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Kamala Harris promete defender a los dreamers en el aniversario de DACA

La vicepresidenta Kamala Harris prometió hacer todo lo posible para defender a los “soñadores” durante un acto conmemorativo del noveno aniversario de DACA en la Casa Blanca.

“Estoy aquí en nombre de la Administración Biden-Harris para decirles que esta Administración tiene la plena intención de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestros ‘soñadores’. No habrá ninguna duda sobre eso. No hay duda de eso”, dijo Harris.

Entre los invitados al acto, la mayoría mujeres migrantes pertenecientes a la organización National Domestic Workers Alliance, había dos “soñadoras”.

También destacó la presencia de los senadores demócratas Dick Durbin y Bob Menendez, que están liderando esfuerzos en el Legislativo para dar una cobertura legal definitiva a los beneficiarios de DACA.

“Es de vital importancia que proporcionemos un camino hacia la ciudadanía para brindar a las personas una sensación de certeza y seguridad”, indicó la vicepresidenta.

La Cámara de Representantes aprobó semanas atrás un proyecto de ley que, precisamente, daría cobertura legal a los “soñadores”, expuestos durante los últimos nueve años a un convulso litigio jurídico.

Sin embargo, el proyecto está atascado en el Senado porque no cuenta con los votos suficientes para ser aprobado.

Las reglas del Senado requieren una mayoría de 60 votos sobre 100, y los demócratas cuentan solo con 50.

Dirigiéndose a los “soñadores”, la vicepresidente afirmó: “Están en casa. Este es el único hogar que conocen”.

Por su parte, el presidente Joe Biden que se encuentra de gira por Europa, publicó un comunicado en el que afirmó que “estos jóvenes representan lo mejor de Estados Unidos” e hizo un llamado a “no defraudarlos”.

“El Congreso debe encontrar la manera de aprobar estas soluciones legislativas y continuaré trabajando para aprobar una ley que proteja a los ‘dreamers’ y cree una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados”, aseguró el mandatario.

Biden presentó tras su llegada al poder un plan para regularizar a los 11 millones de inmigrantes sin papeles que hay en Estados Unidos, pero los demócratas en el Congreso han dado prioridad a los “soñadores” al considerar más probable que republicanos lo apoyen.

Corte Suprema rechaza que titulares de TPS que ingresaron ilegalmente a EEUU sean futuros residentes

La Corte Suprema dictaminó que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos no pueden solicitar una “green card”.

Además los jueces consideraron que obtener ese beneficio migratorio no cuenta como una forma de admisión al país, lo que no garantiza una estadía permanente en el país, a menos que haya una reforma migratoria en el Congreso que así lo defina.

El caso que revisaron los ministros fue el de Jose Santos Sanchez, originario de El Salvador, que vivió en los EE.UU. durante dos décadas y argumentó que cumplió con ese mandato –de ingreso legal– cuando se convirtió en beneficiario de TPS, pero su petición de “green card” ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue rechazada.

La opinión fue escrita por la jueza Elena Kagan, quien consideró que los inmigrantes indocumentados, aún bajo protección de TPS, no pueden aplicar por una “green card”, siguiendo los lineamientos de la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA), la cual establece que un extranjero puede obtener Residencia Permanente si ingresó en forma legal al país.

La jueza Kagan considera que los indocumentados con TPS no fueron admitidos legalmente “y su TPS no altera ese hecho”, escribió en su opinión.

“Por lo tanto, no puede convertirse en residente permanente de este país”, cosideró. “Sánchez no ingresó legalmente y su TPS no elimina el efecto de esa entrada ilegal”.

En su explicación, la jueza Kagan dice que el estatus legal y la admisión son conceptos distintos en la ley de inmigración, por lo que establecer el primero no impacta al segundo.

“Sánchez se resiste a esta conclusión, argumentando que la directiva del estatuto de que un beneficiario de TPS ‘debe ser considerado… como no inmigrante’, para los propósitos de §1255 significa que también debe ser considerado como admitido”, explica la jueza. “Pero las leyes de inmigración en ninguna parte establecen que la admisión sea un requisito previo para el estatus de no inmigrante”.

