La Comisión Europea frente a las grandes farmacéuticas. Y con su propia credibilidad como pilar institucional de la UE, en entredicho. Bruselas mantiene un pulso con la industria por dos supuestos incumplimientos contratuales en plena emergencia sanitaria. El primero. La compañía germano-estadounidense Pfizer-BioNTech, a la que ha adquirido 600 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, redujo la pasada semana entre un 30% y un 45% los suministros comprometidos con los países por «ajustes logísticos» en su planta de Bélgica. Y el segundo. La británica Oxford-AstraZeneca se ha despachado por sorpresa con un anuncio similar: no podrá asegurar, al menos en el primer trimestre, los ritmos de las entregas de hasta 400 millones de viales. Y eso a escasos días (se espera que sea este viernes) de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA)_de luz verde a la comercialización de su suero.

Al Ejecutivo comunitario, responsable de la compra conjunta para los Veintisiete –2.300 millones de dosis con al menos seis laboratorios–, se le acumula así el trabajo. Ursula von der Leyen ha asumido personalmente el rol de presionar a las farmacéuticas. Lo hizo con la cúpula de Pfizer-Biontec hace una semana. Y ayer llamó al consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, para «dejarle claro» que tiene que cumplir «con sus obligaciones», según explicaba su portavoz, Eric Mammer. Bruselas no acepta «los problemas de producción» que argumenta la compañía porque la UE ha adelantado millones de euros «precisamente para garantizar» un mayor rendimiento. Cuestionado por la opción de emprender acciones legales, la descarta porque «no es el momento».