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Familias que tienen un migrante indocumentado podrán recibir el segundo cheque de estímulo

Como parte del paquete de estímulo económico de $900 billones de dólares que aprobó el lunes por la noche, el Congreso permitirá que los hogares de estatus mixto, con familiares indocumentados, reciban los cheques de estímulo que se les negaron en la Ley CARES.

Según el acuerdo bipartidista, los ciudadanos estadounidenses y los titulares de la tarjeta verde recibirán $600 dólares en ayuda directa, incluso si presentaron una declaración de impuestos conjunta con un cónyuge indocumentado, así como cheques adicionales de $600 por hijo dependiente, según el texto de la legislación, informó CBS News.

El nuevo compromiso también se haría retroactivo a las familias de estatus mixto con un titular de número de Seguro Social elegibles para el cheque de estímulo de $1,200 dólares por hogar y $500 por niño asignados por la Ley CARES, que se promulgó a fines de marzo.

Los cheques de $600 se eliminan gradualmente para las personas con un ingreso bruto ajustado superior a $75000 dólares en 2019, los jefes de familia que ganaron más de $112,500 y para las parejas que ganaron $150,000 dólares o más.

Los inmigrantes indocumentados u otros no ciudadanos que no tengan número de Seguro Social y presenten declaraciones de impuestos individuales todavía no tendrían derecho a recibir cheques de estímulo según el acuerdo. Los niños estadounidenses, hijos de un padre sin número de Seguro Social, tampoco serían elegibles para la ayuda.

La Ley CARES, aprobada en la primavera, excluyó a las parejas de estatus mixto del cheque de estímulo porque requería que ambos contribuyentes de una declaración de impuestos conjunta tuvieran números de Seguro Social.

Los inmigrantes indocumentados y otros no ciudadanos que no son elegibles para los números de Seguro Social utilizan los números de identificación individual del contribuyente (ITIN) emitidos por el gobierno para pagar impuestos. Los beneficiarios de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y Estatus de Protección Temporal (TPS) tienen acceso a números de Seguro Social.

Juez federal bloquea orden migratoria de Trump que impide a nuevos residentes permanentes entrar al país

La Administración Trump recibió un revés legal cuando un juez federal de California falló en contra de una orden que el presidente saliente firmó en abril y que prohibía la entrada a Estados Unidos de extranjeros con nuevas tarjetas de residencia permanente para reunirse con sus familiares.

Fue el juez federal Edward M. Chen, que preside la Corte del Distrito Norte de California, quien falló a favor de un grupo de 181 demandantes que alegaban que la prohibición les causaba un “sufrimiento extremo”.

Los demandantes son todos ciudadanos o residentes permanentes que tienen familiares directos a los que la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) una solicitud de visa de inmigrante. El tribunal ordenó a las autoridades migratorias que considere a los familiares de los demandantes elegibles para entrar al país.

El problema reside en que los consulados no conceden desde abril ni entrevistas ni visas y los extranjeros que reciben nuevas residencias deben hacer un trámite consular para recibir una visa de inmigrante. Ya con ese documento en la mano podrían ingresar al país y recibir la green card.

El fallo del juez, que entró en vigor inmediatamente (el viernes), obliga al Gobierno a “realizar esfuerzos de buena fe para llevar a cabo el procesamiento de las visas de los demandantes“. La orden permanecerá activa en espera del juicio de esta acción o de una nueva orden.

El dictamen beneficia por ahora a los 181 demandantes, pero sienta un precedente para otros miles de no ciudadanos que tienen trámites de residencia aprobados y a los que les han afectado los cierres fronterizos derivados de la pandemia del coronavirus, según publica a Univision, que cita a abogados de inmigración.

Trump ordena restringir más las posibilidades de asilo

La Administración saliente del presidente Donald Trump está aprovechando sus últimas semanas de gobierno para debilitar un sistema migratorio que muchos defensores de derechos humanos consideran que ya estaba descompuesto. Las regulaciones que presentaron este jueves y que hacen casi imposible que los extranjeros obtengan asilo en Estados Unidos, entrarían en vigor nueve días de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

La nueva reglamentación ordena a los funcionarios y jueces de inmigración que rechacen las solicitudes de asilo de las personas que hayan ingresado a Estados Unidos sin autorización, que hayan usado documentos falsos, o que hayan pasado por otros países sin pedir primero asilo en otras partes.

