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Senador Durbin: “estamos cerca de aprobar ciudadanía de 4.5 millones de indocumentados”

El senador demócrata Dick Durbin (Illinois) declaró que Estados Unidos “está listo” para que el Congreso apruebe el camino a la ciudadanía de los “soñadores” y tepesianos, pues aseguró que ya cuenta con “cinco o seis” de los diez votos republicanos que se necesitan para que se apruebe la propuesta de ley.

El proyecto de ley H.R.6 podría abrir el camino a la ciudadanía a cerca de 4.5 millones de inmigrantes indocumentados, según estimaciones del Migration Policy Institute (MPI).

El próximo martes se celebrará la primera audiencia del proyecto American Dream and Promise Act de 2021 (H.R.6) en el Comité Judicial de la Cámara Alta, que preside Durbin, quien ha patrocinado sin suerte medidas similares en los últimos 20 años.

“Estoy listo, es el momento. El país está listo. Abrumadoramente, demócratas, republicanos e independientes están a favor de esta ley, y creen que es fundamentalmente justo que estas personas tengan la posibilidad de ser parte del futuro de los Estados Unidos”, dijo.

Durbin indicó que con la consideración de la H.R.6, ya aprobada con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes en marzo pasado, se comenzará a avanzar hacia el estatus legal permanente de los “soñadores” y de los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el llamado DED (Deffered Enforced Departure) o “Salida Obligatoria Diferida”.

Además, dijo Durbin, con el presidente, Joe Biden, estos inmigrantes tienen “un amigo” que apoya el proyecto de ley Dream Act, que Durbin y su compañero republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) volvieron a presentar en abril pasado y que, al igual que la H.R.6, busca regularizar el estatus migratorio de los “soñadores”, y también de la Acción Diferida (DACA), que los protege de la deportación.

Todo lo contrario que su predecesor republicano, Donald Trump, que trató de abolir este amparo migratorio creado por el expresidente Barack Obama en 2012, aunque el Tribunal Supremo se lo impidió.

La audiencia en el Senado se realizará el 15 de junio, en el noveno aniversario del anuncio de Obama de la creación de DACA, que desde 2012 protege de la deportación y da permiso temporal de trabajo y residencia a cientos de miles de jóvenes que arribaron indocumentados al país a edad temprana.

“La gente se pregunta qué tipo de legislador soy que no ha conseguido convertir esta iniciativa en ley durante 20 años si es tan buena idea”, dijo Durbin. “Seis veces presenté el proyecto de ley a votación en el plenario del Senado, pero siempre perdí por el filibusterismo (obstrucciones dilatorias) republicano”.

Ahora soy presidente del comité que va a considerar el proyecto y las cosas han cambiado“, agregó Durbin, aunque admitió que todavía queda mucho por hacer.

El veterano legislador, que ocupa el escaño desde 1983, dijo que después de 20 años de fracasos no puede dar por segura la aprobación de la ley, pero de los 60 votos necesarios cuenta en el Senado con 50 demócratas y “5 o 6 republicanos”.

Se necesitan más, pero tiene “confianza” de que pueden lograrlo esta vez, afirmó.

La diferencia, además de la mayoría demócrata en ambas cámaras, radica en que el Gobierno ha anunciado una política migratoria diferente y cree que el actual contexto político es más favorable para dar una vía a la ciudadanía de los “soñadores”.

Según Durbin, en los 20 años transcurridos desde la primera vez que el Dream Act llegó al Congreso los soñadores beneficiados con DACA han crecido y probado que son gente clave para el futuro de los EE.UU.

“Han obtenido títulos universitarios, se convirtieron en médicos, enfermeros, ingenieros, empresarios, y han servido en las fuerzas armadas arriesgando sus vidas por el país”, dijo.

Además del H.R.6, espera en el Senado el proyecto de Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola (H.R. 1603), aprobado también en marzo en la Cámara Baja y que daría permisos permanentes de residencia y trabajo para cientos de miles de trabajadores empleados en la agricultura.

EEUU destina 57 millones de dólares para atención de inmigrantes en México y Centroamérica

El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que aportará 57 millones de dólares para gobiernos e instituciones que acogen a los refugiados en México y Centroamérica.

