado desde 2009 por traición a la patria y que se convirtió en el “décimo preso político que muere en manos del régimen”.

Según Saab, el fallecimiento de Baduel se produjo “mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y (habiendo) recibido la primera dosis de la vacuna”. La ministra del Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, también informó la muerte del general. “Recibió los cuidados médicos en su lugar de detención”, aseguró.

La familia del militar, de 66 años, dijo que se enteró de su muerte a través de Twitter. “Yo ni siquiera, por caridad, he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno”, dijo su esposa al canal de televisión por internet EVTV. “Por lo menos, que me llamen y me digan que mi esposo falleció, qué pasó, qué no pasó”, agregó.

La ahora viuda del militar declaró que cuando a su esposo lo sacaron de La Tumba, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela (Caracas), no estaba enfermo. Ella lo visitó hace cuatro semanas, cuando le aplicaron la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus. “Él no tenía Covid, no es verdad. Cuando lo sacaron de La Tumba lo vacunaron contra el Covid”, insistió.

También dijo que sus hijas lo pudieron visitar el 9 de octubre en El Helicoide, otra de las sedes del Sebin en la capital venezolana. “Sus hijas lo vieron el día sábado y él estaba bien, de hecho, yo estaba preparando todo para ir esta semana, independientemente de que me dejaran horas y horas parada en la calle, como siempre cuando yo iba a ir a ver a mi esposo. De hecho, le estaba reuniendo ya sus alimentos y sus cosas que solemos llevarle”, narró pocas horas después de que se informara el deceso de Baduel.

“A nosotros no nos han dicho nada, simplemente llamé a una persona cercana y me dicen que estaba confirmado, que al parecer sus hijos habían confirmado que había fallecido, porque ellos están en Caracas, yo estoy en el estado Aragua”, señaló Cruz María Zambrano.

La viuda de Baduel exigió al régimen saber la razón de muerte y los resultados de la autopsia “con médicos que no sean de los de ellos”. Dijo que en la última oportunidad que tuvo de comunicarse con el general, él le aseguró: “Yo no me voy a prestar para lavarle la cara al gobierno por la violación de los derechos humanos, yo nunca voy a negociar, yo nunca me voy a prestar”.

EE.UU. pide al gobierno de Cuba respetar “derechos fundamentales” de sus cuidadanos

Estados Unidos pidió ayer martes (12.10.2021) al gobierno de Cuba “respetar los derechos fundamentales” de los cubanos, al rechazar la decisión de La Habana de prohibir una marcha opositora prevista para el 15 de noviembre.

“Es la libertad de expresión, es la libertad de reunirse pacíficamente lo que el gobierno cubano le ha negado a su pueblo”, dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

“Llamamos al gobierno en La Habana a respetar las libertades fundamentales y los derechos fundamentales del pueblo cubano”, afirmó.

El gobierno de Cuba denegó el martes una solicitud de la oposición para organizar una protesta el mes que viene, alegando que sus promotores tienen vínculos con Washington para impulsar un cambio de régimen tras las inéditas manifestaciones del 11 y 12 de julio en toda la isla. 

“Aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano”

Price negó que Estados Unidos esté detrás de estas movilizaciones.

“Lo que sucedió en julio, lo que sucedió en los días y semanas posteriores a eso, no se trataba de Estados Unidos. Se trataba de la conducta del régimen cubano, las aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano por libertad, por dignidad, por prosperidad, elementos que les han sido negados por este régimen durante demasiado tiempo, desde 1959”, aseveró.

Las marchas de julio en medio centenar de ciudades cubanas dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos.

El portavoz de la diplomacia estadounidense pidió la “liberación inmediata” de todos ellos, tras denunciar “detenciones arbitrarias”, “desapariciones” y “juicio sumarios”

     “La violencia que hemos visto, las detenciones que hemos visto, la represión que hemos visto, ahora la prohibición a la protesta pacífica que hemos visto, todo esto nos recuerda que el pueblo cubano está pagando muy caro su lucha por la libertad”, dijo Price.

Régimen venezolano lanza el “Bolívar digital” pero no evita el avance de la hiperinflación

El Banco Central de Venezuela anunció el uso del “bolívar digital” que circulará a partir del primero de octubre y al cual le serán eliminados 6 ceros con respecto a la moneda que circula actualmente, en lo que el organismo denomina “una nueva expresión monetaria”.

