La Unión Europea (UE) aprobó este lunes nuevas sanciones contra Venezuela tras las elecciones del pasado 6 de diciembre que los países de la UE no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos.

En total, la lista incluye a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y a Diosdado Cabello, número dos del presidente Nicolás Maduro.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE ampliaron hoy la lista, añadiendo a 19 personas entre las que se encuentra la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y Leonardo Enrique Morales Poleo, respectivamente.

También incluyen a varios diputados de la Asamblea Nacional constituida el 5 de enero, que la UE tampoco reconoce, así como a magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de Venezuela.

“Los individuos añadidos a la lista son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales”, dijeron los Veintisiete en un comunicado.

Las sanciones implican la prohibición de entrar al territorio comunitario y la congelación de los activos y bienes que tengan en la UE.

La UE reiteró hoy su disposición a continuar “trabajando y colaborando con todos los actores en Venezuela” para promover un “una diálogo pacífico y democrático”, así como “una solución sostenible a la crisis en el país”.

Tras la constitución de la nueva Asamblea Nacional, controlada ahora por los partidarios del régimen de Nicolás Maduro, la UE ya expresó que no reconoce al actual parlamento y se mostró partidaria de trabajar con el líder opositor Juan Guaidó para poder celebrar nuevos comicios en el país, aunque desde entonces ha evitado tratarle de presidente.

“La UE mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015, que fue la última expresión libre de los venezolanos”, dijeron entonces los Veintisiete.

Maduro señala que las sanciones internacionales, que incluyen el bloqueo en el exterior de activos pertenecientes a su país, están impidiendo que su país ofrezca una mejor respuesta a la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19.

En una intervención virtual durante la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maduro dijo que su país afronta más de 47wQbNPTDJp9hMYdvogK2hAUiHsGeiybwaWe36bwtRQ3UTpYV7YuZ8FV5j9nauFCWwcjM6dTzpL5s2N79Rp5unwdMvc8ZKU, con el fin último de provocar un cambio de gobierno.

El Gobierno de Maduro cifra en al menos 30.000 millones de dólares los activos a los que no puede acceder por las restricciones impuestas por Estados Unidos y la UE y que –según el mandatario- servirían para cubrir necesidades básicas de la población.

“Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, desacatando los llamados de la comunidad internacional”, dijo Maduro al Consejo de Derechos Humanos (CDH), el foro internacional más importante en este ámbito y que se celebra desde Ginebra en formato esencialmente virtual.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, consideró en el pasado que las sanciones financieras contra Venezuela no son la forma más eficaz de propiciar la colaboración del gobierno de Maduro.

Una misión de investigación creada por mandato del CDH y que trabaja bajo el amparo de la Oficina de Bachelet corroboró graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo eventos que pueden representar crímenes contra la humanidad y de los que altos responsables del gobierno habrían sido cómplices.