CONGRESO

Demócratas de la Cámara Baja retrasan el voto del plan de infraestructura

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, falló en contra de poner un proyecto de ley de infraestructura de $1 billón a votación el jueves por la noche, según un ayudante de la líder, después de que los demócratas progresistas se rebelaron, lo que podría retrasar la consideración de este proyecto de ley hasta que los demócratas lleguen a un acuerdo sobre la ampliación de la red de seguridad social y una legislación sobre el cambio climático, según CNN.

La decisión de Pelosi se produjo después de horas de intensas negociaciones, incluida una llamada con el presidente Joe Biden y una avalancha de reuniones y llamadas con miembros del caucus demócrata de la Cámara Baja.

La demora coloca a Pelosi más allá de su segundo plazo autoimpuesto para votar sobre el plan de infraestructura, después de posponer anteriormente la votación, originalmente programada para el lunes.

Se espera que las negociaciones se reanuden el viernes, a lo que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aludió en un comunicado el jueves por la noche en el que agradecía a Pelosi y al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, por sus esfuerzos.

“Se ha avanzado mucho esta semana y estamos más cerca que nunca de un acuerdo”, escribió Psaki. “Pero todavía no hemos llegado, por lo que necesitaremos algo de tiempo adicional para terminar el trabajo, comenzando mañana por la mañana a primera hora”.

La propuesta migratoria demócrata sufre un nuevo revés en el parlamento

La parlamentaria del Senado informó ayer miércoles a los demócratas que su más reciente propuesta para ayudar a millones de inmigrantes a quedarse permanentemente en Estados Unidos no puede incluirse en su iniciativa social y ambiental por 3,5 billones de dólares, lo que representa un nuevo revés al partido en este tema.

“Es desafortunado. No estoy de acuerdo con ella”, dijo el senador demócrata Bob Menendez, uno de los principales defensores de la inmigración dentro del partido, al referirse a la decisión de Elizabeth MacDonough, árbitra apartidista de la cámara alta.

La redacción que fue rechazada habría permitido que los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos antes de 2010 pudieran quedarse de forma permanente si cumplían con otras condiciones, lo que habría beneficiado a 8 millones de personas, dijo una persona al tanto del plan y que habló bajo condición de anonimato.

Para muchos progresistas y activistas en favor de la migración, uno de los principales objetivos de la iniciativa de 3,5 billones de dólares ha sido incluir una oportunidad para la residencia permanente, y posiblemente la naturalización, para millones de inmigrantes.

El presidente Joe Biden propuso a principios de este año buscar la manera de brindar ese recurso a 11 millones de inmigrantes. Aunque la Cámara de Representantes ha aprobado medidas para ayudar a algunos de ellos, los republicanos han trabado dichas iniciativas en el Senado, y las negociaciones bipartidistas para encontrar un punto medio han fracasado.

Debido a ese bloqueo, los demócratas han intentado incluir sus disposiciones migratorias dentro de la medida de 3,5 billones de dólares, ya que cuenta con protecciones especiales para evitar que los republicanos utilicen tácticas dilatorias para cerrarle el paso a la iniciativa.

Menendez y otros legisladores señalaron que le presentarán a MacDonough nuevas alternativas en materia de inmigración. No dio a conocer detalles, y de momento se desconocen las posibilidades de éxito de una nueva propuesta demócrata.

El senador también lanzó una amenaza a la comunidad empresarial. Menendez dijo que si el Congreso no puede ayudar a los inmigrantes a permanecer en Estados Unidos, él se opondrá a futuros cambios migratorios que beneficien a las empresas.

Cuestionado sobre si otros senadores comparten esa visión, Menendez respondió: “En un Senado dividido 50-50, esa es la única opinión que importa”.

La nueva propuesta demócrata rechazada involucraba cambios a la Ley de Registros de 1929. El Congreso cambió por última vez la fecha en esa ley en 1986, cuando indicaba que los migrantes que llegaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 podían ser elegibles para el estatus de permanencia legal.

Republicanos de la Cámara Baja rechazarán el plan de infraestructura de Biden

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes están lanzando una campaña total para hundir un proyecto de ley de infraestructura bipartidista, mientras los líderes demócratas luchan por unir su grupo en torno a esta legislación, antes de una votación que debe realizarse el jueves, según CNN.

