DEMANDA

Corte Suprema detiene orden de vacuna Covid-19 para grandes empresas estadounidenses

La Corte Suprema ha impedido que la administración de Biden haga cumplir el requisito de que los empleados de las grandes empresas se vacunen contra el COVID-19 o se sometan a pruebas semanales y usen una mascarilla en el trabajo.

Al mismo tiempo, el tribunal permitió que la administración proceda con un mandato de vacunación para la mayoría de los trabajadores de la salud en los EE. UU.

Las órdenes de la corte el jueves se produjeron en medio de un aumento en los casos de coronavirus.

La mayoría conservadora de la corte concluyó que la administración se extralimitó en su autoridad al tratar de imponer la regla de vacuna o prueba de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas estadounidenses con al menos 100 empleados. Más de 80 millones de personas se habrían visto afectadas.

“OSHA nunca antes había impuesto tal mandato. El Congreso tampoco. De hecho, aunque el Congreso ha promulgado una legislación significativa que aborda la pandemia de COVID-19, se ha negado a promulgar cualquier medida similar a la que OSHA ha promulgado aquí”, escribieron los conservadores en una opinión sin firmar.

En una opinión disidente, los tres liberales de la corte argumentaron que fue la corte la que se extralimitó al imponer sus juicios sobre expertos en salud. “Actuando fuera de su competencia y sin base legal, la Corte desplaza los juicios de los funcionarios gubernamentales a los que se les asignó la responsabilidad de responder a las emergencias de salud en el lugar de trabajo”, escribieron los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor en una disidencia conjunta.

Tras tornado, trabajadores demandan a fábrica de velas en Kentucky por “indiferencia flagrante”

Sobrevivientes del tornado que arrasó su lugar de trabajo, causando la muerte de ocho personas, presentaron una demanda por la “indiferencia flagrante” que, aseguran, tuvo hacia su vida el empleador, al no permitir que los trabajadores se fueran a resguardar a sus casas para la llegada de la tormenta.

La demanda acusa a los directivos de la empresa de velas Mayfield Consumer Products de haber violado las normas de seguridad y salud laboral de Kentucky. Eso por decidir que el personal se mantuviera allí y no saliera a buscar refugio en sus casas, pese al peligro mortal que representaba la eminencia de los tornados.

Los trabajadores afirman en el recurso legal que fueron amenazados con despido si se iban antes del paso del tornado. Ellos piden ser compensados por daños y perjuicios.

Amos Jones, abogado de los empleados, dijo que “se trata de una reclamación directa, justo lo que este estatuto pretendía abordar”, cita The Associated Press.

Bob Ferguson, representante de la empresa, negó que los empleados hayan sido amenazados con represalias.

Por su parte, Troy Popes, director general de la compañía, aseguró que “un equipo independiente de expertos” se encargaría de investigar los hechos. “Vamos a hacer una revisión exhaustiva de lo ocurrido”, aseguró.

Mientras tanto, las labores de reparación y limpieza de escombros avanzaban, cuando los reportes anticipaban que el oeste de Kentucky podría recibir hasta 5 centímetros o 2 pulgadas de lluvia el domingo.

Son 19 los estados que demandan al gobierno de Biden por exigir vacunas

El viernes, con el argumento de que se infringe la ley federal, 18 estados presentaron tres demandas para impedir la obligatoriedad de la vacuna contra el covid-19 que impuso el presidente Biden a los contratistas federales.

Los fiscales generales de Alaska, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire y Wyoming hicieron lo propio en una corte federal de Missouri. En tanto, Georgia, Alabama, Idaho, Kansas, Carolina del Sur, Utah y Virginia Occidental recurrieron a una corte de distrito federal en Georgia.

Texas impuso su propia demanda y todas las anteriores se suman a la de Florida, interpuesta desde el jueves.

Todos solicitan que sea bloqueada la exigencia del presidente de que todos los empleados de contratistas federales estén vacunados contra el covid-19; dicen que es una extralimitación del poder federal y que se infringe con ello la ley federal de adquisiciones.

