JUSTICIA

Tribunal concede U$ 125 millones una mujer con síndrome de Down tras ser despedida por Walmart

Una exempleada de Walmart con síndrome de Down, que fue despedida tras plantear sus dudas sobre los turnos de trabajo, ha sido indemnizada con 125 millones de dólares (90.7 millones de euros) tras una demanda.

Marlo Spaeth trabajó en una tienda de Walmart en Manitowoc, Wisconsin, desde 1999 hasta que fue despedida en 2015. Spaeth fue descrita por sus gerentes como una “trabajadora muy dura”.

A finales de 2014, la tienda introdujo un sistema de programación informatizado que analizaba el tráfico de clientes para asegurarse de que había suficientes empleados trabajando cuando la tienda estaba más ocupada.

Según The New York Times, el turno de Spaeth, que era de mediodía a las 16:00 horas, pasó a ser de 13:00 a 17:30 horas.

El cambio brusco preocupó a Spaeth. Al parecer, su familia informó a Walmart tras el cambio de turno de 2014: “Tiene miedo de perder el autobús. Tiene miedo de perder la cena. Es un disgusto para ella”.

Los jefes de Walmart se negaron a cambiar su horario de trabajo a petición de su familia. Spaeth recibió entonces dos advertencias por absentismo y por impuntualidad. Ocho meses después, el supermercado rescindió su contrato y se negó a volver a contratarla.

En una sentencia dictada el jueves, un jurado del tribunal federal del este de Wisconsin declaró que Walmart había violado la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que prohíbe la discriminación de cualquier persona con una discapacidad.

“El jurado reconoció, y al parecer se sintió bastante ofendido, que Spaeth perdió su trabajo por la inflexibilidad innecesaria -e ilegal- de Walmart”, dijo Gregory Gochanour, abogado de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), que había demandado a Walmart en nombre de Spaeth.

“Los empleadores, por muy grandes que sean, tienen la obligación, según la ley, de evaluar las circunstancias individuales de los empleados con discapacidades a la hora de considerar las solicitudes de adaptaciones razonables”, indicó Julianne Bowman, directora del distrito de Chicago de la EEOC, en un comunicado.

“La petición de Spaeth era sencilla y su denegación alteró profundamente su vida”.

Se le concedió una indemnización de 125 millones de dólares, que Walmart argumentó que se reduciría a 300 mil dólares debido a una ley federal que limita los daños compensatorios y punitivos a esa cifra. También calificó de “irrazonables” las exigencias de la demanda de la EEOC.

“No toleramos ningún tipo de discriminación, y acomodamos rutinariamente a miles de asociados cada año”, precisó el supermercado, en declaraciones recogidas por The Times.

“A menudo ajustamos los horarios de los asociados para satisfacer las expectativas de nuestros clientes y, aunque el horario de Spaeth fue ajustado, se mantuvo dentro de los horarios que ella indicó que estaba disponible”.

Juez federal en California anula ley que prohibía venta de armas de asalto

A una semana de un tiroteo masivo en San José, en el que un hombre asesinó a nueve personas, la decisión de un juez federal en San Diego de revocar una ley de California que prohibía la venta de armas de asalto semiautomáticas, como el rifle AR-15, está causando furor.

La ley que prohibía las armas de asalto en California, en vigor desde 1989, fue revocada por un juez federal en San Diego, quien la declaró inconstitucional.

En la primera línea de una decisión de 94 páginas, el juez George Benitez, compara el rifle estilo militar,  AR-15, con navajas suizas, generando reacciones de indignación. Como la del gobernador Gavin Newson, publicada en su cuenta de Twitter.

“Comparar un AR-15 con una navaja suiza es una bofetada repugnante para quienes han perdido a sus seres queridos por la violencia armada. Esta es una amenaza directa para la seguridad pública y … no lo toleraremos”, tuiteó Newson.

Jueza Sonia Sotomayor reflexiona ante casos de muertes de estadounidenses a manos de policías

Sonia Sotomayor dice que los estadounidenses deben analizar a fondo qué tipo de relación quieren tener con la policía.

