INMIGRACIÓN

Tribunal rechaza proteger con DACA a casi 60,000 dreamers que enfrentan peligro de deportación

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó ayer martes la petición de la Administración de Joe Biden de recibir nuevas solicitudes al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), lo que deja en peligro de deportación a más de 60,000 ‘dreamers’.

Ese mismo tribunal había rechazado una apelación general del programa, luego de una batalla legal liderada por el gobierno republicano de Texas, pero el juez Stuart Kyle Duncan negó la solicitud de la Administración Biden, según confirmó el Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense (MALDEF), que ha defendido el programa desde su implementación, adelantó la agencia EFE.

La defensa de MALDEF, en colaboración con la firma de Ropes & Gray, se unieron al Gobierno en la apelación luego de que el 16 de julio pasado el juez de Distrito Andrew Hanen, con sede en Texas, determinara que el programa creado por Barack Obama en 2012 violaba la Ley de Procedimiento Administrativo.

“En su orden, Hanen permitió que DACA continuara para los beneficiarios con protección vigente y permitió el procesamiento continuo de renovaciones, pero no permitió que el Gobierno federal otorgara ninguna nueva solicitud”, indicó entonces la organización civil.

Apenas fue notificada sobre la decisión del Tribunal de Apelaciones, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) canceló las citas programadas para quienes solicitaban la protección por primera vez y, según un análisis del Center for American Progress (CAP), se estima que son casi 60,000 personas.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, Louisiana, atendíó la petición de la Administración Biden para restablecer la aprobación de nuevas solicitudes.

El 27 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que atendería la orden de la corte de Texas, pero anunció la publicación de una nueva regla que reforzará ese programa y, asegura, protegerá mejor a los ‘dreamers’.

La Administración Biden-Harris continúa tomando medidas para proteger a los ‘dreamers’ y reconocer sus contribuciones a este país”, consideró entonces el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La regla se publicó el 28 de septiembre en el Registro Federal y estpa abierta a comentarios públicos durante 60 días.

Mayorkas calificó la decisión como “un paso importante”, pero instó al Congreso a brindar protección permanente a los ‘dreamers’ a través de la inclusión de la reforma migratoria en el proyecto de ley de Reconciliación.

La regla publicada aborda la política de DACA “como se anunció en el Memorando Napolitano de 2012”, es decir evitar la remoción de estos inmigrantes.

“Modifica y mejora el proceso de presentación de solicitudes existente, al tiempo que codifica y aclara la política de uso e intercambio de información de largo tiempo del DHS con respecto a las solicitudes de DACA”, adelantó el Gobierno.

Aseguran que exclusión de los venezolanos de la lotería de visas no cierra la puerta para emigrar a EE UU

La exclusión de los venezolanos del programa de sorteo de visas de Estados Unidos no obedece a una razón política, ni cierra la puerta a la emigración de ciudadanos del país suramericano, según expertos.

El Departamento de Estado de EE. UU. notificó la semana pasada que Venezuela pasó a ser uno de los 19 países excluidos de la posibilidad de participar en el programa de lotería de visas de diversidad de inmigrantes para el año fiscal 2023.

Según explicó el gobierno, ese programa beneficia a ciudadanos que provengan de un país con tasas “históricamente bajas” de inmigración a Estados Unidos.

“Más de 50.000 nativos de estos países [excluidos] migraron a Estados Unidos en los últimos cinco años”, detalló el Departamento de Estado en su comunicado.

El sorteo otorga anualmente hasta 55.000 visas de diversidad a inmigrantes mediante un sistema computarizado al azar.

Venezuela es el segundo país con mayor población migrante del mundo, luego de Siria, según datos de agencias de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Se calcula que seis millones de venezolanos han migrado de su país por la profunda crisis económica, política y social de los últimos años.

Giulio Cellini, abogado venezolano especialista en relaciones exteriores e inmigración, dijo que la exclusión de Venezuela del sistema de lotería de visas es “una decisión soberana” del gobierno de EE. UU. y duda que una razón política haya motivado la medida.

El abogado interpreta la medida como un intento de “ordenar un poco” el tema migratorio de los venezolanos, de alta afluencia en los últimos 15 años, y dijo a la Voz de América que existen otras alternativas para emigrar a EE. UU., como las visas de inmigrante, el asilo político y el beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS).

