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Sepa porqué destituyeron a Martín Vizcarra como presidente de Perú

Tras ser destituido por el Congreso este lunes, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, declaró tener “la conciencia tranquila”.

“Salgo del palacio de gobierno como entré hace dos años y ocho meses, con la frente en alto”, aseguró.

Vizcarra sucumbió ante el segundo juicio político en su contra que se celebra en Perú en solo dos meses, tras lograr salir airoso del primero, abierto por un presunto delito de tráfico de influencias.

Y aunque parecía que la moción no iba a contar con los apoyos necesarios tampoco esta vez, distintas informaciones en medios locales en las últimas semanas en relación a presunta corrupción por parte de Vizcarra acabaron decantando la balanza.

Los señalamientos contra Vizcarra -quien niega todas las acusaciones y no ha sido imputado por la justicia de su país- se encuadran dentro de la investigación del caso conocido como “el Club de la construcción”, por haber recibido supuestamente sobornos cuando era gobernador en Moquegua, en el sur del país, en 2013 y 2014.

“El ‘Club de la construcción’ es el nombre dado a un cártel de empresas constructoras, peruanas y extranjeras, que se dedicaban a ganar licitaciones públicas de grandes infraestructuras, muchas de ellas licitadas por el Ministerio de Transportes, mediante el pago de sobornos a autoridades”, explica el colaborador de BBC Mundo y conductor de Latina Televisión, Martín Riepl.

Cómo funcionaba

El club habría operado de la siguiente manera: cada vez que había un proyecto de licitación, las empresas se comunicaban con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde un funcionario público arreglaba la licitación a cambio de una coima, explica en un informe de 2019 el Observatorio de la corrupción, de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

El soborno suponía entre el 1% y el 3% del valor de los contratos, que eran por valores millonarios. Las empresas se ponían de acuerdo antes de cada concurso sobre cuál de ellas debía resultar vencedora.

La empresa que lograba “la conquista” del proyecto quedaba a cargo de abonar la coima a los funcionarios y un porcentaje indemnizatorio a la que perdía deliberadamente, o “acompañamiento”.

El Club estaba integrado por algunas de las principales empresas en materia de infraestructura del país.

En sus inicios, estaba formado solo por empresas peruanas y se centraba en las obras de carreteras, pero con la llegada del boom económico, en la década de los 2000, se amplió a otros tipos de obra pública.

Y a las peruanas se unieron otras empresas brasileñas, como la ahora mundialmente famosa Odebrecht, involucrada en millonarios casos de corrupción en varios países de América Latinaaunque con un papel menos protagónico en este caso.

Sin embargo, en Perú otras investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht o Lava Jato han alcanzado a todos los expresidentes del país desde el año 2001: Alejandro Toledo (pendiente de si se aprueba su extradición en Estados Unidos), Alan García (se suicidó cuando iba a ser detenido por su vinculación con Odebrecht), Ollanta Humala (investigado por pagos de la constructora a su campaña) y Pedro Pablo Kuczynski (en arresto domiciliario).

También a la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, que se encuentra en prisión domiciliaria por la financiación de sus campañas electorales.

Años de operaciones

Las autoridades peruanas todavía no tienen claro desde cuándo operaba este cartel.

El exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró ante los investigadores del caso Lava Jato en Brasil que le constaban operaciones desde el 2001 al 2012.

Sin embargo, Raymundo Trinidade Serra, exgerente de relaciones institucionales de Odebrecht, declaró ante fiscales peruanos trasladados a Brasil que el club existía al menos desde 1996.

Las investigaciones sobre el “Club de la construcción” por parte del “equipo especial Lava Jato” -creado en Perú para asumir las investigaciones derivadas del caso Odebrecht-, comenzaron con las declaraciones del exrepresentante de la empresa brasileña, Renato Ribeiro Bortoletti, después de que la fiscalía llegara a un acuerdo con la firma.

Fue Bortoletti el que, con sus informaciones, permitió la apertura en 2017 de una investigación directa a empresas peruanas sobre hechos que hasta ese momento eran solo rumores.

Varias empresas han reconocido su responsabilidad, acogiéndose a la figura de la colaboración eficaz.

