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Sepa cuánto necesita ganar un inmigrante para patrocinar la “green card” de un pariente

Aunque el gobierno del presidente Joe Biden terminó con cambios a la llamada regla de carga pública, los inmigrantes que solicitan “green card” o la ciudadanía todavía son evaluados sobre si pueden mantenerse a sí mismos o alguien puede ayudarlos mientras no encuentran trabajo.

Lo anterior es porque las disposiciones siguen en la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA), pero las reglas no son tan duras como las que había impulsado el gobierno de Donald Trump.

Aún así, es decisión de los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y a los oficiales consulares que evalúan las peticiones de cualquier tipo de visa, incluso de turista, determinar si una persona podría convertirse en una carga pública para EE.UU.

Las personas que patrocinan a sus familiares, ya sea padres o hermanos, pueden integrar información financiera para que las autoridades consideren que esas personas no representarán “una carga” para las finanzas del gobierno.

El abogado de inmigración Allan Wernick, quien dirige el proyecto de CUNY Citizenship Now! de la City University of New York responde a preguntas de inmigrantes, como en el Al Día Dallas, donde una persona preguntó cuánto dinero debía ganar para poder patrocinar a un familiar.

Recordó que para un oficial de USCIS considere viable otorgar la Residencia Permanente a una persona, quien la patrocina debe tener ingresos del 125 por ciento del nivel federal de pobreza.

Eso significa demostrar un ingreso de al menos $44,475 dólares anuales si la familia es de al menos tres miembros.

Los expertos señalan que las evaluaciones migratorias son discrecionales, es decir, los oficiales revisan toda la documentación y determinan si una persona puede o no representar una carga, por ello los abogados sugieren integrar declaraciones juradas que apoyen una solicitud.

“Los solicitantes de green card por familia deben demostrar que no se convertirán en una carga pública; es decir, que van a necesitar asistencia pública”, recuerda Wernick.

Ahora bien, esa cifra señalada dependerá del número de miembros de la familia y si la persona que reporta los ingresos está patrocinando a alguien más en un proceso migratorio.

Inmigrantes que soliciten la residencia americana aún deben demostrar que no serán una carga pública

A pesar de el gobierno del presidente Joe Biden eliminó la nueva regla de carga pública, los inmigrantes que solicitan la Residencia Permanente todavía deben demostrar que tienen capacidad financiera para mantenerse sin ayudas sociales del gobierno.

La razón es que las disposiciones siguen en la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA), aunque se detuvo el endurecimiento impulsado por el expresidente Donald Trump para castigar a los inmigrantes más pobres.

Los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y a los consulares que evalúan las peticiones de cualquier tipo de visa.

“Cualquier extranjero que, en opinión del funcionario consular en el momento de la solicitud de visa, o en opinión del Fiscal General en el momento de la solicitud de admisión o ajuste de estatus, es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública sea excluible”, dice la INA.

El abogado Allan Wernick, director del proyecto Citizenship Now! de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, indica que esa regla es más laxa o generosa.

“Los solicitantes de residencia permanente todavía tienen que demostrar que no se convertirán en una carga pública, pero bajo las reglas de antes del gobierno de Trump, más sencillas y generosas”, dijo en un artículo del Dallas News.

Aclara que la actual regla no castiga a las personas por recibir ayuda de programas sociales, como cupones de alimentos o fondos para vivienda, pero explica que los inmigrantes son calificados en forma negativa para una visa si la evaluación económica revela que podrían mantener el uso constante de programas sociales.

“Las excepciones son si la persona depende principalmente de asistencia en dinero en efectivo o si recibe atención institucional de largo plazo del Medicaid”, señala.

Los oficiales de USCIS que revisan las peticiones aplican la regla de 1999 sobre carga pública.

“Si USCIS requiere información o evidencia adicional para hacer una determinación de inadmisibilidad de carga pública bajo el estatuto y de acuerdo con la Guía de Aplicación Provisional de 1999, le enviaremos otro RFE o NOID”, explica la agencia.

El RFE (en inglés) es un Requerimiento de Evidencia y un NOID (en inglés) es una Notificación de Intento de Negación.

Con información de La Opinión.com

USCIS alerta de cambio para las “green card” vencidas

Hay noticias para los inmigrantes cuya “green card” se venció.

La oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) modificó el documento que soporta la vigencia de la tarjeta por 12 meses adicionales.

Lo anterios se hizo al reemplazar el “sello adhesivo” que expide a los residentes permanentes legales (LPR) para extender la validez de su documento.

“Cuando se presente junto con la tarjeta de residente permanente, la notificación revisada del Formulario I-797 extenderá la validez de la tarjeta de residente permanente por 12 meses a partir de la fecha que está en la parte frontal”, indica la agencia.

Este documento es solamente en forma temporal, hasta que USCIS emita la nueva identificación.

“Este cambio garantiza que los LPR que tengan una tarjeta de residente permanente que haya caducado recientemente tengan documentación de identidad, autorización de empleo y autorización para regresar a Estados Unidos después de un viaje temporal al extranjero”, indicó en un comunicado.

Los residentes que no tienen todavía cita para la toma de sus datos biométricos ya no tendrán que visitar un centro de asistencia para obtener evidencia temporal del estatus de estancia en EE.UU.

Aquellos inmigrantes que ya tienen una cita programada recibirán un sello adhesivo de extensión de validez, indicó la agencia.

Las personas que envíen el Formulario I-90 para reemplazar su “green card” recibirán la notificación de revisión con el nuevo sello en un plazo de 7 a 10 días, acotó la autoridad.