“Si el gobierno federal intenta de manera inconstitucional ejercer su voluntad y forzar a los contratistas federales que exijan las vacunas, la fuerza laboral y las empresas podrían resultar diezmadas, lo que agravaría aún más las crisis en las cadenas de suministro y la mano de obra. El gobierno federal no debería exigir la vacunación, y por eso es que presentamos hoy una demanda, para detener esta acción ilegal e inconstitucional”, dijo en un comunicado Eric Schmitt, el fiscal general de Missouri.

En tanto, el republicano John Formella, fiscal general de Nueva Hampshire, dijo en comunicado que, si bien las vacunas son efectivas, inocuas y alentadoras, sus beneficios “no justifican infringir la ley”.

Por su parte, el presidente Biden asegura que el requerimiento de vacunación busca contribuir al fin de la pandemia, aunque este argumento sea rechazado a nivel nacional por los republicanos.

Siete agentes de la policía demandan a Donald Trump por incentivar el asalto al Capitolio

Siete agentes de policía que fueron atacados y golpeados durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos han presentado este jueves una demanda contra el expresidente Donald Trump por incentivar la insurrección el pasado 6 de enero. También acusa a los organizadores del mitin Stop the Steal (Detengamos el Robo) celebrado ese día en Washington y a más de una docena de miembros de grupos de extrema derecha por “cometer actos de terrorismo interno”. Mientras el Departamento de Justicia y el Congreso investigan lo ocurrido, esta demanda es parte del esfuerzo civil para responsabilizar legalmente al republicano del ataque que dejó cinco muertos y 140 agentes heridos

La demanda presentada en el tribunal federal en Washington alega que Trump “trabajó con supremacistas blancos, grupos extremistas violentos y partidarios de campañas para violar la Ley Ku Klux Klan [la ley de derechos civiles] y cometer actos de terrorismo interno en un esfuerzo ilegal por mantenerse en el poder”. Entre los acusados figuran miembros de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers y el amigo y exasesor de Trump, Roger Stone. “Debido a las acciones ilegales de los demandados, los demandantes fueron agredidos violentamente, escupidos, gaseados con lacrimógenos, sometidos a insultos y epítetos raciales, y temieron por sus vidas”, reza la demanda.

En los últimos meses se han presentado tres demandas similares a la de los agentes, pero esta es la primera en alegar que Trump trabajó de manera coordinada con extremistas de derecha y organizadores políticos en promover la idea de que se había cometido un fraude electoral en las elecciones que le dieron la victoria a Joe Biden. “Los demandantes y sus compañeros agentes arriesgaron sus vidas para defender el Capitolio de un ataque masivo y violento provocado e incentivado por los demandados en un esfuerzo ilegal por usar la fuerza, la intimidación y las amenazas para evitar que el Congreso certificara los resultados de las elecciones presidenciales de 2020”.

Sobre las demandas anteriores, los abogados de Trump han defendido que su cliente tiene inmunidad absoluta frente a demandas por acciones tomadas mientras estuvo en el cargo y sus declaraciones están protegidas por la Primera Enmienda. “Si no peleáis como el demonio, ya no vais a tener un país. Dejad que los débiles se vayan. Esta es la hora de la fuerza”, le dijo el republicano a sus miles de seguidores aquel 6 de enero.

Después de que Trump incendiara los ánimos de sus miles de seguidores convocados en Washington al grito de Save America (Salvad América), una turba enajenada se dirigió al Capitolio. Cerca de 800 personas penetraron en el edificio, devastando oficinas y enfrentándose a golpes con la policía. Muchos de ellos estaban armados con garrotes, gases nocivos y otros artefactos. La demanda acusa al expresidente de haber seguido la insurrección por televisión y haberse negado a ordenar a los asaltantes que se fueran después de que “él personalmente había enviado al Capitolio momentos antes”. Trump “alentó y apoyó a los atacantes” en el momento más violento de la jornada, sostiene la demanda. Después, a través de un video, les pidió que se fuesen a casa.