“Estas nuevas regulaciones liquidan el salvavidas que necesitan quienes huyen del peligro y reiteran una versión falsa promovida por el Gobierno de Trump: que la seguridad de las fronteras solo puede obtenerse terminando el sistema de asilo”, dijo Jennifer Minear, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA).

Aaron Reichlin Melnick, del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que estas medidas “ponen el asilo fuera del alcance de todos excepto algunos pocos afortunados”.

Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha dirigido de manera constante una política que restringe la inmigración, rechaza a quienes buscan asilo y hace más complicada y costosa la obtención de residencia legal y la adquisición de la ciudadanía estadounidense.

Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, el Gobierno de Trump ha modificado unas 400 regulaciones en los sistemas de inmigración y asilo que presentarán un desafío a la Administración de Biden, quien ha prometido medidas urgentes en materia de inmigración.

Desde 2019, el Gobierno de Trump ha rechazado a decenas de miles de personas que llegaron a la frontera sur, se presentaron a las autoridades y solicitaron asilo, enviándolas de regreso a México y América Central a la espera de la audiencia de inmigración que les provee la ley estadounidense.

Entre otras medidas, el Gobierno de Trump ha procurado la terminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, que ha protegido de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad.

Asimismo, dispuso la terminación del estatus de protección temporal, o TPS, para los ciudadanos de varios países que han escapado de conflictos armados o desastres naturales. A principios de esta semana, USCIS otorgó una extensión de nueve meses a la mayoría te los llamados “tepesianos”, aunque ellos buscan la residencia permanente.

Todas esas medidas han sido cuestionadas en tribunales y han quedado en suspenso, o han sido refutadas por jueces federales. El Tribunal Supremo tiene ante sí ahora una decisión final sobre el programa DACA.

Huir de peligros mortales en busca de seguridad duradera es un esfuerzo hercúleo, y obtener la seguridad no debería serlo. El Gobierno de Estados Unidos, ciertamente, no debería seguir erigiendo barreras que obstaculizan enteramente el asilo”, dijo hoy Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.

Nuevas caravanas de migrantes que preparan su viaje a EE.UU. pondrán a Biden a prueba

Los países centroamericanos, que sufren con mayor intensidad las consecuencias crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, vieron el mes pasado cómo dos huracanes devastadores dejaron abnegada una parte importante de su territorio. Tras nueve meses de restricciones de viaje y alto índice de desempleo, cada vez más familias se preparan para poner rumbo a Estados Unidos.

Si bien la inmigración no ocupó en la última campaña electoral el peso que tuvo en 2016, el presidente electo, Joe Biden, se comprometió a acabar con las políticas de Donald Trump en esta materia. Pero el arribo de migrantes centroamericanos a la frontera sur le pondrá a prueba en cuanto llegue a la Casa Blanca el próximo mes de enero.

Las razones de la caravana

“Habrá caravanas y en las próximas semanas aumentará” el flujo de llegadas, según dijo a Bloomberg José Luis González, coordinador de la organización no gubernamental Red Jesuita con Migrantes de Guatemala. “La gente ya no tiene miedo al coronavirus. Están pasando hambre, lo han perdido todo y algunos pueblos todavía están inundados“, añade.

González explica que cuando hay un cambio en los gobiernos de Estados Unido o México, empiezan a armarse caravanas para tomar el pulso a las autoridades entrantes. “Lo que ven (ahora) es que el que dijo que iba a construir un muro y odiaba a los latinos está de salida”, asegura González.

La presión migratoria ha aumentado en el último mes tras los estragos que provocaron los huracanas Eta e Iota en medio de una temporada sin precedentes en el Atlántico. Tras peticiones de países centroamericanos, la Administración Trump anunció este lunes la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de El Salvador, Honduras y Nicaragua (entre otros) que llegaron hace décadas a Estados Unidos también como consecuencia de desastres naturales.

