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Aspiran que aumento a tarifas de USCIS en trámites migratorios no se apliquen

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) celebró la decisión del juez federal Jeffrey White, de California, de suspender el incremento de tarifas a todos los trámites migratorios propuesto por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Los nuevos costos, algunos con incrementos de más del 500%, iban a ser implementados este viernes 2 de octubre, pero la agencia migratoria no podrá hacerlo, aunque se espera que haya una apelación en el Noveno Circuito.

“Mientras se cumpla esta orden judicial preliminar, USCIS no puede aumentar las tarifas”, dijo Doug Rand, cofundador de Boundless Immigration a Forbes. “El gobierno se apresurará a obtener una suspensión de la orden judicial desde Noveno Circuito, pero no se sabe cuánto tiempo tomará ni cuál será el resultado”.

Sin embargo, la agencia migratoria indicó que revisa la decisión y no haría comentarios al respecto.

“USCIS está revisando el fallo sobre la regla de tarifas y no tiene más comentarios en este momento”, señaló la agencia a petición de este diario.

Ahora bien, los inmigrantes que deseen aplicar por Residencia Permanentenaturalización, Autorización de Empleo, entre otros beneficios migratorios, podrán hacerlo con las actuales tarifas hasta nuevo aviso.

Los abogados destacaron que la regla impuslada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría duplicado o triplicado las tarifas de solicitud para muchos beneficios de inmigración esenciales.

“AILA aplaude la orden expedita del Tribunal de dejar de lado el intento sin precedentes de USCIS de aumentar drásticamente las tarifas antes de las elecciones presidenciales”, destacó la organización en un comunicado.

Los expertos apuntaron que el juez White identificó que el DHS no tenía la autoridad para emitir la regla, además de reconocer que el Gobierno del presidente Donald Trump presionó para aumentar las tarifas “de manera arbitraria”, sin considerar las preocupaciones de los demandantes y miles de comentarios en contra cuando fue publicada en el Registro Federal.

“AILA se enorgullece de unirse a nuestros socios de litigios en Sidley Austin LLP en esta importante lucha, apoyando a los inmigrantes, sus familias y las comunidades en todo Estados Unidos al llaman hogar”, apuntó.

Orden de juez deja sin suerte a ganadores de visas de ingreso a EEUU

Un juez federal ordenó ayer miércoles al gobierno del presidente Donald Trump que reserve más de 9.000 lugares para ganadores de la lotería de visas afectados por el congelamiento que el gobierno dispuso este año a las tarjetas de residencia. Sin embargo, decenas de miles de otros ganadores de la lotería de visas no tendrán suerte.

El juez Amit Mehta reconoció que su orden significará que sólo se utilizará la mitad de las llamadas visas de diversidad que se emiten normalmente cada año. En su decisión, señaló que fue indulgente en su fallo con el Departamento de Estado debido al coronavirus.

Mehta rechazó una solicitud de los abogados para ordenar que se apartaran 30.000 lugares para ganadores de la lotería pero que aún no habían sido investigados. Como durante el año fiscal que concluyó el miércoles se emitieron 15.400 visas, las 30.000 adicionales que buscaban los activistas para los ganadores de la lotería habrían acercado el total al promedio anual de 47.404 de los últimos 18 años.

El juez dijo que era necesario considerar el impacto del COVID-19 en la capacidad de procesamiento del Departamento de Estado, por lo que ordenó que se apartaran 9.095 lugares.

“El problema con el número propuesto por los demandantes es que le piden a la corte que trate el año fiscal 2020 como si fuera un ‘año promedio’. Pero, resaltando lo obvio, no ha tenido nada de promedio”, declaró Mehta en su decisión. “La pandemia de COVID-19 ha causado alteraciones operativas a nivel mundial en las actividades consulares y de procesamiento de visas del Departamento de Estado”.

Estados Unidos pone a disposición hasta 55.000 visas al año para inmigrantes cuyas nacionalidades están subrepresentadas en la población del país.

Los ganadores son escogidos al azar entre unos 14 millones de solicitantes para que se les otorguen “green cards” que les permitirían vivir de manera permanente en Estados Unidos.

Sin embargo, los ganadores deben ser examinados y tener las visas en la mano para el 30 de septiembre del año en el que fueron elegidos o pierden su oportunidad.