El ente emisor explicó en un comunicado que cualquier importe que esté expresado en la moneda nacional tendrá que ser dividido entre un millón para la nueva nomenclatura.

Esta es la tercera reconversión desde 2008, cuando se eliminaron otros 3 ceros de la moneda venezolana. En los últimos 13 años se han suprimido 14 ceros en total durante la llamada revolución bolivariana.

El billete de mayor denominación del cono monetario actual es el de un millón de bolívares que equivale a un cuarto de dólar aproximadamente y alcanza para pagar un trayecto en autobús en ruta urbana. Para pagar un café se requieren tres o cuatro de esos billetes.

A la pérdida del poder adquisitivo de la moneda se suma la escasa circulación de billetes que el gobierno atribuye al contrabando de extracción del papel moneda y la supuesta guerra económica contra el bolívar. Una situación que derivó en una dolarización transaccional en la cual la moneda estadounidense, así como el euro ahora forman parte de las transacciones cotidianas tanto en efectivo como vía digital.

El pago en bolívares se realiza mayoritariamente vía digital, sorteando las constantes fallas de internet y conectividad, con tarjetas de débito y transferencias.

Impacto económico “nulo”, según experto

Por su parte, el director de Econométrica Henkel García señaló a CNN que esta sería la tercera reconversión monetaria desde 2008 y precisa que “ya entendemos que el impacto en lo económico es prácticamente nulo pues esto no tienen incidencia en la inflación ni para acelerarla, ni para desacelerarla. No tiene impacto alguno en el comportamiento económico para crecer más o decrecer más”.Ingrese su correo electrónico para suscribirse al boletín informativo de cinco cosas de CNN.close dialog

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Aclara que la incidencia tiene que ver con la facilidad de manejar más la parte de bolívares, la cual por cierto es “aliviada por el extenso uso del dólar”. A su juicio, la gente no requiere o no necesita la reconversión como lo hacía en el pasado pues ya resolvían buena parte de las transacciones en dólares. Explica que, en el caso de las transacciones en bolívares, se estaba haciendo muy incómoda con cifras muy altas y que los sistemas de contabilidad y administración ya estaban colapsando y la medida en ese sentido era necesaria.

García considera que para que este anuncio tenga mejores resultados debe ir acompañado de otras medidas económicas amplias, serias y con gran credibilidad como el elevar la producción de manera significativa.

Fuente: CNN en Español

Gobierno y oposición iniciarán el diálogo sobre Venezuela “tentativamente” el 13 de agosto

El proceso formal de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y su oposición, con mediación internacional, ya tiene fecha y lugar tentativos: el viernes 13 de agosto, en México.

Fuentes vinculadas a la llamada “fase pendular” del diálogo sobre Venezuela confirmaron que ya se ha acordado el inicio de las conversaciones en un par de semanas, con el concurso de la cancillería de México y el Reino de Noruega.

“El diálogo comenzará en México el 13 de agosto, tentativamente”, comentaron los informantes, enterados de primera mano de los detalles que han definido el oficialismo venezolano y el gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, a quien al menos 50 gobiernos reconocen como presidente del país suramericano.

El oficialismo y la oposición han coincidido públicamente en la necesidad de iniciar un diálogo político para zanjar la prolongada crisis de Venezuela, que incluye la polémica sobre quién es su legítimo gobernante e indicadores económicos negativos, como un proceso hiperinflacionario desde 2017.

Maduro, a quien la oposición califica de usurpador de la presidencia, afirmó durante un mensaje televisado hace 10 días que ya existe un acuerdo con sus detractores “para instalarnos en México”. También, dijo, hay una “preagenda”.

El gobierno demanda el reconocimiento de las instituciones afines a Maduro, la suspensión de las sanciones económicas extranjeras contra su poder ejecutivo, y la liberación de recursos “secuestrados” fuera del país, entre los que resaltan varias decenas de toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra.

La oposición liderada por Guaidó exige, por su parte, que se defina un cronograma amplio de elecciones, que incluyan comicios presidenciales y parlamentarios. Pide, asimismo, que se atienda de manera prioritaria la crisis social nacional, que suele definir como “emergencia humanitaria compleja”.

Todavía, no se sabe si el diálogo se concretará en la Ciudad de México o en otra ciudad del país norteamericano, apuntan las fuentes.