En momentos en que comunidades de todo el país reconsideran el funcionamiento de la policía, la jueza de la Corte Suprema afirmó que “lo que aceptamos como sociedad en nombre de la justicia” es un “tema de discusión de una importancia increíble”. Que no hay que plantearse en términos de si uno respeta a la policía o no.

“El respeto o no a la policía no tiene nada que ver con esto”, declaró la jueza de origen puertorriqueño en una entrevista difundida el jueves.

Sotomayor no aludió a incidentes específicos, pero hizo sus comentarios un mes después de que el exagente Derek Chauvin fue condenado por la muerte de George Floyd y una semana después de que se anunciase una compensación de 10 millones de dólares para la familia de Andre Hill, un hombre de raza negra que murió baleado por un policía blanco en Columbus, Ohio. Esta semana, por otro lado, un fiscal de Carolina del Norte dijo que los agentes que mataron a Andrew Brown Jr. estuvieron justificados al abrir fuego. Ese episodio también había desatado protestas.

“Tenemos que decidir, como sociedad, qué tipo de relación queremos con la policía”, expresó Sotomayor. “No solo las personas negras o cobrizas o asiáticas, e incluso las blancas. Todos nosotros. Porque los parámetros que fijamos se aplicarán a todo el mundo”.

Sotomayor hizo sus comentarios durante una conversación con el rabino Lyle Fishman, de la Congregación Ohr Kodesh de Maryland, en las afueras de Washington. La charla entre ambos fue grabada y difundida por la congregación y la comunidad el jueves por la noche vía Zoom.

“Tenemos que decidir, como sociedad, qué tipo de relación queremos con la policía”, expresó Sotomayor. “No solo las personas negras o cobrizas o asiáticas, e incluso las blancas. Todos nosotros. Porque los parámetros que fijamos se aplicarán a todo el mundo”.

“Todos lidiamos con el delicado asunto del abuso del poder en nuestra sociedad de hoy”, dijo Fishman, para luego preguntarle a Sotomayor acerca de las dificultades que enfrentan sobre todo “los jóvenes de color que viven en un mundo con grandes desigualdades en el terreno policial”.

Sotomayor respondió a otras preguntas también. Habló de lo que significa ser percibida como un ejemplo a seguir y de la importancia que tiene para ella el hablar con estudiantes y la educación cívica. Fishman le preguntó asimismo acerca de la “acción afirmativa”, como se describe en Estados Unidos a las iniciativas pensadas para generar igualdad de oportunidades. La Corte Suprema lidió con ese tema por última vez en el 2016 y podría tener que tomarlo nuevamente pronto. Sotomayor, la primera hispana integrante de la corte y quien estudió en universidades exclusivas como Princeton y Yale, se describe a sí misma como una beneficiaria de la acción afirmativa.

Duque firma decreto para regularizar a migrantes venezolanos residentes en Colombia

Colombia puso en marcha ayer lunes (01.03.2021) el plan para regularizar a alrededor de un millón de migrantes indocumentados que llegaron a Colombia huyendo de la crisis de Venezuela, tras la firma del decreto por parte del presidente Iván Duque.

El decreto da vida al llamado “estatuto de protección temporal a migrantes venezolanos”, que les permite “transitar” en Colombia y les da un plazo “de 10 años para adquirir una visa de residentes”.

“Hoy nuestro país apela a la solidaridad (…) Sabiendo que no somos un país rico, pero eso no nos limita en la fraternidad, ni en el reconocimiento del dolor”, expresó Duque este lunes en la sede presidencial en Bogotá. 

Según Migración Colombia, hasta el pasado 31 de diciembre había en el país 1,72 millones de migrantes venezolanos, de los cuales cerca de un millón son indocumentados.

Venezuela acogió “con los brazos abiertos” a cientos de miles de colombianos

Durante la firma del decreto, Duque recordó que Venezuela acogió “con los brazos abiertos” a cientos de miles de colombianos que huyeron de la pobreza y el conflicto armado desde 1970.    