Este año, el Departamento de Estado había emitido más de 12.000 visas para la lotería de 2020, cuando el presidente Donald Trump amplió en abril un congelamiento a la entrega de muchas tarjetas de residencia permanente afuera de Estados Unidos hasta finales de año, incluidas las visas de la lotería.

Corte de Apelaciones permite a gobierno de EEUU eliminar el TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán

Con una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito avaló al Gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Termporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, que afectará a unos 300,000 inmigrantes y sus familias.

“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía implementación de decisiones de rescisión de designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, y en prisión preventiva”, indica la opinión de la jueza Consuelo Callahan.

El panel de jueces encontró que un juez federal de California que decidió mantener el programa tomó una decisión extrema para bloquear la terminación de este programa que otorga perdón de deportación y Autorización de Empleo.

“El Tribunal de Distrito abusó de su discreción para concluir que los Demandantes presentaron al menos serias dudas sobre los méritos de su protección”, indica la opinión sobre la demanda Ramos v. Wolf.

Durante casi 20 años, las administraciones anteriores –republicanas o demócratas– han renovado el estatus de TPS, pero el presidente Trump terminó el programa en noviembre de 2017, aunque los tribunales han bloqueado temporalmente sus esfuerzos.

En medio de la batalla legal, en noviembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió al 4 enero del 2021 el TPS para los cuatro países mencionados.

En la decisión de este lunes, la jueza Morgan Christen votó en contra citando los esfuerzos de la Administración Trump por terminar con el programa que protege a familias de desastres naturales, el crimen organizado y otros problemas en sus países de origen.

En su explicación, la jueza Christen apunta las comunicaciones internas entre distintas agencias del DHS, incluido Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entonces dirigida por Francis Cissna, sobre los esfuerzos de terminar con la protección de inmigrantes sin tomar en cuenta las afectaciones a las familias.

Vale recordar que en 2017 se dieron a conocer decenas de memorandos internos del Departamento de Estado y comunicaciones diplomáticas que demuestran que altos funcionarios advirtieron repetidamente al exsecretario de Estado, Rex Tillerson, que eliminar el TPS desestabilizaría gravemente a sus países de origen, además de acarrear problemas de seguridad nacional para EE.UU.

Los TPS fueron creados en 1990 por el Congreso, que le dio facultades al DHS de otorgar protecciones migratorias y permisos laborales a originarios de naciones devastadas por desastres naturales o movimientos sociales.

La jueza Christen también citó los comentarios del presidente Trump cuando llamó “países de mierda” a naciones con TPS, como Haití.

Harvard y MIT demandan a ICE por regla que deportaría a estudiantes

La Universidad de Harvard y el Instituto Techológico de Massachusetts (MIT) demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por una regla que obligará a estudiantes extranjeros a dejar el país –o a impedirles la entrada– si sus universidades solamente ofrecen clases en línea.

“Según todas las apariencias, la decisión de ICE refleja un esfuerzo del Gobierno federal para obligar a las universidades a reabrir las clases en persona”, acusa Harvard en un comunicado de prensa. “El efecto –y quizás incluso el objetivo– es crear el mayor caos posible para las universidades y los estudiantes internacionales”.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito en Boston, Massachussetts, en busca de una orden de restricción temporal de la nueva regla, al considerar que viola la Ley de Procedimientos Administrativos.

Las instituciones indican que el Gobierno no ofrece argumentos sobre su decisión y no permitió a la opinión pública comentar la determinación.

El lunes, la agencia migratoria, que vigila el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, en inglés), anunció modificaciones que incluyen la petición a beneficiarios de visas F-1 y M-1 a salir del país si las instituciones académicas donde estudian ofrecen programas exclusivamente en línea.

“Los estudiantes no inmigrantes F-1 y M-1 que asisten a escuelas que operan completamente en línea no pueden tomar una curso completo en línea y permanecer en los Estados Unidos”, advierte la autoridad. “Los estudiantes activos actualmente en los Estados Unidos inscritos en dichos programas deben salir del país o tomar otras medidas, como transferirse a una escuela con instrucción en persona para permanecer en un estado legal”.

ICE advirtió a aquellos estudiantes que no obedezcan la medida enfrentarán procesos de deportación.

