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Jueza suspende condición de impuesta para restringir el asilo

Una jueza federal en California emitió ayer jueves una orden a nivel nacional para detener provisionalmente una nueva regla del gobierno del presidente Donald Trump que restringía la elegibilidad de asilo para los solicitantes condenados por delitos menores.

En un nuevo revés para la Administración federal, la magistrada Susan Illston, de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, detuvo la entrada en vigor de la nueva regla, que comenzaría a aplicarse este viernes 20 de noviembre.

La decisión se dio tras una demanda presentada a comienzos de mes por las organizaciones Pangea Legal Services, Dolores Street Community Services, Catholic Legal Immigration Network Inc. (CLINIC” y Capital Area Immigrants’ Rights Coalition, que desafía la nueva regla migratoria.

La medida presentada por el gobierno de Trump el 21 de octubre creaba amplias y estrictas barreras para los solicitantes de asilo culpables de delitos menores e incluso, en algunos casos, perjudicaba aquellos que solo habían sido investigados, alegan las organizaciones.

El tribunal reconoció que “la nueva regla habría privado a los solicitantes válidos de obtener asilo, independientemente de si se han rehabilitado, independientemente de si su conducta delictiva ocurrió muchos años antes, o independientemente de si han cometidos actos que el Congreso ha dicho no deberían hacer que un solicitante sea inelegible para el asilo”.

La jueza Barrett se estrena en la Corte y decidirá sobre las elecciones, Obamacare, aborto e inmigración

Amy Coney Barrett tomó posesión este martes como magistrada de la Corte Suprema, cimentando una mayoría conservadora (6-3) que moldeará el país durante décadas. Entre los casos pendientes en los que participará próximamente, la jueza escuchará argumentos sobre Obamacare, inmigración, aborto y derechos LGBTQ.

Barrett, de 48 años, juró su cargo vitalicio oficialmente ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, un día después de ser confirmada por el Senado con 52 votos a favor (todos republicanos) y 48 en contra (de todos los demócratas, y de la senadora republicana por Maine, Susan Collins).

Con su incorporación, apenas un mes después de su designación por parte del presidente, Donald Trump, la jueza ocupa el lugar vacante tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg el 18 de septiembre.

Barrett es el tercer nombramiento de Trump para la Corte Suprema, después de Brett Kavanaugh en 2018, y Neil Gorsuch en 2017, y es la quinta mujer en los 231 años de historia del máximo tribunal.

Barrett evitó durante su proceso de confirmación ante el Senado pronunciarse sobre asuntos como Obamacare, el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la separación de familias en la frontera, pero su historial conservador ofrece pistas de cómo podría actuar en el máximo tribunal.

En el ámbito migratorio, por ejemplo, la jueza se ha alineado con la postura de la Administración presidida por Trump en el 88% de los casos del Séptimo Tribunal de Apelaciones, según un análisis de la página web Accountable.us. https://www.youtube.com/watch?v=J4Ug48ZGBDs 

A continuación, un resumen de los casos más relevantes que llegarán a la Corte Suprema en noviembre, y el papel que podría jugar Barrett en ellos:

Discriminación contra la comunidad LGBTQ.— El 4 de noviembre, la Corte escuchará el caso Fulton v. City of Philadelphia, después de que esa ciudad eliminara el contrato de una agencia católica que provee servicios de casas de crianza porque rechazó solicitudes de parejas del mismo sexo.

Una corte de menor instancia determinó que Philadephia puede continuar su política que prohíbe la discriminación por orientación sexual. La Corte Suprema tendrá que decidir si agencias privadas que reciben fondos públicos pueden negar servicios a homosexuales o personas de distintas religiones.

Barrett, de fe católica, ha sido vinculada en su vida privada con grupos opuestos a la equidad de derechos para la comunidad LGBTQ.

Derechos de los inmigrantes.— El 9 de noviembre, la Corte escuchará una audiencia oral en el caso Niz-Chavez v. Barr, que determinará si el Gobierno federal puede agilizar la deportación de inmigrantes indocumentados al truncar, mediante citaciones judiciales, su estancia continua en el país.