El decreto también dicta que los que ingresen regularmente durante los próximos dos años podrán acogerse al mismo beneficio. El gobierno precisó que “podrá prorrogar o dar por terminados los efectos del Estatuto en cualquier momento”.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), Filippo Grandi, describió como un “hito histórico” la firma del decreto, mientras que António Vitorino, director de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aseguró que la “medida reducirá las vulnerabilidades de los refugiados y migrantes” en el país.

Un juez federal dictamina que la moratoria de desalojo es inconstitucional

Un juez federal en Texas dictaminó ayer jueves que la moratoria federal sobre los desalojos es inconstitucional, según documentos judiciales.

El juez de distrito estadounidense John Barker, quien fue designado por el entonces presidente Donald Trump para la corte en el Distrito Este de Texas, no llegó a emitir una orden judicial preliminar, pero dijo que esperaba que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) respetaran su decisión y retiren la moratoria de desalojoinformó CNN.

“El gobierno federal no puede decir que nunca antes invocó su poder sobre el comercio interestatal para imponer una moratoria de desalojo residencial. No lo hizo durante la mortal pandemia de gripe española. Tampoco invocó tal poder durante las exigencias de la Gran Depresión. El gobierno federal no ha reclamado tal poder en ningún momento durante la historia de nuestra nación hasta el año pasado”, escribió Barker. Y aunque la pandemia de Covid-19 persiste, dijo el juez, “también lo hace la Constitución”.

El fallo marca un esfuerzo legal que comenzó cuando un grupo de propietarios y propietarios de Texas demandó a los CDC y al Departamento de Salud y Servicios Humanos en octubre, por la Orden de Moratoria de Desalojo emitida por la administración Trump en septiembre.

La orden, citando el hecho de que “COVID-19 presenta una amenaza histórica para la salud pública”, suspendió temporalmente los desalojos residenciales.

Pero los propietarios de viviendas argumentaron en su demanda que el gobierno federal no tenía el poder de detener los desalojos.

Barker apoyó ese argumento y escribió en su fallo que el Congreso carecía de autoridad para otorgar a los CDC el poder de detener los desalojos en todo el país, y señaló que la moratoria amenazaba con invadir los derechos de los propietarios, según la ley estatal.

Los demandantes estaban representados por dos grupos legales conservadores, la Texas Public Policy Foundation y Southeastern Legal Foundation, que elogiaron la decisión como una victoria.

DHS anunció proceso para atender a solicitantes de asilo en México

En seguimiento a una serie de órdenes ejecutivas emitidas la semana pasada, la administración del Presidente Biden anuncia otro paso en nuestra estrategia por fases para reformar el sistema migratorio de nuestra nación. A partir del 19 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzará la fase uno de un programa para restaurar el procesamiento seguro y ordenado en nuestra frontera suroeste.

DHS comenzará a procesar a los individuos que fueron forzados a “permanecer en México” bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP). Aproximadamente 25 mil individuos retornados bajo MPP mantienen sus casos abiertos.Las personas no deben tomar ninguna acción en estos momentos, y deben quedarse donde se encuentran en espera de nuevas instrucciones.

“Pronto anunciaremos un proceso de registro virtual al que se podrá acceder desde cualquier lugar. Una vez que se hayan registrado, se les dará información adicional a los individuos que califiquen sobre el lugar y la fecha en que se deben presentar. Las personas no se deben acercar a la frontera hasta que se les instruya que deben hacerlo.“Como lo ha dejado claro el Presidente Biden, el gobierno de los Estados Unidos está comprometido a reconstruir un sistema migratorio seguro, ordenado y humano”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.

“Esta última acción es otro paso en nuestro compromiso para reformar las políticas migratorias que no están alineadas con los valores de nuestra nación. Especialmente en la frontera, sin embargo, donde las preocupaciones de capacidad continúan siendo graves, los cambios tomarán tiempo. Los individuos que no sean elegibles bajo esta fase inicial deben esperar más instrucciones y no viajar a la frontera. Debido a la pandemia, las restricciones en la frontera se mantienen y se aplicarán”, agregó.

