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¿Habrá pasaportes de vacunación en Florida? Sepa qué piensa el gobernador De Santis

Mientras que en otras áreas del mundo ya aprobaron el uso o están encaminados a aprobar el uso de los llamados “pasaportes de vacunación”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que no permitirá que una iniciativa así se implemente en el Estado del Sol bajo su mandato.

“Es completamente inaceptable que el gobierno o el sector privado impongan el requisito de que muestre prueba de vacuna para poder participar en la sociedad,” dijo DeSantis ayer lunes durante una rueda de prensa en Tallahassee, la ciudad capital de Florida.

Agregó que no quiere que las personas se vean obligadas a mostrar un documento privado para ir a ver una película al cine, asistir a un evento deportivo o divertirse en un parque temático. Otros gobernantes han sugerido que los pedirán para sus viajantes.

El ejecutivo republicano realizó su anuncio ya que la administración demócrata del Presidente Joe Biden ha indicado que planea lanzar tal iniciativa en Estados Unidos.

Jeff Zients, el coordinador del grupo de trabajo contra el coronavirus de la Casa Blanca, manifestó durante una conferencia de prensa el 12 de marzo que ciertas empresas y entidades sin fines de lucro ya están creando un método para que las personas confirmen que ya recibieron la o las dosis respectivas.

Muchas entidades ya han hecho públicas sus propias versiones de los certificados de vacunación, incluidos los que el gigante de la tecnología IBM está probado en el estado de Nueva York. La Organización Mundial de la Salud, junto a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en EEUU, también está investigando el tema.

Zients explicó que el papel de su equipo es “garantizar que cualquier solución en esta área sea simple, gratuita [y] accesible” en formato digital y en papel.

“A medida que aumentamos el número de personas vacunadas, sabemos que algunas personas pueden tener la necesidad de demostrar que están vacunadas,” dijo Zients.

Pero DeSantis se niega. El lunes dijo que se opone a que las vacunas contra el COVID-19 sean obligatorias en Florida, por lo que la prueba de tal, no tendría sentido.

“Siempre hemos dicho que queremos proporcionarle la vacuna a todos, pero exigírsela a nadie”, dijo. “No te vamos a obligar a hacerlo”.

DeSantis caracterizó los esfuerzos de poner en marcha los pasaportes de la vacunación como “innecesarios” ya que muchas personas se habrán vacunado en las siguientes semanas y meses.

El Departamento de Salud de Florida no emitió un informe de vacunas el domingo porque su sistema de registros estaba bajo mantenimiento. Según el informe del sábado, el más reciente, 209,668 personas en Florida han completado la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson, y 2,865,665 personas han completado la serie de dos dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna.

Además, DeSantis advirtió que podría causar violaciones de privacidad para los individuos.

“¿Vamos a dejar que el zorro cuide el gallinero?” dijo el gobernador. “Ay, por favor”.

DeSantis dijo que planea firmar una orden ejecutiva de emergencia esta semana que efectivamente prohibirá el uso de cualquier pasaporte de vacunación en Florida. En las próximas semanas, agregó, planea redactar junto a los legisladores estatales un proyecto de ley que establezca tal bloqueo de forma permanente.

Con información de El Nuevo Herald

CNN dice que Pence le informó a Trump que no puede bloquear victoria de Biden

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, le dijo ayer martes al presidente Donald Trump que no tiene la autoridad para bloquear la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden cuando el Congreso se reúna para contar los votos electorales, dijeron fuentes a CNN.

Trump, que ya había aumentado la presión sobre Pence para tomarse las elecciones, le advirtió que sería políticamente «perjudicial» que Pence se negara a bloquear la certificación, según una fuente familiarizada con la conversación.

Pence informó gentilmente a Trump durante la reunión que no existe el poder para que él descarrile el proceso, agregó la fuente.

El vicepresidente le dijo a Trump que hay casos atípicos que dicen que la autoridad existe, pero la Oficina del Abogado de la Casa Blanca le ha dicho a Pence que no tiene esa autoridad, según esta fuente que fue informada sobre la conversación. La reunión en la Casa Blanca se produjo después de que Pence se reuniera con el asesor parlamentario del Senado a principios de esta semana para analizar su papel en los procedimientos.

El New York Times fue el primero en informar sobre el mensaje de Pence al presidente.

Las fuentes le dijeron a CNN que se espera que el vicepresidente haga declaraciones de apoyo a los esfuerzos de Trump para impugnar los resultados mientras alega infundadamente que los resultados son fraudulentos.

Un asesor senior de Trump agregó que Pence podría adoptar una postura más agresiva de lo que se había anticipado y dijo que es probable que el vicepresidente evite una actuación demasiado robótica que enojaría a Trump y su base política.

«No va a ser un alhelí», dijo el asesor.

