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Administración Biden anula regla de Trump que provocó la separación de miles de familias migrantes

El Departamento de Justicia anuló ayer martes un memorando de la era Trump que establecía la política de “tolerancia cero” para inmigrantes que cruzaran la frontera entre México y Estados Unidos sin autorización. Esta medida provocó la separación de miles de familias migrantes. Las organizaciones aún no han podido encontrar a los padres de más de 600 menores.

El fiscal general en funciones, Monty Wilkinson, envió un nuevo memorando a los fiscales federales de todo el país en el que explica que el departamento volvía a su política anterior y les instruía y les instruye a actuar en función de cada caso, según informó Associated Press.

“De acuerdo con este principio de larga duración de realizar evaluaciones individualizadas en casos penales, estoy rescindiendo con efecto inmediato la directiva de la política”, escribió Wilkinson.

Según el fiscal general interino, los principios del departamento han “enfatizado durante mucho tiempo que las decisiones sobre la presentación de cargos penales deben involucrar no solo la determinación de que se ha cometido un delito federal y que la evidencia admisible probablemente será suficiente para obtener y sustentar una condena, sino que también debe tener en cuenta otros factores individualizados, incluidas las circunstancias personales y los antecedentes penales, la gravedad del delito y la probable sentencia u otras consecuencias que resultarían de una condena”.

La política de “tolerancia cero” recogía que cualquier adulto que las autoridades descubrieran cruzando la frontera sin autorización sería procesado por “entrada ilegal”. Como los niños no pueden ser encarcelados, los separaban de sus familias y quedaban bajo la custodia del Departamento de Servicios Sanitarios y Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). HHS se encarga de los niños no acompañados en la frontera. Abogados y organizaciones que ahora se encargan de reunir a esas familias dicen que no pueden encontrar a los padres de 666 de los menores afectados.

Aunque anular esta política es en parte simbólico, deshace la ampliamente criticada política de la Administración Trump, que provocó la separación de más de 5,500 niños de sus familias en la frontera sur del país.

Plan migratorio de Biden podría ser riesgoso para demócratas

Como una de sus primeras medidas, Biden ofreció la semana pasada una extensa reforma inmigratoria que allanaría el camino a la ciudadanía estadounidense a un estimado de 11 millones de personas que están en Estados Unidos sin autorización. También modificaría cláusulas para eliminar algunas de las duras políticas aprobadas por el presidente Donald Trump, como la de intentar acabar con la protección para inmigrantes traídos a Estados Unidos siendo niños y la de restringir el asilo.

Es precisamente el tipo de acciones que los activistas latinos han deseado, particularmente después de la dura estrategia de la época de Trump. Pero debe competir con los otros objetivos legislativos prometidos por Biden, incluido un plan de 1,9 billones de dólares para combatir el coronavirus, un paquete de infraestructura que promueve iniciativas de energía limpia y una “opción pública” para expandir el seguro médico.

En la mejor de las circunstancias, implementar una variedad tan amplia de leyes podría ser difícil. Pero en un Congreso tan dividido, sería imposible. Y eso tiene a los latinos, el bloque electoral que más crece en el país, preocupados de que Biden y los líderes congresuales podrían eliminar acuerdos que debiliten mucho el producto final o ni siquiera aprueben algo.

“Esta no puede ser una situación en donde una simple propuesta de ley visionaria, una propuesta de ley mensaje, se envíe al Congreso y no suceda nada con ella”, dijo Marielena Hincapié, directora del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “Hay una expectativa de que cumplirán y de que hay un mandato ahora para que Biden sea pro inmigrante sin arrepentimiento y tenga un imperativo político para hacerlo, y los demócratas también”.

Si, finalmente, los latinos se sienten traicionados, las consecuencias políticas para los demócratas podrían durar mucho tiempo. Las elecciones del 2020 tuvieron varias alertas de que, a pesar de los esfuerzos demócratas de crear una coalición multirracial, el apoyo latino podría estar en riesgo.

Biden ya causaba escepticismo entre algunos activistas latinos por su asociación con el expresidente Barack Obama, quien fue llamado el “deportador en jefe” por el número récord de inmigrantes que fueron sacados del país durante su gobierno. El senador Bernie Sanders desafió a Biden el año pasado en los caucus de Nevada y la primaria de California, que sirvieron como los primeros termómetros para el voto latino.