Bandas criminales asedian el oeste de Caracas, Maduro pierde poder y autoridad

Nuevos enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y bandas criminales que, desde hace meses, asedian varias comunidades del oeste de la capital venezolana, mantienen en alerta a los habitantes de la ciudad que, desde el miércoles por la tarde, han debido abstenerse de circular por las inmediaciones de las zonas donde ocurren las balaceras que, según la prensa local, han dejado al menos cinco civiles muertos y varios heridos.

A través de su cuenta en Twitter, la Ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Carmen Meléndez anunció el despliegue de un nuevo operativo de “protección y resguardo” que contempla el control del transito en vías aledañas a las zonas donde ocurren los enfrentamientos y solicitó a la población evitar la circulación vehicular y peatonal.  

“Los organismos de seguridad del Estado continúan desplegados en las zonas vulneradas por estos criminales y no descansarán hasta rescatar el control absoluto”, añadió.

El despliegue del operativo se realiza en las parroquias caraqueñas de: La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan y El Valle. Meléndez, de momento, no se ha referido al número de víctimas.

En tanto, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, reaccionó asegurando que, años atrás, las bandas fueron armadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como “zonas de paz para el control social y hoy son descontrol total que arriesga la vida de todos y refleja el secuestro y la ausencia del estado en la cotidianidad”.

“Hoy nuevamente Caracas amanece como zona de guerra, contabiliza heridos y muertos, con el miedo de nuestra gente de salir de su casa producto de la acción impune de las bandas armadas”, agregó.

Una misión de la UE visita Caracas para intentar destrabar crisis venezolana

¿Revisión de sanciones? ¿Negociación? La misión de la Unión Europea que llegará a Venezuela medirá mucho más que las garantías electorales y la posibilidad de ser observador en los comicios regionales de noviembre.

Venezuela avanza hacia elecciones regionales, pero los comicios esta vez son mucho más que votos… El gobierno de Nicolás Maduro busca la flexibilización de sanciones con concesiones a la debilitada oposición, que intenta reagruparse cuando Estados Unidos y la Unión Europea impulsan negociaciones.

Luego de dos años de recrudecimiento de sanciones políticas y financieras, Washington y Bruselas apuestan a “una negociación política que ponga fin a la pesadilla de Venezuela”, dijo a la AFP Michael Shifter, presidente de Inter-American Dialogue.

“La estrategia de ‘máxima presión’ contra Maduro no solo fracasó, sino que fue contraproducente y, de hecho, ayudó a fortalecer el régimen autoritario (…). Esto no significa que Estados Unidos esté a punto de levantar sanciones duras, sino que se centrará en emplearlas como herramienta de negociación” por “elecciones libres”, agregó el experto.

Ahogado por sanciones que incluyen el embargo del petróleo venezolano, Maduro ha pedido su “levantamiento inmediato” para negociar en medio de una crisis sin precedentes, marcada por ocho años de recesión y una reducción del PIB del 80% desde 2014.

En paralelo se acercan los comicios de alcaldes y gobernadores, en noviembre, con los que Maduro quiere recuperar su reconocimiento internacional, en entredicho por la oposición y unos cincuenta países tras su reelección en 2018.

La dividida oposición, que boicoteó las elecciones presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020, enfrenta el dilema de participar o no.

“Embrión” de diálogo

Un sector de la comunidad internacional empieza a “ver con buenos ojos” normalizar sus relaciones con Maduro, según el presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.

Una muestra es la disposición conjunta de Estados Unidos, Canadá y la UE de “revisar” sanciones si avanzan negociaciones en pro de elecciones “creíbles”.

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y varios países de Europa y Latinoamérica, atribuye ese pronunciamiento a una pequeña gira de enviados suyos por Washington y Bruselas.

Fuentes diplomáticas hablan a la AFP de próximas negociaciones en México, con todos los actores presentes en la mesa.

Se trata, según León, del “embrión de un proceso de negociación política”, aunque todavía “muy lejos” de plantear puntos y objetivos concretos.

Guaidó, cuya aceptación cayó a 15% según Datanálisis, considera “clave” el apoyo internacional a lo que él llama “un acuerdo de salvación nacional”, aunque tras intentos fallidos de negociación reconoce que “va a tomar tiempo” un eventual cambio político. “Hay que hacerlo inteligentemente”, estimó el miércoles en rueda de prensa Guaidó, reconociendo que es “natural el escepticismo”.

