El presidente colombiano, Iván Duque, anunció ayer domingo el retiro del proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso el pasado 15 de abril, que detonó las protestas sociales y desórdenes de los últimos cuatro días en el país.

“La solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera”, dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

Como reseña la BBC, el principal reclamo detrás de las movilizaciones es un documento de 110 páginas que el gobierno colombiano llamó Ley de Solidaridad Sostenible, pero que distintos expertos señalan es en realidad un rótulo para evitar llamarla por lo que es: una reforma tributaria con todos sus bemoles.

En el papel, la llamada Ley de Solidaridad Sostenible, presentada al Congreso la semana pasada, tiene como objetivos principales los siguientes cuatro puntos: ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental.

La idea, de acuerdo al gobierno, es recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales (unos US$6.300 millones).

Pero el asunto, según han señalado los críticos desde temprano, es de dónde se sacará ese dinero. Y la respuesta del propio ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, parece aclararlo todo: “El recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales y el resto, de las empresas“.

Tal vez el punto más polémico sea el cobro de impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234.

Además, la ley propone imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos.

También se proyecta un aumento en los impuestos al patrimonio de las personas que más ganan.

El proyecto de ley contempla, entre otras medidas, que quienes tengan un patrimonio superior a los US$1,35 millones deberán cumplir con otro impuesto -diferente al que pagan de renta- del 1%, mientras que para quienes tengan un patrimonio de más de US$4 millones la cifra a pagar sería del 2%.