Victoria legal para los inmigrantes: Ya no podrán estar detenidos indefinidamente antes de ver a un juez

Los inmigrantes detenidos recientemente tienen que presentarse ante un juez en 10 días y no después de semanas e incluso meses encerrados como ha pasado hasta ahora.

La jueza federal Alison J. Nathan estableció el límite al servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una decisión que aplaudieron grupos a favor de los derechos civiles.

Los grupos de activistas señalaron en un comunicado que el fallo supone un golpe a las autoridades migratorias federales que han estado deteniendo a inmigrantes de manera indefinida antes de que puedan comparecer ante un juez.

“Los miembros del grupo podrían no tener un ‘derecho fundamental a ser liberados durante sus procedimientos de retiro’, pero el gobierno tampoco tiene un derecho ilimitado para detenerlos”, dijo la jueza al explicar que la ley autoriza la detención en lo que se resuelven los procedimientos de repatriación.

En 2014, los inmigrantes detenidos esperaban una media de 11 días antes de comparecer ante un juez. Pero en 2017 el tiempo de espera se prolongó a un mes y a casi tres meses en 2019, según el fallo de la jueza.

Biden elige a inmigrante cubano americano como secretario de Seguridad Nacional

Alejandro Mayorkas será nombrado por el presidente electo Joe Biden como secretario de Seguridad Nacional para su gobierno.

Será el primer latino e inmigrante en ocupar dicha oficina, responsable de todas las agencias migratorias, adelantó el equipo de transición del demócrata.

“Los nominados y nombramientos históricos incluyen al primer latino e inmigrante como Secretario del DHS”, se informó en un comunicado.

De este modo será el primer latino e inmigrante en ocupar dicha posición, adelantó el equipo de transición del demócrata.

Mayorkas fue subsecretario del DHS en la administración de Barack Obama, además de haber estado al frente de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de 2009 a 2013.

Es ampliamente conocido por haber implementado la orden ejecutiva de Obama para la creación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Durante su mandato en el DHS, dirigió la implementación de DACA, negoció acuerdos de ciberseguridad y seguridad nacional con gobiernos extranjeros, dirigió la respuesta del Departamento al Ébola y el Zika”, dijo el equipo de transición de Biden.

Mayorkas es originario de La Habana, Cuba; es egresado de la Universidad de California en Berkeley.

Los nuevos nombramientos incluyen a la primera mujer para dirigir la Comunidad de Inteligencia. Se trata de Avril Haines.

El jueves el presidente electo Biden darán a conocer oficialmente los nombramientos, que también incluyen a Antony Blinken, como secretario de Estado; Linda Thomas-Greenfield, embajadora de EE.UU. para las Naciones Unidas; Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional y John Kerry, enviado especial presidencial sobre el Clima.

Sin apoyo del Congreso, Biden no podrá hacer grandes cambios en el sistema migratorio

Las posibilidades de un cambio sustancial en el sistema de inmigración en Estados Unidos son escasas y, encarado con un Congreso dividido no puede esperarse que el presidente electo, Joe Biden, dé al asunto la prioridad que le ha dado Donald Trump, advirtieron este lunes expertos.

El gobierno del presidente Donald Trump ha restringido el otorgamiento de asilo, ha separado a miles de menores de edad de sus familias migrantes indocumentadas, y ha decretado la posible negación de visas de residente legal a extranjeros que, a criterio de los funcionarios de inmigración, puedan recurrir a programas de asistencia pública.

Algunas de estas medidas que se aplican bajo decretos, explicó Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), pueden darse por terminadas por decreto, como las vedas de viajes ordenadas por Trump en 2017 para residentes de ciertos países o modificaciones en la Acción Diferida (DACA) que abrirían es amparo migratorio a otros 400,000 extranjeros.

Una primera decisión de Biden podría dar por terminado el llamado Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), por el cual EE.UU. ha enviado a México y América Central unas 60,000 personas que llegaron a la frontera pidiendo asilo y ahora aguardan el trámite de sus pedidos, dijo Doris Meissner, exdirectora del entonces llamado Servicio de Inmigración y Naturalización.