“Pueden enfrentar consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio de procedimientos de expulsión”, acota la dependencia.

El secretario interino del DHS, Chad Wolf, defendió la decisión, afirmando que se ofrece oportunidad a los estudiantes de tomar la clases en línea.

“Queríamos asegurarnos, a medida que entramos en el periodo de otoño, que los estudiantes y las universidades entendieron las reglas del camino”, dijo Wolf. “Si está tomando el 100 por ciento de sus clases en línea, no se requiere su presencia aquí en los EE. UU.”.

Varias universidades han informado a sus estudiantes sobre la regla, incluido el presidente de la Universidad de Columbia, Lee Bollinger, quien envió un comunicado criticando la medida de ICE, pero tomando algunas acciones para los cursos de verano, a fin de que sus estudiantes extranjeros no se vean afectados, incluidas “clases híbridas”, es decir, en línea y en persona.

“Queremos que nuestros estudiantes internacionales terminen sus estudios aquí”, expresó Bollinger en el correo del que este diario tiene copia.

Agregó que decenas de alumnos podrían no acudir a la universidad, debido a la pandemia, pero se implementará el Centros Globales Columbia para atenderlos.

“Vamos a continuar una fuerte oposición a las políticas migratorias que dañen a Columbia, educación de alto nivel, el interés nacional y a los estudiantes internacionales”, agregó.

El presidente del MIT, Rafael Reif, dijo que la regla pone en peligro la investigación y los estudios académicos de los estudiantes internacionales.

“La guía viene después de que muchos colegios y universidades de EE. UU. hayan publicado o estén preparando sus decisiones finales para el otoño, decisiones diseñadas para avanzar en su misión educativa y proteger la salud y la seguridad de sus comunidades”, expresó Reif.

Juez federal revoca regla de Trump que niega asilo a quien que cruza por tercer país antes de llegar a EEUU

Un juez federal en Washington D.C. bloqueó en la noche del martes la regla de la administración Trump que prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo en  Estados Unidos si antes pasaron por un tercer país y no solicitaron el beneficio allí.

La regla, llamada Third-Country Asylum Rule entró en vigencia el 16 de julio del año pasado como parte de la larga lista de restricciones que la administración Trump ha implementado y que se enmarca en la denominada política de tolerancia cero en términos de inmigración.

La norma obliga los migrantes solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador a acudir primero en México antes de pedir ayuda a Estados Unidos.

En su decisión, el juez Timothy Kelly dijo que la regla “es ilegal por varias razones, incluyendo que es contraria a la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico”.

“Es arbitraria y caprichosa, y fue emitida sin los procedimientos previos de comentarios y notificación requeridos por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)”, agregó.

“Esta decisión invalida la ‘prohibición de asilo’ de Trump en la frontera sur”, confirmó en Twitter Neal Katyal, exprocurador general interino y analista legal de MSNBC. “La decisión del juez Kelly, a quien el presidente Trump designó para el banquillo en 2017, entra en vigencia de inmediato”, agregó.

Se trata de otro duro golpe para la administración en pocas semanas. Esta decisión se produce días después de la decisión de la Corte Suprema de mantener el programa DACA y de la decisión de otro juez federal de que los niños inmigrantes en centros familiares de detención de ICE sean liberados

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Trump extiende prohibición de visas laborales hasta diciembre

El presidente Donald Trump extiende la orden ejecutiva que prohíbe varias categorías de visas para trabajadores.

La decisión del mandatario, según funcionarios, se basa en priorizar a trabajadores estadounidendeses durante la reapertura económica en medio de la crisis por coronavirus.

“El presidente Trump se está enfocando en hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar lo más rápido posible”, dijo uno de los funcionarios al que no se permitió decir su nombre.

Los representantes de Gobierno dijeron que las visas H-1B para trabajadores altamente calificados; los permisos de trabajo H-4 para los cónyuges de trabajadores extranjeros; las visas H-2B para trabajadores temporales; las visas J para estudiantes y las visas L para ejecutivos de una compañía serán objeto de las restricciones.

Eso, afirmaron, ayudaría a salvar 525,000 empleos para los estadounidenses.

Las restricciones no impactarán a los extranjeros que ya se encuentran en los EE.UU., afirmaron.