El martes se espera la llegada al país de expertos electorales de la UE, tras una invitación del gobierno de Maduro a observar las votaciones del 21 de noviembre, confirmó a la AFP Peter Stano, portavoz del servicio diplomático del bloque.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, está “considerando su respuesta”, añadió.

“Es una misión exploratoria la que debe decidir si se pueden observar estas elecciones de manera creíble (…). No se quiere validar una elección que no lo merece”, subraya una fuente diplomática europea a la AFP.

“Gestos de apertura”

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rehabilitó la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alianza opositora que ganó los comicios legislativos de 2015 y rompió 15 años de hegemonía chavista en el Parlamento. Estuvo tres años prohibida.

Previamente fue designado un nuevo CNE que abrió espacio a directivos vinculados con la oposición, sin comprometer la mayoría oficialista del ente.

Chile vive un convulso comienzo de la redacción de su nueva Constitución

Chile logró encauzar ayer domingo el inicio de la redacción de su nueva Constitución tras una jornada convulsa, marcada por las protestas ciudadanas y de un grupo de constituyentes, que obligaron a suspender temporalmente el acto inaugural y sembraron dudas sobre el arranque de esta épica tarea.

Los 155 miembros de la Constituyente eligieron este domingo a Elisa Loncón, una mujer indígena de 58 años, para presidir el órgano que creará la nueva Carta Magna, la que debe sustituir a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Loncón, una profesora, lingüista y activista mapuche -la etnia indígena mayoritaria en Chile-, fue elegida por mayoría absoluta (96 votos) en segunda vuelta en la sesión inaugural de la Convención, que se detuvo durante casi una hora por la protesta de un grupo de constituyentes tras los enfrentamientos en el centro de Santiago entre policía y manifestantes.

“Agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche, para votar por unapersona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país”, dijo Loncón este domingo al aceptar el puesto con el puño cerrado por encima de la cabeza.

“Se puede dialogar con nosotros, que no nos tengan miedo, porque también se ha instalado mucho la política del miedo. O sea, se instala una candidata indígena, mapuche y hay mucho prejuicio. Entonces, esto también es un llamado a liberarnos de nuestros prejuicios y relacionarnos en igualdad de condiciones”, dijo Loncón en una entrevista reciente con el diario chileno “La Tercera”.

El país consiguió abrir un nuevo capítulo en su historia después de que los 155 miembros que conforman la convención constitucional, la primera del paritaria del mundo, tomaran posesión de su cargo para redactar la nueva Carta Magna, la primera que emana de un proceso democrático y que sustituirá a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Biden respalda negociaciones que conduzcan a elecciones presidenciales Venezuela

Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, sostuvo una conversación vía telefónica con su homólogo colombiano, Iván Duque, con quien habló sobre la situación de Venezuela y la crisis que se evidencia en el país.

Tras la llamada, se conoció que Biden manifestó que respalda un proceso de negociaciones en Venezuela con el aporte de la comunidad internacional, el cual tenga como objetivo que el pueblo venezolano pueda contar con un proceso electoral libre y transparente.

“El Mandatario también compartió su preocupación por la situación en Venezuela y su impacto regional y destacó la importancia de ampliar el consenso internacional a favor de negociaciones integrales que conduzcan a elecciones libres y justas”, señala el comunicado oficial de la conversación entre ambos presidentes.

Además, Biden señaló que le preocupa el impacto que pueda generar para la región la situación actual de Venezuela.

Por otra parte, Biden reafirmó los lazos con el gobierno colombiano, con quien se comprometió a luchar contra la COVID-19. Por ende, se oficializó la donación de 2,5 millones de vacunas para Colombia, para que de esta manera puedan minimizar el impacto del virus en el país.

Presidente Duque reitera compromiso de Colombia con la protección de migrantes venezolanos

El presidente colombiano Iván Duque reiteró, con motivo del día Mundial del Refugiado y del Desplazado, el compromiso de su país para acompañar, atender y proteger a los migrantes que huyen de sus propias naciones buscando una vida más digna. 

“Colombia sin ser un país rico, pero siendo un país de inmensa riqueza en fraternidad, ha marcado un hito histórico en la política migratoria mundial”, expresó Duque en una declaración pública.

Parte del compromiso de su gobierno es la implementación del Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos, el cual pretende beneficiar a unos dos millones de ciudadanos que han llegado huyendo de la crisis económica y social en su país.