Bajo un enfoque conjunto dl gobierno, DHS, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia colaborarán con socios internacionales—incluyendo el gobierno de México y organizaciones internacionales y no gubernamentales—para procesar a los individuos elegibles para que continúen sus casos en los Estados Unidos.

Este nuevo proceso aplica a individuos que fueron retornados a México bajo el programa MPP, y cuentan con casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR por sus siglas en inglés). Individuos fuera de los Estados Unidos que no fueron retornados a México bajo MPP, o que no cuentan con casos de migración activos ante la corte, no pueden participar en este programa y deberán esperar nuevas instrucciones. De forma similar, aquellos individuos en los Estados Unidos con casos activos de MPP, recibirán instrucciones por separado en el futuro próximo.Este anuncio no debe ser interpretado como una invitación para que las personas migren de forma irregular a los Estados Unidos. Los individuos seleccionados sólo podrán entrar a través de determinados puertos de entrada y en horarios establecidos.

Brindaremos instrucciones en los próximos días sobre cómo los individuos con casos activos de MPP podrán inscribirse de forma remota para continuar su proceso. Aseguraremos el cumplimiento de las leyes de inmigración y adoptaremos las medidas de seguridad fronteriza durante todo el proceso.Los Estados Unidos y nuestros socios emplearán todas las medidas de seguridad preventivas de acuerdo con las indicaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), incluyendo el uso de mascarillas y el distanciamiento social. A los individuos procesados a través de este programa se les hará la prueba de COVID-19 antes de entrar a los Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional sólo procesará a individuos de acuerdo con su capacidad de hacerlo de forma segura y cumpliendo cabalmente con sus importantes misiones en materia de seguridad nacional, comercio, y facilitación de viajes.

Acusan a más de 150 personas por asalto al Capitolio de EEUU

Más de 150 personas fueron acusadas por crímenes federales tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de parte de seguidores del expresidente Donald Trump, dijo el departamento de Justicia de Estados Unidos el martes.

Los investigadores abrieron pesquisas a más de 400 personas, dijo Michael Sherwin, fiscal federal interino de Washington. El asalto dejó cinco muertos.

Asistido por copioso material de video y registros en las redes sociales, al igual que gran cantidad de denuncias del público, el departamento de Justicia espera que el número de casos siga en aumento.

“Al tiempo que estamos sentados aquí, ahora, la lista sigue creciendo”, dijo Sherwin.

Aunque los cargos iniciales fueron por crímenes menores como el ingreso ilegal al Capitolio o conducta desordenada, el fiscal interino explicó que su equipo agregó ahora cargos “significativos” de delitos graves para la mayoría de los 150 acusados.

Estos incluyen ataque a agentes de policía y obstaculización de un procedimiento federal, ya que los asaltantes interrumpieron la sesión de ambas cámaras del Congreso en la que se iba a certificar el triunfo electoral del ahora presidente Joe Biden.

Dichos cargos pueden acarrear una condena de entre cinco a 20 años de prisión.

Y las autoridades federales también investigan a un grupo de personas por una posible conspiración y sedición, que puede resultar hasta en 20 años de cárcel.

Tres personas ya fueron acusadas bajo esos cargos, dijo Sherwin.

Este aspecto es significativo agregó, “porque demuestra que grupos de milicianos estuvieron involucrados en el planeamiento y posterior ingreso a la fuerza al Capitolio”.

Steven D’Antuono, el agente del FBI a cargo de la investigación, dijo que todavía buscan a la persona o personas que colocaron dos artefactos explosivos -que no estallaron- cerca del Capitolio ese día. 

El FBI ofrece una recompensa de 75.000 dólares por cualquier información.

D’Antuono dijo que el asalto del 6 de enero es uno de los casos más grandes que ha investigado el FBI, y que han recibido más de 200.000 pistas por parte del público.

“Este caso es desafiante, complejo, y es grande”, agregó.

Trump por su parte enfrentará desde el 9 de febrero un juicio político en el Senado, acusado por la Cámara de Representantes de incitación a la insurrección por presuntamente impulsar a sus seguidores a atacar la sede legislativa.