Actualmente hay unas 400,000 personas bajo protección de TPS, pero la cifra aumentará con la asignación de ciudadanos de Venezuela a ese programa, así como la reasignación a originarios de Haití, además de que activistas buscan que se aplique el programa a gente de Guatemala.

Cámara de Representantes aprueba otorgar ciudadanía a ‘dreamers’ y beneficiarios de TPS

La Cámara de Representantes aprobó ayer jueves la “American Dream and Promise Act 2021” que permitirá otorgar la ciudadanía a “dreamers”, a personas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), así como aquellos con acciones diferidas de deportación o DED.

Con una votación de 228 a favor y 197 en contra, la H.R.6 pasó su primera prueba, pero continuará su ronda en el Senado. Nueve republicanos apoyaron la propuesta.

Los 38 miembros del Caucus Hispano apoyaron la propuesta y esta mañana lo dejaron claro en conferencia de prensa con la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), donde también se habló de la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, la otra norma bajo votación.

“Dos leyes que harían una gran diferencia para nuestra gran nación, lo sé personalmente”, dijo el representante Raúl Ruiz (California), presidente del Caucus. El congresista llegó a los EE.UU. siendo un niño, recordó. Sus padres son agricultores. “Durante esta pandemia debemos aprobar estas leyes. Los ‘dreamers’ son doctores, enfermeros, técnicos de laboratorio”.

El presidente Joe Biden respalda este proyecto y espera su aprobación para firmarlo, al reconocer que un alto porcentaje de “dreamers” y de personas con TPS son trabajadores de primera línea contra la pandemia de COVID-19 y merecen su camino a la ciudadanía.

“Estas personas continúan viviendo en un estado de precariedad y miedo”, indicó la Casa Blanca. “Asegurar que los Dreamers y los beneficiarios de TPS tengan un camino claro hacia la ciudadanía brindaría seguridad y estabilidad económicas muy necesarias a millones de personas que actualmente enfrentan incertidumbre y vulnerabilidad perpetuas como resultado de su estatus migratorio”.

Sin embargo, la Administración Biden defendió una reforma integral a través de su proyecto de Ley de Ciudadanía de EE.UU. 2021, el cual fue presentado en febrero pasado.

“(La ley) proporcionaría un camino hacia la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados, establecería un nuevo sistema para administrar y gestionar de manera responsable asegurar nuestra frontera”, consideró.

Senado retoma el ‘Dream Act’ para otorgar ciudadanía a ‘dreamers’

A veces la unidad bipartidista sorprende positivamente, como este jueves que los senadores demócrata Dick Durbin (Illinois) y el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) presentaron la ‘Dream Act’ que permitiría a los ‘dreamers’ obtener la ciudadanía.

“Hace veinte años, fui al piso del Senado para presentar el Dream Act por primera vez. Estoy orgulloso de hacerlo una vez más hoy. Es hora de arreglar finalmente nuestro sistema de inmigración roto”, dijo Durbin al presentar el proyecto.

La propuesta permitiría otorgar la Residencia Permanente a dos millones de inmigrantes, según cálculos de varias organizaciones, que llegaron al país siendo niños.

De ese universo alrededor de 700,000 están protegidos bajo la Acción Diferida (DACA).

El proyecto es celebrado por organizaciones que defienden a inmigrantes, así como coaliciones empresariales.

Datos del Center for American Progress (CAP) señalan que estos inmigrantes aportan miles de millones de dólares a la economía del país, al pagar $5,700 millones de dólares en impuestos federales y $3,100 millones de dólares en impuestos estatales y locales anualmente.

La National Retail Federation (NFR) celebró que se retomara la propuesta.

“Felicitamos a los senadores Durbin y Graham por liderar el esfuerzo para proporcionar una resolución bipartidista y permanente para millones de Dreamers”, dijo Matthew Shay, presidente y director ejecutivo de NRF.

Google dona U$ 500.000 para que cientos de dreamers tramiten el DACA

Google anunció este miércoles una donación de 250.000 dólares al grupo United We Dream para ayudar a que 500 “soñadores” tramiten sus solicitudes al programa Acción Diferida (DACA), que otorga permiso temporal de residencia y trabajo a inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

“Por generaciones los inmigrantes talentosos han ayudado a Estados Unidos a impulsar los avances tecnológicos y científicos que han creado millones de empleos en industrias nuevas, y han enriquecido nuestra cultura y nuestra economía”, indicó en un comunicado el vicepresidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker.

