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ICE buscará a indocumentados que incumplen con salida voluntaria del país

De acuerdo con un documento obtenido por CNN, la agencia pondrá en marcha la “Operación Promesa Rota” para detener y deportar a los indocumentados que “rompen su promesa de salir voluntariamente del país”.

Las personas que residen en Estados Unidos de manera ilegal pueden optar por salida voluntaria en una fecha específica. Con esto evitan arresto, deportación y la prohibición de volver a ingresar al país de manera legal.

“Desafortunadamente, a lo largo de los años, miles de inmigrantes han aceptado el beneficio de salida voluntaria sin cumplir su promesa al gobierno, no salen a tiempo de los Estados Unidos”, dice el memo.

Cerca de 16,451 inmigrantes recibieron ese beneficio en 2020, según datos de la Universidad de Syracuse. Las operaciones contra inmigrantes que incumplían con el retiro voluntario fueron suspendidas durante el gobierno de Barack Obama para enfocarse en indocumentados involucrados en acciones criminales.

La nueva operación se conoce días después de que ICE anunciara un plan de deportaciones rápidas.

Un juez federal bloquea alza de tarifas para trámites de la ciudadanía americana

Un juez federal en el norte de California bloqueó este martes el alza de tarifas a algunos trámites del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que entraría en vigencia el próximo 2 de octubre y que afectaba gestiones como el de la naturalización.

El juez federal Jeffrey S. White en Oakland, California, falló en favor de una demanda presentada el pasado 21 de agosto por una coalición de ocho organizaciones encabezada por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), con sede en San Francisco.

El pasado 31 de julio USCIS anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 30 % en sus tarifas, pero que en algunos casos llega a 535 %. La agencia justificó las alzas para financiar sus operaciones.

Uno de los procesos más afectados con el nuevo incremento es el proceso de naturalización, que pasará de $640 a $1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos, y que tenía en una contrarreloj a muchos migrantes para someter sus solicitudes antes del próximo viernes.

En su demanda, la coalición señaló que la nueva Regla de Tarifas viola la Ley de Procedimiento Administrativo y constituye una acción de agencia “arbitraria y caprichosa”.

La querella legal también argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad prioriza la unidad y diversidad familiar, sin embargo, “al hacer deliberadamente imposible el costo de asegurar los beneficios de inmigración esenciales para millones de familias inmigrantes, la política de la Administración Trump hace que la separación familiar sea inevitable y viola las leyes estatutarias y constitucionales”.

“Con la nueva regla de tarifas, la Administración Trump ha demostrado su voluntad de ignorar el estado de derecho en la búsqueda de su agenda antiinmigrante y xenófoba”, advirtió Melissa Rodgers, directora de programas de ILRC.

Designan en el ICE a un inmigrante acusado de persecución a asiáticos

El nuevo director interino de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es un inmigrante y ha provocado duras críticas, especialmente entre los defensores de los estadounidenses de origen asiático.

Tony Pham es un refugiado de Vietnam, quien llegó al país con su familia en 1975.

Ahora, el inmigrante naturalizado fue seleccionado para suceder a Matt Albence como nuevo director interino, pero además de calificar la decisión como “hipócrita”, los defensores de inmigrantes advierten que la carrera de Pham está enfocada a la persecución.

Los activistas indican que las deportaciones de asiáticos aumentaron drásticamente durante el Gobierno del presidente Donald Trump, incluyendo personas protegidas por acuerdos del 2008.

“Al nombrar a un refugiado como jefe de una agencia que constantemente viola los derechos de los refugiados es una táctica comúnmente utilizada por Trump para dividir nuestras comunidades”, dijo a NBC News Tracy La, directora ejecutiva de la organización VietRISE.

Antes de unirse al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), trabajó como fiscal en Richmond, Virginia, y como superintendente en la Cárcel Regional Península de Virginia, indicaron defensores.

“No nos sentimos optimistas de que habrá un cambio en la forma en que se administra ICE”, dijo Phi Nguyen, la director de litigios en Asian Americans Advancing Justice (AAAJ).

Los activistas consideran que el nombramiento de Pham y la forma en que ha llevado su carrera ayudará a soportar la teoría del “buen inmigrante contra el mal inmigrante”.