Congresistas republicanos impulsan ley para el regreso de los cruceros en julio

Los congresistas republicanos Marco Rubio, Rick Scott y María Elvira Salazar presentaron ayer martes un proyecto de ley que busca la reactivación de la industria de cruceros en puertos de Estados Unidos a más tardar en julio próximo tras una parálisis de más de un año debido a la pandemia.

La llamada Ley de Reanudación Cuidadosa bajo Mejoras de Seguridad (CRUISE, en inglés) revocaría la “Orden de no navegar” actual de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

“El cierre de la industria de cruceros está mal y está matando puestos de trabajo en Florida y en todo Estados Unidos”, se lamentó el senador Scott en su cuenta de Twitter al anunciar el proyecto de ley.

La iniciativa requeriría que los CDC proporcionen una guía de mitigación de la covid-19 para que las líneas de cruceros reanuden sus viajes de manera segura.

La semana pasada el gobernador de Florida, Ron DeSantis, demandó judicialmente al Gobierno federal para exigirle que permita de inmediato la reanudación de los cruceros.

La demanda fue contra los CDC y el Gobierno del demócrata Joe Biden busca reactivar esta industria que se siente castigada y en desventaja frente a otras actividades turísticas.

El proyecto CRUISE requiere que los CDC emitan recomendaciones sobre cómo mitigar los riesgos de la pandemia para los pasajeros y la tripulación a bordo de los cruceros.

Establece un grupo de trabajo interinstitucional que desarrollará recomendaciones para facilitar la reanudación de las operaciones de cruceros a más tardar el próximo 4 de julio.

“Si bien muchos sectores de la economía han estado operando de manera segura durante meses bajo las pautas de los CDC, los floridanos y aquellos en todo el país que dependen de la industria de cruceros para trabajar, continúan esperando una guía actualizada de los CDC”, reiteró hoy Scott en un comunicado.

La iniciativa fue presentada por los senadores Scott y Rubio, de Florida, y será impulsada en la CámarabBaja por la congresista Salazar, que también representa un distrito del sur de este estado. De igual forma, la patrocina el senador Dan Sullivan, de Alaska.

“Dando la bienvenida a más de 5 millones de pasajeros y 9.000 millones de dólares directamente a nuestra economía cada año, Miami es la capital mundial de los cruceros y es hora de comenzar a navegar nuevamente”, expresó Salazar.

Por su parte el senador Sullivan dijo que a diferencia de las aerolíneas, el ferrocarril y otros modos de transporte, y todos los demás sectores de la industria de la hospitalidad, “a las líneas de cruceros se les ha negado una dirección clara de los CDC sobre cómo reanudar las operaciones”.

Los CDC interrumpieron la navegación en puertos del país a partir del 14 de marzo de 2020 y han prolongado la suspensión hasta el 1 de noviembre próximo.

A principios de abril, los CDC actualizaron las medidas que rigen por la pandemia para los cruceros desde puertos de EE.UU., pero mantuvieron la recomendación a la población de no embarcarse por placer.

La reanudación está condicionada al cumplimiento de varias medidas sanitarias, que incluyen la vacunación.

Arizona y Montana demandan al gobierno de Biden por suspender las deportaciones

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, anunció este martes que amplió su demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), argumentando que la suspensión de las deportaciones constituye una “peligrosa política de inmigración”.

A esta solicitud se unió el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, así que ambos estados gobernados por republicanos presentaron una moción de orden judicial pidiendo a una corte que detenga la implementación de las políticas migratorias encabezadas por la Administración de Joe Biden.

“Si me preguntaran sobre la elección de política más pobre que he visto en el Gobierno, esta sería un fuerte contendiente”, dijo Brnovich en un comunicado.

A su parecer, “liberar ciegamente a miles de personas, incluidos criminales convictos y aquellos que puedan estar propagando la covid-19 en nuestro estado, es tanto inconcebible como una violación de la ley federal”.

Mediante el documento instó al gobierno federal a detener estas prácticas migratorias con el fin de “evitar una peligrosa crisis humanitaria para los inmigrantes y la gente de Arizona”.