Pence salió de la Casa Blanca alrededor de las 8 p.m. ET del martes, lo que indica que no verá los resultados de las contiendas de segunda vuelta del Senado en Georgia con Trump.

La ausencia de un espectador puede estar más en línea con el estado actual de su relación, dada la creciente frustración de Trump con Pence por su papel, o la falta de participación, en los procedimientos del miércoles. Pence y Trump cenaron juntos el martes temprano mientras los funcionarios se preparaban para la reacción de Trump a la certificación del Congreso.

El asesor aún dijo que es poco probable que Pence se desvíe de su papel constitucional durante los procedimientos e intente inclinar la elección hacia Trump, algo que el vicepresidente no puede hacer incluso si lo intenta.

«Podría decir que no tiene el poder para hacer ciertas cosas», dijo el asesor, anticipando que se espera que Pence explique que la Constitución le permite llegar hasta cierto punto en la canalización de los sentimientos de Trump sobre las elecciones.

Mientras tanto, una fuente cercana al liderazgo republicano del Senado y familiarizada con el pensamiento dentro de la órbita del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que la opinión predominante es que el papel de Pence es «ceremonial» y nada más.

Resistencia de López Obrador a asumir más deuda amenaza con agravar el golpe económico de la pandemia

En México, la crisis económica mundial desatada por el Covid-19 ha expuesto que el enemigo más grande del país puede que sea el país mismo. La herramienta más poderosa de la que dispone el Gobierno es la deuda. Utilizarla conllevaría un aumento de esta, naturalmente. Pero sobre todo exigiría un esfuerzo organizado por gastar e invertir eficientemente los recursos.

Y en eso, México falla. La negativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a recurrir a la deuda para financiar un plan de choque contra la crisis derivada de la pandemia ha intensificado aún más las tensiones con gran parte del mundo empresarial, que le reclama mayores ayudas, ha abierto grietas en el propio Gabinete y ha abocado al país a una mayor incertidumbre económica.

México goza de un acceso a los mercados financieros internacionales que otras economías emergentes desearían en un momento como este. Su reputación como deudor es fuerte y sus finanzas sanas. Como prueba están sus colocaciones de bonos, siempre bien recibidas por inversores que quieren prestarle dinero a la segunda economía más grande de América Latina a una tasa de interés atractiva. Además, es uno de tres países en el mundo -junto a Polonia y Colombia- que tienen un tipo de préstamo preaprobado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llamado Línea de Precaución y Liquidez (LPL). El FMI ha puesto a disposición de México hasta 61.000 millones de dólares. Si México decidiera utilizarlos, como lo ha hecho ya Colombia, por ejemplo, solo tiene que decirlo y los recursos estarían en las arcas del Banco de México en cuestión de días.

“No me parece que lo que está enfrentando México sea falta de fondos, sino una falta de ideas,” asegura Sebastián Brown, economista en jefe de América Latina para el banco de inversión Deutsche Bank en Nueva York. “Una falta de claridad con respecto a qué es lo que se debería hacer en una situación como esta”, añade. Gobiernos de signo político opuesto, a ambos lados del Atlántico, coinciden en que es momento de impulsar políticas de mayor gasto, contracíclicas, para paliar en la medida de lo posible las consecuencias económicas de la pandemia: aumento del desempleo, quiebras de empresas y destrucción del tejido productivo.

De acuerdo con estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda como proporción del producto interno bruto (PIB) subirá de un 45% a un 53% a final de este año, un incremento que se debe a la caída en la economía que ya se estaba dando antes de que llegara la crisis de Covid-19. A lo que habrá que sumar el déficit adicional debido al deterioro fiscal por los menores ingresos que siempre acarrea una crisis. Este nivel de deuda le da a México mayor espacio para endeudarse que economías como Brasil y Sudáfrica, cuyos déficit son más altos. Incluso si México decidiera gastar el equivalente al 3% de su PIB en medidas para contener el choque económico y su nivel de deuda alcanzara el 56% del PIB, eso lo pondría en línea con el promedio entre países emergentes en todo el mundo, de acuerdo con información del FMI. El promedio en América Latina es aún más alto, del 69%.

El Gobierno podría solventar los costos de un buen programa de mitigación al gastar más y recaudar menos impuestos, lo que, ahí sí, incrementaría la deuda. Si el Gobierno no quiere ofrecer incentivos fiscales a empresas, como el presidente ha insistido pese a los constantes reclamos, podría salvar el obstáculo mediante una emisión de un tipo de “bono coronavirus” a una tasa alta, tan pronto los mercados financieros muestren señales de apetito.

Es probable que fuera exitoso, argumenta Brown, pero los inversores tendrían que estar convencidos de que el Gobierno gastará los recursos en programas o proyectos con un retorno en inversión razonable. Y es aquí donde México se encuentra en problemas.

Fuente: El País.es