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Juez en EE.UU. niega libertad al bisonte de Q Anon

Un juez federal en EE.UU. rechazó ayerlunes (08.03.2021) dejar en libertad a la espera de su juicio al hombre que asaltó el Capitolio disfrazado de bisonte, bautizado en este país como el “chamán de QAnon”.

El magistrado, Royce Lamberth, dijo en su fallo que este hombre, identificado como Jacob Chansley, sigue representando un peligro y citó una entrevista reciente al programa “60 Minutes+” para justificar su decisión.

En ella, Chansley aseguró que sus acciones durante el asalto al Capitolio del 6 de enero no fueron un ataque a las instituciones democráticas estadounidenses y también dijo no arrepentirse de su lealtad al expresidente Donald Trump.

También dijo que había evitado que otros asaltantes “robasen ‘muffins'” de una de las salas del Senado.

“Las declaraciones del acusado después del 6 de enero indican que no comprende completamente la gravedad de los cargos presentados en su contra”, afirmó el juez en su decisión de este lunes.

“Si el acusado no comprende la gravedad de las acusaciones en su contra, este Tribunal no encuentra razón alguna para creer que no volvería a cometer las mismas o similares acciones”, agregó Lamberth.

El juez también remarcó que Chansley desobedeció repetidamente las órdenes de los policías durante el asalto al Capitolio, edificio que solo abandonó cuando Trump lo indicó a sus seguidores.  

Exigió comida orgánica en la cárcel

Chansley, un adepto a las teorías conspirativas del movimiento QAnon, se convirtió en el asaltante más mediático del Capitolio ya que lo hizo disfrazado de bisonte y llegó a sentarse en la silla del presidente del Senado.

Oriundo de Arizona y de 33 años, Chansley fue detenido tres días después del asalto acusado de ingresar en un edificio restringido sin autorización y con violencia.

Desde entonces ha permanecido entre rejas a la espera de juicio, aunque su interés mediático siguió activo después de exigir que le ofreciesen comida orgánica en la cárcel y negarse a comer durante nueve días hasta lograrlo.

Más de 300 personas han sido imputadas en tribunales federales por el asalto al Capitolio. 

El 6 de enero una turba de seguidores de Trump asaltó en Congreso con la intención de detener el proceso de certificación que en ese momento estaba ocurriendo en las dos cámaras legislativas por el resultado de las elecciones ganadas por el ahora presidente, Joe Biden. 

Juez bloquea orden de Biden sobre suspensión de deportaciones

El presidente Joe Biden enfrenta su primera gran derrota en un tribunal, luego de que el juez federal en Texas Drew Tipton suspendiera indefinidamente la prohibición de deportaciones de 100 días.

El juez Tipton –nombrado por el expresidente Donald Trump— había suspendido provisionalmente en dos ocasiones los lineamientos emitidos el 20 de enero del 2021, tras una petición del fiscal de Texas, Ken Paxton.

“Esta orden judicial preliminar se otorga a nivel nacional y prohíbe la aplicación e implementación de la [pausa de 100 días] en todos los lugares donde los acusados ​​tienen jurisdicción para hacer cumplir e implementar el Memorando del 20 de enero”, consideró Tipton.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había implementado la suspensión de deportaciones, para que oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se enfocaran solamente en extranjeros que representaran un peligro en la seguridad nacional, aunque también se procesaría a quienes habían ingresado al país sin autorización a partir del 1 de noviembre del 2020.

La decisión también significó una derrota para una coalición de 16 fiscales, liderados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que se había sumado a la defensa de la guía federal, pero el juez Tipton justifica su decisión a una “omisión de explicación” de la Administración Biden sobre su suspensión.

“[La] falla central del DHS no radica en la brevedad del Memorando del 20 de enero o el registro administrativo correspondiente, sino en su omisión de una explicación racional basada en los hechos revisados ​​y los factores considerados”, consideró Tipton.

Además calificó de “fatal” y “una elección arbitraria y caprichosa”, la decisión del DHS.

Activistas a favor de inmigrantes criticaron la decisión.

“Independientemente de este fallo, RAICES se compromete a seguir luchando por ellos en cada paso del camino y utilizar todas las herramientas legales y de defensa a nuestra disposición para mantener a las familias unidas y libres”, dijo Tami Goodlette, directora de litigios de la organización.