Si bien el paquete de infraestructura de $1.2 billones de dólares contiene artículos populares ampliamente respaldados por ambos partidos, y obtuvo el respaldo de 19 republicanos en el Senado, los líderes republicanos en la Cámara de Representantes quieren asegurarse de que el proyecto de ley no supere la línea de meta, y para eso han comenzado a aumentar la presión sobre sus miembros.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, junto a Steve Scalise, han estado haciendo llamadas personales y hablando con los legisladores en el piso de la Cámara, según fuentes republicanas. Y aunque los líderes republicanos no están amenazando a los miembros que respaldan el proyecto de ley, están siendo contundentes con sus planteamientos, dijeron esas fuentes a CNN.

“Nuestro argumento es que la infraestructura es una droga de entrada a la reconciliación”, dijo una fuente familiarizada con la operación. La fuente espera que entre 12 y 20 republicanos de la Cámara voten “sí” a la legislación, pero dijo que esto no sería suficiente para compensar las deserciones masivas con las que que amenazan los legisladores progresistas, si el proyecto de ley llega a la sala sin un acuerdo sobre la legislación para expandir la red de seguridad social a través de la reconciliación.

La Casa Blanca rechazó confirmar si Biden recibió advertencia de dos generales de no salir de Afganistán

La Casa Blanca rechazó ayer martes confirmar si el presidente Joe Biden recibió consejo para dejar un contingente de unos 2,500 soldados en Afganistán, tal y como aseguraron dos de los generales de mayor rango de Estados Unidos, Mark Milley y Kenneth McKenzie, durante una audiencia en el Congreso.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió la decisión de Biden de retirar todas las tropas estadounidenses de Afganistán, aunque dijo que los líderes militares presentaron al mandatario “un rango de opciones”.

“En último lugar, sin importar el consejo, era su decisión”, defendió Psaki.

Además, la portavoz defendió que, si Biden hubiera dejado 2,500 soldados en Afganistán, ahora EE.UU. estaría en “guerra” con los talibanes.

Al mismo tiempo, defendió que esa cifra de 2,500 no era “sostenible”, ya que hubiera acabado aumentando tal y como ha ocurrido durante los últimos 20 años.

Este martes, Milley, el jefe del Estado Mayor conjunto, y McKenzie, líder del Comando Central (CENTCOM), comparecieron junto con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ante el Comité de Servicios Armados del Senado para dar explicaciones sobre la caótica retirada y evacuación de Afganistán.

Durante su intervención bajo juramento, McKenzie señaló que recomendó a comienzos de este año que EE.UU. mantuviera 2,500 efectivos en Afganistán y que a principios de otoño de 2020 aconsejó que se quedaran 4,500 soldados, en respuesta a una pregunta del senador republicano por Oklahoma Jim Inhofe.

McKenzie rechazó revelar exactamente cuál fue su recomendación a Biden, aunque destacó que su “opinión personal”, que, recordó, da forma a los consejos que ofrece al presidente, es que “la retirada de esas fuerzas llevaría inevitablemente al colapso de las fuerzas militares de Afganistán y, finalmente, del gobierno afgano”.

Acto seguido, Inhofe se dirigió a Milley para preguntarle sobre si está de acuerdo con la recomendación de dejar a 2,500 efectivos, a lo que el general de mayor rango de EE.UU. contestó que compartía esa visión.

En su rueda de prensa, Psaki defendió que las declaraciones de los dos generales no contradicen las palabras del propio presidente Biden, quien ha insistido en varias ocasiones en que decidió seguir adelante con la retirada de Afganistán después de que todos sus asesores militares se lo recomendaran.

Incluso en una entrevista el pasado 19 de agosto con el canal ABC News en medio de la operación de salida de AfganistánBiden aseguró que nadie que él recordara le había recomendado dejar un contingente de unos 2,500 militares en ese país.

Al respecto, Psaki consideró que las palabras de Biden en esa entrevista no han sido interpretadas correctamente por algunos medios, que apuntan a una contradicción; y afirmó que el debate sobre dejar tropas estaba “dividido”, pero el “consenso” era que los soldados debían retirarse por Afganistán.

EE.UU. se vio obligado a acelerar a mediados de agosto las evacuaciones y a adelantar el plazo final para la retirada total de las tropas de Afganistán al 31 de ese mes por el rápido avance de los talibanes, que tomaron el control del país, y el colapso del Gobierno del presidente Ashraf Ghani.