Brnovich anunció la nueva acción judicial como una ampliación de la que ya había presentado el 3 de febrero contra la orden de Biden de congelar las deportaciones durante sus primeros 100 días de mandato.

Esa orden ya ha sido bloqueada por un juez federal a petición del estado de Texas, también republicano, que fue el primero en actuar en esa dirección. La decisión del juez es temporal, ya que solo bloquea la orden de Biden mientras toma una decisión definitiva.

Tanto Texas en su demanda como ahora Arizona y Montana aducen el daño “irreparable” que las políticas del mandatario pueden causar a sus estados.

Por medio de Twitter, Brnovich compartió su nueva acción indicando: “Ampliamos nuestra demanda presentada anteriormente contra el DHS por su nueva política de inmigración que detiene casi todas las deportaciones durante 100 días, incluso los acusados o condenados por delitos”.

Miles de empresas demandan al Gobierno de EEUU por los aranceles impuestos a China

Más de 3.500 empresas han demandado al Gobierno de Estados Unidos por el impacto que han tenido los aranceles impuestos a China por la Administración del presidente Donald Trump en su guerra comercial, según documentos legales.

Coca-Cola, Disney, Ford, Tesla y Abbott, fabricante de pruebas de la COVID-19, están entre los demandantes frente a la Corte de Comercio Internacional de Nueva York, lo que pone de relieve la oposición de la plana mayor de la industria estadounidense a los planes proteccionistas de Trump.

Las demandas, que incluyen casos interpuestos por empresas más pequeñas, ha sorprendido a las autoridades estadounidenses y a los que tienen que gestionar la avalancha de demandas.

Los nuevos aranceles a las importaciones chinas elevan el coste de maquinaria, partes y suministros intermedios para las empresas y las líneas de ensamblaje estadounidenses.

Los casos se han acelerado también porque está apunto de expirar la ventana legal que permite a las compañías interponer apelaciones a algunos de los aranceles.

Toda empresa que gane la batalle legal deberá recibir la devolución de todos los aranceles devengados, lo cual obligaría al Gobierno estadounidense a desembolsar una importante cantidad de dinero.

El Gobierno estadounidense ha pedido a la Corte de Comercio Internacional que ponga en suspenso la mayoría de casos y solo acepte a trámite uno o unos pocos que puedan se extrapolados a demandas similares.

Las demandas podrían separarse en dos listas: una que pide la devolución de aranceles del 25 % en importaciones por valor de 200.000 millones de dólares y otra segunda que demanda el reembolso de gravámenes del 7,5 % en 120.000 millones de dólares en bienes.

En junio de 2018, el Gobierno de EE.UU. impuso aranceles del 25 % a las exportaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares, y en septiembre dictó otros del 10 % (aumentados al 25 % en mayo de 2019) a más exportaciones procedentes de China, por valor de 200.000 millones de dólares.

Los aranceles, a los que China respondió con tarifas similares contra productos estadounidenses, se impusieron desde Washington alegando malas prácticas del país asiático en materia de transferencia tecnológica y propiedad intelectual.

Pacientes de EEUU afectadas por Coronavirus demandan a China

Antes del coronavirus, Saundra Andringa-Meuer era una mujer saludable de 61 años, madre de seis hijos, que no fumaba ni bebía alcohol. Pero el COVID-19 la enfermó gravemente después de viajar desde su hogar en Wisconsin para ayudar a su hijo a mudarse de la universidad en Connecticut.

La hospitalizaron en marzo, terminando en coma y con un respirador artificial durante 14 días. Los médicos le dijeron a su familia que tenía pocas posibilidades de vivir. Cuando se recuperó, le dijeron que era la paciente más grave por coronavirus que habían visto salir adelante.

Ahora, Andringa-Meuer, junto con docenas de pacientes de COVID-19 y algunas empresas estadounidenses, busca demandar a China por la propagación del virus, que ha matado al menos a 75.000 personas en Estados Unidos.

“Siento que lo escondieron del mundo y de los estadounidenses”, dijo. “No siento que debamos perder la boda o tener que cerrar la economía. Se interrumpió la vida de todos los estadounidenses. Creo que necesitamos corregir algunos de estos errores”, señaló la mujer.