“Es por ello que por mucho tiempo hemos apoyado el programa DACA”, añadió. “Google con orgullo emplea a ‘soñadores’ que trabajan en la construcción de productos que usted usa cada día. Y hemos defendido su derecho a permanecer en Estados Unidos uniéndonos a testimonios ante tribunales en apoyo de DACA”.

United We Dream es el mayor de varios grupos de beneficiarios del programa -que se denominan a sí mismos como “soñadores”- y que ha conducido campañas políticas y participado en demandas judiciales en defensa de DACA.

El programa lo creó, por decreto en 2012, el presidente Barack Obama y ampara actualmente a unas 650.000 personas. El presidente Donald Trump, también por decreto, canceló el programa a partir de marzo de 2017 y las subsecuentes querellas judiciales llevaron el asunto al Tribunal Supremo de Justicia, que en verano pasado ordenó al Gobierno volver a abrir este amparo migratorio.

Google y otras empresas se han opuesto por años a la decisión de Trump con el argumento de que su política migratoria restrictiva y la amenaza de deportación de los ‘soñadores’ perjudica la capacidad de las compañías para contratar a personal calificado nacido en otros países.

El presidente electo, Joe Biden, ha indicado que, en cuanto asuma el gobierno el 20 de enero, enviará al Congreso proyectos de ley sobre inmigración que podrían incluir una solución permanente para los beneficiarios de DACA.

“Apoyaremos los esfuerzos del nuevo Congreso y del gobierno entrante para la aprobación de una reforma integral de la inmigración que mejore los programas de visa relacionados con el empleo, los cuales realzan la capacidad de EE.UU. para competir y promueven trámites migratorios mejores y mas humanos”.

Walker añadió que la donación de la empresa se suma a “más de 35 millones de dólares en apoyo que Google.org y empleados de Google han contribuido durante años para apoyar a los migrantes y refugiados en todo el mundo”.

Esas constribuciones incluyen “mas de un millón de dólares en apoyo específico para DACA y los esfuerzos de migración mediante campañas de donación de los empleados encabezadas por HOLA (el grupo de recursos de los empleados latinos de Google)”.

Sin apoyo del Congreso, Biden no podrá hacer grandes cambios en el sistema migratorio

Las posibilidades de un cambio sustancial en el sistema de inmigración en Estados Unidos son escasas y, encarado con un Congreso dividido no puede esperarse que el presidente electo, Joe Biden, dé al asunto la prioridad que le ha dado Donald Trump, advirtieron este lunes expertos.

El gobierno del presidente Donald Trump ha restringido el otorgamiento de asilo, ha separado a miles de menores de edad de sus familias migrantes indocumentadas, y ha decretado la posible negación de visas de residente legal a extranjeros que, a criterio de los funcionarios de inmigración, puedan recurrir a programas de asistencia pública.

Algunas de estas medidas que se aplican bajo decretos, explicó Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), pueden darse por terminadas por decreto, como las vedas de viajes ordenadas por Trump en 2017 para residentes de ciertos países o modificaciones en la Acción Diferida (DACA) que abrirían es amparo migratorio a otros 400,000 extranjeros.

Una primera decisión de Biden podría dar por terminado el llamado Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), por el cual EE.UU. ha enviado a México y América Central unas 60,000 personas que llegaron a la frontera pidiendo asilo y ahora aguardan el trámite de sus pedidos, dijo Doris Meissner, exdirectora del entonces llamado Servicio de Inmigración y Naturalización.

“Pero no se puede abrir las puertas de par en par”, agregó. “Esto debería hacerse de una manera ordenada. Hay problemas logísticos y debe considerarse qué ocurrirá después”.

“La orden de emergencia por la cual, desde marzo, las autoridades en la frontera pueden usar los criterios del Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para rechazar de forma expedita a los migrantes que puedan tener síntomas de covid-19, es otro caso de una medida por decreto”, dijo Meissner.

“El futuro gobierno de Biden no ha indicado qué hará con este decreto”, agregó. “Y debe haber cautela. Será enero, las condiciones de la pandemia continuarán y es posible que haya que mantener la orden de CDC por un tiempo”.

