INMIGRACION

EEUU: denuncian aumento de contagios del Covid-19 en centros de detención de inmigrantes

Los contagios del coronavirus entre los inmigrantes indocumentados recluidos en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE) aumentaron 670 % desde principios de 2022, lo que provocó nuevos llamados de organizaciones para liberar a los detenidos.

Según los datos actualizados del ICE el fin de semana, 1,902 inmigrantes detenidos están contagiados actualmente de COVID-19, un aumento de 670 % respecto a los 285 casos activos del 3 de enero.

En los últimos cuatro días el incremento fue de 650 casos al pasar el lunes de 1,254 detenidos que estaban siendo monitoreados o aislados por el contagio a los 1,902 que se reportan este viernes.

Los detenidos lidiando con el contagio de COVID representan el 8.,5 % de los 22,145 inmigrantes que el ICE tiene actualmente en su red de 200 centros de detención, cárceles de condado y prisiones privadas.

El Centro Residencial del condado de Karnes, en Texas, registra actualmente el mayor número de personas aisladas por COVID-19 con 253, seguido del Centro Correccional de La Palma en Arizona con 175 contagiados. Este último centro ha estado bajo el escrutinio público por sus pobres condiciones sanitarias.

Maru Mora Villalpando, directora y fundadora de la organización comunitaria La Resistencia, dijo que ICE sigue poniendo en peligro a los inmigrantes. “Le estamos pidiendo al gobierno del presidente Joe Biden que libere a los inmigrantes y cierre estas cárceles que son focos de contagio”, expuso.

Relató que un detenido en Tacoma, Washington, les dijo que la limpieza en el centro de detención en esa localidad es esporádica.

Desde la llegada de la enfermedad al país se han registrado en total 33,536 casos de COVID-19 en las instalaciones del ICE, cifra que incluye 11 muertes relacionados con la enfermedad.

Casi 500.000 pruebas de covid-19 ha realizado el ICE a los detenidos. La agencia no ha revelado cuántos de los guardias de estas cárceles han dado positivo. 

Inmigrantes tienen miedo ante la inminente restitución del programa “Permanecer en México”

Miles de migrantes siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Uno de ellos, José Chávez, cuenta desde Ciudad Juárez que lo último que quiere después de haber pasado dificultades y peligros, es “quedarse en México”, en alusión a la orden de un juez que, desde el lunes 6 de diciembre, obliga a quienes cruzan la frontera para solicitar asilo a esperar en México por sus audiencias procesales.

“Siempre tengo miedo, como este lugar es bastante peligroso por las noticias que se escuchan y yo tengo miedo salir a trabajar”, dijo a la Voz de América Chávez.

La orden judicial obligó a la restitución de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), más conocido como el programa Permanecer en México, y tiene a la Casa Blanca, a miles de migrantes y a entidades humanitarias ante una nueva encrucijada.

“El hecho de que esta administración no sólo este reimplementando este programa que ha sido fallido, un programa que ha puesto a migrantes y refugiados en peligro, sino que ahora también se expande, hacia otras comunidades como la haitiana y la brasileña”, lamentó ante a la VOA Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

La postura de la Casa Blanca

Sin embargo, tras la orden judicial, el actual secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, criticó el programa, que fuera instaurado bajo la administración del republicano Donald Trump.

Al llegar a la presidencia en enero pasado, el presidente Joe Biden prometió emprender una reforma migratoria, basada en mecanismos más humanos y viables.

“Esta Administración está abordando problemas de larga data que han plagado nuestro sistema de inmigración durante décadas para lograr el cambio sistémico necesario. El MPP no ayuda a lograr este objetivo”, sentenció Mayorkas en una declaración en octubre pasado.

Alrededor de 70.000 solicitantes de asilo han estado sujetos a la norma, que una vez que entre nuevamente en vigor el próximo lunes, se aplicará en ciudades limítrofes con Texas, Arizona y California.

Desde la oposición, en la parte republicana, las críticas a la administración demócrata se han enfilado en calificar de “crisis humanitaria”, lo sucedido en la frontera sur, con la masiva afluencia de migrantes, procedentes principalmente de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala).

Vaticinio: ¿una crisis?