Tampoco se negarán permisos a trabajadores esenciales, como personal de enfermería; además de que se excluye a los trabajadores agrícolas (con visas H-2A), además de contemplar una exención para unos 20,000 proveedores de cuidado infantil que vienen a los EE.UU. como acompañantes.

La orden ejecutiva entrará en vigor este lunes a las 11:59 p.m. del Este.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) criticó la decisión del mandatario y acusó que fuera en respuesta a las consecuencias de COVID-19 en el país.

“Trump acaba de anunciar nuevas restricciones a las visas de trabajadores temporales, otro ataque más a nuestro sistema de inmigración”, indica la organización. “Esto no es una respuesta a COVID-19 o a una crisis económica. Es la explotación de una pandemia para reformar la ley de inmigración”.

Cabe destacar que cambios a las leyes migratorias requieren aprobación al Congreso, pero la Administración Trump ha implementado distintas reglas contempladas en las actuales normas que permiten endurecer los procesos migratorios, como ha ocurrido con la regla de “carga pública”.

La orden es una extensión de la Proclamación del 22 de abril, además de contemplar otras restriciones, pero mantienen el “espíritu” de afectar a quienes están fuera del país, además de no limitar a residentes permanente a optar por la naturalización.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su siglas en inglés) precisó en aquel momento que la decisión impactaba a quienes están fuera del país.

La Proclamación de abril fue desafiada en una corte en Washington, D.C., donde el juez Amit P. Mehta, rechazó bloquearla.

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Inmigrantes corren riesgos en marchas antiracismo

Entre las miles de personas que marchan todos los días en apoyo al movimiento Black Lives Matter están los inmigrantes y quienes defienden sus derechos.

Pero, para ellos, manifestarse tiene un riesgo extra: terminar inadvertidamente en custodia inmigratoria.

En todo el país, los inmigrantes expresan solidaridad con el movimiento que despegó desde la muerte de George Floyd en Minneapolis. Las mismas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes prestan su apoyo a Black Lives Matter, y muchos se sienten obligados a marchar, con frecuencia bajo el argumento de que se relacionan con la lucha a la que se enfrentan las personas de raza negra con el racismo y vigilancia policial punitiva.

Pero debido al envío de agentes de inmigración a las marchas en el país, y con las relaciones que muchas cárceles locales tienen con ellos, incluso marchar pacíficamente — o, en algunos casos, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado— puede cambiar drásticamente la vida de alguien en Estados Unidos.

Por lo menos cuatro inmigrantes fueron arrestados por la policía de Phoenix cuando las marchas comenzaban a tomar fuerza. Tres de los cuatro están protegidos por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que ampara de la deportación a inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños y les otorga permisos de trabajo. Como las cárceles locales permiten que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) entren a sus instalaciones, todos terminaron en detención inmigratoria, incluida una conocida joven activista que tiene protecciones del DACA y que fue liberada al día siguiente tras la intensa presión de defensores de sus derechos. La activista, Máxima Guerrero, había fungido como observadora legal y no participaba en la protesta cuando fue arrestada, según la organización para la cual trabaja.

Los inmigrantes, y particularmente los latinos, ya han sido blanco específico de la acción policial en protestas previas.

Un juez de Nueva York prohíbe a ICE arrestar a inmigrantes en tribunales

Un juez de Nueva York prohibió a la Oficina para el Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevar a cabo el arresto de inmigrantes en los tribunales del estado en un fallo judicial emitido este miércoles.

“El tribunal declara que la política del ICE de arrestos en los tribunales es ilegal y, por lo tanto, le prohíbe llevar a cabo cualquier arresto civil en los locales o terrenos de los tribunales del estado de Nueva York”, refiere el fallo del juez Jed Saul Rakoff, representante del tribunal federal para el distrito sur de Nueva York.

La decisión judicial es resultado de una demanda presentada el año pasado por la Fiscalía General de Nueva York y del Distrito de Brooklyn, que alegaron que los arrestos del ICE en los tribunales y sus alrededores “impiden que se aplique la justicia y afectan negativamente la seguridad pública”.

La demanda buscaba poner un alto a la política que ICE ha estado implementando durante tres años a pesar de los reclamos de autoridades locales y grupos de defensa de inmigrantes.

