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Trump enfrenta adversidades en lucha contra conteo de votos

Los vicarios republicanos del presidente Donald Trump reanudaron el lunes su batalla legal para tratar de suspender el escrutinio de votos en estados clave, como Pensilvania y Michigan, pero enfrentaban un camino cuesta arriba dado el conteo del Colegio Electoral y recientes fallos de las cortes que no encontraron pruebas de un fraude electoral generalizado.

Aunque algunos funcionarios republicanos estatales repitieron la frase de Trump de que sólo deberían contarse los “votos legales”, otros salieron a contrarrestar la narrativa y exhortaron a los votantes, y quizás al presidente, a apoyar los resultados.

“El proceso no ha fallado en nuestro país en más de 200 años, y no va a fallarle a nuestro país este año”, dijo la senadora republicana Susan Collins, quien ganó su reelección y ha felicitado al demócrata Joe Biden por su victoria en la elección presidencial.

Sin embargo, los abogados de Trump estuvieron al pie del cañón seis días después de las elecciones, tal como el abogado personal del mandatario, Rudy Giuliani, había prometido que estarían durante una conferencia de prensa el fin de semana afuera de una empresa de jardinería en el noreste de Filadelfia.

Giuliani criticó el conteo de votos de la ciudad, que favoreció 4-1 a Biden, dándole al demócrata la victoria el sábado tanto en Pensilvania como en las elecciones de Estados Unidos, y afirmó que era “sumamente inquietante”.

A lo largo y ancho del país, los republicanos se han quejado sobre problemas con las firmas, sobres secretos y matasellos en las papeletas, así como de la incapacidad de sus observadores para inspeccionarlos y las extensiones otorgadas para recibir los votos por correo.

Sin embargo, los jueces en todo el país rechazaron en gran medida las impugnaciones republicanas presentadas en los últimos días mientras la campaña buscaba suspender el conteo de votos a medida que la balanza se inclinaba hacia Biden. Trump no ha reconocido su derrota en las elecciones, incluso aunque Biden ya se declaró ganador y empezó a trabajar en los planes de transición.

En la Corte Suprema del país, 10 fiscales generales republicanos presentaron un informe amicus curiae el lunes para apoyar una demanda contra la decisión de Pensilvania de contabilizar los votos por correo que llegaron hasta el viernes. La Corte Suprema de Pensilvania había apoyado de manera unánime la extensión de tres días impuesta por los funcionarios estatales preocupados por las demoras del Servicio Postal y la pandemia de COVID-19. Los fiscales dijeron que la corte usurpó un poder reservado para los legisladores estatales.

La Corte Suprema federal había rechazado acelerar la impugnación, pero la votación fue de 4-4, y tres magistrados expresaron reservas. Los republicanos esperan volver a intentarlo con la nueva jueza Amy Coney Barrett presente en el máximo tribunal estadounidense.

“La decisión ofreció un periodo luego del día de las elecciones, cuando se anunciaron los resultados preliminares, en el que actores sin escrúpulos pudieron tratar de influenciar una apretada elección presidencial”, dijo en un informe la Asociación de Fiscales Generales Republicanos.

Horas antes, un centro de leyes contra el aborto de Michigan presentó una demanda para quejarse sobre los procedimientos de conteo de votos en el condado de Wayne. Un tribunal de apelaciones del estado, en tanto, pidió a la campaña de Trump volver a entablar un caso presentado la semana pasada, señalando que la apelación estaba incompleta.

Y en Arizona, la campaña de Trump pidió en una querella interpuesta el sábado el derecho a inspeccionar miles de votos emitidos en persona el día de las elecciones en la zona metropolitana de Phoenix, alegando que los trabajadores electorales las habían manejado mal.

En Georgia, donde Biden tiene una ligera ventaja sobre Trump pero la contienda sigue demasiado apretada para declarar a un ganador, un funcionario electoral del estado prometió el lunes investigar cualquier problema que encuentren que esté relacionado con la votación.

“Cuando los márgenes son tan cerrados, cualquier cosa pequeña importa”, comentó Gabriel Sterling, quien dirigió la implementación de un nuevo sistema de votación para la oficina del secretario de Estado local.

Sin embargo, expresó frustración con los intentos de mermar la confianza del público en el sistema electoral.

“Los hechos son los hechos, sin importar el resultado”, puntualizó Sterling.

