LADRONES

¿Quién es Alex Saab y de qué lo acusan? Lo señalan como testaferro de Maduro

En noviembre de 2011, los entonces presidentes de Venezuela y Colombia, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, mantuvieron una reunión para la historia.

Chavéz cantó, Santos logró abrir la puerta de un proceso de paz con la guerrilla que le daría el Nobel de la Paz y un empresario colombiano firmó un acuerdo de inversión social que sería el origen de uno de los presuntos esquemas de corrupción más sonados de los últimos tiempos en Venezuela.

Ese empresario se llama Alex Nain Saab Morán.

Y en junio de 2020 se convirtió de nuevo en noticia, después de que fue arrestado en Cabo Verde, un archipiélago africano donde el avión privado en el que viajaba hizo una escala para repostar cuando de dirigía a Caracas desde Teherán.

La razón de esa captura era que Saab estaba acusado entre otras cosas de lavado de dinero y era pedido por la justicia estadounidense.

Pero sobre todo, es señalado no solo por EE.UU., sino por otros países incluido Colombia, de ser uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.

Y después de un año y medio de recursos legales tanto de su defensa como del gobierno de Venezuela -lo nombró miembro de su equipo diplomático- para evitar la extradición, este sábado las autoridades de Cabo Verde lo pusieron en un avión con destino a Estados Unidos, para que enfrente allí las acusaciones que tiene en su contra

En el momento de su captura, la Cancillería de Venezuela condenó a través de un comunicado en Twitter el arresto que calificó de “arbitrario” e “irregular” y consideró que se suma “a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de EE.UU.” contra ese país latinoamericano.

Y durante las conversaciones que se están llevando a cabo entre la oposición venezolana y el oficialismo chavista en México, con la intermediación del Gobierno de Noruega, el gobierno de Nicolás Maduro había puesto como una de las condiciones la presencia de Saab como uno de los miembros del equipo del oficialismo.

De hecho, al conocerse la noticia de su extradición hacia EE.UU., el gobierno de Venezuela decidió no continuar en la ronda de negociaciones.

Jorge Rodríguez, alto funcionario del gobierno y jefe de la delegación chavista en la mesa de diálogo fue quien confirmó la retirada.

Rodríguez ha asegurado que la extradición de Saab significa “una agresión inaceptable que viola principios legales internacionales y que contradice el ánimo constructivo que debe privar en toda negociación política“.

Pero, ¿quién este es empresario colombiano que para muchos es una ficha clave para conocer los niveles de corrupción que hay dentro del régimen chavista en Venezuela?

De Colombia a los Clap

Saab, de 49 años, era solicitado por la Interpol, acusado de delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países.

De ser encontrado culpable, podría ser condenado en Estados Unidos hasta a 20 años de cárcel.

Y es que la investigación que llevó a su arresto en medio del océano Atlántico viene desde Estados Unidos, donde fiscales federales de Miami lo acusan de lavado de dinero en el proyecto que se firmó bajo la presencia de Chávez y Santos aquel 28 de noviembre.

Además, el gobierno estadounidense acusa a Saab de servir de testaferro de Maduro en una amplia red de narcotráfico, lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales.

Aquel 28 de noviembre fue una de las pocas veces que el mundo vio la cara de este barranquillero de origen libanés que suele ser descrito como un hombre de bajo perfil y que conoció a la dirigencia chavista gracias a su amistad con la política colombiana Piedad Córdoba, cercana a Chávez y pieza clave del proceso de paz en Colombia.

Presentado en la reunión bilateral como representante legal del Fondo Global de Construcciones, una empresa colombiana, Saab quedaría encargado de importar desde Ecuador y Colombia materiales prefabricados para la Gran Misión Vivienda, el proyecto chavista que dice haber construido 2,6 millones de casas para familias humildes.

En ese momento, el precio del petróleo seguía alto, Chávez empezaba una campaña presidencial que disparó el gasto público y Venezuela aún no sufría la crisis económica que desde 2013 redujo su economía a casi la mitad.

Las autoridades de EE.UU. aseguran que las viviendas a cargo de Saab no se construyeron y, si lo hicieron, fue con sobrecostos.

Según Armando.Info, un portal de investigación periodística venezolano, Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013.

Pero solo entregó productos por el equivalente de US$3 millones, según los periodistas venezolanos que debieron exiliarse tras dicho reportaje.

Saab era uno de los empresarios beneficiados por el sistema de control de cambio conocido como Cadivi, que entregaba divisas a tasas preferenciales que luego podían revenderse en el mercado ilegal.

La defensa de Saab, entre la que se encuentra el polémico abogado colombiano Abelardo de la Espriella, cercano al uribismo, aseguró que no existe nexo entre el barranquillero y la filial ecuatoriana del Fondo Global de Construcciones que realizó los supuestos delitos.