Corte de Apelaciones de California rechaza nueva regla de carga pública del Gobierno Trump

La corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló este miércoles en contra de la aplicación de la regla del Gobierno federal conocida como “carga pública” al considerar que genera un daño financiero a los estados.

La medida ha sido criticada por activistas defensores de los inmigrantes especialmente porque podría llevar a que, ante la pandemia de la COVID-19, algunos inmigrantes contagiados no acudan a los servicios públicos de salud.

De igual forma, varias demandas presentadas contra la regla alegan que la medida lleva a que inmigrantes que tendrían derecho a aplicar por ayudas federales como dinero en efectivo, alimentos o subsidio de vivienda, no las utilicen y en cambio busquen ayudas estatales o locales, causando un daño financiero a los gobiernos respectivos.

“El panel concluyó que esto constituye un daño suficiente”, declaró la Corte en su decisión.

El panel de tres jueces, que falló a favor de los demandantes en una votación de 2-1, igualmente encontró que “la regla es inconsistente con cualquier interpretación razonable del estatuto de carga pública y por lo tanto contraria a la ley”.

Xavier Becerra, fiscal general de California, que figura entre los estados que han demandado la norma, aplaudió la decisión de la Corte de Apelaciones y aseguró que mantendrá su lucha jurídica contra la medida.

“Mientras continuamos enfrentando una crisis económica y de salud pública sin precedentes, forzar a las familias trabajadoras a escoger entre necesidades básicas o mantener su estatus de inmigración es inhumano”, señaló Becerra en una declaración al conocerse el miércoles el fallo.

La decisión de la corte de apelaciones de California afecta también a Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia, según indicó la fiscalía.

Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un comunicado en el que informó que actualmente “está revisando la orden de la Corte” y no ofreció más comentarios.

Juez rechaza invalidar 127.000 votos en Texas

 Un juez federal expresó escepticismo sobre una propuesta de activistas republicanos para invalidar 127.000 votos en el condado más poblado de Texas.

“Se enfrentan a una difícil cuesta arriba”, dijo el juez de distrito de EE.UU. Andrew Hanen, el lunes en una audiencia judicial en Houston. La solicitud de descartar los votos emitidios en puntos desde el automóvil requerirá “un gran poder de convencimiento” en el poco tiempo que queda antes de las elecciones presidenciales del martes.

La audiencia en un tribunal federal se lleva a cabo un día después de que la Corte Suprema del estado negara rechazar los votos emitidos en puntos desde el automóvil en el condado. El condado de Harris, que incluye el área metropolitana de Houston, alberga a aproximadamente 4,7 millones de personas y votó por Hillary Clinton en 2016 con un margen de 161.959 votos.

Después de años de ser sólidamente republicano, se considera en algunas encuestas que Texas es ahora un estado que podría dar un giro, lo que pone en juego sus 38 votos del colegio electoral.

Activistas republicanos argumentaron que la votación desde al automóvil es una extensión ilegal de la votación en la acera, que está destinada a personas que están enfermas o tienen una discapacidad física. El condado de Harris lo implementó para limitar la propagación del covid-19 durante las elecciones.

Hubo mucha discusión en el tribunal sobre si un automóvil es una “estructura” bajo la ley. Cualquier decisión del juez puede apelarse ante el Quinto Circuito de Nueva Orleans, uno de los tribunales federales de apelación más conservadores del país.

Algunas personas estaban afuera del edificio de la corte el lunes, con carteles que instaban al juez a “contar cada voto”.

Juez inhabilita a Evo Morales para ser candidato al Senado boliviano

Un juez boliviano confirmó el lunes que el expresidente Evo Morales está inhabilitado para ser candidato al Senado en los comicios del 18 de octubre, informó el gobierno.

El ministro de Justicia, Alvaro Coimbra, escribió en Twitter: “Urgente Evo Morales Inhabilitado”, después de que el juez Alfredo Jaimes Terrazas confirmara la inhabilitación del expresidente, tal como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo había dispuesto en febrero.