En la actualidad, la ley permite que ciertos extranjeros puedan pelear sus casos de deportación si llevan entre siete y 10 años de domicilio continuo en Estados Unidos, dependiendo de su estatus migratorio.

Pero, bajo la regla conocida como “frenar el reloj”, las cortes pueden interrumpir la acumulación de domicilio continuo mediante citaciones judiciales, a veces sin precisar la documentación requerida. La Corte Suprema deberá determinar qué documentos pueden justificar “frenar el reloj”.

Barrett dijo ante el Senado que se negaba a ser “arrastrada a un debate sobre la política migratoria” de Trump, para evitar responder a preguntas al respecto.

El futuro de Obamacare.— El 10 de noviembre llega a la Corte Suprema el caso California v. Texas, sobre la exigencia dentro de Obamacare de que las personas compren seguro médico so pena de recibir multas del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).

La Corte Suprema ya apoyó en 2012 esa cláusula de la reforma sanitaria, pero el Congreso aprobó una ley tributaria que dejó esa multa en cero dólares a finales de 2018, lo que desató la disputa actual.

Si los jueces determinan ahora que esa cláusula de la reforma sanitaria de 2010 es ilegal, podrían anularla por completo y dejar sin seguro médico a 22 millones de personas ahora cubiertas bajo Obamacare.

Barrett dijo ante el Senado que no es “hostil” hacia Obamacare, pero en el pasado criticó el programa y cuestionó aspectos del dictamen de 2012 de la Corte Suprema.

Las elecciones presidenciales.— Barrett también podría intervenir en casos relacionados con la contienda presidencial en curso, dependiendo de si Trump decide impugnar los resultados de los estados más reñidos. Trump ha sugerido que llevará la batalla a la Corte Suprema para exigir un recuento de votos si pierde la reelección.

Ante presiones de senadores demócratas, Barrett rehusó recusarse de casos electorales y pidió que tuvieran más confianza en su entereza profesional, porque no se dejaría utilizar “como pieza [de ajedrez] para decir la elección”.

Además, la Corte Suprema decidirá sobre temas clave relacionados con la votación antes del 3 de noviembre.

También hay dos casos relacionados con el derecho al aborto, uno en Mississipi y otro de Georgia, que podrían llegar hasta la Corte Suprema en esta sesión. 

Alarma de progresistas

Expertos y activistas consultados por Noticias Telemundo temen que, ante el rosario de casos pendientes en la Corte Suprema, Barrett abandone la independencia que prometió tanto en el Senado como anoche durante una ceremonia en la Casa Blanca.

Ante unos 200 invitados, Barrett afirmó que, contrario a los legisladores, los jueces federales no están en deuda con quien los designa, prometiendo así que actuará con independencia y libre incluso de sus preferencias personales.

Aún así, su historial conservador despierta el recelo de activistas de la comunidad inmigrante.

“En los próximos años, es muy probable que la Corte Suprema presida sobre numerosos casos críticos respecto a inmigración y los derechos de los inmigrantes, DACA o el Censo”, señaló Todd Schulte, presidente del grupo FWD.us. “Lo más importante acá es que, si Joe Biden gana la presidencia, él debe dar prioridad a cambios políticos a través del Congreso desde el primer día de su administración”, agregó.

En el debate, Trump defendió separación de familias migrantes

El presidente Donald Trump defendió ayer jueves la práctica de su gobierno de separar a niños migrantes que siguen lejos de sus familiares luego de ser detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos.

Durante el debate presidencial con su rival demócrata Joe Biden, Trump dijo que por lo general los niños que cruzan la frontera no van acompañados de sus familiares, sino “por coyotes y muchas malas personas”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) le dijo esta semana a un juez que aún hay 545 menores separados de sus padres desde 2018.

Trump dijo que su gobierno ha construido más de 640 kilómetros (400 millas) del muro fronterizo que prometió. Y agregó: “Ellos construyeron jaulas”, refiriéndose a las instalaciones de la era del presidente Barack Obama que fueron mostradas durante los reportes de prensa de las separaciones.

