Chile: Cámara de Diputados rechaza despenalizar el aborto

La Cámara de Diputados de Chile rechazó este martes (30.11.2021) un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, una iniciativa que quedará archivada, alejando así uno de los principales anhelos del colectivo feminista en el país.

Tras un acalorado debate y una igualada votación, las bancadas legislativas determinaron por 65 votos en contra, 62 a favor y una abstención no continuar con la tramitación de esta ley, que según indica la normativa, no podrá volver a presentarse hasta dentro de un año.

En el país suramericano solo es legal abortar en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre o en embarazos producto de una violación, gracias a una iniciativa aprobada en 2017 durante el segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet (20014-2018). El rechazo, que no descarta que se pueda ingresar un proyecto similar en el corto plazo, desató numerosas críticas por parte de la oposición y de los colectivos feministas.

“Perderemos todas las veces que sea necesario para ganar un aborto libre, legal y gratuito. No sé cuándo lo presentaremos de nuevo (el proyecto), pero les prometo que lo haremos hasta el final”, sentenció la diputada de izquierda Maite Orsini, una de las impulsoras de la norma. “El aborto existe, es una realidad, pero aún hay muchos que prefieren esconderla y condenar a quienes tomen esa difícil decisión”, agregó por su parte Marisela Santibáñez, parlamentaria del Partido Comunista.

El rechazo de este proyecto fue celebrado en tanto, por los sectores más conservadores. “La mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero el niño que está por nacer no constituye parte de su cuerpo (…) No porque se cometan delitos en el extranjero quiero que se cometan en Chile”, expresó durante el debate el derechista Diego Schalper, de Renovación Nacional.

La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (MILES), una de las plataformas en defensa de la mujer más importantes, lamentó a través de Twitter el rechazo y afirmó que “el camino no es la criminalización, sino que el reconocimiento del derecho a decidir sobre abortar o no”.

Gobierno de Bolivia deroga polémica ley y pide suspender paros y protestas callejeras

El Gobierno de Bolivia promulgó ayer martes la norma que anula la ley 1386 que motivó hace nueve días un paro indefinido de comerciantes, transportistas, cívicos y sectores de oposición al Gobierno, que habían señalado que esa normativa atentaba contra las libertades ciudadanas.

En una comparecencia ante los medios, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, informó que el presidente en ejercicio David Choquehuanca “ha firmado y promulgado” la norma que abroga la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

El trámite de anulación anunciado el pasado sábado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, ausente por un viaje a Brasil, se consumó esta jornada en el Parlamento, primero con una sesión de la Cámara de Diputados en la madrugada y luego el Senado que discutió el asunto a lo largo del día, para ser ratificado en el Ejecutivo.

Prada también señaló que la ley de abrogación ya está publicada en la Gaceta Oficial del Estado, un requisito que han exigido los sectores movilizados para levantar las protestas.

El debate parlamentario enfrascó por varias horas a oficialistas y opositores en observaciones por la “exposición de motivos” de la norma de anulación de la ley 1386 que establecía que ese paso se daba ante la gesta de un “segundo golpe de Estado” y la desinformación que atribuyen a sectores de la oposición.

Las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos rechazaron esas afirmaciones al considerar que el problema principal estuvo en la falta de “socialización” de los contenidos y a la premura que muchas veces aplica el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en ambas Cámaras, para aprobar leyes. 

En una comparecencia ante los medios después de la sesión del Senado, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, afirmó que ya “no habría motivo alguno” para que algunos sectores sigan movilizados y mantengan protestas. 

Trump no quiere firmar la ley de ayuda económica y pide que le manden otra con cheques de $2,000 dólares

El presidente Donald Trump dijo este martes que se negaría a firmar el paquete de estímulos que el Congreso aprobó menos de 24 horas antes y que incluye pagos directos de $600 dólares para la mayoría de los estadounidense y prestaciones por desempleo de $300 dólares semanales. El mandatario pidió que se apruebe otro paquete que contemple cheques individuales de $2,000 dólares.

El presidente culpó a los demócratas en un vídeo de cuatro minutos desde la Casa Blanca y que publicó en Twitter. Sin embargo, han sido la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros legisladores demócratas quienes insistentemente han abogado por ayudas económicas de $1,200 dólares, pese a la oposición de muchos republicanos. Sin embargo, el secretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin, sugirió la ayuda de $600 dólares.

Trump pidió al Congreso enmendar el plan de estímulo de $900,000 millones de dólares y la ley de financiación federal y se refirió al paquete legislativo como “una vergüenza” que no aprobaría inmediatamente. El magnate pidió aumentar los “ridículamente bajos” cheques de estímulo de $600 dólares a $2,000 dólares y enumeró una lista de disposiciones de un proyecto de ley que describió como “gasto inútil”.