Aunque los nuevos términos del acuerdo firmado entre México y Estados Unidos refuerzan la atención humanitaria -incluida la salud- y las medidas de seguridad; los refugios ya no dan abasto con la demanda de ayuda.“El regreso de campamentos de refugiados (…) no van a tener agua potable, medicina, comida, no apoyo legal en condiciones deplorables”, señaló García, el director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Para los activistas la preocupación aumenta al estar activo también el Título 42, una norma implementada en marzo de 2020 tras la declaración de la pandemia de coronavirus, y que, según ellos, deja sin derecho a pedir asilo a los inmigrantes.

“Es falso esto de que las personas tienen acceso a una corte, porque es muy difícil encontrar abogado, y es muy difícil pelear tu caso cuando no sabes, cuando no tienes la seguridad para ti, ni para tu familia”, declaró Linda Rivas, directora para las Américas en el Centro de Defensa de Inmigrantes.

Está previsto que Washington asigne 22 jueces para tratar de acelerar estos casos en un plazo de 180 días.

México esgrime razones humanitarias

En consecuencia las autoridades mexicanas han determinado una temporada de gracia a temporalmente a aquellos inmigrantes que lleguen a la nación azteca en busca de asilo.

“El gobierno de México, por razones humanitarias y de manera temporal no retornará a sus países de origen a ciertas personas que esperarán en México su proceso ante cortes estadounidenses”, dijo en un video divulgado el viernes Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de relaciones Exteriores mexicana.

La decisión fue tomada tras la promesa de la Casa Blanca de atender “las preocupaciones de carácter humanitario” de los solicitantes, explicó el funcionario.

¿Cuánto gastan los centroamericanos en migrar a EE. UU.?

Los migrantes irregulares provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica habrían pagado, de promedio, unos 7.500 dólares por persona a “coyotes” para llegar a territorio estadounidense.

Unos 2.200 millones de dólares es lo que migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica gastan cada año para llegar a Estados Unidos, huyendo de la “pobreza, la inseguridad alimentaria, los choques climáticos y la violencia”, revela un estudio multiagencial.

La investigación, realizada en conjunto por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Instituto de Política Migratoria (MPI) y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), también desglosa cuánto se destinó a la migración regular e irregular.

Según el MPI, un estimado de 378.000 centroamericanos migraron a Estados Unidos durante los últimos cinco años, de éstos “la mayoría” o el 55%, “habrían contratado a un traficante a un costo promedio de 7.500 dólares por persona”. Mientras que la migración a través de las vías legales apenas llegaba a un 11% y “tuvo un costo por año de 4.500 dólares”.

México pide más recursos para solicitantes de asilo en su frontera norte

Autoridades mexicanas confirmaron que el gobierno de Estados Unidos comunicó su intención de reimplementar el apartado 235 de su Ley de Inmigración y Nacionalidad que implica la devolución de extranjeros para que permanezcan en México en tanto se resuelven sus solicitudes de asilo.

En este marco, México puso sobre la mesa algunas cuestiones humanitarias, entre ellas la necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo, de modo que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos migratorios y que transcurran de la forma más expedita posible.

Además solicitó recursos adicionales por parte de Washington para albergues y organizaciones internacionales, a fin de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Otro punto es que los migrantes deben tener acceso a atención médica y vacunación contra el COVID-19.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, están a la espera de la respuesta formal del Gobierno de Estados Unidos, a fin de garantizar condiciones concretas que mejoren notablemente las circunstancias de implementación de dicha sección.

La Cancillería mexicana pidió respetar los puntos de retorno designados, tomando en consideración tanto las capacidades del Instituto Nacional de Migración para brindar la adecuada atención a las personas migrantes, como las condiciones de seguridad a nivel local.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el tema no se abordó durante la reciente reunión bilateral con su homólogo de Estados Unidos Joe Biden.

“No, no lo abordamos ese tema, no se trató. Fue una cumbre y se trataron asuntos de mucha trascendencia y el tema migratorio se abordó, pero con el propósito de atender las causas que originan el fenómeno migratorio y ayudar a los migrantes”, explicó el presidente.

Entró en vigor la nueva política migratoria de la Casa Blanca: estudio de deportación caso por caso

La ley ha sido anunciada como un método novedoso para discriminar a cabalidad quiénes representan una amenaza para EE. UU. y quiénes no.

Tal y como había sido adelantado en septiembre, la nueva política migratoria de revisar caso por caso los procesos de deportación en Estados Unidos entró en vigor el lunes.