El gobierno de EE. UU. anunció en marzo pasado que otorgaría TPS a miles de venezolanos que ya estuvieran en el país. El programa otorga protección contra la deportación y permiso de trabajo temporal. La administración de Joe Biden calculó entonces que podría beneficiar a 320.000 venezolanos.

En EE. UU. existen al menos 465.000 inmigrantes venezolanos, de acuerdo con datos de la plataforma interagencial de las Naciones Unidas R4V y con un informe publicado en julio por la Organización de Estados Americanos.

El Departamento de Estado no contestó a una solicitud de comentario de la VOA para este artículo.

Con información de La voz de América.com

Barco con 572 migrantes lanza SOS desde el Mediterráneo por falta de alimentos

La ONG SOS Méditerranée advirtió escazes de raciones en el “Ocean Viking”, que lleva a bordo a 572 migrantes rescatados, e insistió en la necesidad de una autorización urgente de desembarque.

“En la cubierta de popa del ‘Ocean Viking’, 572 supervivientes necesitan urgentemente un lugar seguro para desembarcar. Nos quedaremos sin raciones de comida envasada en un par de días. Nuestra tripulación cumplió con su deber legal y moral de rescatar. Es hora de que los Estados capaces de ayudar hagan lo que les corresponde”, denunció la organización en Twitter. 

El “Ocean Viking” ha rescatado a estos 572 migrantes en seis operaciones de salvamento en las últimas 72 horas y este martes pidió a la Unión Europea que coordine un desembarco.  “Hacemos un llamamiento a la UE para que coordine su desembarco urgente en un lugar seguro”, declaró Luisa Albera, coordinadora de búsqueda y recate a bordo del “Ocean Viking”, ante “la continua ausencia de coordinación por parte de las autoridades marítimas” y después de la complicada operación llevada a cabo este lunes.

Biden destituye al jefe de la Patrulla Fronteriza nombrado por Trump

El Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, ha destituido al jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), Rodney Scott, nombrado durante el mandato del exmandatario Donald Trump (2017-2021), informó ayer miércoles el propio afectado.

En un mensaje en su cuenta personal de Facebook, Scott explicó que ha recibido una carta en la que se le informa de su “reasignación”.

Aclaró que normalmente el receptor de este tipo de misivas tiene tres opciones “una reubicación, una reasignación o el retiro”, y que no se trata de una acción disciplinaria ni tiene por qué ofrecerse el motivo.

“Simplemente las necesidades del servicio motivan la reasignación para que la nueva Administración pueda colocar a la persona que se requiera en el puesto”, dijo.

Por el momento, el Ejecutivo de EE.UU. no ha confirmado esta medida.

Tras su anuncio, Scott, quien asumió el puesto en febrero de 2020, adelantó que permanecerá en el cargo unos 60 días hasta que se produzca la transición.

La cadena de televisión CNN anticipó que Scott será sustituido provisionalmente en el puesto por el que hasta ahora ha sido el vicejefe de la CBP, Raúl Ortiz.

Desde la llegada de Biden a la Presidencia en enero pasado se esperaba la destitución de Scott, quien apareció junto a Trump en varios actos electorales defendiendo la mano dura en materia migratoria durante la campaña para los comicios de noviembre pasado, que ganó el demócrata.

La crisis con la llegada masiva de migrantes desde la frontera con México le ha estallado a Biden en los primeros meses de su mandato.

Solo en mayo pasado la CBP detuvo a más de 180.000 migrantes en la frontera sur, la cifra más alta registrada en un mes durante las últimas dos décadas.

Biden encargó a finales de marzo a su vicepresidenta, Kamala Harris, la gestión de la crisis migratoria, aunque la llegada de indocumentados no ha dejado de aumentar en los últimos meses.

Bajó en mayo cantidad de niños que cruzan frontera hacia Estados Unidos

El número de niños no acompañados y de familias que entran ilegalmente en Estados Unidos por su frontera sur disminuyó considerablemente en mayo, aunque se mantiene en niveles altos, dijeron el miércoles las autoridades.

El mes pasado se encontraron 14.158 menores migrantes no acompañados, debajo de los 17.148 de abril y del récord de 18.951 de marzo. El número de mayo fue el tercer máximo histórico.

Aunque bajaron desde marzo, las grandes cifras de migrantes que llegan a la frontera han creado un enorme desafío para el gobierno del presidente Joe Biden. Durante su visita del lunes a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris envió un mensaje a quienes tienen pensado hacer la travesía hasta la frontera: “No vengan”.

