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Biden negocia el plan de ayuda con senadores republicanos

El grupo de senadores republicanos que propuso un paquete de ayuda por la pandemia de 618 millones de dólares se reunió este lunes por la tarde con el presidente, Joe Biden, para discutir el proyecto que contempla pagos directos y fondos de ayuda menores a los que plantearon los líderes demócratas.

Uno de los cambios fundamentales de la propuesta republicana es el dinero de los cheques de ayuda: se propone que se otorguen 1,000 dólaresen lugar de los 1,400 que propuso Biden, para individuos que ganan menos de 50,000 dólares al año y familias que ganan menos de 150,000. A partir de allí el monto del pago se va reduciendo.

La Casa Blanca está dispuesta a analizar una reducción en los cheques de estímulo, dijo a CNN un funcionario de alto rango en la Administración, pero no recortes a las ayudas por desempleo o a los fondos para la reapertura segura de las escuelas. 

Los senadores republicanos que se reunieron con Biden este lunes por la tarde en la Oficina Oval de la Casa Blanca fueron Susan Collins por Maine; Lisa Murkowski, por Alaska; Mitt Romney, por Utah; Bill Cassidy, por Louisiana; Rob Portman, por Ohio; Shelley Moore Capito, por Virginia Occidental; Todd Young, por Indiana; Jerry Moran, por Kansas; Mike Rounds, por Dakota del Sur; y Thom Tillis, por Carolina del Norte.

Schumer señaló una falla importante para él: la oferta republicana carece de la ayuda federal que ha pedido durante meses para los gobiernos estatales y locales golpeados por la pandemia.

La propuesta de los republicanos, que asciende a 618,000 millones de dólares, representa solo un tercio del plan de estímulo de 1.9 billones de dólares que el demócrata solicitó al Congreso. El funcionario dijo que si bien la Administración de Biden está abierta a que su paquete de ayuda sea menor, pero no el monto propuesto. 

Negociaciones en la Casa Blanca por un acuerdo bipartidista

La invitación a la Casa Blanca se produjo horas después de que los legisladores enviaran a Biden una carta instándolo a negociar en lugar de tratar de aprobar su paquete de ayuda únicamente con los votos demócratas en el Congreso, que tienen mayoría en la Cámara Baja y el Senado.

El objetivo es que dicho plan de ayuda se apruebe antes de marzo, cuando expira la ayuda extra por desempleo y otras ayudas por la pandemia. La reunión de este lunes supone la mayor participación pública del presidente en las negociaciones para la próxima ronda de ayuda por la pandemia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el domingo que Biden había hablado con la líder del grupo, la senadora Susan Collins. Aunque Biden quiere “un intercambio completo de puntos de vista”, Psaki reiteró que el presidente sigue a favor de seguir adelante con un paquete de ayuda de gran alcance.

“Como han dicho destacados economistas, el peligro ahora no está en hacer demasiado: está en hacer demasiado poco“, señaló Psaki. “Los estadounidenses de ambos partidos esperan que sus líderes estén a la altura del momento”, agregó.

Juicio político de Donald Trump pasó al Senado

Los demócratas llevaron ayer lunes el expediente de juicio político contra Donald Trump al Senado, pero los senadores republicanos están rechazando los exhortos para condenarlo por la mortal irrupción en el Capitolio federal.

Es una señal temprana de la persistente influencia de Trump sobre el partido. Los fiscales de la Cámara de Representantes presentaron el único cargo de “incitación a la insurrección” después de hacer el recorrido ceremonial por el Capitolio hasta el Senado.

Pero las críticas republicanas hacia Trump se han enfriado desde los disturbios del 6 de enero. Y ahora, los republicanos están presentando una maraña de argumentos contra la legitimidad del juicio y cuestionan si las repetidas demandas de Trump de anular la elección de Joe Biden equivalen realmente a una incitación.

Lo que para algunos demócratas parecía un caso tan claro como el agua que se desarrolló ante los ojos del mundo en televisión en vivo en el que Trump alentaba a una multitud a “luchar en cuerpo y alma” por su presidencia, se está topando con un Partido Republicano que piensa de manera muy diferente.

