El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, anunció este martes que amplió su demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), argumentando que la suspensión de las deportaciones constituye una “peligrosa política de inmigración”.

A esta solicitud se unió el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, así que ambos estados gobernados por republicanos presentaron una moción de orden judicial pidiendo a una corte que detenga la implementación de las políticas migratorias encabezadas por la Administración de Joe Biden.

“Si me preguntaran sobre la elección de política más pobre que he visto en el Gobierno, esta sería un fuerte contendiente”, dijo Brnovich en un comunicado.

A su parecer, “liberar ciegamente a miles de personas, incluidos criminales convictos y aquellos que puedan estar propagando la covid-19 en nuestro estado, es tanto inconcebible como una violación de la ley federal”.

Mediante el documento instó al gobierno federal a detener estas prácticas migratorias con el fin de “evitar una peligrosa crisis humanitaria para los inmigrantes y la gente de Arizona”.

Brnovich anunció la nueva acción judicial como una ampliación de la que ya había presentado el 3 de febrero contra la orden de Biden de congelar las deportaciones durante sus primeros 100 días de mandato.

Esa orden ya ha sido bloqueada por un juez federal a petición del estado de Texas, también republicano, que fue el primero en actuar en esa dirección. La decisión del juez es temporal, ya que solo bloquea la orden de Biden mientras toma una decisión definitiva.

Tanto Texas en su demanda como ahora Arizona y Montana aducen el daño “irreparable” que las políticas del mandatario pueden causar a sus estados.

Por medio de Twitter, Brnovich compartió su nueva acción indicando: “Ampliamos nuestra demanda presentada anteriormente contra el DHS por su nueva política de inmigración que detiene casi todas las deportaciones durante 100 días, incluso los acusados o condenados por delitos”.