“También le pido al Congreso que se deshaga de inmediato de los elementos innecesarios y derrochadores de esta legislación, y que me envíe un proyecto de ley adecuado, o de lo contrario la próxima Administración tendrá que entregar un paquete de ayuda para COVID. Y tal vez esa administración sea yo”, dijo Trump, que aún no acepta su derrota electoral.

Entre esas partidas que describió como “inútiles”, el presidente criticó que las familias en las que haya al menos un miembro indocumentado (las llamadas de estatus migratorio mixto) puedan recibir esta vez el cheque de estímulo e incluso puedan optar al primero de manera retroactiva. Organizaciones en defensa de estas familias celebraron ayer esta decisión, que Trump ahora ataca.

La propuesta de ley de 5,593 páginas se presentó el lunes por la tarde y esa misma noche la aprobaron la Cámara de Representantes y el Senado por amplias mayorías bipartidistas. Los legisladores evitaban así un cierre temporal del Gobierno por falta de financiación.

Con información de La Opinión.com

Corte Suprema de EE.UU. invalida ley que restringía el aborto

La Corte Suprema de Estados Unidos dio el lunes una victoria a los defensores de los derechos reproductivos al invalidar una ley restrictiva sobre el aborto en Luisiana que habría dejado al estado sureño con una sola clínica de abortos.

La votación fue de 5-4, con el Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, del lado del contingente liberal de cuatro miembros de la corte. La decisión revocó una ley que habría requerido que los médicos que realizan abortos obtengan “privilegios de admisión”, un tipo de afiliación especial, en hospitales cercanos, a pesar de que los activistas por el derecho al aborto dicen que los pacientes rara vez necesitan ser hospitalizados después del procedimiento.

La Casa Blanca deploró el fallo. La portavoz Kayleigh McEnany dijo que  la decisión “devaluó tanto la salud de las madres como la vida de los niños no nacidos. En lugar de valorar los principios democráticos fundamentales, los jueces no elegidos se inmiscuyeron en las prerrogativas soberanas de los gobiernos estatales al imponer sus propias preferencias políticas a favor del aborto para anular las normas legítimas de seguridad del aborto “

En sus primeros fallos de casos de aborto, los jueces conservadores Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, nombrados por el presidente Donald Trump, estaban en minoría, votando a favor de defender la ley de Luisiana que habría revocado un fallo de 2016, emitido por un grupo diferente de jueces de la corte, que anuló una casi idéntica ley restrictiva del aborto en Texas.

Al coincidir con el ala liberal de la corte, Roberts dijo que el respeto por el precedente de la corte en decisiones previas “nos exige, en ausencia de circunstancias especiales, que tratemos casos similares por igual. La ley de Luisiana impone una carga sobre el acceso al aborto tan grave como la impuesta por la ley de Texas, por las mismas razones. Por lo tanto, la ley de Luisiana no puede sostenerse bajo nuestros precedentes “.

La alineación de Roberts con los cuatro liberales de la corte fue sorprendente porque declaró que sigue creyendo que el caso de Texas de 2016 fue “erróneamente decidido”, pero que, sin embargo, debería cumplirse en el caso de Luisiana.

La decisión fue una victoria significativa para los defensores de los derechos del aborto en EE.UU. y un revés para los enemigos del aborto que esperaban que Gorsuch y Kavanaugh llevaran a la corte a imponer más restricciones al aborto y eventualmente a revocar la histórica decisión Roe v. Wade de 1973 que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en EE.UU. 

“La Corte Suprema envió un mensaje claro a los políticos de todo el país: Paren de intentar quitar el acceso al aborto legal y seguro”, escribió en un comunicado Alexis McGill, presidenta del Fondo de Acción de Planned Parenthood, que defiende los derechos reproductivos. 

Los defensores del derecho al aborto sostuvieron que la ley de Luisiana fue un intento velado de reducir la legalidad del aborto en Estados Unidos. El juez Stephen Breyer escribió que la mayoría “en consecuencia sostiene que el estatuto de Luisiana es inconstitucional”.

Breyers dijo que la evidencia en la disputa de Luisiana “también muestra que la oposición al aborto jugó un papel importante en las decisiones de algunos hospitales de negar los privilegios de admisión” a los practicantes del aborto.

Los expertos en salud estiman que se realizan más de 800,000 abortos al año en EE.UU., aunque la cifra ha disminuido sustancialmente desde el período de 1978 a 1997, cuando las cifras anuales superaron el millón de abortos y alcanzaron un máximo de más de 1.4 millones.