Un juez federal bloquea las fuertes restricciones al asilo que Trump iba a imponer este lunes

Un juez federal bloqueó este viernes el mayor paquete de restricciones contra el derecho al asilo diseñado por la Administración del presidente Donald Trump, que planeaba poner en marcha este lunes, a menos de dos semanas de la toma de posesión del nuevo mandatario electo, el demócrata Joe Biden.

El fallo tiene un impacto limitado porque el gobierno ha suspendido en gran medida el derecho al asilo en la frontera con México durante la pandemia de coronavirus, citando preocupaciones de salud pública.

Aún así, algunos inmigrantes que aún pueden solicitar asilo habrían visto obstaculizado su derecho, y el resto lo habría sentido cuando se levantaran las prohibiciones derivadas del coronavirus.

La Administración Trump argumentó que las medidas eran una respuesta adecuada a un sistema que, en su opinión, está plagado de abusos y abrumado por afirmaciones sin mérito.

Pero el juez federal James Donato en San Francisco se puso del lado de los grupos activistas que intentaban frenar las medidas bajo la premisa de que el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, carece de autoridad para imponer estas reglas tan amplias sin haber sido confirmado por el Senado.

Donato, quien fue designado para el cargo en 2013 por el expresidente Barack Obama, escribió que el nombramiento de Wolf violaba el orden de sucesión establecido. Dijo que era la quinta vez que un tribunal fallaba en contra del Departamento de Seguridad Nacional por los mismos motivos.

“El Gobierno ha reciclado exactamente las mismas afirmaciones legales y fácticas hechas en los casos anteriores, como si no hubieran sido rechazadas sólidamente en opiniones escritas bien fundamentadas por varios tribunales”, escribió Donato.

“Esta es una estrategia de litigio preocupante. En efecto, el Gobierno sigue chocando el mismo auto contra las mismas puertas, esperando que algún día pueda atravesarlas”, añadió. La Administración Trump puede apelar este dictamen.

Las reglas buscaban redefinir los requisitos para que una persona califique para el asilo y otras formas similares de protección humanitaria si enfrentan persecución en sus países de origen. Las restricciones habrían ampliado los motivos para que un juez migratorio (dependiente del Departamento de Justicia, y por tanto del Gobierno en última instancia) considerara las solicitudes “frívolas” y pudiera rechazarlas.

Aaron Frankel, uno de los abogados de los demandantes, calificó las reglas como “nada menos que un intento por acabar con el sistema de asilo”.

El asilo es una protección legal diseñada para las personas que huyen de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un grupo social. Cualquier extranjero que pise suelo estadounidense tiene el derecho legal de solicitar asilo, de acuerdo con las leyes domésticas y las obligaciones de los tratados internacionales.

Las reglas limitarían los tipos de persecución y la gravedad de las amenazas por las que se concede asilo. Los solicitantes que busquen protección por motivos de género o aquellos que afirmen haber sido blanco de pandillas, de funcionarios gubernamentales “rebeldes” o de “organizaciones al margen de la ley” probablemente no serían elegibles para el asilo.

Se ordenaría a los jueces de inmigración que fueran más selectivos a la hora de otorgar solicitudes de asilo y les permitirían denegar la mayoría de las solicitudes sin una audiencia judicial.

También habrían tenido que sopesar varios factores nuevos contra la capacidad de un solicitante de obtener protecciones, entre ellos no poder pagar impuestos. Los antecedentes penales seguirían contando en contra de un solicitante de asilo incluso si se borraran sus condenas.

Según las medidas relacionadas con la pandemia en vigor desde marzo, aproximadamente nueve de cada 10 personas detenidas en la frontera son expulsadas de inmediato por motivos de salud pública. El resto se procesa bajo las leyes de inmigración, que incluyen el derecho a solicitar asilo.

La Administración Trump ya ha instituido una serie de políticas que restringen el asilo, que incluyen hacer que los solicitantes de asilo esperen en México mientras se escuchan sus reclamos en un tribunal migratorio estadounidense.

Se espera que Biden revierta algunas de las políticas de asilo restrictivas de Trump, incluida la política de Quédese en México, pero recientemente dijo que su Administración necesitaría “probablemente los próximos seis meses” para recrear un sistema que pueda procesar a los solicitantes de asilo para evitar que una marea de migrantes llegue a la frontera sur.

También el viernes, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, Virginia, falló en contra de la política de la Administración que otorgaba a los Gobiernos estatales y locales el derecho a negarse a reasentar a los refugiados.