“Al tomar nuestras decisiones de aplicación, enfocaremos nuestros esfuerzos en las mayores amenazas al tiempo que reconocemos que la mayoría de los no ciudadanos indocumentados, que han estado aquí durante muchos años y que han contribuido positivamente al bienestar de nuestro país, no son prioridades para la remoción”, dijo en un memorando Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La medida está basada en la guía para que los agentes de inmigración tomen en cuenta, caso por caso, a quién deportar y a quién no, centrándose principalmente en los individuos que constituyan una “amenaza” para la seguridad del país.

Con el anuncio, el DHS pone en vigor las nuevas directivas para hacer cumplir la Ley de Inmigración Civil, que fueron firmadas por Mayorkas el 30 de septiembre.

Las nuevas indicaciones otorgan facultades a los funcionarios de inmigración para un ejercicio discrecional a la hora de decidir quiénes son “una amenaza para nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza” y quiénes no.

Una referencia precisa es la de los dreamers, o “soñadores”, unos 640.000 inmigrantes que llegaron al país siendo niños, que batallan desde hace años por hacerse con la ciudadanía estadounidense sin que este paso llegue a ser aprobado por el Congreso.

La Administración del presidente Joe Biden ha sido criticada por la parte republicana por flexibilizar muchas de las normativas impuestas por su predecesor, Donald Trump, en materia inmigratoria, sobre todo tras la llegada de miles de inmigrantes que sin una documentación legal han entrado al país por la frontera sur, provenientes principalmente de países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.

El nuevo proceso de revisión de los casos estará a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que deberá emitir un memorando en próximos días en el que pormenorice los nuevos criterios.

Extienden solicitudes de TPS online para varios países

El mismo lunes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la ampliación de la disponibilidad en línea de la solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, entre ellos Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití.

La novedad consiste en que quienes soliciten un Documento de Autorización de Empleo (EAD), si lo hacen presentando al mismo tiempo los formularios I-765 y el I-821, pudieran recibir con más prontitud su EAD. Anteriormente, la opción de presentar el Formulario I-821 en línea estaba únicamente a disposición de los solicitantes iniciales de TPS y para algunos países de la lista publicada el lunes pasado.

Programa para acelerar casos de migrantes en EEUU enfrenta desafíos

El promedio de tiempo que toma resolver un caso en las cortes de inmigración estadounidenses es de cuatro años.

Pero ese no es el mandato que tiene el juez de inmigración Francisco Prieto.

A este magistrado en Nueva York el gobierno le ha dicho que resuelva los casos en un plazo de 300 días. En ese tiempo Prieto espera poder decidir las decenas de casos diarios que tiene de familias que recién llegaron a Estados Unidos por la frontera y que, tras pocos días detenidas, fueron dejadas en libertad con una notificación para comparecer en la corte.

El gobierno estadounidense ha puesto a estos migrantes recién llegados -que usualmente provienen de Latinoamérica- al comienzo de las listas de casos de jueces como Prieto y por delante de muchos otros migrantes que llevan años en el país.

Estados Unidos cree así que otros latinoamericanos quizás decidan no emigrar al saber que sus casos se resolverán rápido. El país lidia en la actualidad con una acumulación de 1,4 millones de casos en las cortes de inmigración.

Hace casi seis meses, la administración del presidente Joe Biden estableció esta nueva lista de casos -llamada en inglés “dedicated docket”- para lidiar con familias recién llegadas, muchas de ellas en busca de asilo. El programa es un paso modesto para establecer orden en la frontera, donde las autoridades estadounidenses han visto cifras inusualmente altas de migrantes. En septiembre, por ejemplo, casi 15.000 migrantes, en su mayoría haitianos, acamparon bajo un puente en el pueblo fronterizo de Del Río, en Texas.

Aproximadamente 35 de los más de 530 jueces de inmigración del país fueron asignados a este nuevo sistema de aceleración de casos, según datos de la oficina que supervisa las cortes migratorias. Estos jueces manejan el nuevo sistema mientras siguen al mismo tiempo con sus listas regulares de casos.

A pesar de que esta lista “rápida” de casos se inició hace poco, la iniciativa enfrenta las mismas quejas y desafíos que cuando la impuso por primera vez el expresidente Barack Obama. Los críticos del nuevo programa aseguran que los migrantes no recibirán un trato justo cuando las autoridades se apresuren y aceleren sus casos, especialmente si los migrantes carecen de abogado.