Líderes del partido demócrata admiten que el plan social de Biden será de menos de $3.5 billones de dólares

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, reconoció este domingo “que parece obvio” que el plan de gasto social impulsado por el presidente Joe Biden será menor que los $3.5 billones de dólares propuestos en un principio.

En este sentido se expresó Pelosi en una entrevista en la cadena televisiva ABC al ser preguntada por las dudas planteadas ante el voluminoso paquete legislativo dentro de la propia bancada demócrata y que los progresistas quieren aprobar antes de finales de mes.

La líder demócrata señaló “que parece obvio” que será menor que los $3.5 billones propuestos por el presidente, Joe Biden, para poder contar con el respaldo del ala moderada del partido.

No obstante, indicó que “incluso los que quieren una cifra más baja apoyan la visión” del mandatario.

El ambicioso plan de gasto social, diseñado para ser desembolsado durante una década, busca expandir la cobertura sanitaria, luchar contra la pobreza, implementar medidas contra la crisis climática, garantizar la educación pública para los niños menores de cinco años e invertir en viviendas públicas, entre otras iniciativas.

Para financiarlo, los demócratas han propuesto una subida de los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas, para recolectar $2,9 billones de dólares durante 10 años.

Pelosi aseguró que, pese a algunas voces en el ala más moderada del partido que consideran excesivo el paquete y se oponen a algunas de las abruptas subidas de impuestos, el plan será aprobado finalmente y calificó la legislación de “transformadora“.

Lograremos los números necesarios” para que el plan salga adelante, dijo.

EEUU: demócratas intentan evitar el cierre parcial del gobierno

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron el martes el texto de un proyecto de ley de presupuesto federal a corto plazo para evitar el cierre parcial del gobierno que incluye una disposición para suspender el límite de la deuda y destina miles de millones de dólares a los esfuerzos para reubicar a los refugiados afganos y para el alivio de desastres naturales tras los recientes huracanes e incendios forestales, según CBS News.

El proyecto de ley de 93 páginas, conocido como resolución continua, mantiene los niveles actuales de financiamiento federal hasta el 3 de diciembre e incluye una suspensión del límite de deuda hasta diciembre de 2022.

Si la Cámara y el Senado lo aprueban, los legisladores evitarían dos crisis fiscales que enfrentan en las próximas semanas: un cierre parcial del gobierno y el incumplimiento de las deudas de la nación, que los funcionarios de la administración de Joe Biden advirtieron que tendría consecuencias económicas catastróficas.

La legislación también proporciona $28.6 mil millones de dólares en ayuda por desastre para hacer frente a los recientes huracanes, incendios forestales y sequías, así como otros desastres naturales, y $6.3 mil millones para apoyar los esfuerzos de reubicación de los afganos que huyeron de Kabul después de la rápida toma de posesión de Afganistán por los talibanes.

“Es fundamental que el Congreso apruebe rápidamente esta legislación para apoyar los programas críticos de educación, salud, vivienda y seguridad pública y brindar ayuda de emergencia a los sobrevivientes del desastre y los evacuados afganos”, dijo la congresista Rosa DeLauro, demócrata de Connecticut que preside el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a los periodistas que anticipa que la Cámara votará el martes sobre la resolución continua que mantiene al gobierno en funcionamiento y evita el cierre parcial del mismo.

El Comité de Reglas de la Cámara se reunió el martes para establecer los parámetros para el debate sobre la medida del presupuesto federal en el piso de la Cámara.

La Cámara de Representantes y el Senado regresaron a Washington el lunes luego de un receso de una semana y se enfrentaron de inmediato a una larga lista de tareas legislativas y plazos que se acercaban rápidamente.

Propuesta migratoria demócrata no convence a legisladores republicanos

Una gran mayoría republicana, y algunos demócratas, cuestionan la estrategia migratoria de la administración Biden, liderada por la vicepresidenta Kamala Harris. Concuerdan en que la frontera sigue siendo permeable.

Luego de meses de críticas por no haber visitado la frontera sur de Estados Unidos, la vicepresidenta del país, Kamala Harris, llegó hasta El Paso, Texas, desde donde prometió un nuevos sistema migratorio “más ordenado y humano”.

No obstante, los republicanos insisten en que las medidas de la Administración Biden, son un llamado a que más personas intenten cruzar la frontera de forma irregular, porque lo que han visto es “an open border, una frontera abierta”, dijo el líder republicano en El Paso, Ray Baca, en una reciente entrevista con la Voz de América.