“Mi cliente es un emprendedor del negocio de alimentos”, le dijo la abogada de Saab, María Domínguez, a la agencia Bloomberg recientemente.

…a “testaferro” de Maduro

En efecto, otro de los contratos que firmó Saab con el gobierno venezolano, ya con Nicolás Maduro como presidente, tenía como fin abastecer al pueblo venezolano.

Para ese entonces, 2016, la escasez de alimentos básicos se hizo común en los supermercados venezolanos, una consecuencia, según Maduro, de una guerra económica fraguada desde Estados Unidos y Colombia para derrocar al socialismo.

La estrategia del gobierno para enfrentar dicha “guerra” fue centralizar la importación y distribución de alimentos básicos bajo el esquema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Cada venezolano registrado en este esquema parcialmente organizado por las Fuerzas Armadas recibiría una caja con arroz, pollo y aceite, entre otras cosas, importados por contratistas del gobierno. Saab era uno de esos contratistas.

En mayo de 2018, investigaciones periodísticas revelaron que Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAP.

En julio de 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Saab y Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta US$350 millones que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

De acuerdo a la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, exaliada de Chávez y hoy crítica del oficialismo venezolano, el colombiano operaba como testaferro de una empresa de Maduro en dichos negocios.

Según las autoridades estadounidenses, Saab usó una red de compañías fantasma en países como Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong para ocultar las ganancias ilícitas de esos contratos para importación de alimentos.

Cuando las investigaciones sobre esas empresas avanzaron, en medio de la ola de sanciones financieras de EE.UU. a funcionarios venezolanos, Saab trasladó sus empresas a Turquía, según Armando.Info, portal de investigaión, diigido or periodistas venezolanos en el exilio.

Chávez Denucian que ex enfermera de Chávez robó 250 lingotes de oro

Era 2014 y Claudia Díaz, extesorera de Venezuela, buscaba un refugio seguro para almacenar la riqueza inexplicable que había acumulado a lo largo de los años. El entonces presidente Hugo Chávez, para quien alguna vez trabajó como enfermera, acababa de fallecer y la situación política en la nación sudamericana y las relaciones con los Estados Unidos estaban en un tumulto.

Así que Díaz, presuntamente, recurrió a una de las maneras más antiguas de mover grandes cantidades de dinero de manera anónima: comprar oro.

En una rápida sucesión, una empresa fantasma establecida en la nación insular caribeña de San Vicente y las Granadinas que presuntamente ella controlaba, compró 250 lingotes de oro valorados en más de 9,5 millones de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein obtenidos por The Associated Press. Los lingotes, cada uno con un peso de un kilogramo (2,2 libras), fueron presuntamente almacenados en una bóveda privada en el diminuto principado europeo, disponibles para Díaz y su hijo cuando cumpliera 18 años. Pocos años después, un representante de Díaz vendió una cantidad casi idéntica de lingotes y la mayor parte de los ingresos fue aparentemente depositada en un banco suizo.

Esas transacciones están ahora en el centro de una investigación criminal internacional sobre la red de empresas fantasmas y cuestionables banqueros suizos que han ayudado a convertir a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo. Si bien se estima que hasta 300,000 millones de dólares han sido saqueados de las arcas estatales de Venezuela en las dos décadas de gobierno socialista, los investigadores apenas comienzan a entender cómo se lavó el dinero sucio. La transacción física de pesados lingotes de oro —algo no visto anteriormente en registros judiciales— subraya la creatividad de algunos venezolanos para ocultar su riqueza robada.

Con una reputación de secretismo y el ingreso per cápita más alto del mundo, Liechtenstein, el microestado germanoparlante, ha sido desde hace mucho tiempo un imán bancario para los más ricos del mundo. Pero al igual que su vecina Suiza, con quien comparte una unión monetaria y de aduanas, su reputación como centro financiero extraterritorial se ha visto sacudida por el escándalo. Debido a la presión de los Estados Unidos, que ha acusado a numerosos funcionarios venezolanos y sancionado al gobierno de Maduro por delitos financieros en todo el mundo, los dos países hacen ahora todo lo posible para exponer la corrupción en Venezuela.

“Venezuela se ha convertido en un paria virtual”, dijo Michael Levi, experto en delitos financieros en Europa y profesor de la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido. “Los muy callados banqueros estuvieron felices de recibir su dinero durante años, pero ahora todos evitan al país cueste lo que cueste no solo para proteger su reputación, sino para evitar sanciones regulatorias e incluso penales”.