“Esta asistencia representa el último de una serie de pasos que Estados Unidos ha dado para implementar nuestro enfoque ambicioso y combinado que procura abordar las causas fundamentales de la migración irregular y fortalecer la gestión colaborativa de las migraciones en la región”, anunció el el Departamento de Estado.

Se trata del Evento de Solidaridad con las Personas Desplazadas Forzadamente y las Comunidades que las Acogen en Centroamérica y México, realizado en San José de Costa Rica, en el contexto de la Cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y que por la parte estadounidense estuvo representado por la asesora del presidente Joe Biden para la Migración, Amy Pope.

Esta semana la vicepresidenta Kamala Harris realizó su primera visita oficial a Centroamérica, con encuentros con los mandatarios Alejandro Giammattei y Andrés Manuel López Obrador, de Guatemala y México, respectivamente.

En la víspera de la cita, Johnson y Biden mostraron un frente común sobre la emergencia climática, firmando una nueva “Carta Atlántica” que también hace hincapié en la necesidad de hacer frente a los ciberataques. Johnson describió la relación entre Londres y Washington como “indestructible”.

Pero si los dos grandes aliados están en sintonía sobre grandes temas internacionales como los desafíos que plantean China o Rusia, las tensiones persisten sobre Irlanda del Norte, en el centro de una disputa posbrexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Biden se abstuvo de hacer críticas públicas, pero los líderes europeos pretenden recordar a Johnson su compromiso con los acuerdos firmados, que Londres vulnera debido a las tensiones que provocan en esa región británica.

Según la policía local, unas 3 mil personas protestaron el jueves por la noche en Belfast contra las nuevas medidas posbrexit.

Biden termina con regla que ordenaba permancer en México a inmigrantes que pedían asilo en la frontera

El gobierno del presidente Joe Biden terminó con la política de Protocolos de Protección al Migrante (MPP), mejor conocida como “Permanecer en México”, la cual fue considerada una forma de deportación de inmigrantes a México para esperar ahí una cita en cortes de Estados Unidos.

Según la agencia Reuters, la primera en reportar la finalización oficial del programa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) distribuyó un memorando firmado por el secretario Alejandro Mayorkas, informando el término de la regla.

“Comparto la creencia de que solo podemos gestionar la migración de una manera eficaz, responsable y duradera si abordamos el problema de manera integral, mirando más allá de nuestras propias fronteras”, escribió Mayorkas en el memorando.

El reporte agrega que ya son 11,200 los inmigrantes que han podido ingresar a EE.UU. para dar seguimiento a sus peticiones de asilo, cifra que aumentó en menos de un mes cuando se informó que eran poco más de 8,000 las personas que lograron entrar al país.

En una orden ejecutiva del 2 de febrero, el presidente Biden pidió al DHS terminar con los MPP, una iniciativa impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump, que obligó a México –tras amagos de embargos comerciales– aceptar a inmigrantes que solicitaban asilo.

“El Secretario de Seguridad Nacional revisará y determinará de inmediato si da por terminado o modifica el programa conocido como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP)”, indica la orden.

La finalización del programa debe realizarse en coordinación con el Secretario de Estado, el Procurador General y el Director de los CDC, tomando en cuenta la pandemia de COVID-19.

El 19 de febrero, la Administración Biden dio los primeros pasos para ayudar a inmigrantes varados en México, bajo un programa que, se estima, ayudará a unas 25,000 personas con casos activos, para ser procesadas en un periodo no determinado.

“Esta última acción es otro paso en nuestro compromiso de reformar las políticas de inmigración que no se alinean con los valores de nuestra nación”, indicó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas al confirmar esa acción.

La decisión recién anunciada también implicaría la terminación de acuerdos migratorios con Honduras, El Salvador y Guatemala, a fin de que sus inmigrantes fueran enviados a México.

“La decisión es un paso monumental para borrar la mancha de esta política inmoral y volver a comprometer a los Estados Unidos con el liderazgo humanitario mundial”, destacó Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora ejecutiva del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados.

Citó que aproximadamente 70,000 solicitantes de asilo se vieron forzados a esperar “en condiciones peligrosas” por una cita en tribunales.

“Felicitamos a la administración de Biden por comenzar el arduo pero necesario trabajo de restaurar nuestra obligación moral hacia los más vulnerables”, agregó. “Es notable que la administración haya reconocido las políticas de disuasión deliberadas por lo que son, crueles e ineficaces”.

