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Gobierno de Biden canceló citas de nuevos solicitantes de DACA tras orden de juez de Texas

El gobierno del presidente Joe Biden anunció hoy la cancelación de citas para los inmigrantes que han solicitado, por primera vez, el amparo de deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) indicó en su página web que “está dando pasos inmediatos para cumplir con la orden del Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas” que el 16 de julio declaró ilegal el programa, y no permitió otorgar nuevos amparos.

Por su parte grupos que abogan por los inmigrantes indicaron que sus miembros habían recibido de USCIS un mensaje por Twitter y por correo electrónico indicando “la cancelación de todas las citas para la toma de datos biométricos de los solicitantes iniciales de DACA”.

“Cualquier persona que tenga una cita para la toma de datos biométricos relacionada con una solicitud inicial de DACA no debe concurrir a la cita”, indica el mensaje.

Esta medida se aplica para los nuevos solicitantes de DACA que tenían citas en las próximas semanas u otros que esperaban para saber si su solicitud inicial había sido aceptada.

Casi 60,000 jóvenes indocumentados que solicitaron por primera vez serán afectados, según datos de USCIS.

Para el 1 de abril había 55,550 nuevas solicitudes de DACA que aún necesitaban procesarse por USCIS. A este número se debe añadir las nuevas solicitudes recibidas en abril, mayo, junio y los primeros 15 días de julio.

Los actuales beneficiarios de DACA podrán continuar con sus trámites de renovación.

El programa DACA fue creado en 2012 por decreto del entonces presidente Barack Obama (2009-2017), y postergó la deportación de inmigrantes indocumentados que fueron traídos de forma indocumentada a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

Más de 700,000 personas se han amparado en ese programa que el ex presidente Donald Trump (2017-2021) dio por terminado, también vía un decreto, en septiembre de 2017, medida que fue revocada por una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en junio de 2020.

La semana pasada el juez federal Andrew Hanen ordenó al gobierno que suspendiera la concesión de nuevos amparos migratorios y declaró que el programa violó la Ley de procedimientos administrativos.

Hanen dejó claro que su decisión no implica que las autoridades migratorias tomen “ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA”, y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo para sus beneficiarios.

En opinión del juez, a pesar de su ilegalidad “no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado tan notable dependencia”, y que ésta ha podido aumentar con el paso de los años, especialmente cuando pueden llegar todavía fallos contrarios al suyo en el tribunal de apelaciones o la Corte Suprema.

Senado retoma el ‘Dream Act’ para otorgar ciudadanía a ‘dreamers’

A veces la unidad bipartidista sorprende positivamente, como este jueves que los senadores demócrata Dick Durbin (Illinois) y el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) presentaron la ‘Dream Act’ que permitiría a los ‘dreamers’ obtener la ciudadanía.

“Hace veinte años, fui al piso del Senado para presentar el Dream Act por primera vez. Estoy orgulloso de hacerlo una vez más hoy. Es hora de arreglar finalmente nuestro sistema de inmigración roto”, dijo Durbin al presentar el proyecto.

La propuesta permitiría otorgar la Residencia Permanente a dos millones de inmigrantes, según cálculos de varias organizaciones, que llegaron al país siendo niños.

De ese universo alrededor de 700,000 están protegidos bajo la Acción Diferida (DACA).

El proyecto es celebrado por organizaciones que defienden a inmigrantes, así como coaliciones empresariales.

Datos del Center for American Progress (CAP) señalan que estos inmigrantes aportan miles de millones de dólares a la economía del país, al pagar $5,700 millones de dólares en impuestos federales y $3,100 millones de dólares en impuestos estatales y locales anualmente.

La National Retail Federation (NFR) celebró que se retomara la propuesta.

“Felicitamos a los senadores Durbin y Graham por liderar el esfuerzo para proporcionar una resolución bipartidista y permanente para millones de Dreamers”, dijo Matthew Shay, presidente y director ejecutivo de NRF.