ICE defendió su decisión y dijo que Pham y su familia se hicieron ciudadanos una década después de llegar a los EE.UU y lo hicieron “por el camino legal”.

Denuncian que hay más de 3,000 inmigrantes en centros de detención del ICE que tienen Coronavirus

ICE asegura que ha hecho pruebas a la mitad de los indocumentados que están bajo su custodia

El número de casos del coronavirus SARS-Cov-2 en los centros de detención para indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya superó la cifra de 3,000, de acuerdo a la agencia federal.

Según datos difundidos este jueves por el ICE, el total de casos confirmados de la COVID-19 en los centros de detención del país asciende a 3,077, de los cuales actualmente 871 son vigilados y aislados al interior de las instalaciones.

De esa cifra, al menos dos de ellos fueron letales.

La población total de inmigrantes en sus centros asciende actualmente a 22,579, mientras que el número total de pruebas efectuadas es de 11,828, según la contabilidad difundida este jueves.

Los mayores brotes se registran en el centro de detención Bluebonnet, en Dallas (Texas), con 286 casos, seguido del centro de Eloy, en Phoenix (Arizona), con 250 positivos.

El Centro de Procesamiento de Montgomery, en Houston (Texas), con 202 casos; el californiano Centro de Detención de Otay Mesa, con 168 casos; y el Centro de Procesamiento del Condado Otero, en El Paso (Texas), con 142, siguen en la lista de los centros de ICE con mayores números de casos.

A los más de 3,000 casos entre los indocumentados retenidos en los centros de ICE hay que agregar 45 empleados de esas instalaciones o que tienen contrato con la agencia federal.

ICE expulsará de EEUU a estudiantes extranjeros que tomen clases virtuales en el otoño

La Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) advirtió el lunes que los estudiantes extranjeros que sólo tomen clases a través de internet el próximo semestre tendrán que cambiar de universidad o abandonar el país.

La nueva política, anunciada en su página web, afectará a miles de estudiantes extranjeros inscritos en universidades estadounidenses que, en medio de la pandemia del COVID-19, aún no han finalizado planes para las clases de otoño.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), prevé publicar “los procedimientos y responsabilidades” de los inmigrantes con visas de estudiantes en el diario oficial del Gobierno (Federal Register).

Según el documento, habrá exenciones temporales para los estudiantes con visas “F-1″ y “M-1” que asisten a universidades enteramente virtuales, porque el Departamento de Estado de todas maneras no les extenderá visas.

Algunos estudiantes con visa “F-1″ podrán tomar un curso en línea, con un máximo de tres créditos, al igual que estudiantes que asisten a universidades con planes de estudio “híbridos”: es decir, cursos presenciales y también por internet.

En todo caso, la medida ya ha sido rechazada por grupos defensores de los inmigrantes, que advierten del enorme costo económico para las universidades que tienen un alto porcentaje de estudiantes internacionales.

Conozca cuáles son los dos mayores problemas que enfrentan los inmigrantes ante ICE

Aunque los inmigrantes bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene una mayor y mejor representación legal gratuita, muchos de ellos no logran salir del encierro, debido a que los jueces no otorgan a todos el derecho a fianza y, cuando la aprueban, ésta resulta ser demasiado alta.

Un reporte de Law360 explica que la tasa de representación para las audiencias se ha duplicado desde 2015, pasando del 35% al ​​66% en los primeros ocho meses del actual año fiscal.

En esos eventos ante jueces, los inmigrantes y sus defensores tienen oportunidad de explicar porqué no son un peligro para permanecer en EE.UU. y, por ende, podrían pelear sus casos en libertad.

El reporte cita un informe del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, donde se apunta que tener un abogado en la corte es positivo para el inmigrante, aunque eso no se refleja en las tasas de concesión de fianza, ya que han caído del 56% en 2015 al 48% en 2018 hasta 2020.

“Podríamos tener un núcleo de jueces de inmigración en este momento que tienen menos probabilidades de otorgar fianzas que quizás en el pasado”, reconoció Aaron C. Hall, director de defensa de deportación de la firma de abogados de inmigración Joseph & Hall PC.