Biden refutó la respuesta de Trump, diciendo que los niños “fueron arrebatados de” sus familiares en 2018.

Tal como lo ha hecho desde las primarias, Biden defendió la política migratoria del gobierno de Obama, admitiendo que “tomó demasiado tiempo hacer que funcionara bien”.

Juez Federal pide hallar a padres deportados sin sus hijos

Un juez federal instó el jueves al gobierno del presidente Donald Trump a hacer más para ayudar a los investigadores designados por la corte para encontrar a los cientos de padres que aún están separados de sus hijos, tres años después de que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.

Un documento de la corte reveló esta semana que los investigadores no han podido rastrear a los padres de 545 menores de edad, una cifra mucho mayor a las conocidas previamente y que generó indignación. La mayoría de los padres fueron deportados a sus países de origen en Centroamérica, y sus hijos fueron colocados con tutores en Estados Unidos, por lo general familiares.

El juez federal Dana Sabraw se abstuvo de emitir una orden durante una audiencia en San Diego, y en su lugar solicitó a los abogados del Departamento de Justicia que exploraran la forma en que el gobierno pueda facilitar la localización de los padres.

Los intentos por encontrar a las familias separadas de sus hijos se han llevado a cabo desde que Sabraw ordenó al gobierno en 2018 poner fin a la criticada práctica derivada de su política de “tolerancia cero” para las personas que cruzaban ilegalmente la frontera.

Inicialmente, Sabraw le ordenó al gobierno reunir a más de 2.700 menores con sus familiares, creyendo que se trataba de la cifra total de familias separadas. Sin embargo, posteriormente fueron descubiertos otros 1.556 menores que fueron separados de sus padres desde el verano de 2017, entre ellos los 545 niños que siguen sin reunirse con sus padres.

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) Lee Gerent, que presentó una demanda en contra de esa práctica, dijo que el gobierno podría proporcionar fondos para la búsqueda, que actualmente llevan a cabo unos cuantos defensores de los derechos humanos en Centroamérica.

El moderador podrá apagar el micrófono en cualquier momento.

“Después de las críticas, el gobierno ahora asegura que quiere ayudar a encontrar a estas familias”, comentó el abogado.

La actitud reticente del gobierno ha complicado todavía más la localización de los padres, debido a todo el tiempo que ha transcurrido, puntualizó.

Las restricciones relacionadas con el coronavirus impidieron que los investigadores visitaran muchas áreas entre marzo y agosto, pero a medida que esas restricciones se relajen, los investigadores esperan progresar en las próximas semanas.

Las autoridades federales han proporcionado números telefónicos de 1.030 menores a una comisión rectora designada por la corte, que localizó a los padres de 485 de esos niños.

La comisión ha contratado vallas publicitarios para informar de números telefónicos gratuitos y anuncios en otros medios en Centroamérica con el objetivo de localizar a las familias.

Voluntarios han buscado a los padres en Guatemala y Honduras, sea yendo puerta por puerta o a través de registros públicos, indicó la ACLU en un documento presentado ante el tribunal.

El juez solicitó una actualización el 2 de diciembre y fijó una nueva audiencia dos días después para discutir sobre el progreso.

“Esta, desde luego, es la pieza faltante más importante” en cuanto a la separación de familias, recalcó Sabraw.

El representante federal Joaquin Castro, demócrata por Texas y presidente de la bancada hispana del Congreso, dijo que el gobierno necesita permitir que los padres que fueron deportados sin sus hijos vuelvan a Estados Unidos y se les brinde la oportunidad de convertirse en residentes legales permanentes y, eventualmente, en ciudadanos estadounidenses.

Únicamente nueve padres que fueron separados de sus hijos recibieron autorización para regresar al país en enero pasado.

Castro también pidió la creación de una comisión especial, tal vez en forma de una comisión de derechos humanos, para investigar el daño causado por la separación masiva de familias entre 2017 y 2018.