Musaffar Chishti, otro analista de MPI, reseñó las numerosas oportunidades a lo largo de las últimas tres décadas cuando hubo expectativas de una reforma integral del sistema de inmigración de EE.UU. y que, tanto con presidentes demócratas como republicanos, fallaron por la división partidista en el Congreso.

“Con un Congreso, otra vez, dividido y polarizado las perspectivas de algo sustancial son muy pocas“, añadió.

“Biden ha prometido dar por terminadas muchas políticas de Trump”, recordó Jessica Bolter, otra analista de MPI. “Un ejemplo es la construcción del muro en la frontera, para la cual Trump ha pedido 15,000 millones de dólares. Después que el Congreso no le asignó ese dinero uno de los aspectos más controvertidos fue la declaración, por parte de Trump, de una emergencia y la transferencia de fondos del Departamento de Defensa, en 2019, para la obra”.

“Una de las acciones más fáciles (para Biden), sería el poner fin a la declaración de emergencia, pero entonces queda por decidir qué se hará con los fondos que ya se transfirieron pero no se han usado todavía”, dijo.

Con información de la agencia EFE

Trump dice que “se hará cargo” de DACA, a pesar de haber recortado el programa

El presidente Donald Trump se enfrentó en la noche de ayer jueves a la pregunta de una votante de Florida sobre DACA, el programa de la era Obama que protege de la deportación a algunos jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores y que su Gobierno no ha parado de atacar.

Trump aseguró durante el foro en directo que televisó la cadena NBC que “se hará cargo” del programa durante segundo mandato, aunque no ofreció muchos detalles sobre qué medidas lanzaría ni sobre el futuro de sus beneficiarios.

“Nos vamos a encargar de DACA. Nos vamos a encargar de los dreamers (soñadores). Estamos trabajando [en ello] ahora mismo, estamos negociando diferentes aspectos de la inmigración y de la ley migratoria“, dijo Trump.

Lo único de lo que alardeó en este sentido fue de la construcción del llamado “muro” fronterizo, una de sus principales promesas electorales en 2016. Pero buena parte de las obras en el límite nacional con México consisten en reemplazar el vallado antiguo por otro en mejores condiciones. Y no las está pagando México, a pesar de que Trump se empeña en repetirlo.

Hace unos meses, durante una entrevista en Telemundo el mandatario aseguró que firmaría una orden ejecutiva con “un proyecto de ley migratoria muy importante”, pero ni en aquel momento tampoco explicó de qué se trataba ni ahora hay información al respecto. Este jueves volvió a limitarse a afirmar que “algo muy, muy bueno” estaba en camino.

Queremos que la gente venga a nuestro país. Tienen que entrar, legalmente, pero estamos trabajando muy duro en el programa DACA, y creo que ustedes estarán muy contentos durante el próximo año“, añadió el republicano en respuesta a la votante de Florida.

Sin embargo, su Gobierno ha tratado de restringir cualquier tipo de inmigración -también los visados de trabajo– y ha sido especialmente duro con programas como DACA, que dan un respiro a cientos de miles de personas en el país.

La Corte Suprema frenó en junio el intento del Gobierno federal de eliminar DACA completamente. Poco después, el 28 de junio, el secretario interino del Departamento de Seguridad (DHS) ordenó con un memorando rechazar nuevas solicitudes al programa, disminuir a un año el periodo de validez de cada renovación y prohibir a sus beneficiarios salir de Estados Unidos sin la autorización de DHS.

En respuesta a las afirmaciones del presidente, la Unión Estadounidense de Libertadas Civiles (ACLU) escribió en Twitter que el presidente había “violando la ley” al “ignorar” el fallo del Supremo.

“La Corte Suprema ordenó a la Administración Trump que aceptara renovaciones de DACA y nuevas solicitudes de DACA”, tuiteó la organización. “En cambio, han estado ignorando a la Corte y violando la ley”, añadió.

Trump aseguró durante el foro en directo que televisó la cadena NBC que “se hará cargo” del programa durante segundo mandato, aunque no ofreció muchos detalles sobre qué medidas lanzaría ni sobre el futuro de sus beneficiarios.

“Nos vamos a encargar de DACA. Nos vamos a encargar de los dreamers (soñadores). Estamos trabajando [en ello] ahora mismo, estamos negociando diferentes aspectos de la inmigración y de la ley migratoria“, dijo Trump.