Google dona U$ 500.000 para que cientos de dreamers tramiten el DACA

Google anunció este miércoles una donación de 250.000 dólares al grupo United We Dream para ayudar a que 500 “soñadores” tramiten sus solicitudes al programa Acción Diferida (DACA), que otorga permiso temporal de residencia y trabajo a inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

“Por generaciones los inmigrantes talentosos han ayudado a Estados Unidos a impulsar los avances tecnológicos y científicos que han creado millones de empleos en industrias nuevas, y han enriquecido nuestra cultura y nuestra economía”, indicó en un comunicado el vicepresidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker.

“Es por ello que por mucho tiempo hemos apoyado el programa DACA”, añadió. “Google con orgullo emplea a ‘soñadores’ que trabajan en la construcción de productos que usted usa cada día. Y hemos defendido su derecho a permanecer en Estados Unidos uniéndonos a testimonios ante tribunales en apoyo de DACA”.

United We Dream es el mayor de varios grupos de beneficiarios del programa -que se denominan a sí mismos como “soñadores”- y que ha conducido campañas políticas y participado en demandas judiciales en defensa de DACA.

El programa lo creó, por decreto en 2012, el presidente Barack Obama y ampara actualmente a unas 650.000 personas. El presidente Donald Trump, también por decreto, canceló el programa a partir de marzo de 2017 y las subsecuentes querellas judiciales llevaron el asunto al Tribunal Supremo de Justicia, que en verano pasado ordenó al Gobierno volver a abrir este amparo migratorio.

Google y otras empresas se han opuesto por años a la decisión de Trump con el argumento de que su política migratoria restrictiva y la amenaza de deportación de los ‘soñadores’ perjudica la capacidad de las compañías para contratar a personal calificado nacido en otros países.

El presidente electo, Joe Biden, ha indicado que, en cuanto asuma el gobierno el 20 de enero, enviará al Congreso proyectos de ley sobre inmigración que podrían incluir una solución permanente para los beneficiarios de DACA.

“Apoyaremos los esfuerzos del nuevo Congreso y del gobierno entrante para la aprobación de una reforma integral de la inmigración que mejore los programas de visa relacionados con el empleo, los cuales realzan la capacidad de EE.UU. para competir y promueven trámites migratorios mejores y mas humanos”.

Walker añadió que la donación de la empresa se suma a “más de 35 millones de dólares en apoyo que Google.org y empleados de Google han contribuido durante años para apoyar a los migrantes y refugiados en todo el mundo”.

Esas constribuciones incluyen “mas de un millón de dólares en apoyo específico para DACA y los esfuerzos de migración mediante campañas de donación de los empleados encabezadas por HOLA (el grupo de recursos de los empleados latinos de Google)”.

EEUU aprueba primeras solicitudes al DACA en años

Más de 170 nuevos solicitantes se han convertido en los primeros individuos en varios años en obtener aprobación para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA), que protege a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos siendo menores, reveló el lunes el gobierno federal.

Un informe entregado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) a la corte federal de Brooklyn muestra que 171 nuevas solicitudes fueron aprobadas entre el 14 de noviembre y el fin del 2020, mientras que 121 fueron negadas y otras 369 rechazadas. En total, se presentaron 2.713 solicitudes iniciales.

El juez federal de distrito Nicholas Garaufis había ordenado al gobierno federal publicar un aviso público informando que aceptaría las solicitudes bajo los términos vigentes antes de que el presidente Donald Trump pusiera fin al DACA en 2017 con el argumento de que era inconstitucional.

La Corte Suprema federal falló en junio que Trump infringió la ley federal en cuanto a cómo poner fin al programa, pero Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que el gobierno no aceptaría nuevas solicitudes y concedería renovaciones por un año en lugar de dos. El DACA protege de la deportación a aproximadamente 650.000 personas y las hace elegibles para recibir permisos de trabajo.

El gobierno federal no apeló una orden de Garaufis emitida en noviembre en donde estipulaba que Wolf estaba en su puesto ilegalmente. Ordenó que se reinstauraran las renovaciones por dos años y exigió que el DHS reportara cuántas solicitudes nuevas fueron rechazadas de junio al 4 de diciembre; la cifra fue de 4.383.

Además de procesar las solicitudes nuevas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración también indicó que aprobó 61.844 renovaciones, mientras que negó 326 y rechazó 2.842 renovaciones en las últimas seis semanas del año.

Se enviaron mensajes a activistas y a abogados que representan a solicitantes del DACA.