“Esta fue una crueldad coordinada, un maltrato coordinado, a los niveles más altos y más bajos del gobierno de Estados Unidos”, comentó Castro.

Un juez federal bloquea alza de tarifas para trámites de la ciudadanía americana

Un juez federal en el norte de California bloqueó este martes el alza de tarifas a algunos trámites del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que entraría en vigencia el próximo 2 de octubre y que afectaba gestiones como el de la naturalización.

El juez federal Jeffrey S. White en Oakland, California, falló en favor de una demanda presentada el pasado 21 de agosto por una coalición de ocho organizaciones encabezada por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), con sede en San Francisco.

El pasado 31 de julio USCIS anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 30 % en sus tarifas, pero que en algunos casos llega a 535 %. La agencia justificó las alzas para financiar sus operaciones.

Uno de los procesos más afectados con el nuevo incremento es el proceso de naturalización, que pasará de $640 a $1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos, y que tenía en una contrarreloj a muchos migrantes para someter sus solicitudes antes del próximo viernes.

En su demanda, la coalición señaló que la nueva Regla de Tarifas viola la Ley de Procedimiento Administrativo y constituye una acción de agencia “arbitraria y caprichosa”.

La querella legal también argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad prioriza la unidad y diversidad familiar, sin embargo, “al hacer deliberadamente imposible el costo de asegurar los beneficios de inmigración esenciales para millones de familias inmigrantes, la política de la Administración Trump hace que la separación familiar sea inevitable y viola las leyes estatutarias y constitucionales”.

“Con la nueva regla de tarifas, la Administración Trump ha demostrado su voluntad de ignorar el estado de derecho en la búsqueda de su agenda antiinmigrante y xenófoba”, advirtió Melissa Rodgers, directora de programas de ILRC.

Denuncian que el gobierno americano quiere restringir las visas estudiantiles, de intercambio y de prensa

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una norma con la que prevé restringir la duración de los visados que se otorgan a estudiantes, extranjeros que permanecen en el país bajo la modalidad de intercambio y a los corresponsales de prensa internacional.

La medida, que este viernes saldrá publicada en el Registro Federal y se someterá a un período de recepción de comentarios durante los 30 días siguientes, afecta a los visados F para estudios académicos; J o denominadas de intercambio (que abarca profesores o académicos, estudiantes, aprendices, maestros, niñeras y consejeros de campamentos); e I, destinados a la prensa extranjera.

Sin embargo, no entrará en vigor sino hasta después de que el Gobierno reciba las opiniones y redacte el texto definitivo, un proceso que expertos estiman puede demorar un par de meses.

El anuncio lo hizo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), al señalar en un comunicado el “crecimiento significativo” de las solicitudes bajo estos programas y la necesidad de garantizar la “integridad” del sistema de inmigración estadounidense.

Además, el DHS aclaró que la normativa “no propone cambios a los requisitos subyacentes para cualificar para estas clasificaciones de no inmigrantes”.

¿Podría Biden desmantelar la política migratoria de Trump?

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se ha comprometido a revertir la política migratoria de Donald Trump, si gana la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. Pero, ¿de verdad puede hacerlo?

No creo que sea realista que Biden en cuatro años pueda deshacer todo lo que hizo Trump”, dijo a NPR Sarah Pierce, analista política en Migration Policy Institute.

Un reporte del periodista Joel Carloza de La Opinipon.com informó que la Administración Trump ha llevado a cabo más de 400 acciones ejecutivas sobre inmigración, según el citado instituto. Entre ellas, se encuentran la aplicación de medidas más estrictas en materia fronteriza y de política interior, la restricción del asilo, la revocación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la reducción de visas para refugiados, la racionalización de los tribunales de inmigración o la creación de la política Quédate en México.

Para Omar Jadwat, del proyecto de derechos migratorios de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la Administración Trump ha tratado de “desactivar” el sistema migratorio de manera “unilateral”, “sin la aprobación del Congreso ni el consentimiento del pueblo estadounidense. “Ese proyecto debería revertirse”, afirma.