Lo único de lo que alardeó en este sentido fue de la construcción del llamado “muro” fronterizo, una de sus principales promesas electorales en 2016. Pero buena parte de las obras en el límite nacional con México consisten en reemplazar el vallado antiguo por otro en mejores condiciones. Y no las está pagando México, a pesar de que Trump se empeña en repetirlo.

Hace unos meses, durante una entrevista en Telemundo el mandatario aseguró que firmaría una orden ejecutiva con “un proyecto de ley migratoria muy importante”, pero ni en aquel momento tampoco explicó de qué se trataba ni ahora hay información al respecto. Este jueves volvió a limitarse a afirmar que “algo muy, muy bueno” estaba en camino.

Queremos que la gente venga a nuestro país. Tienen que entrar, legalmente, pero estamos trabajando muy duro en el programa DACA, y creo que ustedes estarán muy contentos durante el próximo año“, añadió el republicano en respuesta a la votante de Florida.

Sin embargo, su Gobierno ha tratado de restringir cualquier tipo de inmigración -también los visados de trabajo– y ha sido especialmente duro con programas como DACA, que dan un respiro a cientos de miles de personas en el país.

La Corte Suprema frenó en junio el intento del Gobierno federal de eliminar DACA completamente. Poco después, el 28 de junio, el secretario interino del Departamento de Seguridad (DHS) ordenó con un memorando rechazar nuevas solicitudes al programa, disminuir a un año el periodo de validez de cada renovación y prohibir a sus beneficiarios salir de Estados Unidos sin la autorización de DHS.

En respuesta a las afirmaciones del presidente, la Unión Estadounidense de Libertadas Civiles (ACLU) escribió en Twitter que el presidente había “violando la ley” al “ignorar” el fallo del Supremo.

“La Corte Suprema ordenó a la Administración Trump que aceptara renovaciones de DACA y nuevas solicitudes de DACA”, tuiteó la organización. “En cambio, han estado ignorando a la Corte y violando la ley”, añadió.

Beneficiarios del TPS inician viaje para defender la protección migratoria

La comunidad de los beneficiarios por el Estatus de Protección Temporal (TPS) iniciaron este lunes desde Los Ángeles la campaña ”En el Camino Hacia la Justicia”, con la que recorrerán en un bus 32 estados y 54 ciudades buscando apoyo entre votantes para presionar al Congreso por la residencia permanente.

“Hemos estado aquí por décadas, trabajado duro, aportando a este país, acatando la ley. Tenemos familias e hijos ciudadanos, nos merecemos esa residencia”, dijo el salvadoreño Julio Pérez, quien conduce el bus que sale por segunda vez en el recorrido nacional buscando respaldo para cerca de 4000,00 inmigrantes que perderían el amparo el próximo año.

La salida del bus, y el inicio de la campaña, se dio desde las instalaciones de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, condado de Los Ángeles (California), donde el pasado lunes se revirtió una decisión de 2018 de un juez federal que bloqueó la suspensión del TPS para los beneficiarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

“Fue un golpe muy duro, pero somos una comunidad que lucha y esta decisión no nos va a detener”, advirtió la salvadoreña Verónica Lagunas, quien trabaja en la limpieza y ha estado protegida por el beneficio desde 2001.

La campaña, que recorre por segunda vez el país (la primera fue en agosto de 2018), está enfocada en tres grandes partes: la necesidad de una residencia permanente para los beneficiarios del TPS, el llamado a salir a votar, y una campaña de salud dirigida a los trabajadores hispanos y de minorías afectados por la COVID-19.

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que han respaldado la Alianza TPS, explicó a Efe que los inmigrantes que viajan en el bus están entrenados para hablar sobre los temas en comunidades, que incluirán territorios conservadores y de mayoría blanca.

“Sabemos que podemos ser rechazados, pero ya aprendimos del primer recorrido y vamos a insistir porque nosotros no vamos con odio; vamos a explicarles quiénes somos y lo que estamos haciendo los inmigrantes por este país”, sostuvo Alvarado.

El activista recalcó que es importante educar a los votantes sobre el momento político que atraviesa el país, y que en su opinión se dirige hacia el fascismo.