El gobierno de Obama lanzó el DACA en 2012, bajo el cual permitía que ciertos inmigrantes que fueron traídos sin autorización al país siendo menores pudieran trabajar y quedaran exentos de ser deportados. Sin embargo, no confirió estatus legal a los beneficiarios.

El presidente electo Joe Biden ha jurado restaurar el DACA a finales de este mes, pero el estatus legal permanente y el camino a la ciudadanía requerirían aprobación del Congreso.

Hace dos semanas, un juez en Houston escuchó argumentos de abogados de Texas y otros ocho estados que intentan poner fin al programa diciendo que el DACA viola la constitución al evadir la autoridad del Congreso en cuanto a leyes inmigratorias,

En representación de los beneficiarios del DACA, los abogados del Mexican American Legal Defense and Educational Fund, o MALDEF, y la fiscalía general de Nueva Jersey pidieron que se desestimara la demanda argumentando que estaba entre los derechos de Obama lanzar el programa.

El juez no emitió un fallo en el momento.

Biden elige a inmigrante cubano americano como secretario de Seguridad Nacional

Alejandro Mayorkas será nombrado por el presidente electo Joe Biden como secretario de Seguridad Nacional para su gobierno.

Será el primer latino e inmigrante en ocupar dicha oficina, responsable de todas las agencias migratorias, adelantó el equipo de transición del demócrata.

“Los nominados y nombramientos históricos incluyen al primer latino e inmigrante como Secretario del DHS”, se informó en un comunicado.

De este modo será el primer latino e inmigrante en ocupar dicha posición, adelantó el equipo de transición del demócrata.

Mayorkas fue subsecretario del DHS en la administración de Barack Obama, además de haber estado al frente de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de 2009 a 2013.

Es ampliamente conocido por haber implementado la orden ejecutiva de Obama para la creación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Durante su mandato en el DHS, dirigió la implementación de DACA, negoció acuerdos de ciberseguridad y seguridad nacional con gobiernos extranjeros, dirigió la respuesta del Departamento al Ébola y el Zika”, dijo el equipo de transición de Biden.

Mayorkas es originario de La Habana, Cuba; es egresado de la Universidad de California en Berkeley.

Los nuevos nombramientos incluyen a la primera mujer para dirigir la Comunidad de Inteligencia. Se trata de Avril Haines.

El jueves el presidente electo Biden darán a conocer oficialmente los nombramientos, que también incluyen a Antony Blinken, como secretario de Estado; Linda Thomas-Greenfield, embajadora de EE.UU. para las Naciones Unidas; Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional y John Kerry, enviado especial presidencial sobre el Clima.

Sin apoyo del Congreso, Biden no podrá hacer grandes cambios en el sistema migratorio

Las posibilidades de un cambio sustancial en el sistema de inmigración en Estados Unidos son escasas y, encarado con un Congreso dividido no puede esperarse que el presidente electo, Joe Biden, dé al asunto la prioridad que le ha dado Donald Trump, advirtieron este lunes expertos.

El gobierno del presidente Donald Trump ha restringido el otorgamiento de asilo, ha separado a miles de menores de edad de sus familias migrantes indocumentadas, y ha decretado la posible negación de visas de residente legal a extranjeros que, a criterio de los funcionarios de inmigración, puedan recurrir a programas de asistencia pública.

Algunas de estas medidas que se aplican bajo decretos, explicó Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), pueden darse por terminadas por decreto, como las vedas de viajes ordenadas por Trump en 2017 para residentes de ciertos países o modificaciones en la Acción Diferida (DACA) que abrirían es amparo migratorio a otros 400,000 extranjeros.

Una primera decisión de Biden podría dar por terminado el llamado Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), por el cual EE.UU. ha enviado a México y América Central unas 60,000 personas que llegaron a la frontera pidiendo asilo y ahora aguardan el trámite de sus pedidos, dijo Doris Meissner, exdirectora del entonces llamado Servicio de Inmigración y Naturalización.

“Pero no se puede abrir las puertas de par en par”, agregó. “Esto debería hacerse de una manera ordenada. Hay problemas logísticos y debe considerarse qué ocurrirá después”.