Los jueces de la iniciativa siguen los mismos procedimientos que en casos regulares pero dan a los migrantes plazos más cortos de tiempo cuando fijan fechas en la corte.

Sea como sea, el sistema de aceleración representa una parte diminuta en el enorme volumen de casos que llegan a las cortes de inmigración.

En la época de Obama y del expresidente Donald Trump, la gran mayoría de los casos en la lista “cohete” carecieron de representación legal y muchos resultaron en deportación, según datos del Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute, en inglés).

Migrantes reanudan caravana en México tras rechazar acuerdo con AMLO

Con heridas, enfermos y cansados, miles de migrantes, principalmente niños y mujeres centroamericanos, reanudaron el lunes una caravana a pie hacia el centro de México, después de que sus líderes rechazaron propuestas del Gobierno que incluían otorgarles visas humanitarias

El fin de semana, representantes del movimiento anunciaron que tomarían un descanso para continuar su camino el lunes a la capital, tras reconocer que estaban muy cansados, que tenían laceraciones en pies y quemaduras en el cuerpo debido a las largas caminatas bajo el sol y que algunos estaban muy enfermos.

“No vamos a recibir las migajas de visas humanitarias (…) porque el mismo Instituto Nacional de Migración (INM) no las reconoce como documento de viaje”, dijo Irineo Mujica, uno de los cabecillas de la caravana.

El INM, que ha reiterado su oferta de alojamiento, comida y tarjetas de visitante por razones humanitarias a los extranjeros para “evitar una tragedia”, informó el lunes que fueron detectados casos de dengue hemorrágico en cinco menores pero “los acompañantes adultos de tres de ellos se negaron a recibir atención médica” por seguir en el grupo.

El clima tampoco ha favorecido a los migrantes, que antes de partir muy temprano el lunes sufrieron las consecuencias del calor y la lluvia en la zona de Mapastepec, en el sureño estado Chiapas, donde se quedaron los dos últimos días acampando al aire libre.

“Solamente el sábado atendimos a 72 personas con urgencias reales (…) con heridas de pies, abrasiones por tanto caminar, infecciones y embarazadas con amenazas de aborto, mucho niño con problemas respiratorios, incluso tuvimos que nebulizar”, relató a Reuters Kabir Sánchez, un médico voluntario que con un equipo de profesionales ha acompañado la movilización por tres días.

Corte Suprema de EE. UU. examinará caso de tarjetas de residencia

Pese a las objeciones del gobierno de Joe Biden, la Corte Suprema de Estados Unidos accedió el viernes a sopesar si estados con gobiernos republicanos pueden asumir la defensa de una norma de la era de Donald Trump que niega la residencia permanente a inmigrantes que reciban asistencia pública, como los cupones de alimentos, y también examinará un caso relacionado con el cambio climático.

Lo más pronto que los casos serán analizados será 2022 y, como suele hacer, el máximo tribunal no explicó sus razones para dirimirlos. Sin embargo, ambos son inusuales por el hecho de que el gobierno de Biden ha modificado o ha dicho que modificará las reglas en el centro de cada caso.

Con respecto al caso de inmigración, un tribunal federal de apelaciones de Chicago ratificó una orden de una corte de menor instancia que derogó la norma del gobierno de Trump a nivel nacional. En marzo, el gobierno de Biden anunció un acuerdo con las partes y los estados que estaban impugnando la norma, y también retiró sus objeciones al fallo de la apelación.

Joe Biden apoya ciudadanía para los indocumentados

El presidente Joe Biden apoya un camino a la ciudadanía para indocumentados, pero está dejando al Congreso que tome la decisión al respecto sin involucrarse demasiado.

Lo anterior a pesar de que una de las promesas de campaña del demócrata fue lograr un beneficio migratorio para millones de inmigrantes indocumentados, aunque durante su primer discurso en el Congreso el 28 de abril pasado, pidió que “al menos” se avalara la protección permanente para ‘dreamers’, personas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas. Dos de esos proyectos ya fueron aprobados en la Cámara de Representantes.

“Si el Congreso no aprueba mi plan, al menos aprobemos en lo que acordamos. El Congreso necesita aprobar una legislación este año para finalmente asegurar la protección de los dreamers, los jóvenes que sólo han conocido a Estados Unidos como su hogar”, dijo entonces.