“Pero no se puede abrir las puertas de par en par”, agregó. “Esto debería hacerse de una manera ordenada. Hay problemas logísticos y debe considerarse qué ocurrirá después”.

“La orden de emergencia por la cual, desde marzo, las autoridades en la frontera pueden usar los criterios del Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para rechazar de forma expedita a los migrantes que puedan tener síntomas de covid-19, es otro caso de una medida por decreto”, dijo Meissner.

“El futuro gobierno de Biden no ha indicado qué hará con este decreto”, agregó. “Y debe haber cautela. Será enero, las condiciones de la pandemia continuarán y es posible que haya que mantener la orden de CDC por un tiempo”.

Musaffar Chishti, otro analista de MPI, reseñó las numerosas oportunidades a lo largo de las últimas tres décadas cuando hubo expectativas de una reforma integral del sistema de inmigración de EE.UU. y que, tanto con presidentes demócratas como republicanos, fallaron por la división partidista en el Congreso.

“Con un Congreso, otra vez, dividido y polarizado las perspectivas de algo sustancial son muy pocas“, añadió.

“Biden ha prometido dar por terminadas muchas políticas de Trump”, recordó Jessica Bolter, otra analista de MPI. “Un ejemplo es la construcción del muro en la frontera, para la cual Trump ha pedido 15,000 millones de dólares. Después que el Congreso no le asignó ese dinero uno de los aspectos más controvertidos fue la declaración, por parte de Trump, de una emergencia y la transferencia de fondos del Departamento de Defensa, en 2019, para la obra”.

“Una de las acciones más fáciles (para Biden), sería el poner fin a la declaración de emergencia, pero entonces queda por decidir qué se hará con los fondos que ya se transfirieron pero no se han usado todavía”, dijo.

Con información de la agencia EFE

Cuidado de la salud preocupa a latinos más que temas migratorios

La posibilidad de no tener algún tipo de cobertura de salud con la reelección de Donald Trump inquieta a los latinos más que cualquier medida migratoria del presidente republicano.

La comunidad latina ha sido una de las más beneficiadas con la Ley de Salud Asequible promulgada en 2010 y que hoy se conoce como Obamacare. Datos de NBC indican que poco más de 4 millones de adultos y unos 600,000 niños de ascendencia latina han obtenido su seguro de salud gracias a la legislación impulsada por el expresidente Barack Obama, dijo un reporte de Juan Mesa, periodista de el Diario de Nueva York

Las constantes amenazas de Trump con acabar con Obamacare no han pasado desapercibidas por el electorado latino con miras a las elecciones de noviembre. El acceso asequible al cuidado de salud es una de las motivaciones de la comunidad para participar en las elecciones de noviembre.

Un sondeo de UnidoUS muestra que más del 50% de los latinos están muy preocupados de perder partes de la cobertura de Obamacare si la Corte Suprema cumple con los deseos de Trump.

¿Qué ha dicho sobre inmigración y discriminación la jueza que Trump nomina a la Corte Suprema?

El Senado comenzó este lunes con las audiencias de confirmación de la nominada de Trump, la jueza Amy Coney Barrett, a la Corte Suprema. La conservadora, que sustituirá a la fallecida Ruth Bader Ginsburg, se ha pronunciado sobre temas como el aborto, el control de armas, la inmigración o la discriminación en el trabajo. ¿Qué opina sobre estos últimos dos temas?

Inmigración

Como jueza del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, Barret se opuso a bloquear temporalmente en Chicago la llamada regla de “carga pública”, con la que la Administración Trump pretende negar estatus de residente permanente a los inmigrantes que usan cupones de alimentos, Medicaid y cupones de vivienda.

Barrett escribió que el derecho migratorio vigente y una reforma de la asistencia social de la era Clinton ya habían limitado la asistencia pública a los quienes no son ciudadanos. Para ella, la Administración estaba haciendo uso del margen de maniobra recogido en las leyes, según publicó Associated Press.

Las objeciones de los inmigrantes y sus defensores “reflejan el desacuerdo con esta elección de política e incluso la exclusión legal misma. El litigio no es el vehículo para resolver disputas sobre políticas”, según escribió la llamada a convertirse en jueza de la Corte Suprema.