No sólo hay cuestiones legales, sino que los senadores temen contrariar al expresidente y a sus legiones de seguidores que son sus propios votantes. La seguridad sigue siendo estricta en el Capitolio.

El senador John Cornyn dijo que, si el Congreso empieza a celebrar juicios políticos de exfuncionarios, ¿qué será lo siguiente’: “¿Podríamos volver y juzgar al presidente Obama?”

Además, insinuó que Trump ya ha rendido cuentas. “Una forma de que nuestro sistema te castigue es perdiendo unas elecciones”, declaró. Los argumentos en el Senado comenzarán la semana del 8 de febrero, y el caso contra Trump, el primer expresidente que se enfrenta a un juicio político, pondrá a prueba a un partido político que todavía se está aclimatando a la era post-Trump.

Los senadores republicanos están tratando de mantener un equilibrio entre las demandas de los donantes con mucho dinero que se están distanciando de Trump y los votantes que exigen lealtad a él.

Senado rechaza intento de aliados de Trump de revertir la victoria de Biden en Arizona

La Cámara Alta rechazó en la noche de este miércoles el desafío de senadores leales a Donald Trump a la victoria de Joe Biden en Arizona. El proceso del Congreso para contar los votos y confirmar la victoria del presidente electo se ha reanudado después de los disturbios de seguidores de Trump en el capitolio.

Solo 6 senadores (todos republicanos) votaron en contra del resultado electoral en Arizona. Los 93 restantes rechazaron el desafío. Entre estos últimos estaba la senadora de Georgia Kelly Loeffler, que perdió las elecciones del martes contra el republicano Raphael Warnock y que previamente  habría asegurado que objetaría los resultados. Loeffler cambió de opinión el mismo día que se conoció su derrota y que seguidores de Trump irrumpieron en el capitolio de manera violenta.

Los que votaron en contra de los resultados de las elecciones estadounidenses -que ya habían ratificado todos los estados- fueron los senadores Josh Hawley de Missouri, Ted Cruz de Texas, Tommy Tuberville de Alabama, Cindy Hyde-Smith de Mississippi, Senator Roger Marshall de Kansas y John Kennedy de Louisiana. La Cámara de Representantes aún estaba debatiendo este desafío a las elecciones.

El vicepresidente Mike Pence, que preside la sesión, dijo en declaraciones poco frecuentes desde su estrado que “la violencia nunca gana. La libertad gana. Y esta sigue siendo la casa del pueblo” (en referencia a la Cámara de Representantes) .

En una carta a sus colegas horas después del asedio al Capitolio, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi prometió que la Cámara retomaría la sesión y dijo que “hemos decidido que debemos proceder esta noche en el Capitolio una vez que esté autorizado para su uso”.

Pelosi describió el ataque como “un asalto vergonzoso […] a nuestra democracia. Fue ungido al más alto nivel de gobierno. Sin embargo, no puede disuadirnos de nuestra responsabilidad de validar la elección de Joe Biden“, en la que ya se está centrando el Congreso.

Senado dividido recibe nominada de Trump a la Corte Suprema

La Comisión Judicial del Senado inició el lunes el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para llenar la vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos, en un Senado polarizado donde los demócratas se oponen al plan republicano por sellar el puesto antes de las elecciones del 3 de noviembre.

En el proceso, que se extenderá por cuatro días, se pudieron sentir el lunes los efectos de la pandemia. Varios senadores intervinieron por medio de videollamada y el senador Mike Lee, republicano por Utah que dio positivo hace poco más de una semana, apareció en persona y se quitó el tapabocas para hablar. 

El legislador republicano y presidente de la comisión, Lindsey Graham presentó a Barret, quien sirve como jueza federal en el séptimo distrito, asegurando tiene todas las credenciales y que se están siguiendo los pasos adecuados. 

“No hay nada inconstitucional sobre este proceso”, aseguró Graham, aunque reconoció que nunca se ha confirmado a un juez para la Corte Suprema en un año electoral después del mes de julio. 

Barret, de 48 años, es la tercer candidata del presidente Trump a la Corte de nueve miembros. La oposición ha calificado el proceso de nominación por parte de la Casa Blanca, apoyada por el Partido Republicano de “acelerado”. 