El gobierno publicó las cifras en su página web el miércoles por la noche, otra vez en forma discreta, a diferencia de la presidencia de Donald Trump, cuyos funcionarios difundían los totales mensuales con fanfarrias y respondían preguntas de la prensa.

En total se registraron 180.034 encuentros en mayo en la frontera con México, ligeramente más que los 178.854 del mes anterior, y el aumento correspondió principalmente a adultos que iban solos. El total de encuentros casi se acerca a los máximos históricos de los últimos 20 años, aunque no son directamente comparables, porque las expulsiones efectuadas recientemente en virtud de una medida relacionada con la pandemia no conllevan consecuencias legales, lo cual alienta a las personas a que intenten cruzar varias veces.

El presidente Biden ha mantenido en vigor facultades del gobierno de Trump que permiten la expulsión de quienes crucen la frontera, en menos de dos horas por lo general, esgrimiendo el argumento sanitario de que intentan impedir la propagación del coronavirus.

Los encuentros con familias totalizaron 44.794 en mayo, comparados con 50.228 en abril. Sólo una de cada cinco familias fue expulsada el mes pasado de acuerdo con la autoridad relacionada con la pandemia.

Casi nueve de cada 10 adultos solos fueron expulsados según la emergencia de salud pública. Los niños no acompañados no son expulsados y se les permite permanecer en Estados Unidos para que soliciten asilo.

La tensa espera por la nueva política inmigratoria de Biden

En marzo del 2020, Estela Lazo se presentó ante el juez de inmigración Lee O’Connor con sus dos hijos, con los músculos tensos y un nudo en la garganta. ¿Le concederían asilo?

La respuesta de O’Connor: No. Ni consideraría la solicitud.

El juez, no obstante, hizo algo que le permitió alentar esperanzas. Dictaminó que era ilegal obligar a esta familia hondureña esperar una respuesta definitiva a su solicitud en México, como disponía uno de los pilares de la política inmigratoria del gobierno de Donald Trump pensada para desalentar los pedidos de asilo. O’Connor dijo que desestimaba su caso por los pasos en falso del gobierno y programó otra vista en un tribunal de San Diego al mes siguiente.

La familia, irónicamente, fue enviada de vuelta a México a esperar la nueva vista.

Y cuando Lozano, su hijo de diez años y su niña de seis, se presentaron en un cruce fronterizo de Tijuana para asistir a esa cita, las autoridades estadounidenses les negaron la entrada diciendo que su caso había sido cerrado.

El hecho de que no se hayan siquiera considerado los méritos de la solicitud de Lazo es una de las numerosas anomalías de la política de “Quédate en México”, un esfuerzo inusual que con frecuencia iba en contra de principios básicos de la justicia, como el derecho a ser escuchado en un tribunal.

Al eliminar muchas de las medidas de Trump sobre la inmigración que considera inhumanas, el presidente Joe Biden enfrenta un dilema: ¿Qué tan lejos debe llegar en sus esfuerzos por corregir lo que considera los errores de su predecesor en ese terreno?

Biden suspendió la política de “Quédate en México” el día en que asumió la presidencia y poco después dijo que unas 26.000 personas con solicitudes de asilo pendientes podían esperar la resolución de sus casos en Estados Unidos. El procesamiento de esas solicitudes puede tomar años porque los tribunales de inmigración tienen muchos casos pendientes. Más de 10.000 de esas personas fueron admitidas en Estados Unidos hasta ahora.

Pero quedan más de 30.000 cuyos pedidos de asilo fueron rechazados o desestimados en el marco de esa política, llamada oficialmente “Protocolos de Protección del Migrante”. Activistas presionan para que estas personas reciban otra oportunidad.

Muchas personas que buscaban asilo y cuyas solicitudes fueron rechazadas por no presentarse a las vistas dicen que fueron secuestradas en México. Otras estaban enfermas o temerosas de ir a un cruce fronterizo a las cuatro y media de la mañana en una ciudad peligrosa. Human Rights First, una agrupación de activistas, contabilizó más de 1.500 denuncias de ataques a personas afectadas por esa política.

Dificultades para encontrar abogados en México hicieron que resultase complicado conseguir representación legal, contribuyendo a que apenas un 1,6% de las solicitudes consideradas fuesen aprobadas. Las autoridades dieron a las personas que solicitaban asilo una lista de abogados baratos o que no cobraban, pero las personas en esa lista no contestaban llamadas telefónicas ni respondían a mensajes.