La pregunta ante el tribunal en el fallo del lunes fue si la ley de Luisiana de 2014 que exige que los médicos en las clínicas de aborto tengan privilegios de admisión en los hospitales cercanos pondría una carga excesiva en las mujeres que buscan un aborto. 

Los practicantes de aborto han dicho que habría sido casi imposible por una variedad de razones obtener privilegios de admisión hospitalaria, lo que habría dejado a Luisiana con una sola clínica de abortos, en la ciudad más grande del estado, Nueva Orleans.

Sin embargo, los partidarios de la ley dijeron que protegería la salud y la seguridad de las mujeres que buscan abortos y ayudaría a garantizar la competencia entre los médicos.

Sin embargo, los defensores del derecho al aborto citaron la rareza de la necesidad de hospitalización después de un aborto y dijeron que las mujeres podrían, si fuera necesario, ser hospitalizadas, aunque su doctor no tuviera privilegios de admisión. 

La ley de Texas anulada en 2016 dijo que la disposición de privilegio de admisión no tenía un beneficio médico.

En esa decisión, el ahora retirado juez Anthony Kennedy se unió a los cuatro liberales de la corte para formar una mayoría. En ese momento antes de que Trump asumiera la presidencia, el Departamento de Justicia argumentó que la ley de Texas debería ser revocada. Pero bajo Trump, el departamento respaldó la ley de Luisiana.

La decisión de la corte de 2016 dijo que el requisito de privilegios de admisión “proporciona pocos, si es que hay alguno, beneficios de salud para las mujeres, representa un obstáculo sustancial para las mujeres que buscan abortos y constituye una” carga indebida “sobre su derecho constitucional a hacerlo”.

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Congreso: Demócratas impulsan reforma policial para evitar muertes como la de George Floyd

Luego de arrodillarse durante ocho minutos y 46 segundos, el tiempo que George Floyd soportó vivo la rodilla del expolicía Derek Chauvin que le quitó la vida, congresistas demócratas presentaron una reforma que ayudaría a evitar estos casos o a perseguir más fácilmente a sus perpetradores.

Un reporte del periodista Jesús García, del diario La Opinión, señaló que liderados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; la representante Karen Bass (California), presidenta del Black Caucus del Congreso, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, los demócratas su propuesta de reforma policial y judicial.

“(Este) momento de angustia nacional se está transformando en un movimiento de acción nacional a medida que los estadounidenses de todo el país protestan pacíficamente para exigir el fin de la injusticia”, consideró Pelosi durante la conferencia de prensa.

La Ley de Justicia en la Policía 2020, adelantó la representante de California, ayudaría a eliminar las barreras para enjuiciar a oficiales por mala conducta, además de cubrir los daños a las víctimas.

También estuvieron presente el líder de la mayoría en la Cámara, Steny Hoyer (Maruland), y otros miembros del Black Caucus, incluido el senador y exaspirante presidencial Cory Booker (Nueva Jersey); el promotor de votos de la Cámara, James Clyburn (Carolina del Sur); la senadora y exaspirante presidencial Kamala Harris (California); el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jerrold Nadler (Nueva York).

Bass adelantó que la propuesta no impulsa la desaparición de los departamentos de Policía, como lo solicitan algunos manifestantes y cuya discusión está aumentando en Minneapolis, Minnesota, donde ocurrió la muerte de Floyd.

“Una profesión en la que se tiene el poder de matar debería ser una profesión que requiera oficiales altamente capacitados que rindan cuentas al público”, expresó la congresista de California.

Agregó que el objetivo de la propuesta es cambiar la forma en que se relacionan los oficiales del orden con los ciudadanos.

“Creemos que (la reforma) es transformadora, que transformará las relaciones que nuestras comunidades tienen con la Policía”, precisó Bass.

El senador Schumer (Nueva York) consideró que éste es el primero de varios pasos necesarios para responder a las actuales movilizaciones nacionales, que se desataron tras la muerte de Floyd.

“La Ley de Justicia en la Policía propone reformas cruciales para combatir la violencia racial y la fuerza excesiva por parte de las fuerzas del orden público”, apuntó.

Entre los cambios que se proponen están:

  • Crear un Registro Nacional de Mala Conducta.
  • Amplía las facultades a fiscales generales estatales y al Departamento de Justicia para la persecución de oficiales que hayan abusado de su poder, pero sustentado en investigación independiente.
  •  Aumentar la capacitación de los policías.
  • Poner fin al perfil racial.
  • Desmilitarizar a la policía al limitar la transferencia de armas militares a las agencias estatales y locales.
  • Combatir la brutalidad policial al requerir cámaras del cuerpo y en vehículos.
  • Prohibir el estrangulamiento y órdenes de golpear a las personas.
  • Tipificar el linchamiento como un delito de odio federal.