En su intervención, en la que estuvo acompañado del alto comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, el presidente subrayó que el Estatuto de Protección Temporal va a estar acompañado de oportunidades y atención a la población más vulnerable. 

Por su parte, Grandi manifestó que “Fue un honor estar con el presidente

Iván Duque cuando anunció el Estatuto Temporal de Protección para los venezolanos en Colombia”.

“Ya tenemos más de un millón de inscritos en el sistema del Estatuto de Protección Temporal que recibirán su tarjeta para el mes de diciembre y esperamos llegar a 1,8 millones de migrantes conforme a nuestra meta para el mes de agosto de 2020”, adelantó el mandatario.

Para Duque, la acogida de los migrantes venezolanos representa “un gesto de paz incontrovertible” y un “compromiso irrestricto por la protección de los derechos humanos” que espera fortalezca “los lazos entre Colombia y Venezuela”.

Perú: una virtual presidencia frente a escenarios hostiles y pedidos antidemocráticos

Aunque el candidato Pedro Castillo ya se perfiló como el presidente electo de Perú, la Justicia electoral de ese país todavía debe resolver denuncias de presuntas irregularidades en el proceso. La mayoría de recursos han sido interpuestos por la candidata Keiko Fujimori, que argumenta, sin pruebas, un “fraude en mesa”. Mientras el discurso sigue escalando, al eventual nuevo mandato se lo avizora débil y acorralado por la oposición.

En Perú se están viviendo dos realidades políticas a la vez. La primera, de una victoria clara en el conteo oficial de los comicios presidenciales del 6 de junio: al 100% de actas, Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre, figura como el vencedor. La diferencia con su contrincante, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, es de poco más de 44.000 votos. Sin embargo, aún no se puede oficializar qué candidato presidencial ganó el respaldo ciudadano mayoritario.

La otra realidad es la que impide que se defina la primera: ambos partidos, pero mucho más el de Fujimori, impugnaron una cantidad importante de actas electorales. Fuerza Popular alega un “fraude” masivo en las mesas de votación por parte de personas a favor de Perú Libre. Por ello, solicita eliminar más de 200.000 votos. Pero hasta el momento ningún recurso ha sido acogido en primera instancia por falta de fundamento o por trámite extemporáneo. Mientras las eventuales apelaciones no se resuelvan de manera irreversible ante el Jurado Nacional de Elecciones, los resultados no serán proclamados.

No obstante, a estas alturas, parece contrafáctica una resta significativa en los resultados finales que permita la remontada de Fujimori.

El tiempo que toma la indefinición ha dado margen a una escalada de reclamos, principalmente, desde la orilla en desventaja. La semana pasada, cientos de simpatizantes de Fuerza Popular protestaron en Lima bajo el eslogan ‘Respeta mi voto’, en alusión a la teoría de actos fraudulentos sistemáticos. Adicionalmente, un congresista electo del partido Renovación Popular, afín a la candidatura de Fujimori, publicó en sus redes sociales un pedido para que se anulen las elecciones, advirtiendo que el nuevo gobierno adolecería de legitimidad.

En la semana, inclusive el conductor de un canal de TV sugirió “tomar Palacio de Gobierno”, destituyendo al actual mandatario Francisco Sagasti antes del constitucional cambio de mando.

Además, se reportó que grupos de seguidores del fujimorismo han protestado por varias noches frente a las casas de autoridades electorales, como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y el jefe de la Oficina de Procesos Electorales, Piero Corvetto.

Un nuevo gobierno que se pronostica débil

Para el politólogo Paolo Sosa Villagarcia, la eventual administración del presidente electo partirá indefectiblemente desde una posición vulnerable y debilitada. Primero, cabe recordar que Castillo no es una figura de liderazgo dentro del partido Perú Libre, que lo invitó a postular a la Presidencia. Y, por otro lado, los temores hacia su candidatura —sobre todo, por sus proyectos económicos iniciales en la campaña— llevaron a una intensa polarización, en la cual la mitad del país, encabezada por Lima y las élites, sigue prefiriendo a Keiko Fujimori.