Solo Eta causó daños por valor de cinco millones de dólares en toda la región y afectó a tres millones de personas. Se inundaron casas, se dañaron carreteras, puentes y cultivos en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Respecto a Iota, los gobiernos están todavía contabilizando los daños que causó y algunos pueblos continúan aún parcialmente abnegados.

El reto de Biden ante la inmigración

Dos de las medidas migratorias de Trump que Biden ha prometido revertir son la detención prolongada y la separación de familias. Tras una orden judicial, la Administración actual trató de reunir con sus padres a los menores que había separado. Sin embargo, aún no han podido encontrar a los progenitores 666 niños y niñas.

Varias organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han advertido repetidamente que en materia migratoria no será suficiente volver a la era Obama, a quien apodaron “jefe de las deportaciones”. Aunque en un debate electoral, Biden quiso desvincularse del anterior presidente demócrata, será muy difícil conseguir cambios de gran calado si no se establece una mayoría demócrata en el Senado.

Los asesores de Biden proyectan alejarse de las políticas de Trump y, al mismo tiempo, evitar que la frontera se abra de golpe, dicen a Bloomberg personas familiarizadas con la planificación. Temen que los cambios rápidos y de gran envergadura pueden provocar que más personas emprendan su viaje al norte.

El nominado del presidente electo para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estuvo al frente de la gestión del aumento del flujo migratorio durante la Administración Obama. Alejandro Mayorkas creo más centros de detención para familias y aumentó las deportaciones, dos medidas que le valieron la crítica contundente de organizaciones civiles.

Los datos migratorios

La cantidad de personas que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha detenido a lo largo de las casi 2,000 de frontera entre México y Estados Unidos ha aumentado en los últimos seis meses. La agencia dice que en abril, al inicio de la pandemia y de las restricciones de viaje, registraron 17,000 frente a los más de 69,000 del último conteo.

La migración de Centroamérica a México y EE.UU. empezó a aumentar después del huracán Mitch de 1998 y el huracán Stan de 2005. Otros desastres naturales han forzado desde entonces a los habitantes de la región a abandonar su lugar de nacimiento. En El Salvador, una fuerte sequía entre 2014 y 2015 afectó a la producción de maíz, otro ejemplo de la crudeza con la que los fenómenos meteorológicos afectan a estos países.

Durante la campaña presidencial, Biden pidió un paquete de ayuda de $4,000 millones de dólares para Centroamérica y dijo que su administración abordaría la crisis climática que enfrenta la región. Las caravanas de inmigrantes son un indicador de que tendrá que ponerse con este trabajo desde el principio de su gobierno.

Inmigrantes con TPS arrecian batalla legal por la residencia

Un grupo de inmigrantes beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS) arreciaron su batalla legal contra el Gobierno del presidente Donald Trump por bloquear su camino a la Residencia Permanente.

Los demandantes que viven en el Distrito de Columbia, Maryland, Virginia y Miami, Florida, y son respaldados por el Centro de Recursos de América Central (CARECEN), presentaron una moción para una obtener orden judicial preliminar que bloqueé los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en contra de su “green card”.

Las declaraciones describen el daño causado por la política que califican de ilegal, ya que fue autorizada por el entonces director en funciones de USCIS, Ken Cuccinelli, cuyo nombramiento fue declarado ilegal por un reporte interno del DHS.

Es una demanda separada presentada por Democracy Forward, Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), RAICES y Debevoise & Plimpton LLP.

Los demandantes en este caso están representados por Democracy Forward, CLINIC, Montagut & Sobral, PC y Debevoise & Plimpton LLP, reportaron las organizaciones.

“Una decisión reciente del Noveno Circuito que levanta una orden judicial allana el camino para que la Administración Trump avance con sus planes para eliminar las protecciones para muchos beneficiarios de TPS”, indican los defensores.

Recuerda que la protección de TPS podría terminar, para algunos beneficiarios, en marzo de 2021.

Las personas más afectadas serían personas con órdenes de deportación preexistentes.

“Antes del cambio ilegal de USCIS, cada uno de los demandantes tomó medidas importantes y costosas para ser elegibles para solicitar la residencia permanente”, indican los activistas.

