Un año después del asalto al Capitolio: 700 acusados y solo 71 condenas

Dicen que fueron a protestar pacíficamente. Que pensaban que la policía los estaba dejando entrar en el Congreso. Que se quedaron atrapados en medio de la turba. Algunos son arquitectos, propietarios de negocios, estudiantes, empresarios. A un año del asalto al Capitolio en Washington, más de 700 manifestantes han sido acusados con cargos que van desde planear un ataque para impedir la confirmación oficial de la victoria electoral del presidente Joe Biden el 6 de enero de 2021 hasta agredir a la policía. Hasta ahora, 165 se han declarado culpables —cuatro de ellos se arriesgan a una condena de 20 o más años de cárcel— y 71 han sido condenados con penas que alcanzan los cinco años de prisión, según datos del Departamento de Justicia.

En paralelo al trabajo del Departamento de Justicia, una comisión de la Cámara de Representantes lleva seis meses investigando lo que ocurrió en esa aciaga jornada, con especial interés en el papel de Donald Trump y su entorno durante la jornada del asalto. Está previsto que en los próximos meses hagan públicas sus conclusiones.

La cantidad de vídeos de vigilancia, de las cámaras de agentes de seguridad, y de los propios asaltantes en las redes sociales, derrumban las defensas de los simpatizantes de Donald Trump que pusieron en jaque al Capitolio ese día. En las violentas imágenes se puede ver que entre los más de 800 sublevados había algunos armados con hachas, bates de béisbol, palos de hockey y otras armas. El ataque dejó cinco muertos y 140 agentes heridos, y tuvo lugar después de que Trump instara, en un encendido discurso cerca de la Casa Blanca, a sus seguidores a “luchar como el demonio” con el fin de “recuperar” el país. La invitación final del republicano fue que marcharan hacia el Congreso.

El Departamento de Justicia es el encargado de presentar los cargos penales relacionados con el asalto, pero la comisión de investigación del Congreso —formada por siete demócratas y dos republicanos—, puede recabar pruebas de un posible delito y recomendar a la Justicia que actúe. También puede perseguir casos de perjurio, intimidación a testigos o desacato al Congreso de personas que desafían sus citaciones, como el influyente asesor de Trump, Stephen Bannon, y su exjefe de Gabinete, Mark Meadows.

Hasta ahora, los congresistas del comité ―apoyados por decenas de asesores, entre los que figuran exfiscales generales― han entrevistado a más de 300 testigos; reunido unos 35.000 documentos; y han recorrido el país para hablar con funcionarios electorales de Estados como Arizona y Pensilvania, donde Trump insiste en que se cometió fraude en el escrutinio nunca demostrado. El objetivo de las entrevistas es averiguar si hubo presiones del exmandatario y su entorno durante el escrutinio de los votos.Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Liz Cheney, vicepresidenta del comité, y parte de ese pequeño puñado de republicanos que quiere salvar a su partido de las garras de Trump, adelantó el pasado domingo a ABC News que un “testimonio de primera mano” relató que durante el ataque al Capitolio, Ivanka Trump, hija y asesora destacada del entonces mandatario, acudió al menos dos veces a su padre “para pedirle que, por favor, detuviera la violencia”. Por su parte, el demócrata Bennie Thompson, presidente de la comisión, dijo ese día a la CNN que tienen “un testimonio significativo” de que “se le había dicho a la Casa Blanca que hiciera algo”. “Es muy inusual que alguien a cargo de algo observe lo que está sucediendo y no haga nada”, agregó Thompson, en alusión a las tres horas que transcurrieron entre el motín y el vídeo que publicó Trump en el que decía a los violentos manifestantes: “Debéis iros a casa, debemos tener paz. Os queremos, sois muy especiales”. Pero también insistió en las acusaciones de fraude electoral.

En otro vídeo, el último publicado por el expresidente aquel 6 de enero, se despedía con una solicitud a sus seguidores: “Recuerden este día siempre”. Robert Palmer, de 54 años, no lo olvidará. Acusado de atacar a la policía que trabajaba para contener a la turba, en diciembre se le impuso una condena de cinco años y cuatro meses de cárcel, la pena máxima de momento a un procesado por el asalto. “Estoy realmente muy avergonzado de lo que hice”, dijo entre lágrimas el acusado que roció con un extintor de incendios a los agentes del Capitolio.

A Jacob Chansley, apodado como “el chamán de QAnon [un movimiento de teorías conspirativas]”, tampoco se le olvidará su paseo por el Congreso tocado con una cornamenta y una piel de oso y el pecho al descubierto. Le han caído tres años y cinco meses de cárcel tras declararse culpable.