“Nosotros en nuestros países hemos vivido esto, y sabemos el desastre que puede pasar si no lo detenemos. No podemos seguir alimentando la ideología de la superioridad blanca”, agregó Alvarado.

Por las siguientes semanas el bus llegará hasta estados clave en las elecciones presidenciales y del Congreso del próximo 3 de noviembre, como Arizona, Nevada, Florida, Virginia, Pesilvania, Maine y Wisconsin. En el bus viajan amparados del TPS de California, Florida, Texas, Colorado, Nueva York y Massachussetts, entre otros estados.

Los acompañan en esta travesía hijos de los beneficiarios, nacidos en Estados Unidos y que se verían afectados cuando sus padres se vean obligados a salir del país.

Según la demanda presentada en 2018 por beneficiarios y sus hijos, unos 200.000 estadounidenses hijos de titulares del TPS se verían afectados por el fin del programa. Crista Ramos, de 16 años, es una de las ciudadanas que demandó el Gobierno ya que su mamá, Cristina Ramos, se vería obligada a salir del país y dejarla sola.

La decisión de los tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito será apelada, informaron hoy los activistas.

De mantenerse la decisión de la Corte los beneficiarios por el programa perderían sus permisos de trabajo, licencias de manejar, y en algunos casos enfrentarían más rápido la deportación.

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias. No nos van a detener”, concluyó Alvarado.

Activistas buscan detener en corte restricciones para ‘dreamers’ impuestas por Trump

El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, presentó una queja actualizada para detener una nueva norma de la Administración del presidente Donald Trump que pretende restringir la protección de la Acción diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), poco después de que la Corte Suprema declarase ilegal el primer intento del Gobierno federal por eliminarla a mediados de junio.

“El tribunal más importante del país le dijo a la Administración Trump que no podía terminar arbitrariamente con DACA. A pesar de ello, el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el liderazgo de un interino designado ilegalmente, ha impulsado otro intento de erosionar el programa, por lo que haré todo lo posible para proteger a los soñadores del estado de Washington”, dijo Ferguson.

La nueva queja actualiza la demanda presentada en la Corte Suprema de Nueva York por Ferguson y 15 fiscales de otros estados en septiembre de 2017, y pretende frenar el más reciente esfuerzo de Trump para poner fin al programa DACA, creado en 2012 durante el mandato del presidente Barack Obama (2009-2017) y que protege de la deportación a sus beneficiarios.

Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentó un memorando el pasado 28 de julio ordenando a la dependencia rechazar las nuevas solicitudes de DACA, disminuir a un año el periodo de renovación de la protección del programa y prohibir a los beneficiarios salir de Estados Unidos sin aprobación del Departamento.

Ferguson dice que, una vez más, esta iniciativa es ilegal por haber sido presentado por un interino que no está facultado para tomar decisiones ya que se le nombró indebidamente eludiendo las leyes de sucesión para funcionarios, y que restringe las protecciones a 17,000 beneficiarios del programa en Washington y 800,000 en todo el país.

Asegura que el programa ha permitido a miles de inmigrantes indocumentados llegados en la infancia trabajar legalmente, tramitar sus licencias de conducir, comprar casas y acceder a estudios universitarios, lo que beneficia a la economía de ellos y del estado.

El nuevo reclamo estima que los residentes elegibles para DACA contribuyen con 51 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales en el estado.

USCIS aplica restricciones a los dreamers, incluidas limitantes para viajar al extranjero

oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer la nueva guía que restringe beneficios a los ‘dreamers’ bajo el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

En un reporte del diario La Opinión se selañal que los lineamientos son respuesta al memorando del 28 de julio del secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y confirma el rechazo de nuevas peticiones de protección de deportación y Autorización de Empleo para estos inmigrantes.

“Rechazaremos todas las peticiones iniciales de DACA de parte de extranjeros que nunca habían recibido DACA anteriormente y devolveremos todas las tarifas”, indica la guía.

La agencia adelanta que ese rechazo será “sin prejuicio”, es decir, en caso de que haya un cambio de política de la Administración federal para nuevas aplicaciones, aquellos inmigrantes a quienes les niegue el beneficio no serán castigados por ello.

