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Inmigrantes con TPS arrecian batalla legal por la residencia

Un grupo de inmigrantes beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS) arreciaron su batalla legal contra el Gobierno del presidente Donald Trump por bloquear su camino a la Residencia Permanente.

Los demandantes que viven en el Distrito de Columbia, Maryland, Virginia y Miami, Florida, y son respaldados por el Centro de Recursos de América Central (CARECEN), presentaron una moción para una obtener orden judicial preliminar que bloqueé los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en contra de su “green card”.

Las declaraciones describen el daño causado por la política que califican de ilegal, ya que fue autorizada por el entonces director en funciones de USCIS, Ken Cuccinelli, cuyo nombramiento fue declarado ilegal por un reporte interno del DHS.

Es una demanda separada presentada por Democracy Forward, Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), RAICES y Debevoise & Plimpton LLP.

Los demandantes en este caso están representados por Democracy Forward, CLINIC, Montagut & Sobral, PC y Debevoise & Plimpton LLP, reportaron las organizaciones.

“Una decisión reciente del Noveno Circuito que levanta una orden judicial allana el camino para que la Administración Trump avance con sus planes para eliminar las protecciones para muchos beneficiarios de TPS”, indican los defensores.

Recuerda que la protección de TPS podría terminar, para algunos beneficiarios, en marzo de 2021.

Las personas más afectadas serían personas con órdenes de deportación preexistentes.

“Antes del cambio ilegal de USCIS, cada uno de los demandantes tomó medidas importantes y costosas para ser elegibles para solicitar la residencia permanente”, indican los activistas.

Heroldine Bazile, por ejemplo, tenía solo ocho meses cuando su madre huyó de Haití por temor a su seguridad y la trajo a los Estados Unidos para vivir una vida mejor.

Bazile se graduó de la escuela secundaria en 2016 con un diploma del programa de Colocación Avanzada; es una técnica farmacéutica en Miami, Florida, y está completando su licenciatura en ciencias mortuorias y espera algún día ser dueña de una funeraria.

“Si el gobierno de EE. UU. pone fin al programa TPS para Haití… podría sacarme de Estados Unidos y enviarme de regreso a Haití, donde no he vivido desde que era un bebé”, dijo Bazile.

Beneficiarios del TPS inician viaje para defender la protección migratoria

La comunidad de los beneficiarios por el Estatus de Protección Temporal (TPS) iniciaron este lunes desde Los Ángeles la campaña ”En el Camino Hacia la Justicia”, con la que recorrerán en un bus 32 estados y 54 ciudades buscando apoyo entre votantes para presionar al Congreso por la residencia permanente.

“Hemos estado aquí por décadas, trabajado duro, aportando a este país, acatando la ley. Tenemos familias e hijos ciudadanos, nos merecemos esa residencia”, dijo el salvadoreño Julio Pérez, quien conduce el bus que sale por segunda vez en el recorrido nacional buscando respaldo para cerca de 4000,00 inmigrantes que perderían el amparo el próximo año.

La salida del bus, y el inicio de la campaña, se dio desde las instalaciones de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, condado de Los Ángeles (California), donde el pasado lunes se revirtió una decisión de 2018 de un juez federal que bloqueó la suspensión del TPS para los beneficiarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

“Fue un golpe muy duro, pero somos una comunidad que lucha y esta decisión no nos va a detener”, advirtió la salvadoreña Verónica Lagunas, quien trabaja en la limpieza y ha estado protegida por el beneficio desde 2001.

La campaña, que recorre por segunda vez el país (la primera fue en agosto de 2018), está enfocada en tres grandes partes: la necesidad de una residencia permanente para los beneficiarios del TPS, el llamado a salir a votar, y una campaña de salud dirigida a los trabajadores hispanos y de minorías afectados por la COVID-19.

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que han respaldado la Alianza TPS, explicó a Efe que los inmigrantes que viajan en el bus están entrenados para hablar sobre los temas en comunidades, que incluirán territorios conservadores y de mayoría blanca.

“Sabemos que podemos ser rechazados, pero ya aprendimos del primer recorrido y vamos a insistir porque nosotros no vamos con odio; vamos a explicarles quiénes somos y lo que estamos haciendo los inmigrantes por este país”, sostuvo Alvarado.

El activista recalcó que es importante educar a los votantes sobre el momento político que atraviesa el país, y que en su opinión se dirige hacia el fascismo.