En sus testimonios de apertura, los senadores demócratas aseguraron que el plan del gobierno es acelerar una nominación antes del día de las elecciones para que Barrett incline la balanza en el caso Obamacare, que está programado para pasar ante la corte el 10 de noviembre. 

“No es coincidencia que el Partido Republicano esté apresurando el proceso”, dijo el senador demócrata por Vermont Patrick Leahy y acusó a los legisladores de querer obtener una Corte Suprema liderada por ideas republicanas para “revocar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio el 10 de noviembre”. 

En un comunicado previo, la jueza Barret dijo que está lista para decirle a los senadores en su audiencia de confirmación a partir del lunes que los tribunales “no deberían intentar” formular políticas y deberían dejar eso a los presidentes estadounidenses y al Congreso.

En el texto, Barrett presenta una interpretación estricta del papel del tribunal superior, diciendo que “no está diseñado para resolver todos los problemas o corregir todos los errores de nuestra vida pública”.

En cambio, expone, “las decisiones de política y los juicios de valor del gobierno deben ser hechos por los poderes políticos elegidos por el pueblo y responsables ante él. El público no debe esperar que los tribunales lo hagan, y los tribunales no deben intentarlo”.

La serie de audiencias que inicia el lunes es clave previo a la votación del pleno del Senado, prevista para fines de octubre.

Barrett sostiene que como jueza, busca “alcanzar el resultado requerido por la ley, sean cuales sean mis preferencias”, según una copia de sus declaraciones preparadas que fue divulgada el domingo.

Su confirmación para reemplazar a la difunta jueza liberal Ruth Bader Ginsburg crearía una mayoría conservadora de 6-3 en la corte que podría llevar a fallos que revoquen los derechos al aborto, amplíen los derechos sobre religión y armas y ratifiquen las restricciones al voto respaldadas por los republicanos, entre otros temas.

Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, por lo que la confirmación de Barrett parece casi segura.

Los demócratas han centrado sus críticas hasta ahora en el papel potencialmente decisivo de Barrett en un caso pendiente ante la Corte Suprema en el que Trump y estados liderados por republicanos buscan invalidar Ley de Cuidado Asequible de la Salud, conocida como Obamacare.

Los demócratas han pedido a Barrett que se abstenga del caso, diciendo que tendría un conflicto de intereses porque Trump ha pedido que se derogue la ley.

También le han exigido que se aparte de cualquier caso relacionado con las elecciones presidenciales porque Trump ha dicho que es probable que el tribunal tenga que resolver los casos por disputas electorales.

Se espera que Barrett, una devota católica que ha expresado su oposición al aborto, también enfrente preguntas de demócratas sobre ese tema. Los activistas cristianos conservadores han esperado durante mucho tiempo que la corte revoque el histórico fallo Roe v. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país.

El candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., el expvicepresidente Joe Biden, argumentó su postura respecto al tema en un comunicado.

“El presidente Trump ha estado tratando de descartar la Ley del Cuidado Asequible de Salud durante cuatro años. Los republicanos han estado tratando de ponerle fin durante una década”, dijo Biden. “Ella tiene un historial escrito de estar en desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que defiende la Ley del Cuidado Asequible de Salud”.

Republicanos en el Senado de EEUU se preparan para votar nuevo paquete de estímulo

Los republicanos del Senado se están preparando para aprobar esta semana un plan de recuperación mucho menos ambicioso del que presentaron hace unas semanas. Lo harían sin los demócratas, que ya se han opuesto contundentemente a una financiación de menos de dos billones de dólares.

El líder de la mayoría en la Cámara alta, Mitch McConnell, se mostró escéptico ante la idea de que el Congreso alcance un acuerdo antes de noviembre porque, según dijo, “el espíritu de cooperación que teníamos en marzo y abril se ha disipado a medida de que nos acercamos a las elecciones“.

La cantidad que están barajando los republicanos está entre los $500,000 millones y los $700,000 millones, tal y como informó Axios, que cita a fuentes cercanas a las negociaciones.

La mayoría de los senadores republicanos, especialmente quienes se juegan su escaño el próximo noviembre, están de acuerdo en que deben hacer algo para amortiguar el golpe económico de la pandemia. Sin embargo, dentro del propio partido están en desacuerdo sobre cómo debería ser la legislación.