Heroldine Bazile, por ejemplo, tenía solo ocho meses cuando su madre huyó de Haití por temor a su seguridad y la trajo a los Estados Unidos para vivir una vida mejor.

Bazile se graduó de la escuela secundaria en 2016 con un diploma del programa de Colocación Avanzada; es una técnica farmacéutica en Miami, Florida, y está completando su licenciatura en ciencias mortuorias y espera algún día ser dueña de una funeraria.

“Si el gobierno de EE. UU. pone fin al programa TPS para Haití… podría sacarme de Estados Unidos y enviarme de regreso a Haití, donde no he vivido desde que era un bebé”, dijo Bazile.

Aspiran que aumento a tarifas de USCIS en trámites migratorios no se apliquen

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) celebró la decisión del juez federal Jeffrey White, de California, de suspender el incremento de tarifas a todos los trámites migratorios propuesto por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Los nuevos costos, algunos con incrementos de más del 500%, iban a ser implementados este viernes 2 de octubre, pero la agencia migratoria no podrá hacerlo, aunque se espera que haya una apelación en el Noveno Circuito.

“Mientras se cumpla esta orden judicial preliminar, USCIS no puede aumentar las tarifas”, dijo Doug Rand, cofundador de Boundless Immigration a Forbes. “El gobierno se apresurará a obtener una suspensión de la orden judicial desde Noveno Circuito, pero no se sabe cuánto tiempo tomará ni cuál será el resultado”.

Sin embargo, la agencia migratoria indicó que revisa la decisión y no haría comentarios al respecto.

“USCIS está revisando el fallo sobre la regla de tarifas y no tiene más comentarios en este momento”, señaló la agencia a petición de este diario.

Ahora bien, los inmigrantes que deseen aplicar por Residencia Permanentenaturalización, Autorización de Empleo, entre otros beneficios migratorios, podrán hacerlo con las actuales tarifas hasta nuevo aviso.

Los abogados destacaron que la regla impuslada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría duplicado o triplicado las tarifas de solicitud para muchos beneficios de inmigración esenciales.

“AILA aplaude la orden expedita del Tribunal de dejar de lado el intento sin precedentes de USCIS de aumentar drásticamente las tarifas antes de las elecciones presidenciales”, destacó la organización en un comunicado.

Los expertos apuntaron que el juez White identificó que el DHS no tenía la autoridad para emitir la regla, además de reconocer que el Gobierno del presidente Donald Trump presionó para aumentar las tarifas “de manera arbitraria”, sin considerar las preocupaciones de los demandantes y miles de comentarios en contra cuando fue publicada en el Registro Federal.

“AILA se enorgullece de unirse a nuestros socios de litigios en Sidley Austin LLP en esta importante lucha, apoyando a los inmigrantes, sus familias y las comunidades en todo Estados Unidos al llaman hogar”, apuntó.

Orden de juez deja sin suerte a ganadores de visas de ingreso a EEUU

Un juez federal ordenó ayer miércoles al gobierno del presidente Donald Trump que reserve más de 9.000 lugares para ganadores de la lotería de visas afectados por el congelamiento que el gobierno dispuso este año a las tarjetas de residencia. Sin embargo, decenas de miles de otros ganadores de la lotería de visas no tendrán suerte.

El juez Amit Mehta reconoció que su orden significará que sólo se utilizará la mitad de las llamadas visas de diversidad que se emiten normalmente cada año. En su decisión, señaló que fue indulgente en su fallo con el Departamento de Estado debido al coronavirus.

Mehta rechazó una solicitud de los abogados para ordenar que se apartaran 30.000 lugares para ganadores de la lotería pero que aún no habían sido investigados. Como durante el año fiscal que concluyó el miércoles se emitieron 15.400 visas, las 30.000 adicionales que buscaban los activistas para los ganadores de la lotería habrían acercado el total al promedio anual de 47.404 de los últimos 18 años.

El juez dijo que era necesario considerar el impacto del COVID-19 en la capacidad de procesamiento del Departamento de Estado, por lo que ordenó que se apartaran 9.095 lugares.