“Deniegan la tutela a Evo Morales, Ganó la democracia”, celebró en tanto el abogado Williams Bascopé, parte del equipo jurídico que se oponía al amparo constitucional presentado por la defensa del exmandatario.

Morales (2006-2019), refugiado en Argentina tras renunciar en noviembre del año pasado, había acudido ante la corte constitucional de La Paz para que anulara la decisión del TSE y le permitiera ser candidato por la región central de Cochabamba.

El TSE le había negado el derecho a postularse por no tener residencia en esa región, en la que emergió hace décadas como líder político.

“No puede ser habilitado Evo Morales como candidato a senador, porque reside en Argentina”, dijo el abogado Bascopé.

Ni Morales ni su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS) emitieron una reacción al respecto.

La sala constitucional de La Paz empató la semana pasada al votar el asunto. Por esta razón, el caso pasó a manos del juez Jaimes Terrazas, quien como dirimidor, confirmó la resolución del TSE.

Bolivia irá a elecciones el próximo 18 de octubre, un año después de los comicios anulados por denuncias de fraude en favor del izquierdista Morales.

La fiscalía de Bolivia imputó al ex presidente Evo Morales por terrorismo y pidió su detención

La Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia acusó formalmente ayer lunes al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, de cometer el delito de terrorismo, y pidió su detención preventiva.

En concreto, la causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz, atribuida al ex mandatario, instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país.

La investigación había comenzado el pasado 20 de noviembre, luego de que el ministro de Gobierno de la administración interina de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, publicara la información.

En ese entonces, el gobierno presentó los cargos de “sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo”, y dos fiscales pidieron que se aprehendiera a Morales y se lo llevara a comparecer ante la fiscalía.

No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.

Este lunes los fiscales decidieron imputar formalmente a Morales y pedir su detención, en lo que representa el primer movimiento significativo de la causa contra Morales desde entonces.

Según consignó el medio local El Deber, un informe del Centro Tecnológico de Investigación de Colombia determinó hace más de cuatro meses que había una “alta probabilidad de identificación” entre la voz del audio y la del ex mandatario.

Un mes después, el dirigente cocalero del otro lado del teléfono, Faustino Yucra, fue detenido por las autoridades en el departamento de Chuquisaca. En el audio, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar “dura batalla a los fascistas y racistas”. “Va a ser hora de combate, combate, combate (…) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos”, sostiene.

En concreto, le ordena que hagan “cercos de verdad” de modo que “no entre comida a las ciudades”. Además, le explica que, para que la gente no se “canse” los organice en grupos que se vayan rotando “cada 24 horas”. “Hay bloqueo hasta ganar, hermano”, le indica.

En ese momento, Morales se encontraba en México, país al cual se había exiliado después de renunciar a la presidencia y antes de viajar hacia Argentina. El ex mandatario no ha reaccionado públicamente a la imputación y el pedido de detención.

Conozca los detalles del programa DACA que favorece a jóvenes inmigrantes

La Corte Suprema ratificó el jueves pasado el programa que protege de la deportación a los inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad y les permite trabajar. El tribunal decidió que el presidente Donald Trump no puso fin de manera apropiada al programa. Trump intentó cancelar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés) en 2017, poco después de ganar las elecciones con una campaña mayormente antiinmigración.

A continuación, una explicación de lo que significa la decisión del máximo tribunal:

¿QUÉ ES EL DACA?

El DACA fue creado en 2012 por el gobierno de Barack Obama. Jóvenes inmigrantes organizaron sentadas en oficinas del Congreso y protestas afuera de la Casa Blanca para presionar a Obama a implementar una medida que atendiera su estatus migratorio. Estos inmigrantes, conocidos popularmente como dreamers por la Ley DREAM —un proyecto fallido que les habría otorgado herramientas para naturalizarse_, llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y han crecido en el país.

El DACA les permite trabajar de forma legal y los protege de cualquier proceso de deportación. Pero fue limitado a aquellos de entre 15 y 30 años de edad, que asistían o se graduaron de secundaria y no tenían antecedentes penales. La cuota de inscripción y renovación es de casi 500 dólares.