Hay además unos 6.700 casos como el de Lazo que fueron desestimados, de acuerdo con el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Estas situaciones se dieron mayormente cuando los jueces consideraban que el gobierno había fallado al aplicar sus políticas inmigratorias. Muchos solicitantes de asilo fueron enviados de vuelta a México por tiempo indefinido, en algunas instancias después de que las autoridades estadounidenses llenasen formularios con citas falsas para asegurarse de que México los recibía.

Baja número de niños migrantes solos en frontera de EEUU

El número de encuentros de niños migrantes sin compañía de un adulto en la frontera entre Estados Unidos y México cayó en abril luego de alcanzar un máximo histórico el mes previo, aunque aumentó la cifra de adultos que cruzaron solos, informaron las autoridades el martes.

Las autoridades encontraron a 17.171 menores que cruzaron sin compañía de un adulto, una baja del 9% en comparación con los 18.960 de marzo, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en ingles), pero todavía muy por arriba de los 11.475 que la Patrulla Fronteriza reportó en mayo de 2019, cuando comenzó a difundir las cifras.

En total, los 173.460 encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes en la frontera con México durante abril, significaron un aumento de 3% sobre los 169.213 en marzo, el nivel más alto desde abril de 2000. Los números no se pueden comparar de manera directa ya que la gran mayoría de los detenidos en abril fueron expulsados rápidamente del país en conformidad con las facultades federales relacionadas con la pandemia que niegan el derecho a solicitar asilo. La expulsión no conlleva consecuencias legales, por lo que muchas personas realizan múltiples intentos de llegar al país.

Los encuentros de la Patrulla Fronteriza con personas que llegan en familias disminuyeron en una proporción similar a la de niños que cruzaron solos: una baja de 10% a 48.226 respecto a los 53.406 en marzo. Poco más de uno de cada tres encuentros con familias resultó en expulsiones por la pandemia.

Las cifras constituyen la más reciente lectura de uno de los desafíos más serios para la incipiente presidencia de Joe Biden. A pesar de algunas noticias alentadoras en abril sobre los menores no acompañados y las familias de inmigrantes, Biden tiene mucho en juego en un nuevo sistema de asilo “humano” el cual aún no ha sido develado. Al parecer no hay soluciones rápidas y sencillas.

Supremo americano protege a indocumentados con nueva decisión

La Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión que podría ayudar a miles de inmigrantes a detener sus procesos de deportación.

La opinión del juez Neil Gorsuch prohíbe que los inmigrantes a punto de ser deportados reciban la información por separado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo cual les impida buscar una solución legal.

El juez Gorsuch señala que los inmigrantes con órdenes de deportación pueden buscar un “alivio discrecional”, si pueden demostrar su estancia en Estados Unidos durante 10 años continuos.

Hay casos en que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) envía notificaciones por separado a los inmigrantes, lo cual limita sus opciones legales, al acusar que “el reloj” de la estancia de esas personas se detiene cuando reciben la última notificación.

Los jueces del Máximo Tribunal descartaron que así fuera y prohíbe enviar por separado las notificaciones sobre procesos de deportación.

“Un aviso que omita cualquier parte de esta información requerida por ley no activa la regla del tiempo de detención”, dice la opinión del juez Gorsuch.

La decisión fue respaldada por otros seis jueces, pero rechazada por Brett Kavanaugh –nombrado por el expresidente Donald Trump— y Samuel Alito.

La Corte Suprema atendió el caso de Agusto Niz-Chávez, a quien las autoridades le notificaron cargos en su contra primero y, dos meses después, la fecha y lugar de su audiencia ante un tribunal migratorio.

“El gobierno ordenó la remoción del peticionario Agusto Niz-Chávez y le envió un documento con los cargos en su contra”, dice la opinión. “Dos meses después envió un segundo documento, proporcionando al Sr. Niz-Chávez la hora y el lugar de su audiencia”.

Las autoridades migratorias argumentaron que la información proporcionada al inmigrante detenía “el reloj” de estancia en el país, pero los jueces rechazaron esa afirmación.

Kamala Harris visitará México y Guatemala para abordar migración

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció ayer miércoles que visitará tan “pronto como sea posible” Guatemala y México como parte de su misión de abordar las causas de raíz de la llegada de personas migrantes a la frontera.