“La orden de emergencia por la cual, desde marzo, las autoridades en la frontera pueden usar los criterios del Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para rechazar de forma expedita a los migrantes que puedan tener síntomas de covid-19, es otro caso de una medida por decreto”, dijo Meissner.

“El futuro gobierno de Biden no ha indicado qué hará con este decreto”, agregó. “Y debe haber cautela. Será enero, las condiciones de la pandemia continuarán y es posible que haya que mantener la orden de CDC por un tiempo”.

Musaffar Chishti, otro analista de MPI, reseñó las numerosas oportunidades a lo largo de las últimas tres décadas cuando hubo expectativas de una reforma integral del sistema de inmigración de EE.UU. y que, tanto con presidentes demócratas como republicanos, fallaron por la división partidista en el Congreso.

“Con un Congreso, otra vez, dividido y polarizado las perspectivas de algo sustancial son muy pocas“, añadió.

“Biden ha prometido dar por terminadas muchas políticas de Trump”, recordó Jessica Bolter, otra analista de MPI. “Un ejemplo es la construcción del muro en la frontera, para la cual Trump ha pedido 15,000 millones de dólares. Después que el Congreso no le asignó ese dinero uno de los aspectos más controvertidos fue la declaración, por parte de Trump, de una emergencia y la transferencia de fondos del Departamento de Defensa, en 2019, para la obra”.

“Una de las acciones más fáciles (para Biden), sería el poner fin a la declaración de emergencia, pero entonces queda por decidir qué se hará con los fondos que ya se transfirieron pero no se han usado todavía”, dijo.

Con información de la agencia EFE

Trump dice que “se hará cargo” de DACA, a pesar de haber recortado el programa

El presidente Donald Trump se enfrentó en la noche de ayer jueves a la pregunta de una votante de Florida sobre DACA, el programa de la era Obama que protege de la deportación a algunos jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores y que su Gobierno no ha parado de atacar.

Trump aseguró durante el foro en directo que televisó la cadena NBC que “se hará cargo” del programa durante segundo mandato, aunque no ofreció muchos detalles sobre qué medidas lanzaría ni sobre el futuro de sus beneficiarios.

“Nos vamos a encargar de DACA. Nos vamos a encargar de los dreamers (soñadores). Estamos trabajando [en ello] ahora mismo, estamos negociando diferentes aspectos de la inmigración y de la ley migratoria“, dijo Trump.

Lo único de lo que alardeó en este sentido fue de la construcción del llamado “muro” fronterizo, una de sus principales promesas electorales en 2016. Pero buena parte de las obras en el límite nacional con México consisten en reemplazar el vallado antiguo por otro en mejores condiciones. Y no las está pagando México, a pesar de que Trump se empeña en repetirlo.

Hace unos meses, durante una entrevista en Telemundo el mandatario aseguró que firmaría una orden ejecutiva con “un proyecto de ley migratoria muy importante”, pero ni en aquel momento tampoco explicó de qué se trataba ni ahora hay información al respecto. Este jueves volvió a limitarse a afirmar que “algo muy, muy bueno” estaba en camino.

Queremos que la gente venga a nuestro país. Tienen que entrar, legalmente, pero estamos trabajando muy duro en el programa DACA, y creo que ustedes estarán muy contentos durante el próximo año“, añadió el republicano en respuesta a la votante de Florida.

Sin embargo, su Gobierno ha tratado de restringir cualquier tipo de inmigración -también los visados de trabajo– y ha sido especialmente duro con programas como DACA, que dan un respiro a cientos de miles de personas en el país.

La Corte Suprema frenó en junio el intento del Gobierno federal de eliminar DACA completamente. Poco después, el 28 de junio, el secretario interino del Departamento de Seguridad (DHS) ordenó con un memorando rechazar nuevas solicitudes al programa, disminuir a un año el periodo de validez de cada renovación y prohibir a sus beneficiarios salir de Estados Unidos sin la autorización de DHS.

En respuesta a las afirmaciones del presidente, la Unión Estadounidense de Libertadas Civiles (ACLU) escribió en Twitter que el presidente había “violando la ley” al “ignorar” el fallo del Supremo.

“La Corte Suprema ordenó a la Administración Trump que aceptara renovaciones de DACA y nuevas solicitudes de DACA”, tuiteó la organización. “En cambio, han estado ignorando a la Corte y violando la ley”, añadió.