El panel de tres jueces dijo que la orden ejecutiva de Trump que requería que las entidades estatales y locales dieran su consentimiento antes de permitir que los refugiados fueran ubicados en sus áreas socavaría la Ley de Refugiados de 1980. Esa ley establecida por el Congreso fue diseñada para permitir que las agencias de reasentamiento encuentren el mejor lugar para que una persona prospere mientras trabaja con funcionarios locales y estatales.

Un juez federal bloquea alza de tarifas para trámites de la ciudadanía americana

Un juez federal en el norte de California bloqueó este martes el alza de tarifas a algunos trámites del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que entraría en vigencia el próximo 2 de octubre y que afectaba gestiones como el de la naturalización.

El juez federal Jeffrey S. White en Oakland, California, falló en favor de una demanda presentada el pasado 21 de agosto por una coalición de ocho organizaciones encabezada por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), con sede en San Francisco.

El pasado 31 de julio USCIS anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 30 % en sus tarifas, pero que en algunos casos llega a 535 %. La agencia justificó las alzas para financiar sus operaciones.

Uno de los procesos más afectados con el nuevo incremento es el proceso de naturalización, que pasará de $640 a $1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos, y que tenía en una contrarreloj a muchos migrantes para someter sus solicitudes antes del próximo viernes.

En su demanda, la coalición señaló que la nueva Regla de Tarifas viola la Ley de Procedimiento Administrativo y constituye una acción de agencia “arbitraria y caprichosa”.

La querella legal también argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad prioriza la unidad y diversidad familiar, sin embargo, “al hacer deliberadamente imposible el costo de asegurar los beneficios de inmigración esenciales para millones de familias inmigrantes, la política de la Administración Trump hace que la separación familiar sea inevitable y viola las leyes estatutarias y constitucionales”.

“Con la nueva regla de tarifas, la Administración Trump ha demostrado su voluntad de ignorar el estado de derecho en la búsqueda de su agenda antiinmigrante y xenófoba”, advirtió Melissa Rodgers, directora de programas de ILRC.

Matan al hijo de la juez federal Esther Salas

Un hombre armado mató a tiros al hijo de 20 años de una juez federal en Nueva Jersey, e hirió a su marido el domingo en la casa familiar, según dijo la juez jefe de distrito en el estado.

Los disparos ocurrieron en la casa en North Brunswick de la juez de distrito Esther Salas, y causaron la muerte de su hijo, Daniel, explicó a The Associated Press la juez Freda Wolfson. El esposo de Salas, el abogado defensor Mark Anderl, resultó herido, añadió.

El agresor se hizo pasar por un repartidor, según un funcionario judicial que no estaba autorizado a comentar el asunto y habló con AP bajo condición de anonimato. Salas estaba en el sótano de la casa en ese momento y no resultó herida. Su esposo se estaba recuperando de una cirugía, añadió el funcionario.

El tirador, que se creía actuó en solitario, no había sido detenido, según el funcionario. El FBI tuiteó el domingo por la noche que estaba buscando a un sospechoso por el tiroteo.

Salas, destinada en Newark, fue nominada por el expresidente Barack Obama y confirmada en 2011. Antes sirvió como magistrada federal en Nueva Jersey, tras varios años como abogada de oficio.

Su caso más conocido de los últimos años fue un proceso de fraude financiero que implicaba a Teresa y Joe Giudice, un matrimonio que aparecía en el programa de televisión Real Housewives of New Jersey. Salas les condenó a prisión por delitos como bancarrota fraudulenta y evasión fiscal. Escalonó sus condenas para que uno de ellos estuviera disponible para atender a sus cuatro hijos.

Juez rechaza pedido de familia Trump de bloquear libro

Un juez de Nueva York rechazó un pedido del hermano de Donald Trump que buscaba frenar la publicación de un libro de memorias escrito por la sobrina del presidente.

En un fallo emitido ayer jueves, el juez Peter Kelly dijo que el Tribunal Testamentario de Nueva York carece de jurisdicción en el caso.

Mary Trump es la hija de Fred Trump Jr., el difunto hermano mayor del presidente. Una descripción del libro “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” publicada en internet dice que éste revela “una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una combinación trágica de descuido y abuso”.

La moción presentada esta semana solicitaba una orden judicial para impedir que Mary Trump y la editorial Simon & Schuster publicaran el libro en julio, según lo programado.

