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Corte de Apelaciones de California rechaza nueva regla de carga pública del Gobierno Trump

La corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló este miércoles en contra de la aplicación de la regla del Gobierno federal conocida como “carga pública” al considerar que genera un daño financiero a los estados.

La medida ha sido criticada por activistas defensores de los inmigrantes especialmente porque podría llevar a que, ante la pandemia de la COVID-19, algunos inmigrantes contagiados no acudan a los servicios públicos de salud.

De igual forma, varias demandas presentadas contra la regla alegan que la medida lleva a que inmigrantes que tendrían derecho a aplicar por ayudas federales como dinero en efectivo, alimentos o subsidio de vivienda, no las utilicen y en cambio busquen ayudas estatales o locales, causando un daño financiero a los gobiernos respectivos.

“El panel concluyó que esto constituye un daño suficiente”, declaró la Corte en su decisión.

El panel de tres jueces, que falló a favor de los demandantes en una votación de 2-1, igualmente encontró que “la regla es inconsistente con cualquier interpretación razonable del estatuto de carga pública y por lo tanto contraria a la ley”.

Xavier Becerra, fiscal general de California, que figura entre los estados que han demandado la norma, aplaudió la decisión de la Corte de Apelaciones y aseguró que mantendrá su lucha jurídica contra la medida.

“Mientras continuamos enfrentando una crisis económica y de salud pública sin precedentes, forzar a las familias trabajadoras a escoger entre necesidades básicas o mantener su estatus de inmigración es inhumano”, señaló Becerra en una declaración al conocerse el miércoles el fallo.

La decisión de la corte de apelaciones de California afecta también a Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia, según indicó la fiscalía.

Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un comunicado en el que informó que actualmente “está revisando la orden de la Corte” y no ofreció más comentarios.

Corte de Apelaciones permite a gobierno de EEUU eliminar el TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán

Con una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito avaló al Gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Termporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, que afectará a unos 300,000 inmigrantes y sus familias.

“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía implementación de decisiones de rescisión de designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, y en prisión preventiva”, indica la opinión de la jueza Consuelo Callahan.

El panel de jueces encontró que un juez federal de California que decidió mantener el programa tomó una decisión extrema para bloquear la terminación de este programa que otorga perdón de deportación y Autorización de Empleo.

“El Tribunal de Distrito abusó de su discreción para concluir que los Demandantes presentaron al menos serias dudas sobre los méritos de su protección”, indica la opinión sobre la demanda Ramos v. Wolf.

Durante casi 20 años, las administraciones anteriores –republicanas o demócratas– han renovado el estatus de TPS, pero el presidente Trump terminó el programa en noviembre de 2017, aunque los tribunales han bloqueado temporalmente sus esfuerzos.

En medio de la batalla legal, en noviembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió al 4 enero del 2021 el TPS para los cuatro países mencionados.

En la decisión de este lunes, la jueza Morgan Christen votó en contra citando los esfuerzos de la Administración Trump por terminar con el programa que protege a familias de desastres naturales, el crimen organizado y otros problemas en sus países de origen.

En su explicación, la jueza Christen apunta las comunicaciones internas entre distintas agencias del DHS, incluido Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entonces dirigida por Francis Cissna, sobre los esfuerzos de terminar con la protección de inmigrantes sin tomar en cuenta las afectaciones a las familias.

Vale recordar que en 2017 se dieron a conocer decenas de memorandos internos del Departamento de Estado y comunicaciones diplomáticas que demuestran que altos funcionarios advirtieron repetidamente al exsecretario de Estado, Rex Tillerson, que eliminar el TPS desestabilizaría gravemente a sus países de origen, además de acarrear problemas de seguridad nacional para EE.UU.

Los TPS fueron creados en 1990 por el Congreso, que le dio facultades al DHS de otorgar protecciones migratorias y permisos laborales a originarios de naciones devastadas por desastres naturales o movimientos sociales.

La jueza Christen también citó los comentarios del presidente Trump cuando llamó “países de mierda” a naciones con TPS, como Haití.