Fiscales republicanos quieren bloquear políticas migratorias de Biden

Al tiempo que el gobierno del presidente Joe Biden avanza en su plan de desmantelar o reorganizar políticas migratorias del expresidente Donald Trump, un grupo de fiscales republicanos se oponen en tribunales.

Fiscales de Arizona, Texas, Missouri, por ejemplo, presentan demandas para evitar la aplicación de políticas que favorezcan a los inmigrantes, al considerar que los planes de Biden son “acciones ilegales” que “ponen en peligro” a los estadounidenses.

“Como fiscal general, tengo ciertas herramientas en mi caja de herramientas, y he dicho que haré todo lo posible para hacer cumplir el estado de derecho y proteger a los contribuyentes”, dijo a Fox News el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich.

Entre las medidas que los fiscales desafían están los lineamientos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se deberían enfocar principalmente en personas con récord criminal, permitiendo a otros indocumentados permanecer en el país.

Una primera acción fue decidida por un juez de Texas, que bloqueó la medida de la Administración Biden, que se vio obligada a implementar nuevos lineamientos.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la victoria, la cual consideró “un mensaje claro” a la Administración Biden soobre lo que califican sus “políticas liberales”.

Tras ese triunfo, los fiscales ahora pretenden que se modifiquen los nuevos lineamientos de ICE, ya que consideran que equivalen “a la misma política que la moratoria de deportación”.

Los fiscales también desafían la revocación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) por parte de la Administración Biden, una política de la era Trump conocida como Permanecer en México, la cual impedía a solicitantes de asilo permanecer en EE.UU.

Tras la suspensión de la Administración Biden, más de 8,000 inmigrantes han podido volver al país en espera de una respuesta a sus peticiones.

Los republicanos pretenden llegar hasta la Corte Suprema en sus esfuerzos, indica el reporte, pero por ahora pretenden una acción judicial preliminar, adelantó el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt.

El gobierno demócrata avanza con su agenda con modificaciones en procesos de inmigración legal aplicados por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y un reordenamiento del sistema de asilo.

Sin embargo, los cambios profundos dependerán de la reforma migratoria que apruebe el Congreso, que incluso contempla otorgar ciudadanía a indocumentados, particularmente aquellos que fueron trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19.

Durante la Administración Trump se implementaron más de 900 cambios migratorios, según reportes.

Vice presidenta Kamala Harris confirma visita a México y Guatemala

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, adelantó este miércoles (05.05.2021) a periodistas que su viaje ya anunciado a México y Guatemala -su primer desplazamiento internacional- se concretará el 7 y 8 de junio.

“Actualmente el plan es que vaya a México y Guatemala el 7 y 8 de junio”, indicó Harris, quien dijo que esperaba con ansias este viaje que se produce después de varias reuniones de trabajo virtuales con los mandatarios de ambos países.

El presidente estadounidense, Joe Biden, encomendó a Harris atender la creciente llegada de migrantes del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) a la frontera entre su país y México, enfocándose en abordar las causas de raíz del éxodo masivo.

Harris dijo que va a sostener una segunda reunión virtual con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta semana.

La vicepresidenta señaló además que está hablando con empresas sobre inversiones en la región, como parte de una estrategia para prevenir que los migrantes abandonen sus países.

En respuesta a las críticas por la situación en la frontera -donde las detenciones de indocumentados alcanzaron un pico en 15 años en marzo- Harris respondió que si los desafíos que hay fueran “fáciles” ya se habrían resuelto hace tiempo.

“El trabajo que hacemos no se evidenciará de la noche a la mañana. Va a requerir una estrategia a largo plazo”, indicó.

Con respecto a la situación en El Salvador, después de que el martes Harris criticara la destitución de magistrados y señalara que Estados Unidos “debe responder”, la alta funcionaria dijo este miércoles que todavía están “considerando las opciones”.

“Pero cuando miro cuáles son los desafíos que vienen desde el Triángulo Norte, tenemos que considerar a El Salvador”, explicó.