Y, según la fiscalía especial, el proceso contra otras dos está a punto de finalizar, con sentencias que se esperaban para principios del próximo año.

“Hay muy pocas sentencias firmes, pero esto se debe a la lentitud de la justicia y no a la falta de elementos probatorios”, asegura Riepl.

Y varios años después, ha sido ahora un miembro de este equipo, el fiscal Germán Juárez, el que abrió el 16 de octubre de este año una investigación preliminar contra Vizcarra por los delitos de cohecho y colusión en agravio del Estado.

Congreso peruano inicia proceso de destitución del presidente Martín Vizcarra

El presidente peruano Martín Vizcarra se convirtió el viernes en el primer mandatario de las Américas en ser sometido a un proceso de destitución durante la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus.

El Parlamento inició por la tarde el camino para la vacancia de Vizcarra tras la difusión de audios donde al parecer coordinaba la defensa de una investigación sobre su entorno por la contratación estatal de un conocido suyo.

Vizcarra gobierna desde 2018 sin bancada parlamentaria.

La crisis explotó el jueves con la difusión de tres audios y el viernes, sin haber realizado una investigación sólida, el Congreso ya había decidido por 65 votos a favor iniciar un debate para decidir en los próximos días si se destituía al mandatario. Por ley se necesitaban al menos 52 votos.

Desde una universidad donde la farmacéutica Sinopharm experimenta la fase tres de una vacuna contra el virus, Vizcarra dijo que se había “urdido una trama para desestabilizar la democracia”. Añadió que no renunciará, como sí lo hizo su antecesor Pedro Pablo Kuczynski en 2018, de quien era vicepresidente.

Steve Levitsky, profesor de ciencia política de la universidad de Harvard, dijo a The Associated Press que la decisión del Congreso era “desastrosa” y que la democracia peruana “se está hundiendo desgraciadamente cada vez más en una crisis” en un país donde cientos mueren cada día a causa del virus.

El Congreso de 130 miembros debe ahora sumar 87 votos para destituir al presidente entre el martes 15 y el 22 de septiembre, pero los parlamentarios podrían acelerar la votación final si logran reunir 104 votos. En el procedimiento, el presidente o su abogado podrían intervenir por una hora.

Una comisión parlamentaria y la fiscalía investigan cómo un conocido del presidente, llamado Richard Cisneros, fue contratado nueve veces entre 2018 y 2020 por el cual se le pagó 49.500 dólares. El parlamentario Edgar Alarcón, quien difundió los audios y dirige la comisión donde se investiga la contratación de Cisneros, afirma que Vizcarra debe ser destituido por incapacidad moral.

Los legisladores apuntan a que Vizcarra habría favorecido a Cisneros en las contrataciones realizadas en el Ministerio de Cultura para que brindara charlas motivacionales a funcionarios para que mejoraran su rendimiento durante la pandemia. El presidente lo niega con énfasis.

El asunto no está claro y ningún parlamentario ha afirmado cuáles son los delitos en los que habría incurrido Vizcarra para ser destituido. Según un audio, Vizcarra y tres funcionarios cercanos discuten sobre cuántas veces el señor Cisneros ingresó al palacio presidencial. Vizcarra dice que a través de correos electrónicos se sabe que ingresó cinco veces, pero él sólo recuerda dos veces.

“Hay que decir que entró dos veces”, dice Vizcarra en los audios en referencia a Cisneros. Esa frase ha sido interpretada como un intento de mentira ante la justicia por parte de sus opositores.

Cisneros, un cantante de 52 años desconocido en Perú, conoció a Vizcarra durante la campaña presidencial de Kuczynski. A Cisneros se le escucha en otro audio conversando con una secretaria de Vizcarra sin decir nada trascendente, pero el viernes dijo que había sido grabado para ser usado en una “conspiración” y acusó que detrás de todo estaba el legislador Alarcón, quien difundió los audios.

“No ha habido ninguna investigación… la destitución del presidente es un asunto muy importante y requiere de una seria deliberación, debate público e investigación. No ha habido nada de eso”, dijo Levitsky, un estudioso de la política peruana.

Transparencia Internacional dijo en un comunicado que la investigación sobre los audios donde se escucha al presidente debe investigarse según la ley, “respetando la norma constitucional que el presidente no puede ser acusado durante su mandato”.