“Estamos bastante preocupados los que vivimos en la frontera, con lo que pasa cuando se permite la entrada a muchas personas ilegalmente. Vamos a hacer la situación del desempleo peor, y de la salud peor. Tenemos que encontrar un programa de largo plazo donde el país pueda determinar cuántos inmigrantes podemos absorber. Pero no hay una solución que tenga en cuenta, no las necesidades de los inmigrantes, sino la de los ciudadanos de este país”, razonó Baca, en conversación con la VOA.

Entre otros puntos, la vicepresidenta estadounidense recordó en su visita a El Paso, que la administración Biden “incluye un camino a la ciudadanía para los más de diez millones de indocumentados”, además de un aumento del número de visas de diversidad y de trabajo. Simultáneamente, el gobierno Biden planea instalar programas para que las personas puedan pedir refugio desde sus países.

De hecho, ya reinstauró uno dedicado a promover la reunificación de menores centroamericanos cuyos padres ya están en el país con documentos, el Programa de Menores Centroamericanos, CAM, por sus siglas en inglés.

Jasmine recibio homenaje en el Capitolio de Puerto Rico

La campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn completó su gira de celebración en Puerto Rico asegurando que tiene la mira puesta en traer “más oros” para el país en los próximos años.

“La posposición de las olimpiadas (en 2020) me dio tiempo extra, entrené más duro y definitivamente quería traer un oro de vuelta a la isla. Significa mucho traer tanta alegría a la gente. Honestamente, ver el amor que he recibido, no se puede explicar, pero agradezco a todo mundo por todo. Definitivamente espero traer más oros”, sentenció la medallista de oro en los 100 metros con vallas durante un homenaje que recibió esta tarde en el Capitolio.

“Quiero agradecer a todos por acompañarme en este viaje. Hace cinco años no fue fácil para mí. Pero ciertamente no dejé que me sobrecogiera. No me detuve. Terminé la universidad y continué hacia el profesionalismo”, en alusión a su resultado en los Juegos Olímpicos de 2016, cuando un tropiezo con una valla en la semifinal le privó de luchar por una medalla.

Para Camacho-Quinn, la ceremonia en el hemiciclo de la Cámara de Representantes fue el cierre de una intensa jornada de dos días de celebraciones, que comenzó ayer con el recibimiento en el aeropuerto y la caravana que la llevó hasta Trujillo Alto, de donde es natural su madre, María Milagros Camacho.

Conozca los detalles del paquete económico de $3.5 billones que demócratas impulsan en el Congreso

En una carta a sus colegas, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (Nueva York), estableció la ruta para elaborar el paquete económico de $3.5 billones que será aprobado a través del proceso de Reconciliación.

El plan está enfocado en familias, infraestructura y empleos, inmigración y seguridad médica. La integración de las distintas propuestas estarán a cargo de distintos comités.

Schumer recordó a sus colegas que con esto se cumple la promesa de avanzar con el gran plan económico del presidente Joe Biden en dos vías, una a través del proyecto bipartidista de $1.2 billones de dólares –que está a punto de ser aprobado– y otro que necesita la regla para una mayoría simple.

“A principios de este año propuse que el Senado trabajara en ‘dos vías’ para promulgar un proyecto de ley de infraestructura bipartidista y un proyecto de ley de Reconciliación presupuestaria”, señaló Schumer. “(Esto) para realizar inversiones históricas en empleos estadounidenses, familias… y la lucha contra el cambio climático”.

Los senadores tienen las propuestas que el Comité de Presupuesto, presidido por Bernie Sanders (Vermont), está recomendando a los otros páneles.

“Recuerde que la resolución sólo incluye instrucciones de reconciliación ‘de primera línea’ para los comités, y que cada Senador tendrá la oportunidad de moldear e influir en el proyecto de ley”, recordó Schumer.

Los presidentes de los comités tendrán reuniones virtuales con los miembros de sus páneles el receso de agosto para desarrollar la legislación.

Las inversiones se enfocan en familias, para como establecer Pre-K universal para niños de 3 y 4 años y un nuevo beneficio de cuidado infantil; propone que la matrícula del Community College sea gratuita durante 2 años; extiende los apoyos fiscales, como el Crédito Fiscal por Niño hasta por cinco años; crea el primer beneficio federal de licencia familiar y médica pagada, entre otros.