Eso obliga a los inmigrantes a permanecer meses o años en el encierro, pues aunque no pueden ser deportados de inmediato, no pueden avanzar con sus casos en libertad.

A eso se suma el costo de las fianzas, ya que TRAC también encontró que el monto promedio es de $8,500 dólares, un aumento del 30% sobre el monto promedio de $6,500 en 2015.

Los montos varían a nivel nacional y hay reportes de que, por ejemplo, en Tacoma, Washington, el promedio es de $15,000 dólares, lo cual es tres veces el monto de $5,000 dólares en Chicago.

La jueza de inmigración Ashley Tabaddor, hablando en su calidad de presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, le dijo a Law360 que hay distintos criterios en las cortes, como si cada una tuviera su “propia cultura”.

Este reporte es desalentador para los inmigrantes, en el contexto de que ICE puede ahora realizar deportaciones acelerades desde cualquier parte del país.

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Tribunal de Washington, D.C. permite a ICE acelerar deportaciones

Un Tribunal de Apelaciones en Washington, D.C. permitió a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ampliar el alcance de los procedimientos de deportación acelerados.

Los jueces consideran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, tiene la discreción “única y no revisable” para realizar cambios en las expulsiones aceleradas.

Grupos de inmigrantes han luchado por detener la expansión de tal proceso, al considerarlo injusto, algo que dividió a los jueces, que decidieron respaldar a las autoridades.

Las deportaciones aceleradas se extienden a más 100 millas de la frontera, permitiendo el arresto y expulsión de los EE.UU. de inmigrantes que no pueden documentar la residencia desde hace más de dos años.

La medida se tomó considerando los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza a menos de 100 millas de la frontera, donde se detiene extranjeros a los que se puede expulsar más fácilmente.

La opinión de la jueza Patricia Millett apunta que este tipo de deportaciones están consideradas por el Congreso en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), por lo que las autoridades migratorias hacen uso de esa herramienta.

Establece que, sin embargo, aquellos inmigrantes que soliciten asilo o demuestren amenazas en sus países de origen, podrían evitar este tipo de expulsión.

Agrega que esta forma de deportación había sido aplicada en casos excepcionales, pero no es irregular su extensión.

“Debido a las preocupaciones pasadas del Poder Ejecutivo sobre administrabilidad y precisión de la expulsión acelerada… el Secretario había elegido durante mucho tiempo aplicar esos procedimientos abruptos solo para ciertas clases reducidas de individuos”, apunta la opinión.

Se destaca que el titular del DHS tiene la “discreción” de aplicar la regla de acuerdo al contexto.

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Auroridades de EEUU despliegan a “La Migra” para controlar los de disturbios

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está desplegando agentes en todo el país para sumar esfuerzos con autoridades locales y federales para controlar las protestas violentas por la muerte esta semana del afroamericano George Floyd cuando estaba bajo custodia policial en Minneapolis.

La CBP está autorizada a actuar en una zona de hasta 100 millas desde cualquier frontera terrestre o marítima del país, lo que abarca a dos tercios de la población de EE.UU., o unos 200 millones de personas, incluidos estados enteros como Florida.

Pero en esta ocasión, explicó este sábado su director interino, Mark Morgan, lo hacen por “todo el país” a pedido de autoridades federales, estatales y locales que enfrentan las “acciones ilegales” de los manifestantes violentos.

Morgan asegura que esta misión es en “conformidad con las leyes federales”, a pesar de realizarla en todo el país y no sólo en la frontera como suele ser su área de trabajo habitual.

Critican decisión

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) criticó la decisión de desplegar a unos agentes de CBP que tienen un “historial de abuso y mal uso del poder”.

En su opinión, se trata de “error que amenaza la vida de aún más” personas de grupos minoritarios.

Otros activistas ya han alertado del riesgo que supone la presencia de agentes fronterizos en las calles del país, como la “soñadora” Astrid Silva que pidió que tengan cuidado los indocumentados y jóvenes amparados por el programa oficial Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que los protege de la deportación a miles de jóvenes.

“Haz lo que tu conciencia te diga pero entiende que es peligroso ser arrestado”, dijo Silva, que recordó que cualquier falta menor puede llevar a ser detenido y, posteriormente, deportado.