Trump aseguró durante el foro en directo que televisó la cadena NBC que “se hará cargo” del programa durante segundo mandato, aunque no ofreció muchos detalles sobre qué medidas lanzaría ni sobre el futuro de sus beneficiarios.

“Nos vamos a encargar de DACA. Nos vamos a encargar de los dreamers (soñadores). Estamos trabajando [en ello] ahora mismo, estamos negociando diferentes aspectos de la inmigración y de la ley migratoria“, dijo Trump.

Lo único de lo que alardeó en este sentido fue de la construcción del llamado “muro” fronterizo, una de sus principales promesas electorales en 2016. Pero buena parte de las obras en el límite nacional con México consisten en reemplazar el vallado antiguo por otro en mejores condiciones. Y no las está pagando México, a pesar de que Trump se empeña en repetirlo.

Hace unos meses, durante una entrevista en Telemundo el mandatario aseguró que firmaría una orden ejecutiva con “un proyecto de ley migratoria muy importante”, pero ni en aquel momento tampoco explicó de qué se trataba ni ahora hay información al respecto. Este jueves volvió a limitarse a afirmar que “algo muy, muy bueno” estaba en camino.

Queremos que la gente venga a nuestro país. Tienen que entrar, legalmente, pero estamos trabajando muy duro en el programa DACA, y creo que ustedes estarán muy contentos durante el próximo año“, añadió el republicano en respuesta a la votante de Florida.

Sin embargo, su Gobierno ha tratado de restringir cualquier tipo de inmigración -también los visados de trabajo– y ha sido especialmente duro con programas como DACA, que dan un respiro a cientos de miles de personas en el país.

La Corte Suprema frenó en junio el intento del Gobierno federal de eliminar DACA completamente. Poco después, el 28 de junio, el secretario interino del Departamento de Seguridad (DHS) ordenó con un memorando rechazar nuevas solicitudes al programa, disminuir a un año el periodo de validez de cada renovación y prohibir a sus beneficiarios salir de Estados Unidos sin la autorización de DHS.

En respuesta a las afirmaciones del presidente, la Unión Estadounidense de Libertadas Civiles (ACLU) escribió en Twitter que el presidente había “violando la ley” al “ignorar” el fallo del Supremo.

“La Corte Suprema ordenó a la Administración Trump que aceptara renovaciones de DACA y nuevas solicitudes de DACA”, tuiteó la organización. “En cambio, han estado ignorando a la Corte y violando la ley”, añadió.

Dreamers iniciarán querella contra cambios en el programa DACA

Una corte federal de Nueva York aceptó este jueves iniciar una querella contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por los cambios que la Administración Trump aplicó recientemente al programa de acción diferida para los llegados en la infancia (más conocido como DACA).

El juez federal del distrito de Nueva York, George Daniels, dio permiso al Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) para presentar una nueva querella, según dijo a Univision la abogada del grupo, Aracely Martínez Olguín. El objetivo de la letrada y su organización es revertir la medida y que los términos del programa vuelvan a ser los mismos que los del 15 de junio de 2012, cuando entraron en vigor.

La Corte Suprema falló el pasado 18 de junio en contra de los intentos del Gobierno de acabar con DACA, un proceso judicial que se remonta al 5 de septiembre de 2017. Sin embargo, tal y como Martínez Olguín cuenta al citado medio hispano, el máximo tribunal de justicia del país solo tomó una decisión respecto a la entrada en vigor del programa y no a su continuación.

DHS anunció a finales de julio que solo permitiría a los llamados dreamers renovar sus protecciones DACA durante un año, mientras revisan el fallo de la Corte Suprema. Además, el departamento dijo que no procesará nuevas peticiones de amparo.

“El miércoles de la próxima semana debemos informar al tribunal sobre las conversaciones [con los abogados de DHS]. Después de ese día el tribunal comunicará los pasos siguientes”, explicó Martínez.

Lo que busca la nueva querella es demandar a la Administración Trump por su insistente y renovado intento de alterar y poner fin a un programa que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y que les otorgaba una autorización de empleo (EAD) durante dos años -la actual administración la redujo a uno.