El actual proceso de destitución presidencial es el tercero desde 2016 en la inestable política peruana acostumbrada al enfrentamiento del congreso y el presidente.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue sometido en dos ocasiones al proceso de vacancia y renunció en marzo de 2018 poco antes de que la decisión fuera sometida a votación.

Lo reemplazó Vizcarra, quien era su vicepresidente. Hace un año, a fines de septiembre, Vizcarra cerró al Parlamento, pero ahora el nuevo Congreso decidirá si lo mantiene o no en el puesto.

Si Vizcarra llega a superar el intento de destitución, culminará su gestión en julio de 2021.

Perú sumaba hasta el viernes más de 30.300 muertos y más de 710.000 infectados desde el inicio de la pandemia en marzo. A nivel de Latinoamérica es el segundo país con más contagiados y el tercero con más muertos.

Piden renuncia de Presidente de Perú por escándalo de corrupción; el mandatario dice que no se irá

El presidente del Perú, Martín Vizcarra, no dimitirá por las grabaciones en las que aparentemente intenta ocultar su vinculación a un caso de corrupción, que consideró una “patraña” y un “un vil intento por desestabilizar el Perú”, declaración que va en rumbo de colisión con el Congreso.

Vizcarra, en un mensaje a la Nación emitido desde el Palacio de Gobierno, fue categórico en denunciar a quienes difundieron las grabaciones como parte de “un complot contra la democracia” y defendió sus palabras que aparecen en las grabaciones como “conversaciones privadas” obtenidas “ilegalmente” que no conforman “ningún delito”.

“A estos personajes no les interesa el país y la democracia, solo quieren tomar el Gobierno, y garantizar su control hasta el 2026, estamos en un complot contra la democracia”, expresó el jefe de Estado.

Los audios difundidos por el presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, revelan las coordinaciones de Vizcarra con sus asesores para supuestamente negar su vinculación con el cantante Richard “Swing”, que durante años fue contratado por el ministerio de Cultura para trabajos poco justificables y para los que no tenía calificación.

FUERA DE CONTEXTO

“Nunca he negado conocer al señor Richard Swing, pero no he intervenido en el proceso de contratación”, aseveró Vizcarra, tras admitir también que las conversaciones fueron coordinaciones internas realizadas en el interior de Palacio de Gobierno.

El mandatario afirmó que han querido “sacar palabras fuera de contexto, acusarme de situaciones inexistentes, nada más lejos de la realidad”.

Sin embargo, distintos sectores políticos y analistas han adelantado que Vizcarra puede ser denunciado por obstaculización de la justicia, según lo que se conoce de las grabaciones.

“Si quieren vacarme, aquí estoy con la frente alto. Pero nada constituye causal de vacancia”, remarcó el gobernante.

Vizcarra recordó que en marzo del 2018 firmó “un compromiso con todos los peruanos de culminar el mandato y así lo haré”, al recordar la fecha en que asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por vínculos con la empresa Odebrecht.

“No voy a renunciar, no me corro”, insistió.

INTERESES SUBALTERNOS

Criticó que “las fuerzas del Congreso” se presten a un “juego subalterno y perverso de manchar honras por intereses políticos y electorales” y pidió que “se realicen todas las investigaciones, con la mayor transparencia y profundidad”, dado que es el “principal interesado en ello”.

Vizcarra señaló que este material es difundido precisamente en el día en que el Congreso debía debatir y votar el impedimento para postular a las elecciones a los candidatos que estén investigados o sentenciados por corrupción, uno de los temas principales de la reforma política impulsada por su gobierno.

“Quien presenta los audios es el mismo congresista, al que la fiscalía ha solicitado levantar su inmunidad para investigarlo por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, y peculado”, entre otros, indicó el mandatario.

El mandatario se refirió así al diputado Edgar Alarcón, ex contralor general de la República con quien mantiene un largo enfrentamiento, que entró en el Congreso en las filas del partido Unión por el Perú (UPP), vinculado al militar golpista Antauro Humala.

Vizcarra dijo que “poco les importa a algunos sectores sumir al país en una crisis aún mayor”, cuando faltan pocos meses para concluir su mandato, en julio de 2021, y “en medio de la peor crisis sanitaria” ocurrida en el país.