Discriminación en el trabajo

En 2019, Barret fue una de las tres juezas que confirmó por unanimidad desestimar una demanda por discriminación que había interpuesto Terry Smith, un empleado negro de Illinois, después de ser despedido de su trabajo como transportista en Illinois. Smith argumentaba que su jefe lo llamaba con un insulto racista.

“La palabra “n” es un epíteto racial ofensivo”, escribió entonces la jueza sobre el caso de Smith contra el Departamento de Transporte de Illinois. Dicho esto, Smith no puede ganar simplemente demostrando que se pronunció la palabra. También debe demostrar que el uso de esta palabra por parte de [su jefe Lloyd] Colbert alteró las condiciones de su empleo y creó un entorno de trabajo hostil o abusivo“, añadió.

Sobre el mismo tema, el juez Brett Kavanaugh -que podría ser compañero de Barret en el Supremo- escribió que un solo insulto de este tipo era suficiente “para establecer un ambiente de trabajo hostil”, en su opinión sobre un caso en la corte de apelaciones de Washington DC.

EEUU da marcha atrás a medida de suspender de visas para estudiantes extranjeros

El Gobierno del presidente Donald Trump aceptó rescindir el viernes la suspensión de visas para los estudiantes extranjeros matriculados en universidades estadounidenses que ofrezcan todos sus estudios en línea, tras una demanda de 17 estados, el Distrito de Columbia, y de varias instituciones de educación superior.

En una audiencia en Boston (Massachusetts), en la que se iba a discutir la demanda iniciada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para revocar esta directiva, la jueza federal Allison Burroughs presentó la lectura de un acuerdo al que llegaron el gobierno federal y las instituciones académicas.

La audiencia se había programado con una duración de 90 minutos, ante la expectativa de una acalorada defensa de posiciones de ambas partes, pero en menos de dos minutos el gobierno y las universidades se pusieron de acuerdo en la retirada de la norma.

La resolución de este caso significa que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) retornará a sus directrices de marzo, que permiten que los estudiantes extranjeros permanezcan en EE.UU. aún si su universidad opta por dar la instrucción exclusivamente en línea durante la pandemia de COVID- 19.

La sorpresiva resolución de esta disputa deja sin efecto asimismo las demandas iniciadas por el estado de Nueva York, universidades del Oeste del país, la Universidad John Hopkins, de Maryland, y la coalición de estados encabezada por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.,

También quedó sin causa la moción iniciada esta mañana por el fiscal general de California, Xavier Becerra, que solicitaba la intervención de los tribunales para bloquear la aplicación de la suspensión de visas hasta que hubiese un fallo judicial.

California, el estado con los sistemas educativos más grandes del país, con 180.000 estudiantes internacionales cada año, según datos de la Oficina del Fiscal General, iba a ser uno de los más afectados por esta orden de Trump.

Muchas universidades planean ofrecer una combinación de clases en línea y presenciales para proteger la salud del profesorado, los estudiantes y las comunidades circundantes durante la pandemia, según el diario The New York Times.

Estudio: el ICE detiene a 70,000 durante la pandemia

Adrián y Yasmani, quienes prefirieron usar otros nombres para proteger su identidad, dicen seguir sin poder asimilar que en el centro de detenciones de Otay Mesa —ubicado en San Diego— un guardia, que después supieron que se había contagiado de COVID-19, se quitaba la mascarilla del rostro para toserle a los migrantes.

Ambos cubanos, quienes forman una pareja gay, explicaron que “fue horrible estar ahí… [Que fue como estar] en como otro mundo”.

La pandemia ya se registraba fuera del centro de detención pero poco tiempo después, una celadora y un primer migrante se contagiaron.

“Cuando empezó el coronavirus, hicimos una huelga de hambre porque no nos daban mascarillas. [Los guardias] empezaron a atacarnos. Se presentaban vestidos de negro con pistolas de gas lacrimógeno y nos amenazaban… Ordenaban que volviéramos a las habitaciones”, platicó Adrián.

Yasmani recuerda que “se llevaron a unas siete personas de nuestra sección, porque un guardia tenía coronavirus”.