Un juez federal ordena a la gobierno que acepte nuevas solicitudes de DACA

Un juez federal en Maryland ordenó al gobierno del presidente Donald Trump, que reanude la recepción de solicitudes y la extensión de permisos del programa DACA, que protege a miles de jóvenes indocumentados, casi un mes después de un fallo del Tribunal Supremo que calificó de “arbitraria y caprichosa” su cancelación.

En su dictamen de cuatro páginas, el juez Paul Grimm volvió a describir como “arbitraria y caprichosa” la terminación de DACA decretada por Trump en septiembre de 2017 y añadió que tras el fallo del Supremo del 18 de junio el programa “queda restaurado a como estaba” antes de la cancelación.

El juez prohibió al gobierno y sus agentes que apliquen o pongan en práctica la rescisión del DACA y “que tomen alguna otra acción para rescindir el DACA que no esté en cumplimiento de la ley aplicable”.

En el curso de una conferencia de prensa, Trump aseguró este martes que su gobierno “se ocupará del DACA”, un programa instaurado por decreto del presidente Barack Obama en 2012 que ha protegido de la deportación a cientos de miles de personas traídas de forma ilegal al país cuando eran menores de edad.

Hasta hoy, el gobierno no ha indicado si, como corresponde de acuerdo al fallo judicial, mantendrá la extensión de permisos a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), y aceptará las solicitudes de otras personas impedidas de hacerlas desde la decisión de rescindir el programa por parte de Trump.

Esto incluye aquellas personas entre unos 650,000 beneficiarios del DACA que han de renovar los permisos, y más de 300,000 nuevos solicitantes, entre quienes se cuentan alrededor de 55,000 individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para ampararse en el programa.

El Centro para Progreso Americano calcula que cualquier decisión sobre el DACA afecta a más de 1.1 millón de inmigrantes indocumentados si se cuentan a los familiares de los “soñadores” -como a sí mismos se denominan los beneficiarios directos- y decenas de miles de niños y niñas, hijos de los “soñadores”, que han nacido en EE.UU. y son ciudadanos estadounidenses.

Alertan a beneficiarios de DACA por posibles estafas de inmigración

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitiera el jueves su fallo en contra de la eliminación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) como lo ha planteado el presidente Donald Trump, la Fiscalía de California emitió una alerta al consumidor sobre posibles estafas de inmigración.

El fiscal californiano Xavier Becerra señaló que el programa DACA continúa en vigencia para proteger de la deportación a unos 700,000 inmigrantes de los conocidos como “dreamers”.

Sin embargo, advirtió que tras la decisión de la Suprema Corte podrían registrarse algunas estafas de inmigración que suelen cometer notarios o consultores que ofrecen asistencia legal.

Conozca los detalles del programa DACA que favorece a jóvenes inmigrantes

La Corte Suprema ratificó el jueves pasado el programa que protege de la deportación a los inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad y les permite trabajar. El tribunal decidió que el presidente Donald Trump no puso fin de manera apropiada al programa. Trump intentó cancelar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés) en 2017, poco después de ganar las elecciones con una campaña mayormente antiinmigración.

A continuación, una explicación de lo que significa la decisión del máximo tribunal:

¿QUÉ ES EL DACA?

El DACA fue creado en 2012 por el gobierno de Barack Obama. Jóvenes inmigrantes organizaron sentadas en oficinas del Congreso y protestas afuera de la Casa Blanca para presionar a Obama a implementar una medida que atendiera su estatus migratorio. Estos inmigrantes, conocidos popularmente como dreamers por la Ley DREAM —un proyecto fallido que les habría otorgado herramientas para naturalizarse_, llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y han crecido en el país.

El DACA les permite trabajar de forma legal y los protege de cualquier proceso de deportación. Pero fue limitado a aquellos de entre 15 y 30 años de edad, que asistían o se graduaron de secundaria y no tenían antecedentes penales. La cuota de inscripción y renovación es de casi 500 dólares.

Muchos de los beneficiarios originales del DACA eran estudiantes universitarios que enfrentaban un duro panorama laboral al finalizar sus estudios debido a que no podrían trabajar legalmente. Ahora, muchas de las 650.000 personas que se inscribieron al programa son profesionistas; algunos de ellos incluso son padres y abuelos. En su punto más alto, el programa llegó a tener casi 800.000 beneficiarios.