Más probable que tener un régimen autoritario con Castillo es tener mucho más desgobierno que en los últimos cinco años
“Castillo no se presenta como un presidente electo fuerte. Tiene desventajas marcadas como el no tener control de su partido y, además, una oposición importante encima suyo. Uno de los grandes temores que se difundió durante la campaña era que Castillo ‘es una opción comunista’, que en la realidad es casi un imposible porque el comunismo, por lo general, se ha originado de revoluciones sociales y no de elecciones. Pero, digamos, se mantiene ese temor de parte de un sector de la ciudadanía de que Castillo impulse además un ‘proyecto chavista’, ‘bolivariano’, ‘que reproduzca lo visto en Venezuela’. Sin embargo, por sus debilidades conocidas, yo creo que más probable que tener un régimen autoritario con Castillo es tener mucho más desgobierno que en los últimos cinco años, que ya de por sí fueron bastante caóticos”, explicó Sosa a France 24.

Al 100% de actas procesadas y contabilizadas, Castillo se impone frente a Fujimori con 44,058 votos más. En la elección de 2016, Pedro Pablo Kuczynski superó también a Fujimori por un margen más estrecho: 41.057.

A nivel de gestión, la también politóloga Kathy Zegarra Díaz apunta a un posible escenario de ensayo-error y contramarchas; algo parecido al comportamiento de Castillo como candidato, por su falta de experiencia política. Además, están las aparentes pugnas al interior de su partido, fundado y dirigido por Vladimir Cerrón, un exgobernador de la región Junín con una sentencia por corrupción.

“Creo que hay muy pocas certezas sobre cómo sería un gobierno de Pedro Castillo debido a que, en campaña, se lo vio contradictorio en varios momentos. Incluso, hay que decir que tuvo algunos comentarios desatinados o hasta antidemocráticos y luego se retractó sobre ellos. También es válido tomar en cuenta que él es un miembro relativamente nuevo en el partido de Vladimir Cerrón y que este es quien inicialmente impulsó el proyecto partidario hacia la presidencia. Creo que, una vez asumida la presidencia, será fundamental saber si Castillo verdaderamente mantendrá una hoja de ruta (un plan moderado, distinto al ideario original de Perú Libre) y también si tendrá a un equipo que inspire confianza desde un eventual gabinete de ministros”, estima Zegarra.

Paulo Vilca Arpasi, también politólogo, sostiene que, en general, la extensión de la polarización política puede llevar a un deterioro muy rápido del Poder Ejecutivo en turno. Además, cuestiona la poca apertura que ambos partidos han mostrado para integrarse en proyección con otros actores políticos, más allá de las alianzas o los endoses de segunda vuelta.

“Sea Castillo o incluso Fujimori, a mí me queda claro que el gobierno que surja será débil. No solo porque la victoria se da por un escaso margen de votos, sino también por todas estas circunstancias de crispación. Por otro lado, también está el hecho de que ninguno de los contendientes —especialmente, Castillo— ha construido puentes políticos. Para ganar ser requiere votos, pero para gobernar es fundamental hacer política. Genera mucha preocupación porque un gobierno de Pedro Castillo solamente con su círculo o solo con la izquierda tiene pocas posibilidades de salir adelante. Se entendería que ahora mismo la atención está en que se resuelva la fase electoral, pero también ha sido y sigue siendo importante el ejercicio político. Finalmente, la legitimidad también se gana con esto último”, anota Vilca.

La relación con el Congreso, un problema latente

En los últimos cinco años Perú llegó a tener cuatro presidentes y dos Congresos distintos. Esto, luego de graves crisis políticas, principalmente enmarcadas por la tirantez y la confrontación entre ambos poderes. El Congreso que fue electo en las elecciones del último 11 de abril se presenta fragmentado. De los 120 congresistas, 37 pertenecen a Perú Libre, el partido de Castillo, y 24 son de la agrupación fujimorista Fuerza Popular. Sin embargo, por coincidencia en la derecha, varios otros grupos se perfilan como aliados de este último partido.

El politólogo Paolo Sosa considera que la eventual interacción entre un gobierno de Castillo y el Congreso está marcada por algo que no ocurrió en las elecciones del 2016, y es que la corriente de deslegitimación contra el poder entrante ha empezado sin siquiera cerrarse el proceso electoral.