“El problema con el número propuesto por los demandantes es que le piden a la corte que trate el año fiscal 2020 como si fuera un ‘año promedio’. Pero, resaltando lo obvio, no ha tenido nada de promedio”, declaró Mehta en su decisión. “La pandemia de COVID-19 ha causado alteraciones operativas a nivel mundial en las actividades consulares y de procesamiento de visas del Departamento de Estado”.

Estados Unidos pone a disposición hasta 55.000 visas al año para inmigrantes cuyas nacionalidades están subrepresentadas en la población del país.

Los ganadores son escogidos al azar entre unos 14 millones de solicitantes para que se les otorguen “green cards” que les permitirían vivir de manera permanente en Estados Unidos.

Sin embargo, los ganadores deben ser examinados y tener las visas en la mano para el 30 de septiembre del año en el que fueron elegidos o pierden su oportunidad.

Este año, el Departamento de Estado había emitido más de 12.000 visas para la lotería de 2020, cuando el presidente Donald Trump amplió en abril un congelamiento a la entrega de muchas tarjetas de residencia permanente afuera de Estados Unidos hasta finales de año, incluidas las visas de la lotería.

Corte de Apelaciones permite a gobierno de EEUU eliminar el TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán

Con una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito avaló al Gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Termporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, que afectará a unos 300,000 inmigrantes y sus familias.

“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía implementación de decisiones de rescisión de designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, y en prisión preventiva”, indica la opinión de la jueza Consuelo Callahan.

El panel de jueces encontró que un juez federal de California que decidió mantener el programa tomó una decisión extrema para bloquear la terminación de este programa que otorga perdón de deportación y Autorización de Empleo.

“El Tribunal de Distrito abusó de su discreción para concluir que los Demandantes presentaron al menos serias dudas sobre los méritos de su protección”, indica la opinión sobre la demanda Ramos v. Wolf.

Durante casi 20 años, las administraciones anteriores –republicanas o demócratas– han renovado el estatus de TPS, pero el presidente Trump terminó el programa en noviembre de 2017, aunque los tribunales han bloqueado temporalmente sus esfuerzos.

En medio de la batalla legal, en noviembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió al 4 enero del 2021 el TPS para los cuatro países mencionados.

En la decisión de este lunes, la jueza Morgan Christen votó en contra citando los esfuerzos de la Administración Trump por terminar con el programa que protege a familias de desastres naturales, el crimen organizado y otros problemas en sus países de origen.

En su explicación, la jueza Christen apunta las comunicaciones internas entre distintas agencias del DHS, incluido Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entonces dirigida por Francis Cissna, sobre los esfuerzos de terminar con la protección de inmigrantes sin tomar en cuenta las afectaciones a las familias.

Vale recordar que en 2017 se dieron a conocer decenas de memorandos internos del Departamento de Estado y comunicaciones diplomáticas que demuestran que altos funcionarios advirtieron repetidamente al exsecretario de Estado, Rex Tillerson, que eliminar el TPS desestabilizaría gravemente a sus países de origen, además de acarrear problemas de seguridad nacional para EE.UU.

Los TPS fueron creados en 1990 por el Congreso, que le dio facultades al DHS de otorgar protecciones migratorias y permisos laborales a originarios de naciones devastadas por desastres naturales o movimientos sociales.

La jueza Christen también citó los comentarios del presidente Trump cuando llamó “países de mierda” a naciones con TPS, como Haití.

Harvard y MIT demandan a ICE por regla que deportaría a estudiantes

La Universidad de Harvard y el Instituto Techológico de Massachusetts (MIT) demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por una regla que obligará a estudiantes extranjeros a dejar el país –o a impedirles la entrada– si sus universidades solamente ofrecen clases en línea.

“Según todas las apariencias, la decisión de ICE refleja un esfuerzo del Gobierno federal para obligar a las universidades a reabrir las clases en persona”, acusa Harvard en un comunicado de prensa. “El efecto –y quizás incluso el objetivo– es crear el mayor caos posible para las universidades y los estudiantes internacionales”.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito en Boston, Massachussetts, en busca de una orden de restricción temporal de la nueva regla, al considerar que viola la Ley de Procedimientos Administrativos.