USCIS también aplica la restricción adelantada por Wolf en su memorando sobre la limitante a un año de la protección, la cual era de dos años, según el programa original del presidente Barack Obama, creado en 2012.

“En los casos de peticiones de renovación de DACA aprobables, USCIS limitará las otorgaciones de acción diferida y autorización de empleo bajo DACA a no más de un año”, precisa.

Aquellos ‘dreamers’ que actualmente tienen una protección aprobada por dos años mantendrán ese beneficio hasta que expire, acotó la agencia, aunque las autoridades podrían rescindir la protección si considera que el extranjero “no continúa en cumplimiento con los criterios de DACA”, como no justificar el ejercicio favorable de discreción procesal.

Las Autorizaciones de Empleo o EAD por dos años que fueron robadas o perdidas serán renovadas para un periodo similar.

USCIS rechazará las solicitudes recibidas con más de 150 días de anticipación a la fecha de vencimiento de la protección, por lo que los aplicantes deben presentar la solicitud en un periodo de 30 días, es decir mínimo 120 antes de que caduque y máximo 150 días.

Dreamers iniciarán querella contra cambios en el programa DACA

Una corte federal de Nueva York aceptó este jueves iniciar una querella contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por los cambios que la Administración Trump aplicó recientemente al programa de acción diferida para los llegados en la infancia (más conocido como DACA).

El juez federal del distrito de Nueva York, George Daniels, dio permiso al Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) para presentar una nueva querella, según dijo a Univision la abogada del grupo, Aracely Martínez Olguín. El objetivo de la letrada y su organización es revertir la medida y que los términos del programa vuelvan a ser los mismos que los del 15 de junio de 2012, cuando entraron en vigor.

La Corte Suprema falló el pasado 18 de junio en contra de los intentos del Gobierno de acabar con DACA, un proceso judicial que se remonta al 5 de septiembre de 2017. Sin embargo, tal y como Martínez Olguín cuenta al citado medio hispano, el máximo tribunal de justicia del país solo tomó una decisión respecto a la entrada en vigor del programa y no a su continuación.

DHS anunció a finales de julio que solo permitiría a los llamados dreamers renovar sus protecciones DACA durante un año, mientras revisan el fallo de la Corte Suprema. Además, el departamento dijo que no procesará nuevas peticiones de amparo.

“El miércoles de la próxima semana debemos informar al tribunal sobre las conversaciones [con los abogados de DHS]. Después de ese día el tribunal comunicará los pasos siguientes”, explicó Martínez.

Lo que busca la nueva querella es demandar a la Administración Trump por su insistente y renovado intento de alterar y poner fin a un programa que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y que les otorgaba una autorización de empleo (EAD) durante dos años -la actual administración la redujo a uno.

Trump aprobará una reforma migratoria basada en méritos y que ofrecerá la ciudadanía a los dreamers

En una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo en Miami (Florida), el presidente, Donald Trump, ha anunciado este viernes que prepara una profunda reforma migratoria por orden ejecutiva para imponer un sistema “de méritos”, que según dijo incluirá además un camino hacia la ciudadanía para los dreamers

Entrevistado por José Díaz Balart, el presidente indicó que aprobaría esta reforma por orden ejecutiva, aunque también indicó que sería “un gran proyecto de ley”. Preguntado posteriormente, Trump confirmó a Noticias Telemundo que se tratará de una orden ejecutiva.

La diferencia es vital: desde hace días se habla en Washington de que Trump prepara una orden ejecutiva sobre inmigración, sin saber sobre qué exactamente. Si aprobara como dice esta reforma por orden ejecutiva plantearía un enorme reto a las costuras del sistema democrático, puesto que afectaría a la ley migratoria de una manera que sólo el Congreso tiene potestad para hacer.

Si, por el contrario, se tratara de un proyecto de ley, las consecuencias serían muy diferentes: Trump ya ha intentado en varias ocasiones una reforma migratoria similar, pero el Congreso (incluso cuando ambas cámaras estaban bajo control republicano) ha dejado morir todos esos intentos.

Un nuevo proyecto de ley nacería muerto, por los antecedentes mencionados y porque en apenas cinco meses se acaba la legislatura y hay elecciones presidenciales. Pero serviría para intentar maquillar políticamente que Trump prevé presentar en los próximos días una nueva demanda judicial para acabar con el Programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia, que protege a cientos de miles de soñadores de la deportación, después de que la Corte Suprema anulara su intento anterior tras una larga batalla legal.