“El cuestionamiento a la capacidad presidencial de Castillo ha iniciado antes de que asuma el poder. Esa es una diferencia muy importante porque con Pedro Pablo Kuczynski (que venció a Fujimori por un estrecho margen de 47wQbNPTDJp9hMYdvogK2hAUiHsGeiybwaWe36bwtRQ3UTpYV7YuZ8FV5j9nauFCWwcjM6dTzpL5s2N79Rp5unwdMvc8ZKUfue creciendo conforme pasaron los meses en el gobierno. En el caso actual, el escenario ya es adverso para Castillo sin siquiera habérsele declarado presidente. Eso puede dar cuenta del grado de temor que se ha esbozado sobre Castillo desde cierto sector porque Kuczynski era, a fin de cuentas, un candidato de derecha y, por ello, no tan incómodo para la élite política, empresarial ni para la mayoría de medios de comunicación”, señala Sosa.

Para la politóloga Kathy Zegarra, no se pueden descartar nuevas crisis políticas tan o más complejas que las vividas en el reciente quinquenio. Advierte que, de no haber voluntad conjunta desde el Congreso, la práctica de control político extrema como la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente (que fue interpretada contra Martín Vizcarra el 2020 para destituirlo) seguirá a la mano.

Las actitudes antidemocráticas son malas señales
“Considero que Castillo tendrá un Parlamento bastante difícil para dialogar o llegar a consensos. Ya hemos visto lo que sucede cuando un presidente no tiene mayoría en el Parlamento o cuando no tiene popularidad como activo político. No pinta bien. En estos días, hemos escuchado a líderes políticos sugiriendo cuestiones ilegales para rebobinar la elección a solo unas semanas de un cambio de mando. Las actitudes antidemocráticas son malas señales. En realidad, creo que la estabilidad va a depender mucho más de la voluntad política de los nuevos congresistas que de los esfuerzos que pueda hacer Castillo. Pero, volviendo a algo más medular, la propia debilidad institucional de los partidos políticos en el Perú pone difícil ese camino integrado”, explica Zegarra.

El también politólogo Paulo Vilca indica que la relación entre el eventual gobierno y el nuevo Congreso estará determinada por tres hitos importantes: la elección interna del presidente del Parlamento; la selección desde el Ejecutivo de su primer gabinete y la negociación para el voto de confianza; y, finalmente, qué ocurrirá con el ofrecimiento de campaña de Castillo sobre una nueva Constitución. “Creo que esos tres momentos, dependiendo de cómo se enfoquen o negocien, podrían redondear una proyección sobre cómo será el Congreso con el Ejecutivo y viceversa”, expresó.

Además de afrontar un ambiente político hostil, la próxima gestión presidencial deberá enfocarse en una agenda ya prioritaria: el manejo de la pandemia, la continuidad de la vacunación y la salida a la crisis económica.

Otros temas de especial atención son el reforzamiento de la educación, la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana y la respuesta a los conflictos sociales en diferentes regiones del país. La nueva asunción de gobernante está reservada, constitucionalmente, para el 28 de julio, fecha de aniversario de la independencia de Perú. Precisamente este 2021, la república sudamericana llega a su bicentenario.

Con información de MSN.com/ Ana Bazo Reisman

Nicaragua: Ortega sigue encarcelando a dirigentes opositores

La policía nicaragüense arrestó ayer domingo a la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y a la dirigente opositora Ana Margarita Vigil, ambas disidentes del gobierno de Daniel Ortega, como parte de la persecución que la oposición dice enfrentar desde inicios de junio.

La policía dijo que “ambas son investigadas por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, entre otros delitos, según la nota entregada a los medios.

Lo señalado por la Policía se ampara en una polémica ley aprobada en diciembre del año pasado, la llamada “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que castiga con cárcel a las personas que promueven la intervención extranjera.

Téllez y Vigil pertenecen a la Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformado por disidentes sandinistas, antes conocido como Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, centroizquierda). El arresto de ambas dirigentes opositoras se produjo luego que la policía antimotines allanara durante varias horas sus residencias en Managua.

La Policía informó también que las detenidas serán investigadas y remitidas si es necesario ante “las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales”.

Téllez, de 65 años, fue una de las comandantes de los frentes guerrilleros que luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza en los años 70, así como ministra de Salud durante la revolución sandinista en los años 80. En 1995 ayudó a fundar el MRS de centroizquierda con disidentes sandinistas, hoy conocido como Unamos, que es parte de la plataforma opositora al gobierno de Ortega, en el poder desde 2007. Mientras que Tamara Dávila pertenece al bloque opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Al menos una decena de dirigentes opositores, entre ellos cuatro importantes opositores aspirantes a la presidencia, han sido detenidos por la policía desde el pasado 2 de junio a instancias del gobierno de Ortega.