EEUU promete a Guatemala más ayuda y enfoque humano en tema migratorio

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este lunes, tras reunirse con el presidente guatemalteco, que su país quiere aumentar la ayuda en la región y gestionar la migración de una forma segura y humana, mientras busca la forma de calmar una crisis migratoria en la frontera con México.

El presidente Joe Biden, quien se ha alejado del enfoque migratorio de línea dura de su predecesor Donald Trump, le dio a Harris el trabajo de liderar los esfuerzos de Estados Unidos con México y los países del llamado Triángulo del Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- para evitar que los migrantes crucen a Estados Unidos.

La reunión, que se llevó a cabo virtualmente, fue la segunda conversación en menos de un mes de Harris con el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, una señal de la mejor oportunidad que tiene para construir una asociación en la región. Ambos conversaron antes el 30 de marzo.

Harris aún no ha hablado con los presidentes de Honduras y El Salvador.

“Queremos trabajar con usted (…) de una manera que le brinde esperanza al pueblo de Guatemala, que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa”, dijo Harris. Añadió que visitará la región en junio.

Giammattei le dijo que Guatemala espera con ansias su visita, pero quiere llegar a un acuerdo sobre los temas antes del viaje.

“De aquí al mes de junio deberíamos de proponernos de tener una hoja de ruta trazada que pueda servir para que hayan acuerdos de gobierno a gobierno para que podamos (…) principiar el duro camino que nos queda por delante”, agregó.

Durante la primera llamada en marzo surgieron desafíos, cuando Giammattei le preguntó a Harris sobre la posibilidad de comprar vacunas Covid-19, dijeron funcionarios a Reuters. La consulta no se incluyó en el reporte de la conversación de Estados Unidos.

El 5 de abril, Guatemala dijo que estaba comprando 16 millones de vacunas rusas Sputnik V para inocular aproximadamente a la mitad de la población del país.

La oficina de Harris no comentó sobre el tema, pero un funcionario dijo que no era políticamente sostenible asegurar el suministro de vacunas a otros países antes de inocular a todos los estadunidenses.

En tanto, el Departamento del Tesoro dijo el lunes que impuso sanciones al parlamentario Felipe Alejos Lorenzana y a Gustavo Adolfo Alejos Cambara, quien fue jefe de gabinete del ex presidente Álvaro Colom.

Gobierno de Biden aumenta visas de trabajo temporal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) añadió 22,000 visas de trabajo temporal no agrícola, de las cuales 6,000 serán destinadas a países del Triángulo Norte.

La visa H-2B es un permiso de no-inmigrante para empleos del área de servicios, principalmente, y su otorgamiento se divide en dos partes anualmente.

El gobierno del presidente Joe Biden busca enfrentar las causas de la migración en El Salvador, Honduras y Guatemala, por lo que cual se emitió la Orden Ejecutiva 14010, con la cual se justifica el incremento de permisos temporales.

“Creación de un marco regional integral para abordar las causas de la migración, gestionar la migración en América del Norte y Central y proporcionar un procesamiento seguro y ordenado de solicitantes de asilo en la frontera de los Estados Unidos”, explica el DHS sobre la orden.

El titular del DHS, Alejandro Mayorkas, destacó que las empresas que soliciten a empleadores extranjeros deberán demostrar que no afectan a trabajadores estadounidenses, ni en ofrecimiento de puestos ni en sus salarios, además de demostrar que su negocio puede ser afectado en caso de no lograr mayor personal.

También destacó el compromiso para atender las causas de la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos.

“Este aumento complementario también demuestra el compromiso del DHS de ampliar las vías legales de oportunidades en los Estados Unidos a las personas del Triángulo Norte”, dijo Mayorkas.

También se exige que la contratación no afectará “los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses”, que tengan una posición similar.

Denuncian que aumentan contagios de Covid-19 en cárceles de ICE

Los casos de coronavirus en inmigrantes detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han tenido un aumento significativo en las últimas semanas, según indican los datos de la agencia cuando los detenidos suman menos de 14.400.

Para este miércoles, 719 inmigrantes recluidos en los centros de detención del ICE están lidiando con el contagio.

La cifra representa casi 300 detenidos más que el pasado 13 de marzo cuando, según los datos del ICE, había 432 inmigrantes contagiados en las cárceles bajo custodia de las autoridades de inmigración.