Los detalles de la investigación sobre Díaz y cinco presuntos asociados provienen de una solicitud de asistencia judicial de 14 páginas enviada por un tribunal en Liechtenstein el 22 de noviembre de 2019, y la respuesta dos semanas después por fiscales de Ginebra que prometían cooperar. Una copia de la solicitud, traducida al inglés, y la respuesta suiza, fueron entregadas por separado a la AP por dos personas bajo condición de anonimato ya que la investigación sigue en curso. El tribunal estatal en Liechtenstein confirmó la autenticidad de la solicitud. La Fiscalía General de Suiza señaló que transmitió la información solicitada en mayo, pero actualmente no tiene un procedimiento criminal en curso.

Díaz era prácticamente desconocida hasta que ella y su esposo, un exasesor de seguridad de Chávez, aparecieron en 2016 en la filtración de documentos financieros secretos conocidos como los Papeles de Panamá, que proporcionaron una mirada a cómo algunas de las personas más ricas del mundo esconden su dinero. Las autoridades allanaron su casa en Caracas y confiscaron lo que describieron como una colección de autos de lujo, obras de arte y documentos relacionados con propiedades inmobiliarias dentro y fuera de Venezuela controladas a través de empresas fantasmas.

Díaz, de 46 años, quien fuera suboficial en la fuerza naval venezolana, cuidó de un Chávez enfermo antes de que el líder venezolano muriera de cáncer en 2013. En 2011, Chávez la nombró tesorera nacional de Venezuela. Fue reemplazada cuando Maduro, sucesor de Chávez, fue elegido en 2013. Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, viven actualmente en Madrid, donde fueron arrestados brevemente en 2018 tras una petición venezolana.

Además de la investigación en Liechtenstein, la pareja ha sido sancionada en los Estados Unidos por su presunta participación en un fraude cambiario por 2.400 millones de dólares, y han sido identificados como coconspiradores no identificados en una acusación federal en Miami contra el predecesor de Díaz como tesorera. Los fiscales españoles también investigan la compra de un departamento de 1,8 millones de dólares.

Ismael Oliver, el abogado tanto de Díaz como de su esposo en Madrid, dijo que sus clientes “no tienen conocimiento, ni oficial ni de otro tipo” sobre la investigación realizada por Liechtenstein.

“(Ella) Niega rotundamente haber tenido lingotes de oro o cuentas bancarias de ningún tipo en Liechtenstein”, dijo Oliver.

Un foco clave de la investigación de Liechtenstein es el banquero suizo Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH), con sede en Ginebra, al mismo tiempo que Díaz supervisaba las finanzas de la nación sudamericana, integrante de la OPEP. La solicitud de Liechtenstein identifica a Beaumont como la persona “a cargo de transferir los fondos de los miembros corruptos del gobierno venezolano a Suiza”.

Beaumont presuntamente trabajaba con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano que llamó la atención en 2017 por ser el dueño de la empresa transnacional que compró el fondo de cobertura de Anthony Scaramucci cuando se unió a la Casa Blanca con Trump.

El CBH, de propiedad familiar, es uno de los bancos más pequeños de Suiza, pero sus activos se han más que duplicado hasta los 10.500 millones de francos suizos (11.400 millones de dólares) desde 2013, en un momento en el que su negocio en Venezuela estaba en auge. Los activos de Latinoamérica representaron un tercio de sus negocios el año pasado comparados con el 12% en 2013, según los estados financieros del banco.

No es claro cómo se relacionan Beaumont y Díaz. Los intentos de hablar con Beaumont no prosperaron. No respondió a los mensajes dejados en el número telefónico y dirección de correo electrónico proporcionados por personas que lo conocen. George Yoss, un abogado en Miami que se cree que lo representó en el pasado, tampoco respondió a varias llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Pero la empresa que presuntamente usó Díaz para comprar el oro, Amaze Holding Ltd., fue registrada en junio de 2012 en la misma dirección de San Vicente y las Granadinas y unos días después que otras dos empresas —Greenhill International Ltd. y Amblia Ltd.— que presuntamente Beaumont poseía y controlaba, de acuerdo con el tribunal de Liechtenstein.

El tribunal, en su solicitud, dijo que Díaz controlaba Amaze a través de otra mujer venezolana, Norka Luque, quien es identificada como amiga de la exministra de Defensa Carmen Meléndez y “mujer de paja” para varios políticos y figuras de alto rango en Venezuela. Intentos de la AP para localizar a Luque no tuvieron éxito.

Los fiscales en Miami también apuntan a Beaumont.

En 2018, presentaron su propia solicitud de asistencia judicial a Ginebra y acusaron al ciudadano francés de crear varias empresas fantasmas para lavar hasta 4.500 millones de dólares robados a través de acuerdos fraudulentos con divisas de PDVSA, el gigante petrolero estatal de Venezuela. Las empresas fantasmas le prestaron a PDVSA bolívares presuntamente comprados en el mercado negro, donde son tres veces más baratos. Pero fueron reembolsados en dólares estadounidenses a la tasa oficial inflada, lo que le permitía a cualquiera triplicar su dinero casi de la noche a la mañana con un “contrato falso de préstamo”, según los fiscales estadounidenses.