Las instituciones indican que el Gobierno no ofrece argumentos sobre su decisión y no permitió a la opinión pública comentar la determinación.

El lunes, la agencia migratoria, que vigila el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, en inglés), anunció modificaciones que incluyen la petición a beneficiarios de visas F-1 y M-1 a salir del país si las instituciones académicas donde estudian ofrecen programas exclusivamente en línea.

“Los estudiantes no inmigrantes F-1 y M-1 que asisten a escuelas que operan completamente en línea no pueden tomar una curso completo en línea y permanecer en los Estados Unidos”, advierte la autoridad. “Los estudiantes activos actualmente en los Estados Unidos inscritos en dichos programas deben salir del país o tomar otras medidas, como transferirse a una escuela con instrucción en persona para permanecer en un estado legal”.

ICE advirtió a aquellos estudiantes que no obedezcan la medida enfrentarán procesos de deportación.

“Pueden enfrentar consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio de procedimientos de expulsión”, acota la dependencia.

El secretario interino del DHS, Chad Wolf, defendió la decisión, afirmando que se ofrece oportunidad a los estudiantes de tomar la clases en línea.

“Queríamos asegurarnos, a medida que entramos en el periodo de otoño, que los estudiantes y las universidades entendieron las reglas del camino”, dijo Wolf. “Si está tomando el 100 por ciento de sus clases en línea, no se requiere su presencia aquí en los EE. UU.”.

Varias universidades han informado a sus estudiantes sobre la regla, incluido el presidente de la Universidad de Columbia, Lee Bollinger, quien envió un comunicado criticando la medida de ICE, pero tomando algunas acciones para los cursos de verano, a fin de que sus estudiantes extranjeros no se vean afectados, incluidas “clases híbridas”, es decir, en línea y en persona.

“Queremos que nuestros estudiantes internacionales terminen sus estudios aquí”, expresó Bollinger en el correo del que este diario tiene copia.

Agregó que decenas de alumnos podrían no acudir a la universidad, debido a la pandemia, pero se implementará el Centros Globales Columbia para atenderlos.

“Vamos a continuar una fuerte oposición a las políticas migratorias que dañen a Columbia, educación de alto nivel, el interés nacional y a los estudiantes internacionales”, agregó.

El presidente del MIT, Rafael Reif, dijo que la regla pone en peligro la investigación y los estudios académicos de los estudiantes internacionales.

“La guía viene después de que muchos colegios y universidades de EE. UU. hayan publicado o estén preparando sus decisiones finales para el otoño, decisiones diseñadas para avanzar en su misión educativa y proteger la salud y la seguridad de sus comunidades”, expresó Reif.

Juez federal revoca regla de Trump que niega asilo a quien que cruza por tercer país antes de llegar a EEUU

Un juez federal en Washington D.C. bloqueó en la noche del martes la regla de la administración Trump que prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo en  Estados Unidos si antes pasaron por un tercer país y no solicitaron el beneficio allí.

La regla, llamada Third-Country Asylum Rule entró en vigencia el 16 de julio del año pasado como parte de la larga lista de restricciones que la administración Trump ha implementado y que se enmarca en la denominada política de tolerancia cero en términos de inmigración.

La norma obliga los migrantes solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador a acudir primero en México antes de pedir ayuda a Estados Unidos.

En su decisión, el juez Timothy Kelly dijo que la regla “es ilegal por varias razones, incluyendo que es contraria a la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico”.

“Es arbitraria y caprichosa, y fue emitida sin los procedimientos previos de comentarios y notificación requeridos por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)”, agregó.

“Esta decisión invalida la ‘prohibición de asilo’ de Trump en la frontera sur”, confirmó en Twitter Neal Katyal, exprocurador general interino y analista legal de MSNBC. “La decisión del juez Kelly, a quien el presidente Trump designó para el banquillo en 2017, entra en vigencia de inmediato”, agregó.

Se trata de otro duro golpe para la administración en pocas semanas. Esta decisión se produce días después de la decisión de la Corte Suprema de mantener el programa DACA y de la decisión de otro juez federal de que los niños inmigrantes en centros familiares de detención de ICE sean liberados

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Trump extiende prohibición de visas laborales hasta diciembre

El presidente Donald Trump extiende la orden ejecutiva que prohíbe varias categorías de visas para trabajadores.