El aumento de número de contagios se da a pocos días que se revelara un informe de la Oficina del Inspector General que vigila al Departamento de Seguridad Nacional (HHS) sobre las condiciones peligrosas en el Centro Correccional de La Palma, un sitio de detención del ICE en Eloy, Arizona.

La investigación confirmó el uso peligroso de la fuerza, el abuso y la falta de atención médica en La Palma cuando la pandemia se presentó.

Además reveló que ni el ICE ni los operadores privados de las instalaciones proporcionaron equipo de protección básico a los detenidos, no requirió que los guardias usen máscaras y “no hizo cumplir las precauciones contra el COVID-19, incluidas las cubiertas faciales y el distanciamiento social”, entre otras cosas que han contribuido al brote generalizado en ese lugar.

Actualmente La Palma tiene 96 inmigrantes lidiando con la enfermedad. En total hasta la fecha 829 personas se han infectado en este sitio.

Los mayores contagios a este miércoles se presentan en el Centro Residencial en el condado de Karnes, en Texas, donde hay 105 infectados, y el Centro Residencial de Familias de Dilley, en el mismo estado, donde hay 123 contagiados lidiando con la enfermedad.

Desde que la pandemia del coronavirus se declaró en marzo del 2020, el ICE ha reportado 11.086 contagios entre sus detenidos. Al viernes pasado tenía 14.315 inmigrantes bajo su custodia.

Con informacion de Los Angeles Times en Español

Casa Blanca: EEUU y México tienen responsabilidad compartida ante la inmigración irregular

Funcionarios de la administración del presidente Joe Biden dijeron este jueves a los periodistas que Estados Unidos y México trabajan arduamente para abordar las “causas fundamentales de la migración irregular”.

La Casa Blanca informó que México ve el problema migratorio “como una responsabilidad compartida”.

Una visita de dos días a México, liderada por Roberta Jacobson, coordinadora para la frontera sur, dejó en claro que EE. UU. está enfocado en que “en términos de inseguridad e inestabilidad” la falta de oportunidades es algo que influye sobremanera en la cantidad de inmigrantes que ingresan sin permisos a EE. UU.

El mismo día el presidente Biden dijo que es normal que suceda ese aumento en el flujo migratorio para esta época del año.

“Pasa cada año, en esta época, hay un incremento significativo en la llegada de gente que viene a la frontera”, aseguró Biden.

A preguntas de los periodistas, un funcionario explicó que ante las críticas por las deportaciones, es necesario aclarar que “obviamente estamos expulsando a un gran número de migrantes, pero se trata principalmente de hombres adultos”.

El funcionario dijo EE. UU. no apelará al Título 47wQbNPTDJp9hMYdvogK2hAUiHsGeiybwaWe36bwtRQ3UTpYV7YuZ8FV5j9nauFCWwcjM6dTzpL5s2N79Rp5unwdMvc8ZKUno acompañados que ya están bajo custodia del gobierno estadounidense.

“Es una conversación en curso, por lo que hay conversaciones cada día entre nuestros altos funcionarios en nuestras respectivas agencias”, señaló.

Además, dijeron los funcionarios: “En los próximos 90 días, también se hará especial hincapié en perseguir a las organizaciones de trata, no solo a las organizaciones de contrabando, sino a las organizaciones de trata que han estado utilizando una estrategia de mensajería para manipular a personas que obviamente buscan oportunidades económicas o que huyen de la violencia”.

Inmigrantes que soliciten la residencia americana aún deben demostrar que no serán una carga pública

A pesar de el gobierno del presidente Joe Biden eliminó la nueva regla de carga pública, los inmigrantes que solicitan la Residencia Permanente todavía deben demostrar que tienen capacidad financiera para mantenerse sin ayudas sociales del gobierno.

La razón es que las disposiciones siguen en la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA), aunque se detuvo el endurecimiento impulsado por el expresidente Donald Trump para castigar a los inmigrantes más pobres.

Los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y a los consulares que evalúan las peticiones de cualquier tipo de visa.

“Cualquier extranjero que, en opinión del funcionario consular en el momento de la solicitud de visa, o en opinión del Fiscal General en el momento de la solicitud de admisión o ajuste de estatus, es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública sea excluible”, dice la INA.

El abogado Allan Wernick, director del proyecto Citizenship Now! de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, indica que esa regla es más laxa o generosa.