¿POR QUÉ TRUMP INTENTÓ CANCELAR EL DACA?

Durante su campaña presidencial de 2016, Trump prometió ponerle fin al DACA, pero después atenuó su postura antes de finalmente ordenarle a su gobierno que anunciara la cancelación en septiembre de 2017.

El gobierno argumentó que el programa era ilegal y que, aunque no estaba a favor de castigar a los niños por las acciones de sus padres, “también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes. Entre otros motivos para suspender el programa, su gobierno también citó un fallo de un tribunal menor que ordenó la suspensión de una expansión del DACA que habría sido aplicable a los padres.

Texas y otros estados amenazaron con demandar al gobierno a raíz del programa después de haber entablado querellas para frenar su expansión durante el gobierno de Obama. Activistas por los derechos migratorios impugnaron la decisión de Trump y las cortes de apelaciones mantuvieron el programa con vida, pero únicamente para aquellos que ya estaban inscritos.

Durante una audiencia ante jueces en noviembre pasado, el abogado del gobierno arguyó que éste asumía la responsabilidad de sus decisiones y que tenía la autoridad para cancelar el DACA, incluso siendo legal, porque era una mala medida política.

“Nos pertenece”, dijo el abogado Noel Francisco.

¿QUÉ PASA AHORA?

La Corte Suprema dijo el jueves que si bien Trump puede cancelar el programa, lo hizo de manera inapropiada. Eso significa que, si quiere, el gobierno puede intentarlo de nuevo, tal como lo hizo con éxito con la restricción a la llegada de personas de ciertos países en 2017, la cual fue rechazada inicialmente en los tribunales. Los expertos señalan que es poco probable que suceda antes de las elecciones, en parte porque el DACA cuenta con un amplio respaldo bipartidista entre el público estadounidense. Incluso si llegara a intentarlo de nuevo, no podría concluir el proceso federal de reglamentación antes de las elecciones de noviembre.

La decisión de la Corte Suprema mantiene el DACA intacto para sus 650.000 beneficiarios, manteniendo sus protecciones, que tienen una vigencia de dos años. Pero el programa no ha aceptado solicitudes nuevas en un par de años, y se desconoce si las personas que cubrían los requisitos para pertenecer al programa pero no pudieron inscribirse cuando Trump anunció la cancelación del programa podrán hacerlo ahora.

Sarah Pierce, analista política para el Migration Policy Institute, dijo que es poco probable que el gobierno de Trump acepte nuevas solicitudes sin una orden de un tribunal menor. “La moneda está en el aire”, comentó.

¿EXISTE OTRA SOLUCIÓN?

Ha habido múltiples intentos de aprobar una ley que legalice el estatus y les ofrezca a los dreamers herramientas rumbo a la naturalización, pero incluso los proyectos con apoyo bipartidista han fracasado. Después de que Trump intentó suspender el programa en 2017, el presidente le fijó un plazo al Congreso de seis meses para presentar una solución. No lo hicieron.

Pierce también señaló que no cree que el Congreso apruebe ninguna medida que involucre a los dreamers.

“Ya han pasado casi dos décadas tratando de crear una ley para los dreamers, y no han podido hacerlo”, comentó Pierce. “Si el programa continúa administrativamente, no tengo muchas esperanzas de que el Congreso avance en algún cambio a largo plazo, al menos en el futuro inmediato. Todo lo relacionado a la inmigración es muy político”.

La última vez que el Congreso intentó votar un proyecto que proporcionara un mecanismo de naturalización, el gobierno presentó una larga lista de exigencias que complacían a los políticos de línea dura, lo que le costó el respaldo generalizado.

Tras el revés del Supremo, Trump dice que volverá a intentar cancelar DACA

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció ayer viernes que volverá a intentar cancelar el programa migratorio Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) después de que este jueves el Tribunal Supremo se pronunciara en contra de su primera tentativa.

En un mensaje a través de Twitter, el mandatario indicó que “en breve” enviarán “documentos mejorados” en los que atenderán los requerimientos del Alto Tribunal, que dio la razón a los abogados que defienden los derechos de cerca de 650.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país ilegalmente de la mano de sus padres y que están protegidos actualmente por este amparo.