Los abogados de Robert Trump presentaron documentos en la corte en los que argumentaron que Mary Trump y otros habían firmado un acuerdo que le prohibía escribir el libro. El acuerdo de hace décadas incluyó una cláusula de confidencialidad que decía explícitamente que “no publicarían ningún recuento del litigio o sus relaciones”, a menos que todos concordasen.

El acuerdo se relaciona con el testamento del padre de Donald Trump, el promotor de bienes raíces Fred Trump.

Pero el juez dijo que ese no es un asunto para el tribunal testamentario, en el que se resuelven disputas sobre patrimonio.

El abogado de Mary Trump, Ted Boutrous Jr., dijo que la corte emitió el fallo correcto.

“Esperamos que esta decisión concluya el asunto. La democracia prospera en el intercambio libre de ideas y ni este tribunal ni ninguno otro tiene la autoridad para violar la Constitución imponiendo una restricción al derecho a la expresión de un importante discurso político”, dijo el abogado en un comunicado.

La Casa Blanca no comentó nada por el momento.

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Juez federal rechaza prohibición de Trump a emitir nuevas “green card”

El juez federal Amit P. Mehta, de Washington, D.C., rechazó una solicitud para detener la Proclamación del presidente Donald Trump que prohíbe la emisión de algunos tipos de “green card” desde el exterior de los EE.UU.

Su decisión afirma que la demanda de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no demostraron que los miembros han sido afectados por la orden del 22 abril, reportó Law360.

El juez consideró que dos beneficiarios de dos residentes permanentes de origen mexicano recientemente recibieron sus “green card” y emigraron a los Estados Unidos, después de que sus solicitudes –una vez rechazadas– fueron aprobadas.

Tres residentes permanentes y un ciudadano estadounidense presentaron la demanda

Juez rechaza detener prohibición de Trump sobre “green cards”
La orden del 22 de abril bloquea emisión de “green cards” desde el extranjero.

Los reclamos presentados por el tercer demandante, un ciudadano estadounidense de El Salvador que intenta presentar una queja por su hijo, aún no están listos para una revisión judicial, agregó el juez.

La solicitud de la “green card” del hijo se retrasó debido al cierre temporal de la Embajada de los EE.UU. en San Salvador en respuesta al brote de COVID-19, agrega el reporte, por lo que la familia no completó sus citas médicas.

“Los demandantes no han demostrado más allá de la mera especulación que la consideración de sus beneficiarios bajo la excepción de interés nacional les causará daño inminentemente”, consideró el juez.

El fallo del martes se produjo después de que el presidente Trump anunció que prohibirá a los ciudadanos extranjeros que se muden a los EE. UU. con varias visas de trabajo, incluida la visa de ocupación especial H-1B, hasta fines de 2020.

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Conozca al juez conservador detrás del triunfo de DACA en el Tribunal Supremo

El juez de línea conservadora John Roberts fue quien inclinó la balanza de la justicia a favor de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cuando este jueves votó del lado de los jueces liberales de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos para rechazar la medida del presidente de Donald Trump de eliminar ese programa que protege de la deportación a unos 700,000 inmigrantes que de niños ingresaron al país como indocumentados.

La decisión a favor de DACA es el segundo golpe que en una semana la Suprema Corte ha propinado a las políticas discriminatorias del presidente Trump. El anterior ocurrió el 15  de junio cuando se votó a favor de ampliar la ley de derechos civiles a la comunidad LGBT al prohibir la discriminación en el trabajo por orientación sexual.

Y el voto clave en ambos casos ha sido del juez Roberts que se sumó a la facción liberal de los magistrados Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

La gran mayoría de los estadounidenses apoya el programa DACA que Trump quiere eliminar

Roberts también ha sido factor para mantener la reforma de salud del presidente Barack Obama y estaría a favor de no ampliar la Segunda Enmienda que otorga el derecho de portar armas.

En su opinión sobre el fallo en contra de eliminar DACA, el presidente de la Suprema Corte señaló que las acciones de la administración Trump habían sido “arbitrarias y caprichosas”, sin embargo no consideró que se trataba de una violación de las protecciones constitucionales, lo que habría protegido de forma permanente el beneficio migratorio para los llamados “dreamers”.

El juez Roberts, cuya jurisprudencia o doctrina judicial es considerada de corte conservadora, fue nominado en el 2003 para la Suprema Corte por el expresidente George W. Bush, y ha sido un voto de balance en la máximo tribunal del país.