“Los solicitantes de residencia permanente todavía tienen que demostrar que no se convertirán en una carga pública, pero bajo las reglas de antes del gobierno de Trump, más sencillas y generosas”, dijo en un artículo del Dallas News.

Aclara que la actual regla no castiga a las personas por recibir ayuda de programas sociales, como cupones de alimentos o fondos para vivienda, pero explica que los inmigrantes son calificados en forma negativa para una visa si la evaluación económica revela que podrían mantener el uso constante de programas sociales.

“Las excepciones son si la persona depende principalmente de asistencia en dinero en efectivo o si recibe atención institucional de largo plazo del Medicaid”, señala.

Los oficiales de USCIS que revisan las peticiones aplican la regla de 1999 sobre carga pública.

“Si USCIS requiere información o evidencia adicional para hacer una determinación de inadmisibilidad de carga pública bajo el estatuto y de acuerdo con la Guía de Aplicación Provisional de 1999, le enviaremos otro RFE o NOID”, explica la agencia.

El RFE (en inglés) es un Requerimiento de Evidencia y un NOID (en inglés) es una Notificación de Intento de Negación.

Con información de La Opinión.com

Vice presidenta Kamala Harris coordinará acciones de EEUU en materia migratoria

La vicepresidente Kamala Harris coordinará los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden en asuntos migratorios, a fin de reducir la inmigración irregular de Centroamérica.

Así lo confirmó el presidente Biden en un evento al que acudió la vicepresidenta.

“Esta nueva oleada que estamos enfrentando ahora comenzó en la pasada administración, pero es nuestra responsabilidad ocuparnos de ella”, dijo. “No puedo pensar en alguien mejor calificada para ello”.

En una llamada previa con periodistas, oficiales de la Casa Blanca confirmaron la decisión y adelantaron que la vicepresidenta ya tuvo sus primeras reuniones esta mañana con miembros diplomáticos.

“Como el presidente Biden lo dijo, aquello que necesite ser atendido con urgencia será liderado por la vicepresidenta”, dijo una asesora senior.

Harris tendrá contacto con los gobiernos de México y los países que conforman el Triángulo Norte, es decir Guatemala, El Salvador y Honduras, para encontrar solución a los problemas que originan la inmigración irregular.

“La vicepresidenta tiene gran experiencia en apelar a los derechos humanos por su labor como fiscal general en California y como senadora”, se presumió. “Ella se va a enfocar en dos vías, primero trabajará en el objetivo de regular la inmigración a los Estados Unidos, pero su principal objetivo será establecer una sociedad estratégica con estos países con base en el respeto y compartir los valores”.

Los esfuerzos de Harris serán en la vía diplomática, enfocados en distinguir y enfrentar “las raíces de la inmigración”.

“Una de las piezas en las que se trabajará es la posibilidad de que la gente, en sus países, en el Triángulo Norte, tengan la posibilidad de solicitar asilo a los Estados Unidos sin hacer este peligroso viaje”, se adelantó.

Una de las oficiales parafraseó al presidente Biden sobre las dificultades de resolver el problema migratorio, pero defendió que será el inicio de buscar esa solución.

México y EEUU acuerdan “ordenar” la migración ante las crecientes presiones

México y Estados Unidos acordaron ayer martes buscar una “migración ordenada, segura y regular” en medio de un creciente flujo de centroamericanos, presiones políticas en Washington y el reclamo mexicano por la vacuna de la covid-19.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y Roberta Jacobson, coordinadora de la Frontera Sur de la Casa Blanca, encabezaron una reunión privada en Ciudad de México para abordar el tránsito migratorio desde Centroamérica, en particular de menores de edad no acompañados.

La delegación especial de Estados Unidos incluyó al encargado de Latinoamérica y el Caribe del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés), Juan Gonzalez, y al enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zuñiga.

Del lado mexicano también participaron Roberto Velasco, director general para América del Norte de la cancillería, y Laura Elena Carrillo, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

También estuvo de forma virtual la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena.

“Los participantes de ambos Gobiernos y de la Cepal coincidieron en fortalecer la cooperación para estimular la economía regional de una manera más equitativa y, así, disminuir los flujos migratorios desde América Central”, aseguró la cancillería mexicana.