Harris dijo a la prensa que no tiene previsto viajar a la frontera, pero que sí tiene planeado visitar México y Guatemala, sin especificar una fecha: “tenemos planes para ir a Guatemala tan pronto como sea posible dadas las restricciones debido al COVID-19 y a otras cosas de esta naturaleza”, indicó Harris, a quien el presidente Joe Biden le encargó que trabaje con El Salvador, Guatemala, Honduras y México para abordar las causas de raíz de la afluencia de migrantes irregulares hacia Estados Unidos.

La funcionaria señaló también que Biden le pidió al secretario de Seguridad Interior (DHS), Alejandro Mayorkas, que se ocupe de la frontera. “A mí me encomendaron abordar las causas fundamentales” que llevan a la migración, afirmó la vicepresidenta, que este miércoles dirigió una rueda virtual con expertos como parte de su rol para encausar la diplomacia con México y los países del Triángulo Norte de América Central.

El aumento de la migración desde Centroamérica se ha convertido en uno de los principales desafíos para Biden en los primeros meses de su Gobierno. En marzo, la cantidad de personas migrantes irregulares detenidas en la frontera sur de Estados Unidos subió 71% con respecto al mes anterior, sumando 172.331. Una arista del creciente desafío que enfrenta la Administración de Biden es el aumento de la llegada de niñez no acompañada, que es admitida en el territorio estadounidense, y a quienes el Ejecutivo tiene que albergar mientras espera reunirlos con algún familiar.

Guatemala y Honduras niegan acuerdo con Estados Unidos sobre fronteras

Los Gobiernos de Guatemala y Honduras negaron el martes (13.04.2021) haber firmado un acuerdo con Estados Unidos para blindar sus fronteras y contener a la migración irregular, como aseguraron altas funcionarias de Washington, que también involucraron a México.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció el 12 de abril un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para que movilicen a miles de militares y policías en sus fronteras para frenar la migración hacia Estados Unidos, que alcanzó cifras récord en marzo. Asimismo, la asistente especial sobre inmigración en el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Tyler Moran, declaró que los tres países habían convenido aumentar el patrullaje en zonas limítrofes.

De acuerdo con Psaki, México decidió mantener 10.000 soldados en su frontera sur, lo cual “resultó en el doble de interdicciones diarias de migrantes”; en tanto Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras, y Honduras desplegó 7.000 elementos.

¿Qué dice Guatemala?

“Con relación a las declaraciones vertidas recientemente por la vocera de la Casa Blanca, en donde se afirma que Guatemala llegó a un acuerdo con Estados Unidos para la protección de fronteras, aclaramos que no existe ningún documento firmado en torno a esta materia”, indicó el Gobierno de Alejandro Giammattei en un comunicado

“Los 1.500 elementos de las fuerzas de seguridad a los que se hace referencia en las declaraciones [de Psaki], corresponden al despliegue específico que Guatemala anunció ante la llegada de flujos masivos de personas con características migrantes, en enero de este año”, respondió el Gobierno guatemalteco. “Desde el año pasado se coordinan también acciones conjuntas con gobiernos de países vecinos, que incluyen despliegue institucional simultáneo en frontera”, añadió.

¿Qué dice Honduras?

En mismo sentido, Honduras dijo que no existe tal pacto: “no ha habido ningún tipo de acuerdo sobre militarizar las fronteras”, aseguró a medios locales de prensa, vía teléfono, el embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo. Los supuestos acuerdos entre EE.UU., México, Honduras y Guatemala para movilizar militares y policías en sus fronteras “son incorrectos y no existen”, enfatizó el funcionario, quien dijo que el Departamento de Estado de EE.UU. tiene previsto emitir una aclaración sobre el tema.

Una delegación oficial de Honduras viajó la semana anterior a Washington para dialogar con autoridades estadounidenses sobre las redes de tráfico de personas y las caravanas migrantes, una modalidad que inició en octubre de 2018 en el país centroamericano, con la idea de llegar a Estados Unidos.

“Hemos hablado sobre hacer un esfuerzo muy grande sobre las personas que están ejerciendo acciones criminales alrededor de las caravanas y que están aprovechándose de la necesidad de la gente, le están dando información que no es correcta, incentivando la migración bajo información incorrecta”, explicó Suazo.