“Nosotros en nuestros países hemos vivido esto, y sabemos el desastre que puede pasar si no lo detenemos. No podemos seguir alimentando la ideología de la superioridad blanca”, agregó Alvarado.

Por las siguientes semanas el bus llegará hasta estados clave en las elecciones presidenciales y del Congreso del próximo 3 de noviembre, como Arizona, Nevada, Florida, Virginia, Pesilvania, Maine y Wisconsin. En el bus viajan amparados del TPS de California, Florida, Texas, Colorado, Nueva York y Massachussetts, entre otros estados.

Los acompañan en esta travesía hijos de los beneficiarios, nacidos en Estados Unidos y que se verían afectados cuando sus padres se vean obligados a salir del país.

Según la demanda presentada en 2018 por beneficiarios y sus hijos, unos 200.000 estadounidenses hijos de titulares del TPS se verían afectados por el fin del programa. Crista Ramos, de 16 años, es una de las ciudadanas que demandó el Gobierno ya que su mamá, Cristina Ramos, se vería obligada a salir del país y dejarla sola.

La decisión de los tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito será apelada, informaron hoy los activistas.

De mantenerse la decisión de la Corte los beneficiarios por el programa perderían sus permisos de trabajo, licencias de manejar, y en algunos casos enfrentarían más rápido la deportación.

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias. No nos van a detener”, concluyó Alvarado.

Corte de Apelaciones permite a gobierno de EEUU eliminar el TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán

Con una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito avaló al Gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Termporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, que afectará a unos 300,000 inmigrantes y sus familias.

“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía implementación de decisiones de rescisión de designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, y en prisión preventiva”, indica la opinión de la jueza Consuelo Callahan.

El panel de jueces encontró que un juez federal de California que decidió mantener el programa tomó una decisión extrema para bloquear la terminación de este programa que otorga perdón de deportación y Autorización de Empleo.

“El Tribunal de Distrito abusó de su discreción para concluir que los Demandantes presentaron al menos serias dudas sobre los méritos de su protección”, indica la opinión sobre la demanda Ramos v. Wolf.

Durante casi 20 años, las administraciones anteriores –republicanas o demócratas– han renovado el estatus de TPS, pero el presidente Trump terminó el programa en noviembre de 2017, aunque los tribunales han bloqueado temporalmente sus esfuerzos.

En medio de la batalla legal, en noviembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió al 4 enero del 2021 el TPS para los cuatro países mencionados.

En la decisión de este lunes, la jueza Morgan Christen votó en contra citando los esfuerzos de la Administración Trump por terminar con el programa que protege a familias de desastres naturales, el crimen organizado y otros problemas en sus países de origen.

En su explicación, la jueza Christen apunta las comunicaciones internas entre distintas agencias del DHS, incluido Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entonces dirigida por Francis Cissna, sobre los esfuerzos de terminar con la protección de inmigrantes sin tomar en cuenta las afectaciones a las familias.

Vale recordar que en 2017 se dieron a conocer decenas de memorandos internos del Departamento de Estado y comunicaciones diplomáticas que demuestran que altos funcionarios advirtieron repetidamente al exsecretario de Estado, Rex Tillerson, que eliminar el TPS desestabilizaría gravemente a sus países de origen, además de acarrear problemas de seguridad nacional para EE.UU.

Los TPS fueron creados en 1990 por el Congreso, que le dio facultades al DHS de otorgar protecciones migratorias y permisos laborales a originarios de naciones devastadas por desastres naturales o movimientos sociales.

La jueza Christen también citó los comentarios del presidente Trump cuando llamó “países de mierda” a naciones con TPS, como Haití.

Estudio considera que personas con TPS deben recibir residencia permanente

En consideración al tiempo que han vivido en Estados Unidos y sus lazos con el país, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) deberían poder obtener una residencia permanente en los Estados Unidos, concluyó un análisis de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El estudio elaborado por la Iniciativa de Políticas Latinas (LPPI) considera que de los cerca de 400,000 inmigrantes beneficiados con el TPS, “más de 70 % han vivido aquí por más de 20 años y aproximadamente dos tercios tienen hijos nacidos en los Estados Unidos”.

El promedio de años viviendo en EE.UU. de los beneficiarios es de 20.3 en comparación con 14.8 años de los inmigrantes no autorizados y 30 años de los inmigrantes naturalizados ciudadanos, asegura el informe.

Estos nexos con el país dan una idea del efecto desestabilizador para estas personas y sus familias que tendrían los cambios al TPS propuestos por la Administración del presidente Donald Trump, comentó este jueves Sonja Díaz, directora fundadora de LPPI.