En video: Agente de ICE arresta a un inmigrante que acudía a un tribunal

La decisión del magistrado prohíbe los arrestos de cualquier persona que tenga que acudir a un juzgado del estado ya sea como parte o testigo de una demanda.

El juez consideró que los demandantes presentaron evidencia substancial que indican que los arrestos de ICE en las cortes ha impactado a litigantes y a los mismos tribunales en la aplicación de la justicia.

“Ganamos nuestra demanda contra la administración Trump para acabar con su política ilegal de hacer arrestos de ICE en las cortes de Nueva York. Esta es una victoria en nuestra lucha para proteger a la comunidades inmigrantes y asegurar que se haga justicia”, escribió en Twitter la fiscal general del estado, Letitia James.

Denuncian que Trump tiene un plan para dificultar aún más la inmigración

La Administración Trump propondrá una nueva regulación para hacer mucho más difícil que los inmigrantes pidan asilo en Estados Unidos, de acuerdo con un borrador que publicaron los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia.

La regla, programada para Registro Federal el 15 de junio, enumera una serie de cambios que endurecerán aún más el periplo de las personas que solicitan la protección en el país.

Trump ha ido añadiendo obstáculos a la inmigración o bloqueando sus posibilidades a lo largo de su mandato. Esta normativa, que aún tiene que atravesar el periodo de comentarios públicos, viene a cumplir con el mismo objetivo.

Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del Consejo de Inmigración Estadounidense criticó la propuesta del Gobierno. “El objetivo de esta regulación de asilo, lejos de remodelar el sistema para mejorarlo, es hacer que el asilo sea imposible de ganar“, sentenció.

Bajo la regla de la Administración, los inmigrantes se enfrentarán a un mayor escrutinio si viajó por al menos un país mientras se dirigía a Estados Unidos y no buscó asilo allí. Se trata de una condición similar a la que se aplica a los migrantes que viajan desde América Latina a través de México pero ahora amplía el ratio de personas afectadas. Habrá excepciones, como las víctimas de trata de personas.

También lo tendrían más difícil las personas que hayan vivido en Estados Unidos sin autorización durante más de un año, a pesar de las excepciones actuales. No presentar impuestos podrá implicar una condena penal que podría volverse en contra de la solicitud de asilo del interesado.

Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del Consejo de Inmigración Estadounidense criticó la propuesta del Gobierno. “El objetivo de esta regulación de asilo, lejos de remodelar el sistema para mejorarlo, es hacer que el asilo sea imposible de ganar“, sentenció.

Bajo la regla de la Administración, los inmigrantes se enfrentarán a un mayor escrutinio si viajó por al menos un país mientras se dirigía a Estados Unidos y no buscó asilo allí. Se trata de una condición similar a la que se aplica a los migrantes que viajan desde América Latina a través de México pero ahora amplía el ratio de personas afectadas. Habrá excepciones, como las víctimas de trata de personas.

También lo tendrían más difícil las personas que hayan vivido en Estados Unidos sin autorización durante más de un año, a pesar de las excepciones actuales. No presentar impuestos podrá implicar una condena penal que podría volverse en contra de la solicitud de asilo del interesado.

Suman más iniciativas para ayudar a inmigrantes no elegibles para recibir ayuda federal por COVID-19

Hasta ahora se establecieron fondos de ayuda a inmigrantes en California y Pensilvania. Una iniciativa similar se lanzó en Baltimore, Maryland.

Los defensores de los inmigrantes dicen que en un momento en que gran parte de la fuerza laboral del país ha estado inactiva para frenar la propagación del coronavirus, es contraproducente excluir a aquellos que carecen de estatus legal de la asistencia que ha facilitado que las personas se queden en casa.

“Las organizaciones de derechos de los inmigrantes reconocieron de inmediato que esto iba a exacerbar nuestra crisis de salud pública”, dijo a VOA el director ejecutivo de la Coalición de Inmigración y Ciudadanos de Pensilvania, Sundrop Carter.

Promulgada en marzo, la Ley CARES proporcionó controles de estímulo de hasta 1,200 dólares a personas de bajos y medianos ingresos. Las familias también eran elegibles para 500 dólares por cada menor de 17 años.