México, Guatemala y Honduras desplegarán mayor vigilancia contra inmigrantes que aspiren ir a EEUU

Los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para detener la inmigración hacia los Estados Unidos están dando los primeros resultados, aunque se trata de estrategias de vigilancia, más que de atención a las causas de que las familias decidan dejar sus tierras de origen.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó que las negociaciones con México, Guatemala y Honduras derivaron en el despliegue de más militares y policías en las distintas fronteras, a fin de evitar movilizaciones masivas de inmigrantes, conocidas como caravanas.

“Ha habido una serie de discusiones bilaterales entre nuestro liderazgo y los gobiernos regionales de México, Honduras y Guatemala. A través de esas discusiones, hubo un compromiso… de aumentar la seguridad fronteriza”, confirmó Psaki en conferencia de prensa.

La portavoz no precisó cuándo se hicieron esos acuerdos y si la vicepresidenta Kamala Harris, responsable de atender las causas que originan la migración de los países del Triángulo Norte, fue quien logró esos compromisos.

“México tomó la decisión de mantener 10,000 soldados en su frontera sur, lo que resultó en el doble de interdicciones diarias de migrantes”, indicó. “Guatemala envió a 1,500 policías y militares a su frontera sur con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control a lo largo de la ruta migratoria. Honduras incrementó a 7,000 policías y militares para dispersar un gran contingente de migrantes”.

Psaki justificó que las negociaciones “ocurren a varios niveles” y mencionó a la asesora de la Casa Blanca para atender la frontera, Roberta Jacobson, como parte de esos esfuerzos.

“Hemos tenido a Roberta Jacobson trabajando… para ayudar a tener estas discusiones con la región sobre los pasos que se pueden tomar para ayudar a reducir la cantidad de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México”, precisó.

A Psaki se le insistió si los acuerdos sobre el despliegue de mayor vigilancia en las fronteras son recientes. Ella confirmó que sí.

“Creo que es, es justo decirlo, pero también diría que a menudo estas discusiones están en curso durante un período de tiempo y tienen lugar en varios niveles del gobierno”, insistió.

Aunque dio cifras precisas sobre el despliegue de militares y policías, la portavoz dudó sobre cómo los gobiernos aliados de EE.UU. implementarán sus planes.

“Tendría que hablar con estos países sobre cómo se implementarán. Creo que el objetivo es hacer más difícil el viaje y hacer más difícil cruzar las fronteras”, justificó.

Kamala Harris y López Obrador dialogaron sobre migración ilegal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dialogaron este miércoles (07.04.2021) sobre la creciente migración ilegal hacia Estados Unidos, informó el mandatario.

“Existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños”, escribió López Obrador en Twitter al confirmar la plática.

Joe Biden designó a finales de marzo a Kamala Harris como su encargada para frenar la migración desde Centroamérica y coordinarse con El Salvador, Honduras y Guatemala para combatir los problemas de violencia y corrupción que provocan la huida de sus ciudadanos.

Inmigrantes piden ayuda

Mientras tanto, un grupo de unos 50 inmigrantes, entre ellos padres con sus pequeños, acudió este miércoles hasta la residencia de Kamala Harris, para pedirle que interceda por los derechos de los indocumentados y de quienes aspiran a migrar hacia este país. 

Al grito de “Kamala, escucha, estamos en la lucha”, los manifestantes clamaron por el fin de las deportaciones y la detención de los inmigrantes menores de edad, así como por un estatus legal o la nacionalidad para millones de indocumentados y a trabajadores considerados esenciales. 

“Por favor, pare las deportaciones, dé algún permiso de trabajo, una ciudadanía, algo, porque nosotros estamos en este país y yo creo que no le hacemos daño a nadie, sino que venimos a trabajar y a salir adelante por nuestros hijos”, pidió Verónica Gasca a la vicepresidenta estadounidense.

Por primera vez y tras un año de pandemia, México anunció a finales de marzo el control terrestre para actividades no esenciales en su frontera sur, alegando que se debía evitar la propagación del coronavirus.

El tema también ha sido tratado por Biden y López Obrador durante conversaciones telefónicas sostenidas en enero y febrero.

Estimulados por la expectativa de flexibilización de algunas políticas migratorias por parte de Biden, miles de centroamericanos indocumentados intentan ingresar a Estados Unidos a través de la vasta frontera con México, incluidos cientos de menores que viajan solos.