Los fiscales estadounidenses sostienen que Beaumont se embolsó 22 millones de dólares al cobrar una tarifa de 0,75% sobre todas las transacciones entrantes y salientes a través de CBH a las empresas fantasmas que ayudó a establecer.

“Beaumont también usó a estos corredores de dinero para recibir y mantener sus sobornos”, dijo la solicitud de asistencia judicial. Una parte de los fondos fueron utilizados para comprar una propiedad de 4,6 millones de dólares en Miami, y otra de 1,3 millones de dólares en la República Dominicana.

Mark Pieth, experto en lavado de dinero de la Universidad de Basilea, Suiza, dijo que CBH podría perder su licencia o enfrentar otra medida disciplinaria si se determina que sabía, o debería haber sabido, qué hacía Beaumont para sus clientes venezolanos. Sin embargo, los fiscales estadounidenses sugieren en sus intercambios con las autoridades suizas de 2018 que el mismo banco había sido defraudado por Beaumont.

Pieth dijo que las acciones emprendidas por CBH parecen similares a las de otros bancos suizos que han sido penalizados recientemente por no combatir la corrupción que involucra a sus clientes venezolanos. En febrero, el regulador de los mercados financieros de Suiza ordenó a Julius Baer, con sede en Zurich, a reformar su gestión de asesores de clientes tras descubrir 150 transacciones durante un periodo de nueve años que apuntaban a “fallas sistémicas” con Venezuela. Anteriormente, Credit Suisse también fue reprendido por sus tratos con Venezuela, así como por su papel en el caso de corrupción en el organismo rector de la FIFA y Petrobras, el gigante petrolero de Brasil.

“La pregunta es si CBH es mafioso o una víctima”, dijo Pieth, quien revisó los documentos del caso por petición de la AP.

CBH dijo que Beaumont renunció en 2012 y que se cree que trabajó después con varios bancos como administrador de activos independiente. Negó rotundamente que haya participado, facilitado o tolerado el lavado de dinero.

CBH “siempre ha mantenido rigurosos salvaguardas y controles internos para identificar y prevenir las transacciones ilegales, como ha sido confirmado y aprobado repetidamente por auditores externos”, dijo en un comunicado Christopher Robinson, jefe del departamento legal del banco. CBH no ha sido procesado por ningún crimen y tampoco es un blanco de la investigación de Liechtenstein.

Los lingotes de oro que presuntamente le pertenecen a Díaz representan apenas una pequeña fracción del monto total saqueado de Venezuela. Pero son un símbolo poderoso de la avaricia ilimitada que alimentó a una cantidad de intermediarios, desde administradores de activos de abolengo hasta algunos de los bancos más antiguos de Europa.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del lunes 24 de septiembre de 2018, Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, sale de la Audiencia Nacional de España en Madrid.

Los lingotes de oro se mantuvieron dentro de la bóveda privada número G1, en Liemeta AG, que Díaz alquiló en 2014 por unos 20.000 francos suizos (21.700 dólares) al año, según la solicitud del juez Roger Beck del tribunal en Liechtenstein. El acceso a la bóveda estaba restringido a Díaz y su joven hijo después de que cumpliera 18 años.

Pero Díaz autorizó a un financiero de dos generaciones de banqueros suizos a retirar el contenido de la bóveda, lo que presuntamente realizó en dos transacciones —en diciembre de 2014 y noviembre de 2015—, según la solicitud de Beck.

El magistrado dijo que el paradero de las dos pilas de 120 y 130 lingotes “no pudo ser establecido”. Pero señaló que a partir de 2018, el intermediario vendió una cantidad casi idéntica de oro por más de 9,5 millones de euros. La mayor parte de los ingresos de esas ventas fueron depositados en la filial suiza del Banque Internationale à Luxembourg SA. Pero 90 kilogramos de oro fueron recogidos por Daniel Vogt, cuya firma familiar David Vogt & Partners, selló documentos involucrados en las transacciones, según Beck.

Vogt dijo en un correo electrónico que su firma no tenía conocimiento de las transacciones que involucraban a Díaz. Dijo que su firma, que no es objeto de la investigación, no tiene clientes en Venezuela y está cooperando plenamente con las autoridades.

Mientras tanto, Díaz permanece instalada en Madrid e insiste que sus cuantiosos ahorros son el resultado de toda una vida de trabajo honesto y que jamás malversó fondos estatales.

Insiste que sus problemas legales se deben a su negativa a aceptar las órdenes ilegales de Maduro durante las confusas repercusiones de la muerte de Chávez. Por ahora, no está bajo presión para explicar su riqueza. El año pasado, la Corte Nacional de España bloqueó su extradición a Venezuela al considerar creíbles sus temores de que podría enfrentar torturas si era enviada de regreso a su país natal.