La decisión del mandatario, según funcionarios, se basa en priorizar a trabajadores estadounidendeses durante la reapertura económica en medio de la crisis por coronavirus.

“El presidente Trump se está enfocando en hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar lo más rápido posible”, dijo uno de los funcionarios al que no se permitió decir su nombre.

Los representantes de Gobierno dijeron que las visas H-1B para trabajadores altamente calificados; los permisos de trabajo H-4 para los cónyuges de trabajadores extranjeros; las visas H-2B para trabajadores temporales; las visas J para estudiantes y las visas L para ejecutivos de una compañía serán objeto de las restricciones.

Eso, afirmaron, ayudaría a salvar 525,000 empleos para los estadounidenses.

Las restricciones no impactarán a los extranjeros que ya se encuentran en los EE.UU., afirmaron.

Tampoco se negarán permisos a trabajadores esenciales, como personal de enfermería; además de que se excluye a los trabajadores agrícolas (con visas H-2A), además de contemplar una exención para unos 20,000 proveedores de cuidado infantil que vienen a los EE.UU. como acompañantes.

La orden ejecutiva entrará en vigor este lunes a las 11:59 p.m. del Este.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) criticó la decisión del mandatario y acusó que fuera en respuesta a las consecuencias de COVID-19 en el país.

“Trump acaba de anunciar nuevas restricciones a las visas de trabajadores temporales, otro ataque más a nuestro sistema de inmigración”, indica la organización. “Esto no es una respuesta a COVID-19 o a una crisis económica. Es la explotación de una pandemia para reformar la ley de inmigración”.

Cabe destacar que cambios a las leyes migratorias requieren aprobación al Congreso, pero la Administración Trump ha implementado distintas reglas contempladas en las actuales normas que permiten endurecer los procesos migratorios, como ha ocurrido con la regla de “carga pública”.

La orden es una extensión de la Proclamación del 22 de abril, además de contemplar otras restriciones, pero mantienen el “espíritu” de afectar a quienes están fuera del país, además de no limitar a residentes permanente a optar por la naturalización.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su siglas en inglés) precisó en aquel momento que la decisión impactaba a quienes están fuera del país.

La Proclamación de abril fue desafiada en una corte en Washington, D.C., donde el juez Amit P. Mehta, rechazó bloquearla.

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Inmigrantes corren riesgos en marchas antiracismo

Entre las miles de personas que marchan todos los días en apoyo al movimiento Black Lives Matter están los inmigrantes y quienes defienden sus derechos.

Pero, para ellos, manifestarse tiene un riesgo extra: terminar inadvertidamente en custodia inmigratoria.

En todo el país, los inmigrantes expresan solidaridad con el movimiento que despegó desde la muerte de George Floyd en Minneapolis. Las mismas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes prestan su apoyo a Black Lives Matter, y muchos se sienten obligados a marchar, con frecuencia bajo el argumento de que se relacionan con la lucha a la que se enfrentan las personas de raza negra con el racismo y vigilancia policial punitiva.

Pero debido al envío de agentes de inmigración a las marchas en el país, y con las relaciones que muchas cárceles locales tienen con ellos, incluso marchar pacíficamente — o, en algunos casos, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado— puede cambiar drásticamente la vida de alguien en Estados Unidos.

Por lo menos cuatro inmigrantes fueron arrestados por la policía de Phoenix cuando las marchas comenzaban a tomar fuerza. Tres de los cuatro están protegidos por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que ampara de la deportación a inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños y les otorga permisos de trabajo. Como las cárceles locales permiten que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) entren a sus instalaciones, todos terminaron en detención inmigratoria, incluida una conocida joven activista que tiene protecciones del DACA y que fue liberada al día siguiente tras la intensa presión de defensores de sus derechos. La activista, Máxima Guerrero, había fungido como observadora legal y no participaba en la protesta cuando fue arrestada, según la organización para la cual trabaja.

Los inmigrantes, y particularmente los latinos, ya han sido blanco específico de la acción policial en protestas previas.