Es por ello que, según comenta el citado medio, han decidido reducir la cuantía del proyecto de ley para conseguir un apoyo más amplio de los republicanos. La propuesta incluiría dinero para las escuelas, protecciones de responsabilidad generalizadas y beneficios de desempleo reestructurados.

Sin embargo, muchos republicanos esperan en privado que esta propuesta tampoco consiga los apoyos para poner contra las cuerdas a los demócratas, cuyos representantes aprobaron la Ley Héroes (de más de tres billones de dólares) en mayo.

Senadores republicanos están abiertos a un paquete de ayuda pero no apoyarán al de los demócratas

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo ayer jueves que está abierto a otro paquete de ayudas destinado a aliviar el impacto económico que está causando el coronavirus. McConnell, que se opone a la propuesta demócrata que se votará este viernes en la Cámara de Representantes, adelantó que está hablando con la Administración Trump sobre una posible legislación.

Aunque el máximo republicano en el Congreso se negó a responder en Fox News cuándo su partido empezaría a negociar un nuevo estímulo, sí adelantó que “su línea roja” es incluir protección a empresas e instituciones contra cualquier tipo de responsabilidad civil.

“Todos estamos hablando sobre esto. Y yo lo estuve hablando ayer con el secretario del Tesoro, con el jefe de gabinete del presidente y con el presidente” Donald Trump, dijo. “Todos creemos que probablemente será necesario otro proyecto de ley”.

McConnell aprovechó para volver a desestimar la ley Héroes que han propuesto los demócratas de la Cámara de Representantes y que contempla una partida de $3 billones de dólares y el envío de otros $1,200 dólares a la mayoría de contribuyentes. El líder del Senado se refirió al proyecto de ley, que se vota mañana en el Congreso, como un “desfile de absurdos”.

La ley demócrata tendría que aprobarse también en el Senado -algo que parece improbable- antes de llegar a Trump, que ya ha amenazado con vetarla.

Aliados de Trump en el Senado proponen sanciones contra China por expansión del COVID-19

Un destacado senador republicano propuso ayer martes una legislación que autorizaría al presidente de Estados Unidos a imponer sanciones de gran alcance a China, si es que Pekín no entrega una cuenta completa de los acontecimientos que condujeron al brote del nuevo Coronavirus.

Dijo Reuters que el senador Lindsey Graham, un estrecho aliado del presidente Donald Trump, dijo estar convencido de que si no hubiera sido por el “engaño” del gobernante Partido Comunista Chino, el virus no estaría en Estados Unidos, donde ya ha matado a más de 80.000 personas.

Graham dijo que China se había negado a permitir que los investigadores estudiaran cómo se inició el brote. “Estoy convencido de que China nunca cooperará con una investigación seria a menos que se les obligue a hacerlo”, añadió en un comunicado.

El senador dijo que su “Ley de Responsabilidad sobre COVID-19” requeriría que el presidente certifique al Congreso, en un plazo de 60 días, que China había “proporcionado un recuento completo y exhaustivo a cualquier investigación sobre COVID-19 dirigida por Estados Unidos, sus aliados o agencias de la ONU como la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

También exigiría una certificación de que China había cerrado todos los “mercados húmedos” que tienen el potencial de exponer a los seres humanos a riesgos de salud, y que ha liberado a todos los defensores de la democracia de Hong Kong arrestados tras la pandemia, dijo.

El proyecto de ley autorizaría al presidente a imponer una serie de sanciones, como la congelación de activos, la prohibición de viajar y la revocación de visados, así como restricciones a los préstamos a empresas chinas y la prohibición de que compañías chinas coticen en las bolsas de Estados Unidos.

La legislación tiene el patrocinio de otros ocho senadores republicanos.

La embajada de China en Washington no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, pero Pekín ha insistido en que ha sido transparente sobre el brote, que comenzó en la ciudad china de Wuhan.

Trump y sus partidarios republicanos han acusado repetidamente a Pekín de no haber alertado al mundo sobre la gravedad y el alcance del virus, lo que ha provocado una contracción económica mundial y ha amenazado sus posibilidades de reelección en noviembre.