Eso es precisamente lo que Biden plantea en su programa de campaña para inmigración: volver a las políticas de la era Obama (en la que él fue vicepresidente). Organizaciones como CHIRLA o Immigrant Power PAC, apoyan la fórmula presidencial Biden-Harris ya que consideran que en estos comicios “hay mucho en juego” para las comunidades migrantes.

“Si soy presidente, vamos a poner fin de inmediato al asalto de Trump a la dignidad de las comunidades de inmigrantes. Vamos a restaurar nuestra posición moral en el mundo y nuestro papel histórico como lugar seguro de acogida para los refugiados y solicitantes de asilo”, dijo Biden en su discurso de aceptación de la candidatrua demócrata.

Sin embargo, abogados y defensores de los derechos de los migrantes han dicho que echar abajo las medidas de la actual Administración no es suficiente para garantizar la dignidad de las personas que llegan a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Y se han mostrado muy críticos con la campaña del candidato demócrata, que ha incorporado al equipo de transición a Cecilia Muñoz, cara visible en política migratoria del Gobierno anterior.

Biden se ha propuesto tumbar las políticas de Trump durante los 100 primeros días de su hipotética presidencia. En su programa está dejar de construir el muro fronterizo, de separar familias y de detener o deportar a inmigrantes pacíficos y trabajadores. Además, pretende restaurar el sistema de asilo, buscar alternativas a la detención de inmigrantes y reinstalar DACA por completo.

La postura del exvicepresidente a favor de la inmigración llega en un momento en el que más de dos tercios de la población estadounidense cree que los niveles de inmigración son correcto o que deberían aumentar. Incluso un tercio de los votantes de Trump cree que los inmigrantes fortalecen la sociedad, según un estudio del Centro de Investigaciones Pew.

Aún así, el candidato demócrata tendría que afrontar resistencias que ralentizarían sus propósitos migratorios. Quienes se oponen a la inmigración temen que Biden vuelva a abrir la frontera sur -cerrada por la pandemia- y empiecen a llegar centroamericanos solicitando asilo (un derecho humano).

Aunque el candidato demócrata no ha dicho que reactivará el proceso de asilo, todo el mundo cree que lo hará cuando la crisis sanitaria remita y el país pueda recibir inmigrantes de nuevo.

USCIS será más flexible en estos trámites y ajusta tarifas de inmigración

La crisis del Coronavirus y los problemas presupuestarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se han tornado en favor de los inmigrantes con procesos abiertos, que precisan respaldar sus solicitudes de visas, tarjetas de residencia permanente o green cards o la ciudadanía estadounidense con más pruebas o documentos.

Como la pandemia ha frenado el ritmo de trabajo de la agencia desde que normalizó operaciones el 4 de junio, la autoridad migratoria volvió a prorrogar el sábado una flexibilidad mayor en el plazo de entrega de documentos por parte de los inmigrantes para responder a sus peticiones. Esta acomodación se vencía el 11 de septiembre.

La iniciativa busca “minimizar las consecuencias de inmigración para aquellos que buscan obtener beneficios de inmigración durante este tiempo”, dijo en un comunicado la entidad gubernamental.

Las peticiones de USCIS que abarcan la ampliación de flexibilidad brindan a los inmigrantes la oportunidad de intervenir si sus peticiones están incompletas o contienen errores antes de que se tome una decisión final sobre sus casos. De lo contrario, la agencia migratoria puede negar una petición y, en ciertos casos, proceder directamente a la deportación.

Ante la situación de la pandemia, la autoridad migratoria ha tenido que hacer ciertas excepciones en su gestión administrativa desde el 30 de marzo, entre estas otorgar mayor flexibilidad en el plazo de entrega de documentos por parte de los inmigrantes.