Muchos de los beneficiarios originales del DACA eran estudiantes universitarios que enfrentaban un duro panorama laboral al finalizar sus estudios debido a que no podrían trabajar legalmente. Ahora, muchas de las 650.000 personas que se inscribieron al programa son profesionistas; algunos de ellos incluso son padres y abuelos. En su punto más alto, el programa llegó a tener casi 800.000 beneficiarios.

¿POR QUÉ TRUMP INTENTÓ CANCELAR EL DACA?

Durante su campaña presidencial de 2016, Trump prometió ponerle fin al DACA, pero después atenuó su postura antes de finalmente ordenarle a su gobierno que anunciara la cancelación en septiembre de 2017.

El gobierno argumentó que el programa era ilegal y que, aunque no estaba a favor de castigar a los niños por las acciones de sus padres, “también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes. Entre otros motivos para suspender el programa, su gobierno también citó un fallo de un tribunal menor que ordenó la suspensión de una expansión del DACA que habría sido aplicable a los padres.

Texas y otros estados amenazaron con demandar al gobierno a raíz del programa después de haber entablado querellas para frenar su expansión durante el gobierno de Obama. Activistas por los derechos migratorios impugnaron la decisión de Trump y las cortes de apelaciones mantuvieron el programa con vida, pero únicamente para aquellos que ya estaban inscritos.

Durante una audiencia ante jueces en noviembre pasado, el abogado del gobierno arguyó que éste asumía la responsabilidad de sus decisiones y que tenía la autoridad para cancelar el DACA, incluso siendo legal, porque era una mala medida política.

“Nos pertenece”, dijo el abogado Noel Francisco.

¿QUÉ PASA AHORA?

La Corte Suprema dijo el jueves que si bien Trump puede cancelar el programa, lo hizo de manera inapropiada. Eso significa que, si quiere, el gobierno puede intentarlo de nuevo, tal como lo hizo con éxito con la restricción a la llegada de personas de ciertos países en 2017, la cual fue rechazada inicialmente en los tribunales. Los expertos señalan que es poco probable que suceda antes de las elecciones, en parte porque el DACA cuenta con un amplio respaldo bipartidista entre el público estadounidense. Incluso si llegara a intentarlo de nuevo, no podría concluir el proceso federal de reglamentación antes de las elecciones de noviembre.

La decisión de la Corte Suprema mantiene el DACA intacto para sus 650.000 beneficiarios, manteniendo sus protecciones, que tienen una vigencia de dos años. Pero el programa no ha aceptado solicitudes nuevas en un par de años, y se desconoce si las personas que cubrían los requisitos para pertenecer al programa pero no pudieron inscribirse cuando Trump anunció la cancelación del programa podrán hacerlo ahora.

Sarah Pierce, analista política para el Migration Policy Institute, dijo que es poco probable que el gobierno de Trump acepte nuevas solicitudes sin una orden de un tribunal menor. “La moneda está en el aire”, comentó.

¿EXISTE OTRA SOLUCIÓN?

Ha habido múltiples intentos de aprobar una ley que legalice el estatus y les ofrezca a los dreamers herramientas rumbo a la naturalización, pero incluso los proyectos con apoyo bipartidista han fracasado. Después de que Trump intentó suspender el programa en 2017, el presidente le fijó un plazo al Congreso de seis meses para presentar una solución. No lo hicieron.

Pierce también señaló que no cree que el Congreso apruebe ninguna medida que involucre a los dreamers.

“Ya han pasado casi dos décadas tratando de crear una ley para los dreamers, y no han podido hacerlo”, comentó Pierce. “Si el programa continúa administrativamente, no tengo muchas esperanzas de que el Congreso avance en algún cambio a largo plazo, al menos en el futuro inmediato. Todo lo relacionado a la inmigración es muy político”.

La última vez que el Congreso intentó votar un proyecto que proporcionara un mecanismo de naturalización, el gobierno presentó una larga lista de exigencias que complacían a los políticos de línea dura, lo que le costó el respaldo generalizado.