Según un reporte de The Washington Post, el presidente Biden mantiene su respaldo a un camino hacia la ciudadanía en el proyecto de ley presupuestal bajo el proceso de Reconciliación, pero “la última palabra” será de los congresistas.

Hasta ahora, el mayor obstáculo ha sido la parlamentaria Elizabeth MacDonough, quien esta semana revisará el plan C de los demócratas, el cual otorgaría una protección a la deportación y Autorización de Empleo a millones de personas, quienes deberán pagar impuestos y podrán solicitar el permiso laboral en dos periodos de cinco años.

Sin embargo, las organizaciones civiles han pedido que se mantenga un plan para otorgar la ciudadanía al mayor número posible de indocumentados, incluso defienden el llamado “registro”, es decir, modificar la Ley del Registro para que las personas que llegaron al país antes del 1 de enero del 2010 puedan solicitar la ‘green card’.

Informe: Hay abusos contra inmigrantes tras cruzar la frontera de EEUU dede México

Un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado esta semana revela reportes de abusos cometidos por las autoridades fronterizas estadounidenses contra migrantes tras cruzar la frontera, de los cuales el gobierno tiene conocimiento.

El reporte de HRW, titulado “Te tratan como si no valieras nada”: Informes internos del DHS sobre abusos por funcionarios fronterizos de EE. UU., revela que los abusos son más frecuentes de lo que se conoce.

El documento revela la existencia de “más de 160 informes internos sobre conducta indebida y abuso” hacia solicitantes de asilo por parte de funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre 2016 y 2021, que son del conocimiento del Gobierno estadounidense.

Clara Long, directora asociada para EE. UU. de HRW, contó a la Voz de América que el organismo que representa obtuvo los datos del mismo gobierno. “Este informe que hemos hecho es basado en los propios documentos del gobierno”, explicó.

Para ello, de acuerdo con el mismo informe, HRW se valió de la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés) y accedió a documentos del DHS, la agencia que tiene a su cargo el sistema de inmigración y el resguardo de las fronteras, donde se consignaban los hechos.

Long explicó que la institución que representa, así como otros organismos que trabajan por los migrantes y derechos humanos, desde hace muchos años han venido “teniendo alegaciones de abusos contra los migrantes”, y que el dato nuevo que revela el informe es que ahora se conoce que al interior del propio gobierno “también hay informes de los abusos”, que incluyen “asaltos físicos, sexuales, intimidación, violaciones del debido proceso de los solicitantes de asilo”, detalló.

Indocumentados evitarán la deportación y obtener permiso de trabajo si reportan abusos de empleadores

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pidió a oficiales de inmigración elaborar un plan para perdonar la deportación de indocumentados y otorgarles una Autorización de Empleo, si denuncian a empleadores abusivos.

“La Administración Biden está considerando opciones para ofrecer protecciones de deportación a los inmigrantes que trabajan en el país sin autorización, si informan sobre un empleador abusivo”, indicó The Wall Street Journal.

La petición para elaborar el plan fue al director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tae Johnson, así como a otros funcionarios, a quienes se les envió el memorando este martes.

“El memo le pide al Sr. Johnson, y a otros altos funcionarios de inmigración, que desarrolle opciones de políticas en los próximos 60 días para llevar a cabo ese cambio”, señala el reporte.

La nueva política de la Administración Biden sería “una de las prioridades” en materia migratoria, a fin de reorientar la persecución a empleadores, en lugar de inmigrantes.

La propuesta ocurre en medio de la discusión en el Senado por una tercera opción a presentar a la parlamentaria Elizabeth MacDonough para incluir un plan de ciudadanía para millones de indocumentados bajo el proceso de Reconciliación.

Este diario confirmó que el Senado alista una propuesta para evitar la deportación de indocumentados y otorgarles EAD, luego de que MacDonough rechazara abrir paso a la ciudadanía a ocho millones de inmigrantes, incluidos ‘dreamers’, gente con el Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores agrícolas y otros empleados esenciales durante la pandemia de COVID-19.

La parlamentaria también rechazó modificar la fecha de la Ley del Registro, para que inmigrantes que llegaron al país antes del 2010 pudieran solicitar una ‘green card’.