USCIS EXTIENDE PLAZO PARA RESPONDER A SOLICITUDES DE INMIGRACIÓN

En respuesta a la pandemia de coronavirus, las autoridades migratorias anunciaron que adoptaron medidas para ayudar a los solicitantes y peticionarios en los siguientes ocho trámites de la agencia del Departamento de Seguridad Nacional:

▪ Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés)

▪ Notificaciones de Intención de Denegación (NOID)

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▪ Notificaciones de Intención de Rescindir y Notificaciones de Intención de Cancelación de centros de inversión regionales (NOIT)

▪ Continuaciones a Solicitudes de Evidencia (N-14)

▪ Requisitos de fechas de presentación del Formulario I-290B, Aviso de Apelación o Moción

▪ Solicitud de audiencia sobre decisión en los procedimientos de naturalización bajo Ley de Inmigración y Nacionalidad

▪ Mociones para Reabrir un Formulario N-400, Recibo de Información Derogatoria Después de la Concesión

A QUIÉNES IMPACTA LA FLEXIBILIDAD DE TRÁMITES

Según el comunicado de USCIS, la flexibilidad se ofrece a las personas que reciban uno de los ocho documentos mencionados, incluyendo solicitudes, notificaciones o decisiones, con fechas entre el 1ro de marzo del 2020 y el 1ro de enero del 2021.

“USCIS considerará cualquier respuesta a las solicitudes y notificaciones si la recibe dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha límite de respuesta indicada en la solicitud o notificación antes de tomar cualquier medida”, dijo la agencia.

“Consideraremos un Formulario N-336 o Formulario I-290B recibido hasta 60 días calendario a partir de la fecha de la decisión antes de tomar cualquier medida”, agregó.

USCIS complica patrocinio de inmigrantes para residencia americana

La oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) lanzó un sistema para verificar que el patrocinador de un inmigrante pague al Gobierno federal por las ayudas que esa persona solicite, como cupones de alimentos.

A través de la Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE, por sus siglas en inglés), a través del cual todas las agencias federales de Gobierno podrán revisar los apoyos otorgados a extranjeros y el reembolso de esas ayudas, lo que permitirá a las autoridades a evaluar con mayor rigor a quienes soliciten Residencia Permanente u otros beneficios migratorios, así como a las personas que los patrocinan para vivir en los EE.UU.

La iniciativa es la política resultado de la orden del presidente Donald Trump de mayo de 2019 a través del “Memorando sobre el cumplimiento de las responsabilidades legales de los patrocinadores de extranjeros”, enfocada a una mayor supervisión y recopilación de datos.

“La administración Trump ha dejado en claro que se deben hacer cumplir las leyes de inmigración existentes y que los patrocinadores de extranjeros deben hacerse cargo de las responsabilidades financieras que aceptan voluntariamente”, dijo el subdirector de políticas de USCIS, Joseph Edlow. “Esta función mejorada apoyará a las agencias que otorgan beneficios públicos mientras administran sus programas y determinan la elegibilidad de un extranjero para recibir asistencia pública al garantizar la coherencia con la ley actual, los requisitos de patrocinio establecidos y la responsabilidad adecuada”.

A través del sistema SAVE, las agencias que administran distintos tipos de apoyos, como ayuda para vivienda o Medicaid, proporcionarpa información sobre patrocinadores y seguimiento de reembolso.

“La información recopilada ayudará a las agencias participantes a aprender y mejorar la forma en que utilizan la información del patrocinador para tomar determinaciones de elegibilidad y responsabilizar a los patrocinadores”, acota USCIS. “Y ayudará a las agencias que administran los programas de beneficios a cumplir mejor con las obligaciones bajo las leyes y regulaciones de reembolso de las agencias”.

La oficina acota que lo inmigrantes patrocinados a veces solicitan y reciben beneficios públicos de agencias federales, estatales, locales o tribales y podrían no ser elegibles a algunos de ellos, porque la agencia otorgante considerará los ingresos y recursos de su patrocinador al determinar la elegibilidad del inmigrante.

“Si un extranjero patrocinado recibe un beneficio público con verificación de recursos, el patrocinador es responsable, previa solicitud, de reembolsar a la agencia que proporciona el beneficio”, especifica la agencia.