En un vídeo posterior, el canciller Ebrard reconoció que no se ha llegado a “un punto definitivo”, pero que el objetivo era “intercambiar puntos” de vista y que Estados Unidos se integre al plan de desarrollo para Centroamérica para combatir las causas de la migración irregular.

“En esencia es cómo podemos ponernos de acuerdo para que en algo que coincidimos los dos países podamos emprender acciones efectivas en el corto plazo y en el mediano plazo”, sintetizó.

OLA MIGRATORIA

Aunque el pronunciamiento público de México no mencionó detenciones, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el martes “un frente común” en la frontera sur del país, que incluye a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional.

El INM reportó la detención de 31.492 “personas irregulares” en lo que va del año, un aumento de cerca del 18 % comparado con el mismo periodo de 2020.

En Estados Unidos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 100.441 indocumentados en febrero, frente a 78.442 de enero, una tendencia al alza aunque aún no alcanza a mayo de 2019, cuando la CBP aprehendió a 132.856 personas y el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó a México con la imposición de aranceles.

“Estamos aplicando la ley de una migración controlada, segura y de contención, porque adultos están usando a los niños como pasaporte de migrantes para transitar en nuestro país hacia los Estados Unidos”, aseguró Francisco Garduño, titular del INM.

Las Fuerzas Armadas de México han señalado el despliegue de 8.715 miembros y 340 puntos de revisión en los que se “rescataron” a 12.905 migrantes entre febrero y marzo, una cifra menor a los cerca de 25.500 agentes desplegados tras las presiones de Trump en 2019.

“Lo que nosotros debemos atacar son a esas redes que convocan caravanas”, expuso Garduño.

ENTRE PRESIONES Y VACUNAS

La visita de Jacobson, quien fue embajadora de Estados Unidos en México de 2016 a 2018, ocurre mientras el presidente Joe Biden afronta presiones políticas por la situación en la frontera.

Tras la reunión bilateral del 1 de marzo con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, trascendió que Biden pidió ayuda para controlar el flujo migratorio, mientras que el presidente mexicano solicitó acceso a las vacunas producidas en Estados Unidos.

En su conferencia matutina, López Obrador descartó este martes que México incremente el control migratorio a cambio del préstamo de 2,7 millones de vacunas de AstraZeneca que recibirá de Estados Unidos esta semana.

“No aceptamos nosotros visitas de supervisión. No somos colonia, no somos protectorado, México es un país independiente, soberano, libre”, respondió.

El Gobierno de México también ha levantado sospechas por cerrar por primera vez en toda la pandemia la frontera sur desde la semana pasada con el argumento de evitar contagios.

El canciller Ebrard justificó el cierre al señalar que Campeche y Chiapas, estados fronterizos del sureste, están en color verde del semáforo de riesgo epidémico, por lo que deben contener la pandemia para que regresen a clases presenciales.

Aun así, admitió que plantearía a Jacobson la necesidad de un plan compartido de vacunación en la frontera norte de México.

“Es uno de los temas que queremos tratar. No solo ese, sino cuál va a ser la evolución en los próximos meses, porque ya llevamos un año de restricciones en el caso de la frontera norte, cuál va a ser la estrategia que se piensa seguir”, reconoció.

La delegación especial de Estados Unidos incluyó al encargado de Latinoamérica y el Caribe del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés), Juan Gonzalez, y al enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zuñiga.

Del lado mexicano también participaron Roberto Velasco, director general para América del Norte de la cancillería, y Laura Elena Carrillo, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

También estuvo de forma virtual la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena.

“Los participantes de ambos Gobiernos y de la Cepal coincidieron en fortalecer la cooperación para estimular la economía regional de una manera más equitativa y, así, disminuir los flujos migratorios desde América Central”, aseguró la cancillería mexicana.

En un vídeo posterior, el canciller Ebrard reconoció que no se ha llegado a “un punto definitivo”, pero que el objetivo era “intercambiar puntos” de vista y que Estados Unidos se integre al plan de desarrollo para Centroamérica para combatir las causas de la migración irregular.

“En esencia es cómo podemos ponernos de acuerdo para que en algo que coincidimos los dos países podamos emprender acciones efectivas en el corto plazo y en el mediano plazo”, sintetizó.