Hasta el momento, se han presentado al menos nueve demandas en Estados Unidos contra China donde se alega que las autoridades no hicieron lo suficiente para contener al virus desde un inicio, trataron de ocultar lo que estaba sucediendo en la ciudad de Wuhan, donde comenzó el brote, y buscaron esconder sus acciones y lo que sabían.

Ocho de los juicios son acciones colectivas potenciales que podrían representar a miles de personas y empresas. Uno fue presentado por el fiscal general de Missouri, que hasta ahora es el único estado que ha emprendido acciones legales contra China.

Los casos enfrentan varios obstáculos bajo la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, que establece que los gobiernos extranjeros no pueden ser demandados en Estados Unidos a menos que se cumplan ciertas excepciones. Y eso no es fácil de probar, dicen los expertos.

Tribunal Superior de Los Ángeles rechaza bloqueo de ayuda millonaria para indocumentados en California

Una juez en Los Ángeles negó una solicitud de emergencia para bloquear la asignación de $75 millones de fondos del estado de California para ayudar a inmigrantes indocumentados afectados por el coronavirus.

La demanda había sido presentada por los contribuyentes Robin Crest y Howard A. Myers la semana pasada.

En su petición los demandantes buscaban un bloqueo de los fondos autorizados por el gobernador Gavin Newsom para ayudar a los trabajadores indocumentados afectados por la pandemia, alegando que la ayuda es “un gasto ilegal del dinero de los contribuyentes”.

El gobernador del estado presentó un programa de ayuda para inmigrantes indocumentados el pasado 15 de abril en el que prometía $125 millones en fondos, de los cuales $75 millones provenían de los ingresos fiscales del estado.

Los recursos económicos en disputa ayudarán a unos 150.000 indocumentados en el estado, que recibirán 500 dólares en efectivo por persona o 1.000 si son una familia.

La acción legal también pedía una orden judicial permanente que impida que el dinero de los contribuyentes se ponga a disposición de los “extranjeros ilegalmente presentes”.

Hace dos semanas, dos hispanos de filiación conservadora presentaron una demanda similar contra Newsom para bloquear dichos fondos.

La concejal de la ciudad de Whittier, Jessica Martínez, y el salvadoreño Ricardo Benítez presentaron su demanda argumentando que la ley de California y la ley federal prohíben la extensión de los beneficios de desempleo a los indocumentados.

Ambos demandantes son candidatos republicanos para la Asamblea estatal y la acción legal les valió una oleada de críticas de la comunidad hispana.

Hijos de indocumentados demandan a Trump por negarles ayuda económica por Coronavirus

Los hijos ciudadanos estadounidenses cuyos padres son inmigrantes indocumentados presentaron una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump, debido a que sus familias no recibieron ayuda de $1,200 dólares por pandemia de coronavirus.

La demanda es sobre la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES), la cual indica que las familias elegibles pueden recibir hasta $500 por cada niño menor de 17 años, además del pago para adultos.

Sin embargo, el Gobierno federal y el Congreso señalaron que los indocumentados no tienen derecho a ese apoyo y tampoco sus parejas estadounidenses, si es que presentaron conjuntamente su reporte de impuestos.

La demanda fue presentada en un tribunal federal de Maryland en forma anónima. Los demandantes tienen entre siete meses y nueve años, reportó BuzzFeed.

“La negativa a distribuir este beneficio a los niños ciudadanos estadounidenses socava el objetivo de la Ley CARES de proporcionar asistencia a los estadounidenses que lo necesitan, frustra los esfuerzos de la Ley para impulsar la economía y castiga a los hijos de ciudadanos por el estado (migratorio) de sus padres”, indicaron los abogados de los menores.

Aunque los hijos estadounidenses de inmigrantes indocumentados tienen números de Seguro Social, no pueden presentar declaraciones de impuestos por sí mismos, por lo cual dependen de un padre para que solicite el apoyo federal por COVID-19, pero las restricciones de la Ley CARES lo impiden.