Sobre medio ambiente busca reduccir emisiones de carbono del 80% en electricidad; crearía un nuevo Programa de Pago de Electricidad Limpia; proporciona incentivos y subvenciones fiscales para la energía limpia, la fabricación y el transporte; impone nuevas tarifas a las importaciones de metano y carbono; invierte en inversiones en gestión forestal y agricultura climáticamente inteligente para agricultores y comunidades rurales.

Sobre infraestructura y empleos propone invertir en proyectos y programas de empleo no incluidos en el plan de infraestructura por avalarse; inversiones en vivienda pública, verde y sostenible; establece el primer Cuerpo Civil de Clima; invierte en el desarrollo de la fuerza laboral y programas de capacitación; proporciona ‘green cards’ a millones de trabajadores inmigrantes y familias; además de financiar tecnología inteligente para fronteras seguras y eficientes.

Se profundizan las divisiones en el Congreso ante proyectos del estatus político de Puerto Rico

Pese a que reconoce que están contra el reloj para tomar una decisión sobre los proyectos que buscan resolver el estatus de Puerto Rico, el congresista demócrata Raúl Grijalva admitió que dichas medidas continúan provocando divisiones entre miembros de ambos partidos políticos en el Congreso.

“Voy a ser directo con el pueblo de Puerto Rico y con mis colegas en este Comité. Este problema es uno divisivo para ambos partidos en el Congreso. Hay mucha incertidumbre en torno a qué podría ocurrir si el Comité celebra una votación formal para alguna de estas medidas”, indicó Grijalva durante una segunda vista pública del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal sobre ambos proyectos de estatus.

“El Comité se está aproximando a una etapa en que tiene que tomar decisiones sobre estas medidas, que es algo que espera la ciudadanía en Puerto Rico y lo que merecen”, continuó.

Al culminar la segunda audiencia en donde se discutieron dos proyectos legislativos congresionales que buscan resolver el estatus de Puerto Rico, Grijalva mostró preocupación en torno al nivel de información pública que se está difundiendo para educar a la ciudadanía sobre las opciones de estatus y lo que implican. El primero —el proyecto de la Cámara 1522— propone la admisión de Puerto Rico como un estado de los Estados Unidos luego de la celebración de una segunda consulta estadidad sí o no. Mientras que la segunda medida legislativa —el proyecto 2070— pretende crear una Convención de Estatus en la que se elegirán delegados que discutirán las opciones de estatus que serán presentadas como alternativas al pueblo en un referéndum.

“El problema para mí es el derecho de la ciudadanía a saber. El problema para mí es que se pueda  haya un nivel de entendimiento general del público sobre ese trayecto hacia la libre determinación”, señaló Grijalva. El congresista, además, anticipó que volverá a pedir una recomendación a oficiales del Departamento de Justicia para delimitar las acciones que podría tomar o no el Congreso con relación al estatus político de la isla.

Incluso, durante esta segunda vista congresional, la discusión estuvo enmarcada en un análisis que publicó dicha agencia el pasado lunes en torno a ambos proyectos de ley luego de una solicitud del propio congresista en la vista de abril. En torno al proyecto de la Cámara 2070, de la autoría de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, el Departamento de Justicia planteó preocupaciones sobre a la autoridad de un Congreso para obligar a Congresos posteriores a tomar cualquier decisión sobre el estatus de la isla. Asimismo, propuso introducir el estatus actual territorial en cualquier futura consulta pese a que dicha medida rechaza la inclusión de dicha opción al considerarla como colonial. Mientras que para el proyecto 1522, de la autoría de la comisionada residente Jenniffer González y el congresista Darren Soto, mostró preocupación en torno a la ausencia de un periodo de transición y las uniformidades constitucionales al admitirse a la isla como un estado.

Por su parte, al finalizar la vista, González defendió la medida legislativa de su coautoría y reconoció que podría encarar enmiendas técnicas tras el informe del Departamento de Justicia. Sin embargo, indicó que no prevé enmiendas en la sustancia de la pieza legislativa ya que aseguró que la agencia federal “avaló” la parte sustantiva del proyecto. La comisionada residente, incluso, comentó que el congresista Grijalva no descarta celebrar una tercera audiencia sobre ambos proyectos. Las expresiones de González surgieron en una conferencia de prensa que celebró al culminar la vista pública junto a la delegación congresional de la estadidad en Washington, DC. Pese a que González Colón aseguró que fue invitado, el exgobernador Ricardo Rosselló no asistió a dicha comparecencia pública.