Agrega que “[el celador] se quitaba la máscara y andaba tosiendo. Después de que dejó de venir a trabajar por unas dos semanas, pusieron nuestra sección en cuarentena”.

“Todo el mundo se dio cuenta de que nuestra sección tenía COVID-19 y fue cuando empezamos a preocuparnos más. Estábamos atrapados allí, pero ellos [los guardias] no adoptaron ninguna medida… No nos dieron nada y no podíamos mantener ninguna distancia”.

Explicaron que si alguien de la sección enfermara, sacarían a esa persona del área durante una semana y después de eso, traerían a la persona de regreso.

“Como alguien que es VIH positivo, temía no sobrevivir si me enfermaba allí”, dijo Yasmani.

Al salir del centro de detenciones, cerca de la frontera de San Diego con México, “nos sentimos bien al poder respirar aire fresco de nuevo”, platicó.

Pandemia y arrestos

Este relato se basa en lo que platicaron a la ACLU los dos migrantes cubanos que viajaron a Guyana, de ahí a Brasil; y por tierra lograron llegar a Tijuana, México.

En esta última parada, tuvieron que esperar meses hasta conseguir pasar en orden a pedir asilo, solo para ser enviados a la “hielera” de la patrulla fronteriza y luego al centro de detención de Otay Mesa.

Son solo dos de 525 migrantes que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha conseguido liberar de centros de detenciones en lo que va de la pandemia.

Pero la organización legal sin fines de lucro más grande en el país, calcula que en lo que va de la contingencia sanitaria, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a una 70,000 personas a nivel nacional.

Las detenciones van desde personas que el ICE busca hasta inmigrantes que están en el lugar del operativo pero terminan capturados —a quienes la agencia llama arrestos ‘colaterales’. Encierran incluso a aquellos, que como Adrián y Yasmani, hacen todo apegados al derecho internacional, al derecho de asilo y aportan evidencias.

Aún ahora, Yasmani dice sentirse mal “porque tengo un monitor electrónico de tobillo puesto y eso te hace sentir que sigues siendo un prisionero”.

Indica que los agentes del ICE “te llaman por la noche, en todo momento y otra vez al amanecer. Durante el proceso, no puedes trabajar. No tenemos trabajo… No somos independientes”.

USCIS anuncia fuerte aumento de trámites de la ciudadanía americana en 81%, ahora costará $1,160

El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer viernes un exorbitante aumento en las tarifas de algunos trámites de inmigración, incluyendo un alza de 81 por ciento en el costo de la ciudadanía estadounidense por naturalización y cobros a las personas que piden asilo, una imposición monetaria sin precedentes en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reveló el viernes una regla final publicada en el Registro Federal que detalla los nuevos costos de las gestiones para conseguir documentos de inmigración, un cambio más en las políticas nacionales con miras a frenar la inmigración legal de los extranjeros de bajos recursos.

El ajuste de tarifas, a fin de garantizar “que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración recupere todos los costos de los servicios que ofrece”, dijo la agencia en un comunicado, incluye una tarifa de de $50 en la Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción, lo cual hace a Estados Unidos uno de solo cuatro países en el mundo que cobran una tarifa por brindar protecciones humanitarias.

La tarifa para obtener la ciudadanía americana por naturalización, aumentará de $640 a $1,160 si se solicita por Internet, a $1,170 por papel.

El permiso de trabajo (Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo) costará $550, tras un 34 por ciento de aumento. Y quienes obtuvieron la residencia a base de matrimonio, tendrían que pagar $760 para remover las condiciones en su estatus de residente permanente, un 28 por ciento más que el precio actual.

USCIS ajusta tarifas de peticiones de beneficios de inmigración y naturalización

La agencia migratoria citó el aumento de los costos operativos y la disminución de sus ingresos para cubrir los gastos como razón para subir las tarifas.

De acuerdo con el comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional ajustó las tarifas en un alza promedio de 20 por ciento para recuperar sus costos operacionales y así evitar una insuficiencia de fondos estimada en $1,000 millones anuales.