Esa decisión incluso podría ser a través de una orden judicial, en caso de que el patrocinador no cubra el monto requerido.

“Una agencia puede solicitar una orden judicial para el reembolso si un patrocinador no emite el reembolso”, recuerda la oficina migratoria.

YX5bGZ4zrB7Po#rq 28 de julio 2020

Estados Unidos: sugieren liberar a ciertos inmigrantes infectados con el virus chino

Un especialista externo que inspeccionó un centro de detención para inmigrantes en Virginia en el que se registró un fuerte brote de coronavirus, recomendó la liberación de detenidos que corran mayor riesgo de enfermar gravemente después de encontrar deficiencias en las revisiones médicas del lugar.

La jueza federal Leonie Brinkema ordenó la inspección el mes pasado después de que varios detenidos interpusieran una demanda con ayuda de grupos activistas. Brinkema responsabilizó al complejo de detención en Farmville por un brote que afectó a más del 90% de los casi 300 detenidos, incluida una persona de 72 años que falleció. Funcionarios del gobierno intentaron infructuosamente bloquear la inspección.

El experto, Homer Venters, inspeccionó el centro el mes pasado y presentó un informe que se difundió el viernes en el que señala que el lugar realiza una revisión deficiente a los detenidos en busca de síntomas de COVID-19. Recomendó que se libere a las personas que tengan mayor riesgo por la enfermedad.

El informe menciona “deficiencias múltiples y sistémicas” en los servicios de salud del complejo y concluye que estar detenido ahí “representa un peligro importante de salud para los pacientes de alto riesgo”.

El informe de un especialista contratado por el centro de detención arrojó distintas conclusiones. El experto William Reese dijo que el mayor problema que encontró fue que los detenidos se rehusaban utilizar mascarilla. Considerando su “falta de cooperación… es notable que la instalación no haya registrado nuevas pruebas positivas entre los detenidos en casi un mes”, escribió Reese.

En su reporte, Venters escribió que los detenidos ignoraron las recomendaciones del personal de usar mascarillas porque culparon a la instalación de que enfermaran en primer lugar. Los detenidos también le dijeron a Venters que consideraban innecesarias las mascarillas ya que casi todos en el lugar ya habían contraído el virus.

Venters encontró deficiencias en numerosos procedimientos en el centro. En particular, señaló que las labores de la instalación para detectar síntomas de COVID-19 entre los detenidos fueron insuficientes, ya que la gran mayoría de los internos dijo que nunca se les preguntó si tenían algún malestar durante la revisión diaria de temperatura.

Como resultado, dijo Venters, es dudosa la aseveración del centro de que ningún detenido ha experimentado síntomas de COVID-19 desde julio.

También escribió que los internos que reportaban malestares a menudo tuvieron que aguardar varios días antes de ser evaluados por el personal médico, a pesar de las afirmaciones del centro de que todas las personas recluidas en el lugar son revisadas en menos de 24 horas a partir del momento en el que dan aviso.

“El ICE y la instalación causaron el brote por aceptar las transferencias de numerosas personas procedentes de lugares con casos activos de COVID-19, y no están considerando con seriedad el riesgo para la gente bajo su cuidado”, dijo Sirine Shebya, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados, que representa a los demandantes. “Esto plantea preocupaciones importantes sobre los riesgos de salud actuales que enfrentan las personas detenidas en la instalación”.

En una audiencia previa, Brinkema criticó lo que describió como un “circo burocrático” por causar el brote, señalando que el centro infringió sus propios procedimientos al aceptar 74 transferencias desde instalaciones en estados de alto contagio como Florida y Arizona sin aplicar procedimientos de cuarentena.

Una portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (o ICE por sus siglas en inglés) declinó hacer declaraciones sobre el informe, señalando que el proceso judicial permanece abierto.

Estudio considera que personas con TPS deben recibir residencia permanente

En consideración al tiempo que han vivido en Estados Unidos y sus lazos con el país, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) deberían poder obtener una residencia permanente en los Estados Unidos, concluyó un análisis de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El estudio elaborado por la Iniciativa de Políticas Latinas (LPPI) considera que de los cerca de 400,000 inmigrantes beneficiados con el TPS, “más de 70 % han vivido aquí por más de 20 años y aproximadamente dos tercios tienen hijos nacidos en los Estados Unidos”.