Aprobada por una Cámara liderada por demócratas y un Senado liderado por republicanos, el proyecto de ley proporcionó beneficios a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, pero excluyó a los inmigrantes indocumentados y a los integrantes de familias de estatus mixto.

Algunos legisladores demócratas criticaron las exclusiones como injustas, señalando que muchos trabajadores que carecen de estatus legal pagan impuestos federales.  

“Al COVID-19 no le preocupa el estatus migratorio, por lo que tampoco debería importar cuando damos nuestra respuesta”, afirmó el congresista demócrata de Arizona Raúl Grijalva en un comunicado, en abril.

NYC prohíbe el término inmigrante ilegal para referirse a los indocumentados

El Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York aprobó este jueves por amplia mayoría la ley que prohíbe el uso del término “alien” o sus variantes “illegal alien” o “ilegal immigrant” (extranjero, extranjero ilegal o inmigrante ilegal), para referirse a inmigrantes indocumentados en las agencias gubernamentales de la ciudad, y en su lugar dispone que se use el término “noncitizen” (no ciudadano).

La propuesta de ley que fue planteada a finales del año pasado por el concejal demócrata Francisco Moya, tras pasar el proceso de audiencias correspondiente, fue sometida a votación del pleno del Concejo, siendo aprobada por 46 votos a favor y 4 en contra.

La normativa fue desarrollada por el Comité de Inmigración del Concejo Municipal, y contó con el patrocinio a más de su mentor, el concejal Moya, de los ediles Farah N. Louis, Daniel Dromm, Ben Kallos, Helen K. Rosenthal, Costa G. Constantinides, Keith Powers y Carlina Rivera.

Los términos “inmigrante ilegal” y “extranjero” no tienen cabida en los documentos o el discurso social de nuestra ciudad en la actualidad. Estas palabras son palabras obsoletas que se utilizan para deshumanizar a las personas. Es hora de retirarlos”, dijo Moya al anunciar la aprobación.

De acuerdo con el concejal -hijo de inmigrantes ecuatorianos- las palabras importan. El lenguaje que elegimos usar tiene poder y consecuencias. Es hora de que, como ciudad, usemos nuestro idioma para reconocer a los residentes como personas, en lugar de deshumanizarlas y dividirnos”, insistió Moya.

De acuerdo con documentos del Comité de Inmigración, la ley No: 1836-A, reemplaza el término “extranjero” con “no ciudadano” siempre que se refiera a personas no ciudadanas en los Estatutos de la Ciudad y el Código Administrativo. Además, prohibiría a la Ciudad usar los términos “extranjero”, “extranjero ilegal” o “inmigrante ilegal” en cualquiera de sus leyes, documentos o materiales a menos que haga referencia a una ley o programa federal.

El presidente del Concejo, Corey Johnson coincidió con las expresiones de moya subrayando que, “ningún ser humano es ilegal”.

Hijos de indocumentados demandan a Trump por negarles ayuda económica por Coronavirus

Los hijos ciudadanos estadounidenses cuyos padres son inmigrantes indocumentados presentaron una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump, debido a que sus familias no recibieron ayuda de $1,200 dólares por pandemia de coronavirus.

La demanda es sobre la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES), la cual indica que las familias elegibles pueden recibir hasta $500 por cada niño menor de 17 años, además del pago para adultos.

Sin embargo, el Gobierno federal y el Congreso señalaron que los indocumentados no tienen derecho a ese apoyo y tampoco sus parejas estadounidenses, si es que presentaron conjuntamente su reporte de impuestos.

La demanda fue presentada en un tribunal federal de Maryland en forma anónima. Los demandantes tienen entre siete meses y nueve años, reportó BuzzFeed.

“La negativa a distribuir este beneficio a los niños ciudadanos estadounidenses socava el objetivo de la Ley CARES de proporcionar asistencia a los estadounidenses que lo necesitan, frustra los esfuerzos de la Ley para impulsar la economía y castiga a los hijos de ciudadanos por el estado (migratorio) de sus padres”, indicaron los abogados de los menores.

Aunque los hijos estadounidenses de inmigrantes indocumentados tienen números de Seguro Social, no pueden presentar declaraciones de impuestos por sí mismos, por lo cual dependen de un padre para que solicite el apoyo federal por COVID-19, pero las restricciones de la Ley CARES lo impiden.