“USCIS está obligado a examinar los fondos entrantes y salientes y a hacer ajustes a base de ese análisis”, declaró en un comunicado Joseph Edlow, subdirector de políticas de la agencia migratoria. “Estos ajustes de tarifas, que estaban pendientes desde hace tiempo, son necesarios para administrar el sistema de inmigración legal de nuestra nación de manera eficiente y justa, asegurar la nación, y proteger a los estadounidenses”.

La agencia migratoria ha declarado ante el Congreso que precisa $1,200 millones en fondos de emergencia para mantenerse a flote en medio de dificultades económicas.

Las tarifas entrarán en vigor 60 días después del lunes, así que sería el viernes, 2 de octubre.

Nuevas tarifas de los formularios de inmigración

El aumento más drástico de las tarifas se refleja en visas de trabajo, ciudadanía, green cards y papeles para familiares de víctimas.

“La exención de tarifas está casi eliminada, lo que deja fuera de las solicitudes de ciudadanía y protecciones humanitarias a las personas de bajos ingresos”, escribió Doug Rand, un experto en inmigración, en su cuenta de Twitter.

Entre los formularios más utilizados afectados por el incremento de tarifas se encuentran:

? I-765, Solicitud de Autorización de Empleo

Aumenta un 34 por ciento, de $410 a $550.

I-131A, Solicitud de Documento de Viaje (Documento para Transporte)

Aumenta un 76 por ciento, de $575 a $1,010.

I-881, Solicitud de Suspensión de Deportación o Cancelación de Remoción

Sube 535 por ciento, de $285 a $1,810.

I-751, Petición para Cancelar las Condiciones de Residencia

Incrementa un 28 por ciento, de $595 a$ 760.

Proponen ley para dar cheques de estímulo a ciudadanos de familias con estatus migratorio mixto

El senador Marco Rubio, republicano de Florida, presentó un proyecto de ley para que tanto los ciudadanos estadounidenses casados con una persona indocumentada como los menores hijos de un padre o madre ciudadana (y otro indocumentado) aún puedan recibir el cheque de estímulo de $1,200 dólares que recoge la ley Cares, según una exclusiva de Newsweek.

La Ley de Alivio del Coronavirus para Ciudadanos Estadounidenses, que presenta con el senador de Carolina del Norte Thom Tillis, enmendaría la Ley Cares de forma que en declaraciones conjuntas de familias de estatus migratorio mixto, el cónyuge que es ciudadano pueda recibir su cheque de estímulo.

El cambio propuesto eliminaría el requisito de que ambos estén obligados a tener un número de seguridad social (SSN, por sus siglas en inglés), aunque el dinero solo llegaría al que sí lo tiene. Es decir, el ciudadano estadounidense de la pareja cobraría como si hubiera presentado una declaración individual.

Este tipo de familia también recibiría los $500 dólares adicionales por cada menor dependiente que sea ciudadano y que tenga al menos un progenitor que también lo sea.

Por tanto, con la propuesta de Rubio seguirían quedando fuera las familias con dos padres indocumentados, aunque sus hijos sean ciudadanos estadounidenses.

A ningún estadounidense se le debe negar un cheque de estímulo federal porque está casado con una persona extranjera que no es ciudadana“, dijo Rubio a Newsweek. “En medio de una pandemia global, debemos asegurar que los estadounidenses están recibiendo los fondos federales que le corresponden para sacar a sus familias a flote durante esta crisis nacional”, añadió.

Marco Rubio se enteró del problema el mes pasado durante una entrevista en Telemundo. El republicano latino dejó claro que la ley no se había escrito para excluir a los ciudadanos estadounidenses en función de con quien se casan. Por ello, solicitó ejemplos a la cadena hispana y se comprometió a tomar cartas en el asunto.

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Alertan a beneficiarios de DACA por posibles estafas de inmigración

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitiera el jueves su fallo en contra de la eliminación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) como lo ha planteado el presidente Donald Trump, la Fiscalía de California emitió una alerta al consumidor sobre posibles estafas de inmigración.

El fiscal californiano Xavier Becerra señaló que el programa DACA continúa en vigencia para proteger de la deportación a unos 700,000 inmigrantes de los conocidos como “dreamers”.

Sin embargo, advirtió que tras la decisión de la Suprema Corte podrían registrarse algunas estafas de inmigración que suelen cometer notarios o consultores que ofrecen asistencia legal.