Durante la vista, similar a la pasada, los defensores de sus respectivos proyectos enfocaron sus preguntas hacia académicos y profesores de Derecho. Por un lado, a preguntas de González Colón, la profesora de Derecho Christina Ponsa-Kraus objetó que el Departamento de Justicia federal recomendara la inclusión del actual estatus territorial en una futura consulta.La línea de preguntas de González —que en esta ocasión incluyó al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana Andrés Córdova— en plantear que el proyecto que propone Velázquez y Ocasio Cortez no pueden garantizar que el resultado de una Asamblea Constituyente sea vinculante.

El profesor y economista José Caraballo Cueto, quien depuso como un panelista neutral, expuso los efectos económicos que podrían tener las opciones de estatus que disponen los dos proyectos legislativos. El académico de la Universidad de Puerto Rico planteó que en 2015 Puerto Rico pagó unos $3,500 millones en impuestos federales, lo que significa cinco veces más que los impuestos que pagan de forma combinada los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y otros territorios estadounidenses.

Velázquez, por su parte, enfocó sus preguntas hacia el abogado Rafael Cox Alomar con quien intentó establecer que una Convención de Estatus no plantea cuestionamientos constitucionales. A preguntas de Velázquez, el también profesor de Derecho, planteó que el Departamento de Justicia federal planteó que, de aprobarse el proyecto 1522, no significa que la estadidad sea implementada de forma inmediata.

Con información de Metro Puerto Rico.com

Justicia federal reitera que estatus territorial de Puerto Rico permite trato diferente del Congreso

El Departamento de Justicia federal emitió su planteamiento ante el Tribunal Supremo, en la que defendió la exclusión de Puerto Rico del beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI, por su siglas en inglés).

En el documento, el procurador general de Estados Unidos aseguró que la decisión del Primer Circuito de Apelaciones, en la que estableció que los puertorriqueños tienen derecho a  igual trato con el SSI, es incorrecta.

Entre sus razones, están que los residentes de Puerto Rico generalmente están exentos de la mayoría de los impuestos federales, pero incluir a la Isla en el programa le costaría al gobierno federal alrededor de dos mil millones de dólares cada año.

“La situación de impuestos Puerto Rico proporciona una base racional para la decisión del Congreso de no extender el programa SSI a los habitantes de la isla”, lee el documento.

Este apuntó que la autonomía fiscal que permite a Puerto Rico establecer su propio sistema tributario, sin estar atado al pago de contribuciones federales, le permite al gobierno local establecer un sistema de beneficios para la población que se beneficiaría del SSI.

Por esa misma razón Justicia federal hizo énfasis en los poderes del Congreso sobre los territorios para tratarlos diferente a los estados.

“El Congreso, consistente con su designación constitución y de conformidad con su poder plenario en virtud de la Cláusula de Territorio, ha tratado a los Territorios de manera diferente durante mucho tiempo. Al abordar los innumerables aspectos de la gobernanza territorial, el Congreso debe emitir juicios de política, tanto generales como intersticiales, que no podrían ser objeto de una segunda conjetura judicial bajo un escrutinio más riguroso”, lee el documento.

En cuanto a las expresiones de esta mañana del presidente Joe Biden, la agencia reconoció que la administración apoya la extensión del SSI para Puerto Rico, “pero el mecanismo adecuado para efectuar tal cambio en la política de bienestar social es la acción del Congreso, no una decisión de esta Corte que anule sus precedentes e invalide una Ley del Congreso bajo revisión racional”.

Este finaliza asegurando que la decisión del Apelativo federalen el caso de Vaello-Madero v. Estados Unidos., debe ser revertida.

Con información de Metro Puerto Rico

Sepa que se vota y qué se elige en México el próximo domingo

Este próximo domingo 6 de junio, México llevará a cabo una de las elecciones intermedias más grandes de su historia donde podrán votar más de 93 millones de mexicanos, todos inscritos en el padrón electoral, quienes podrán emitir su voto en las urnas.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral de México (INE), para estas elecciones se renovará por completo la Cámara de Diputados con un total de 500 lugares, de los cuales 300 serán diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

Además 15 estados del país renovarán gubernaturas, los cuales son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

También en varios estados se votará por 30 congresos locales; 1900 ayuntamientos y juntas municipales. Tan solo en las Ciudad de México se renovarán 16 alcaldías y 66 diputaciones.