Jueces rechazan demandas de Trump en los estados de Georgia y Michigan

Jueces de Georgia y Michigan desestimaron rápidamente ayer jueves las demandas interpuestas por la campaña del presidente Donald Trump, socavando una estrategia legal para atacar la integridad del proceso electoral en estados donde el resultado podría significar la derrota del mandatario.

Mientras tanto, el candidato demócrata Joe Biden se acercaba a los 270 votos electorales que necesita para ganar los comicios presidenciales.

En Pensilvania, la campaña de Trump ganó un fallo de apelación para enviar a más observadores del partido y la campaña a los sitios donde los funcionarios electorales están procesando los sufragios en Filadelfia.

Pero la orden no afectó el recuento de votos que se está llevando a cabo en Pensilvania.

El abogado de la campaña de Biden, Bob Bauer, dijo que las acciones jurídicas de los republicanos eran infundadas.

“Quiero subrayar que, para sus propósitos, estas demandas no tienen que tener mérito. Ese no es el propósito… Es crear una oportunidad para que ellos envíen un mensaje falso sobre lo que está ocurriendo en el proceso electoral”, dijo el jueves Bauer, acusando a la campaña de Trump de “alegar continuamente irregularidades, fallas en el sistema y fraude sin ningún fundamento”.

Biden dijo el miércoles que el conteo debía continuar en todos los estados y que “nadie nos va a arrebatar la democracia, ni ahora ni nunca”.

Pero los funcionarios de campaña de Trump acusaron a los demócratas de tratar de robar las elecciones, pese a que no hay pruebas de que algo así esté ocurriendo.

Dreamers iniciarán querella contra cambios en el programa DACA

Una corte federal de Nueva York aceptó este jueves iniciar una querella contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por los cambios que la Administración Trump aplicó recientemente al programa de acción diferida para los llegados en la infancia (más conocido como DACA).

El juez federal del distrito de Nueva York, George Daniels, dio permiso al Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) para presentar una nueva querella, según dijo a Univision la abogada del grupo, Aracely Martínez Olguín. El objetivo de la letrada y su organización es revertir la medida y que los términos del programa vuelvan a ser los mismos que los del 15 de junio de 2012, cuando entraron en vigor.

La Corte Suprema falló el pasado 18 de junio en contra de los intentos del Gobierno de acabar con DACA, un proceso judicial que se remonta al 5 de septiembre de 2017. Sin embargo, tal y como Martínez Olguín cuenta al citado medio hispano, el máximo tribunal de justicia del país solo tomó una decisión respecto a la entrada en vigor del programa y no a su continuación.

DHS anunció a finales de julio que solo permitiría a los llamados dreamers renovar sus protecciones DACA durante un año, mientras revisan el fallo de la Corte Suprema. Además, el departamento dijo que no procesará nuevas peticiones de amparo.

“El miércoles de la próxima semana debemos informar al tribunal sobre las conversaciones [con los abogados de DHS]. Después de ese día el tribunal comunicará los pasos siguientes”, explicó Martínez.

Lo que busca la nueva querella es demandar a la Administración Trump por su insistente y renovado intento de alterar y poner fin a un programa que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y que les otorgaba una autorización de empleo (EAD) durante dos años -la actual administración la redujo a uno.

Reembolsarán $247 millones a California por demora en entrega de mascarillas

California recibirá un reembolso de 247 millones de dólares debido a la demora en la entrega de mascarillas que ordenó como parte de un acuerdo con un fabricante chino.

Las mascarillas N95, fabricadas en China por la compañía de autos eléctricos BYD, no cumplieron con el plazo del 30 de abril establecido para recibir certificación del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, informó un portavoz de la Oficina del Servicio de Emergencias el miércoles. El estado dio a conocer el reembolso al difundir el acuerdo por casi 1.000 millones de dólares que firmó en abril a cambio de unas 500 millones de mascarillas — N95 y quirúrgicas — durante los siguientes dos meses y medio.

Este mes debían llegar decenas de millones de mascarillas a California.

El estado pagó por adelantado la primera mitad del contrato a Global Healthcare Product Solutions, una subsidiaria de BYD, hace casi un mes. El pago cubría 300 millones de mascarillas N95 a un costo de 3,30 dólares por pieza.

La oficina del gobernador Gavin Newsom no reveló la causa de la demora. Una enmienda en el contrato firmada el miércoles le da a la compañía hasta el 31 de mayo para cumplir con las certificaciones. En caso contrario, debe devolver la otra mitad del pago que California realizó por adelantado.