[Trump retomará “en breve” la batalla legal contra DACA]

“Esto haciéndome cargo de DACA”, ha dicho Trump, “DACA va a estar bien, en las próximas semanas voy a firmar una gran orden ejecutiva migratoria y voy a incluir DACA, la Corte Suprema me ha dado poder para ello, va a ser parte de una gran ley por méritos y va a incluir DACA y la gente va a estar muy contenta”.

¿A qué se refiere con “por méritos”? Trump lleva todo su mandato intentando acabar con el sistema de green cards por reunificación familiar (que permite a ciudadanos y residentes traer al país a hijos, esposos, padres, etcétera) para fomentar las visas de trabajo. Éstas se concederían de acuerdo con un sistema de puntos que valoraría la educación, experiencia laboral, edad, conocimiento del inglés y otros aspectos de los aspirantes.

Estos son otros temas tratados por el presidente durante la entrevista:

Sobre el asesinato de Vanessa Guillén

Díaz Balart ha preguntado al presidente sobre la soldado latina, que desapareció el 22 de abril de la base militar texana de Fort Hood y cuyos restos fueron identificados la semana pasada tras ser encontrados enterrados junto a un río cercano. Un militar sospechoso se suicidó y su novia está detenida por el crimen.

“Lo vi en las noticias el otro día y creo que es terrible”, ha dicho Trump,  “di ordenes específicas de hacer algo y me van a reportar el lunes”. Precisamente hoy el Ejército ha anunciado una nueva investigación, tras ser acusado por la familia de ocultar información y no realizar las pesquisas necesarias para hallar a la soldado y arrestar al culpable. Organizaciones latinas han impulsado un boicot por este motivo para que los hispanos no se alisten.

Sobre la visita de López Obrador

Trump ha explicado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien se reunió este miércoles en la Casa Blanca, “es un hombre fabuloso”. “Se convirtió en mi amigo, dijo, “no me llevaba bien con su predecesor”, añadió en referencia a Enrique Peña Nieto, quien dejó el cargo en noviembre de 2018. 

“Tuvimos un día tremendo con el presidente [López Obrador] y estamos haciendo cosas muy buenas, mutuamente beneficiosas para nuestros países”, agregó Trump.

Ayer, en una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo, el López Obrador indicó que Trump “ha cambiado su trato” a los mexicanos, insistió en que es su “amigo”, pero recalcó que no lo invitará a devolverle la visita porque “hay elecciones” pendientes en Estados Unidos.

En el pasado, Trump ha dicho que México “abusa de Estados Unidos” y que la relación bilateral es “desigual”. “Eso es verdad, no lo voy a cambiar”, dijo este viernes Trump: “Construimos un muro de 400 millas, el muro ha tenido un impacto enorme en la frontera, mucha menos gente está atravesando”.

Sobre Venezuela

A finales de junio, en una entrevista con la web informativa Axios, el presidente dijo que no descarta reunirse en algún momento con el líder venezolano Nicolás Maduro, al que durante años la Casa Blanca ha acusado de aplastar a los venezolanos con un régimen dictatorial. “Quizá lo pensaría… A Maduro le gustaría. Y yo nunca me opongo a las reuniones —ya sabe, rara vez me opongo a las reuniones”, aseguró.

Un día después, a través de Twitter, matizó: “Al contrario que la izquierda radical, yo SIEMPRE he estado en contra del socialismo y con la gente de Venezuela. ¡Mi Administración siempre ha estado del lado de la LIBERTAD y en contra del régimen opresivo de Maduro! Sólo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: ¡una salida pacífica del poder!”. 

En la misma entrevista, Trump mostró escasa confianza respecto al líder opositor Juan Guaidó, al que Estados Unidos llegó a considerar presidente legítimo: “Podría haber vivido con o sin eso”, dijo sobre si se arrepentía de haberlo respaldado, “pero estaba firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela”.

Preguntado hoy por Díaz Balart para aclarar su postura, Trump dijo: “Yo apoyo al que haya sido elegido”, y aclaró, “apoyo al que tenga el respaldo de los venezolanos”.