El promedio de años viviendo en EE.UU. de los beneficiarios es de 20.3 en comparación con 14.8 años de los inmigrantes no autorizados y 30 años de los inmigrantes naturalizados ciudadanos, asegura el informe.

Estos nexos con el país dan una idea del efecto desestabilizador para estas personas y sus familias que tendrían los cambios al TPS propuestos por la Administración del presidente Donald Trump, comentó este jueves Sonja Díaz, directora fundadora de LPPI.

De igual forma, la investigación encontró que 88.5% de los residentes con TPS forman parte de la fuerza laboral, más que los inmigrantes no autorizados (72%) y que los ciudadanos naturalizados (65.1%).

“En un momento en que los inmigrantes han desempeñado un papel clave en el mantenimiento de la economía como trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19, es importante comprender lo que está en juego cuando se eliminan las salvaguardas como el Estatus de Protección Temporal”, dijo Díaz.

Adicionalmente el análisis destacó que 10.8% de los beneficiarios del TPS son trabajadores independientes, en comparación con solo el 7.2 % de los inmigrantes naturalizados.

Para Cecilia Menjívar, autora del estudio y profesora de psicología de sociología en UCLA, dos sugerencias presentadas por el análisis son claves para asegurar la estabilidad de estos inmigrantes legales y sus familias.

La investigación recomendó que se renueve el TPS más allá de su próxima expiración en enero del 2021 para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, países que representan 98 % de todos los participantes en este programa.

Adicionalmente el análisis sugiere que se otorgue “un estatus de residencia permanente para todos los residentes que viven protegidos por el estatus temporal”.

Relacionado: Inmigrantes con TPS demandan a exfuncionario de USCIS por bloquear su camino a obtener la “green card”

La investigadora argumentó que ofrecer a los inmigrantes una participación plena en sus comunidades ha demostrado ser “una y otra vez una victoria para todos en las comunidades donde viven”.

El informe también encontró que 31.9% de los beneficiarios del TPS son propietarios de vivienda, al igual que 34% de los inmigrantes no autorizados y 64.7% de los naturalizados.

Designan en el ICE a un inmigrante acusado de persecución a asiáticos

El nuevo director interino de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es un inmigrante y ha provocado duras críticas, especialmente entre los defensores de los estadounidenses de origen asiático.

Tony Pham es un refugiado de Vietnam, quien llegó al país con su familia en 1975.

Ahora, el inmigrante naturalizado fue seleccionado para suceder a Matt Albence como nuevo director interino, pero además de calificar la decisión como “hipócrita”, los defensores de inmigrantes advierten que la carrera de Pham está enfocada a la persecución.

Los activistas indican que las deportaciones de asiáticos aumentaron drásticamente durante el Gobierno del presidente Donald Trump, incluyendo personas protegidas por acuerdos del 2008.

“Al nombrar a un refugiado como jefe de una agencia que constantemente viola los derechos de los refugiados es una táctica comúnmente utilizada por Trump para dividir nuestras comunidades”, dijo a NBC News Tracy La, directora ejecutiva de la organización VietRISE.

Antes de unirse al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), trabajó como fiscal en Richmond, Virginia, y como superintendente en la Cárcel Regional Península de Virginia, indicaron defensores.

“No nos sentimos optimistas de que habrá un cambio en la forma en que se administra ICE”, dijo Phi Nguyen, la director de litigios en Asian Americans Advancing Justice (AAAJ).

Los activistas consideran que el nombramiento de Pham y la forma en que ha llevado su carrera ayudará a soportar la teoría del “buen inmigrante contra el mal inmigrante”.

ICE defendió su decisión y dijo que Pham y su familia se hicieron ciudadanos una década después de llegar a los EE.UU y lo hicieron “por el camino legal”.