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Comisión de derechos humanos urge a Nicaragua ubicación de opositora detenida

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de Nicaragua informe sobre la ubicación de la activista opositora Violeta Granera, que estaba presa en su domicilio acusada de pedir “intervención militar” y fue trasladada por la Policía “en un vehículo no oficial” a un lugar aún desconocido.

“La CIDH/Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) expresa preocupación sobre la situación de Violeta Granera en Nicaragua, quien permanecía bajo “casa por cárcel” en su domicilio desde” el martes pasado, señaló ese ente autónomo de la OEA en un mensaje en Twitter.

La Unidad Nacional Azul y Blanco, a la que pertenece la activista opositora, informó que agentes policiales sacaron de su residencia a Granera hacia las 19.00 hora local del viernes (01.00 GMT de este sábado) “en un vehículo no oficial” y sin informar a sus familiares y abogados sobre su ubicación actual.

La CIDH recordó que Granera cuenta con medidas cautelares desde el 2019, por lo que urgió “al Estado de Nicaragua informar sobre su ubicación y estado de salud; y le recuerda su deber proteger la vida e integridad de personas bajo su custodia”.

Además, la CIDH reiteró su llamado “urgente a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, y a restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos, en particular, de quienes aspiran concurrir a cargos de elección pública”. 

Detenidos están en condición de desaparecidos

“Toda apunta a (que fue trasladada) a El Chipote (las celdas preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial, pero al igual que el caso de Félix Maradiaga (uno de los cuatro aspirantes opositores a la Presidencia que se encuentran detenidos), mientras no los presenten públicamente, su condición es de desaparecidos”, dijo a Efe el portavoz de la Unidad Nacional Josué Garay.

Granera, de 68 años y socióloga de profesión, es hija de Ramiro Granera Padilla, un senador liberal durante el Gobierno de la dictadura de los Somoza, asesinado por un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) poco antes del derrocamiento de ese régimen.

La Policía de Nicaragua, que dirige un consuegro del presidente Daniel Ortega, Francisco Díaz, mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales por la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, a falta de cinco meses de los comicios.

En esas elecciones convocadas para el 7 de noviembre, Ortega, de 75 años, quien retornó al poder en 2007 y gobierna desde 2017 junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, aspira por octava vez a la Presidencia.

El líder sandinista, tildado como “dictador” por EE.UU., está en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990. 

 La Policía de Nicaragua informó este sábado que detuvo a la dirigente opositora Daysi Tamara Dávila Rivas bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.

AMLO critica a EE.UU. por opinar sobre situación de derechos humanos en México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó a Estados Unidos por opinar sobre las violaciones a los Derechos Humanos en México. 

Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país, entonces ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?”, señaló desde Palacio Nacional.

Ayer, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público un reporte donde detalla casos en los cuales, a pesar de la libertad de prensa, funcionarios y ex funcionarios gubernamentales de diversos niveles desacreditaron y criticaron a periodistas.

Dentro de su reporte que corresponde al último año del Gobierno de Donald Trump, el Departamento de Estado de Estados Unidos hace una detallada descripción de acoso e intimidación en contra de la prensa mexicana por parte de agentes estatales así como de grupos del crimen organizado que como en otros años limitaron la investigación periodística.

“Ahora fíjense: ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos hace sus recomendaciones sobre México. Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos; somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país.

“Entonces, ¿por qué el Gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?“, cuestionó Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal se lanzó en contra de la organización Artículo 19, ya que el reporte estadounidense cita como fuentes de los señalamientos a esta organización, así como al medio Aristegui Noticias y a Signa Lab.

Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado.

“Ese organismo, Artículo 19, está apoyado por el extranjero, pero además toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra y puedo probar todo lo que les estoy diciendo”, señaló.

El Presidente finalizó asegurando que su Gobierno nunca va a censurar a nadie.

“Afortunadamente, el cambio en México es un cambio como lo he dicho en otras ocasiones de mentalidad y eso no tiene ningún efecto.

DEMOLEDOR| Misión de la ONU culpa a Maduro de crímenes de lesa humanidad

El presidente venezolano Nicolás Maduro y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con posibles “crímenes de lesa humanidad”, afirmó este miércoles una misión de expertos independientes comisionada por la ONU al presentar un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta del grupo de expertos Marta Valiñas, citada en un comunicado.

 “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó Valiñas.

Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política

En julio, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en el país al presentar un informe en el que denunciaba “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.

En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas.

Además, estudió otros 2.891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.