De igual forma, la investigación encontró que 88.5% de los residentes con TPS forman parte de la fuerza laboral, más que los inmigrantes no autorizados (72%) y que los ciudadanos naturalizados (65.1%).

“En un momento en que los inmigrantes han desempeñado un papel clave en el mantenimiento de la economía como trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19, es importante comprender lo que está en juego cuando se eliminan las salvaguardas como el Estatus de Protección Temporal”, dijo Díaz.

Adicionalmente el análisis destacó que 10.8% de los beneficiarios del TPS son trabajadores independientes, en comparación con solo el 7.2 % de los inmigrantes naturalizados.

Para Cecilia Menjívar, autora del estudio y profesora de psicología de sociología en UCLA, dos sugerencias presentadas por el análisis son claves para asegurar la estabilidad de estos inmigrantes legales y sus familias.

La investigación recomendó que se renueve el TPS más allá de su próxima expiración en enero del 2021 para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, países que representan 98 % de todos los participantes en este programa.

Adicionalmente el análisis sugiere que se otorgue “un estatus de residencia permanente para todos los residentes que viven protegidos por el estatus temporal”.

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La investigadora argumentó que ofrecer a los inmigrantes una participación plena en sus comunidades ha demostrado ser “una y otra vez una victoria para todos en las comunidades donde viven”.

El informe también encontró que 31.9% de los beneficiarios del TPS son propietarios de vivienda, al igual que 34% de los inmigrantes no autorizados y 64.7% de los naturalizados.

Biden promete un TPS para los venezolanos y suavizará sanciones económicas al régimen castrista

El candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., Joe Biden, señaló este miércoles que de llegar a la Casa Blanca otorgaría a los inmigrantes venezolanos el Estatus de Protección Temporal (TPS) y revertiría políticas del presidente Donald Trump que considera han sido “dañinas” para los cubanos.

El exvicepresidente de EE.UU. aseguró en una entrevista al canal NBC de Miami que la política del presidente Trump hacia Venezuela “es un fracaso abyecto” y criticó que “se ha negado a extender” el alivio migratorio TPS a los venezolanos, “lo que agrava las condiciones en las que se encuentran”.

Señaló que el presidente Nicolás Maduro se “ha fortalecido” desde que Trump asumió el poder.

“El pueblo venezolano está peor, vive en una de las peores crisis humanitarias del mundo y el país no está más cerca de unas elecciones libres”, se lamentó el demócrata.

Para Biden, el enfoque “incoherente” de Trump está alienando a los socios internacionales, socavando la causa de la democracia, y su política no ha logrado aliviar el sufrimiento humano de millones de venezolanos.

El Gobierno de Trump , el primero en reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, ha impuesto sanciones contra el Gobierno de Maduro, sus familiares y sus colaboradores políticos más cercanos.

Entre tanto, sobre su política hacia Cuba, el exvicepresidente de Barack Obama (2009-2017) señaló que “revertiría las políticas fallidas de Trump que han causado daño a los cubanos y sus familias”.

El republicano “no ha hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos, por el contrario, la represión contra los cubanos por parte del régimen ha empeorado con Trump”, manifestó el demócrata, que se enfrentará al presidente en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

“Mi plan es seguir una política que promueva los intereses y empodere al pueblo cubano para que determine libremente su propio resultado, su propio futuro”, subrayó.

Agregó que también revertiría la reciente decisión de Trump de limitar las remesas de las familias cubanas”.

Trump, con una política de “mano dura”, ha dado marcha atrás en el acercamiento a Cuba que impulsó a partir de 2014 el entonces presidente Obama, pero ha mantenido las restricciones migratorias para los isleños.

Activistas impulsan TPS para inmigrantes en trabajos esenciales durante pandemia

La coalición de Fuerza Migrante pide al Congreso y al Gobierno del presidente Donald Trump aprobar un programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por su siglas en inglés) para inmigrantes que laboran en trabajos esenciales durante la pandemia de coronavirus.

Representantes de la coalición en California, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y otros estados, consideraron que sería la mejor forma de reconocer la labor primordial que estos trabajadores en las áreas agrícolas y suministro de alimentos, entre otros servicios, donde labora gran parte de los 11 millones de indocumentados.

En respuesta a pregunta expresa de este diario, Francisco Moreno, de California, afirmó que hay una acercamiento con congresistas para empujar la propuesta, pero indicó que el presidente Trump podría implementar el programa a través de una orden ejecutiva.