USCIS aplica cambios para asilados y refugiados en solicitudes de la green card

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hizo modifiaciones para las solicitudes de Residencia Permanente para refugiados y asilados.

La agencia indicó la actualización de su guía para ampliar los criterios que aplican los oficiales migratorios en forma discrecional, para determinar si deben o no entrevistar a los solicitantes que presentan el Formulario I-485.

Aunque las reglas de elegibilidad de la “green card” no cambian, la autoridad amplía la discrecionalidad para que un oficial determine citar a entrevista a un solicitante.

“La lista actualizada proporciona una mayor paridad con los criterios que USCIS aplica para determinar si entrevista a otros solicitantes de ajuste de estatus”, señala la agencia.

USCIS insiste en que los oficiales decidirán “caso por caso”.

Esta ofician que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el ajuste derivará en la solicitud de más entrevistas, pero justifica la medida para “proteger el programa” y evitar “fraudes” que afecten el sistema migratorio.

Las autoridades han implementado cambios para endurecer las peticiones de asilo y refugio, pero también las peticiones familiares de estos inmigrantes.

Entre las razones que podrían obligar a solicitar una entrevista están las “preocupaciones” de un oficial migratorio sobre seguridad nacional.

“El oficial tiene cualquier otra inquietud articulable con respecto a la identidad, inadmisibilidad, seguridad nacional, seguridad pública o fraude, y recomienda una entrevista para ayudar a resolver esa inquietud”, indica una de las condicionantes.

Juez federal rechaza prohibición de Trump a emitir nuevas “green card”

El juez federal Amit P. Mehta, de Washington, D.C., rechazó una solicitud para detener la Proclamación del presidente Donald Trump que prohíbe la emisión de algunos tipos de “green card” desde el exterior de los EE.UU.

Su decisión afirma que la demanda de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no demostraron que los miembros han sido afectados por la orden del 22 abril, reportó Law360.

El juez consideró que dos beneficiarios de dos residentes permanentes de origen mexicano recientemente recibieron sus “green card” y emigraron a los Estados Unidos, después de que sus solicitudes –una vez rechazadas– fueron aprobadas.

Tres residentes permanentes y un ciudadano estadounidense presentaron la demanda

Juez rechaza detener prohibición de Trump sobre “green cards”
La orden del 22 de abril bloquea emisión de “green cards” desde el extranjero.

Los reclamos presentados por el tercer demandante, un ciudadano estadounidense de El Salvador que intenta presentar una queja por su hijo, aún no están listos para una revisión judicial, agregó el juez.

La solicitud de la “green card” del hijo se retrasó debido al cierre temporal de la Embajada de los EE.UU. en San Salvador en respuesta al brote de COVID-19, agrega el reporte, por lo que la familia no completó sus citas médicas.

“Los demandantes no han demostrado más allá de la mera especulación que la consideración de sus beneficiarios bajo la excepción de interés nacional les causará daño inminentemente”, consideró el juez.

El fallo del martes se produjo después de que el presidente Trump anunció que prohibirá a los ciudadanos extranjeros que se muden a los EE. UU. con varias visas de trabajo, incluida la visa de ocupación especial H-1B, hasta fines de 2020.

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Temor a no recibir residencia permanente aparta a inmigrantes de ayudas durante el Coronavirus

Los inmigrantes en Estados Unidos temen que las ayudas lanzadas para paliar los efectos económicos y sanitarios del coronavirus les impida conseguir a posteriori mejoras en su estatus migratorio. La llamada norma de “carga pública” de la Administración Trump permite negar la residencia a los extranjeros que hayan recurrido a servicios públicos durante un periodo de tiempo determinado.

Esta situación aleja a los afectados de solicitar la asistencia médica que necesiten, según un estudio divulgado este lunes. En enero pasado el Tribunal Supremo dio su anuencia a la aplicación por parte del Gobierno de la norma de inmigración según la cual puede negarse la residencia legal permanente (“tarjeta verde“) a los inmigrantes que hayan usado, o se sospeche que puedan solicitar en el futuro, la asistencia pública en programas de salud, vivienda o alimentación.

“Aun antes de que la norma entrara en vigencia, las evidencias muestran que su propuesta aplicación produjo amplios efectos a nivel nacional por los cuales las familias inmigrantes, elegibles para esos servicios, evitaron inscribirse en programas de asistencia pública por temor a las consecuencias sobre su situación legal”, señaló el informe preparado por el Instituto Urbano.

Este fenómeno “se ha tornado aun más alarmante durante la pandemia de COVID-19, en la cual muchas familias inmigrantes son vulnerables a agudas tribulaciones médicas y económicas“, añadió. Como resultado del anuncio de la aplicación de la norma, conocida como “carga pública” y antes de que entrara en vigencia, “más de uno de cada siete adultos en familias inmigrantes indicó que él o alguien en su familia evitó los programas gubernamentales que no operan con subsidios en efectivo“.

Entre esos programas se cuentan el sistema de subsidio del cuidado de la salud para las personas de bajos recursos Medicaid, el programa de seguro de salud para niños (CHIP, en inglés), el programa de asistencia de alimentación suplementaria (SNAP) y los subsidios para la vivienda. Entre 2018 y 2019 aumentó de 21.8 % a 31 % el efecto disuasorio entre los adultos de familias inmigrantes en las cuales al menos un miembro no era residente permanente; este es el grupo más propenso a ser afectado directamente por la norma durante el trámite futuro de sus solicitudes de “tarjeta verde”.