La comisión de investigación, según medios estadounidenses, está planeando un cronograma de comparecencias de testigos que serán transmitidas por televisión y que previsiblemente arrancarán en las próximas semanas. El tiempo no está a favor del comité. En noviembre son las elecciones legislativas de medio mandato y los republicanos pueden hacerse con el control de la Cámara de Representantes y finiquitar la comisión. La publicación de un informe preliminar se baraja para primavera o verano, y el definitivo se presentaría antes de las elecciones.

Denuncian que Trump dio positivo por covid-19 antes del debate de 2020 con Biden

El entonces presidente Donald Trump dio positivo en la prueba de covid-19 tres días antes de su primer debate presidencial de 2020 con Joe Biden, aunque también tuvo un resultado negativo en ese mismo período, según extractos de un próximo libro del exjefe de Gabinete del presidente republicano informado por The Guardian.

La prueba positiva previamente desconocida se revela en las memorias del exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, tituladas “The Chief’s Chief”. La copia de este libro fue obtenida por The Guardian antes de la publicación del libro la próxima semana.

Trump dijo en un comunicado el miércoles, que “la historia de que tuve covid antes o durante el primer debate es una noticia falsa. De hecho, una prueba reveló que no tenía covid antes del debate”.

CNN se ha puesto en contacto con Meadows y el entonces médico de la Casa Blanca, el Dr. Sean Conley, en busca de comentarios.

Nicholas se convierte en huracán en su ruta a Houston

La tormenta Nicholas se convirtió este lunes (13.09.2021) por la noche en un huracán de categoría 1 -de un máximo de 5- frente a la costa de Texas, en el Golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

A las 22.00 hora local (05.00 CET del martes), el ojo de Nicholas se ubicaba 30 kilómetros al sureste de Matagorda y 75 kilómetros al suroeste de Freeport, mientras avanzaba a unos 17 kilómetros por hora con vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora.

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes es que Nicholas lleve intensas lluvias, fuertes vientos y crecidas del nivel del agua en áreas de la costa central y norte de Texas, una zona acostumbrada al impacto de tormentas.

Estas predicciones apuntan a que Nicholas tocará tierra en “las próximas horas” en la costa de Texas y que se moverá sobre la zona suroriental de este estado sureño el martes antes de entrar en Luisiana el miércoles.

Se espera que el huracán mantenga su fortaleza actual hasta tocar tierra, cuando se espera se debilite y vuelva a convertirse en tormenta tropical.

Siete agentes de la policía demandan a Donald Trump por incentivar el asalto al Capitolio

Siete agentes de policía que fueron atacados y golpeados durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos han presentado este jueves una demanda contra el expresidente Donald Trump por incentivar la insurrección el pasado 6 de enero. También acusa a los organizadores del mitin Stop the Steal (Detengamos el Robo) celebrado ese día en Washington y a más de una docena de miembros de grupos de extrema derecha por “cometer actos de terrorismo interno”. Mientras el Departamento de Justicia y el Congreso investigan lo ocurrido, esta demanda es parte del esfuerzo civil para responsabilizar legalmente al republicano del ataque que dejó cinco muertos y 140 agentes heridos

La demanda presentada en el tribunal federal en Washington alega que Trump “trabajó con supremacistas blancos, grupos extremistas violentos y partidarios de campañas para violar la Ley Ku Klux Klan [la ley de derechos civiles] y cometer actos de terrorismo interno en un esfuerzo ilegal por mantenerse en el poder”. Entre los acusados figuran miembros de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers y el amigo y exasesor de Trump, Roger Stone. “Debido a las acciones ilegales de los demandados, los demandantes fueron agredidos violentamente, escupidos, gaseados con lacrimógenos, sometidos a insultos y epítetos raciales, y temieron por sus vidas”, reza la demanda.

En los últimos meses se han presentado tres demandas similares a la de los agentes, pero esta es la primera en alegar que Trump trabajó de manera coordinada con extremistas de derecha y organizadores políticos en promover la idea de que se había cometido un fraude electoral en las elecciones que le dieron la victoria a Joe Biden. “Los demandantes y sus compañeros agentes arriesgaron sus vidas para defender el Capitolio de un ataque masivo y violento provocado e incentivado por los demandados en un esfuerzo ilegal por usar la fuerza, la intimidación y las amenazas para evitar que el Congreso certificara los resultados de las elecciones presidenciales de 2020”.

Sobre las demandas anteriores, los abogados de Trump han defendido que su cliente tiene inmunidad absoluta frente a demandas por acciones tomadas mientras estuvo en el cargo y sus declaraciones están protegidas por la Primera Enmienda. “Si no peleáis como el demonio, ya no vais a tener un país. Dejad que los débiles se vayan. Esta es la hora de la fuerza”, le dijo el republicano a sus miles de seguidores aquel 6 de enero.

Después de que Trump incendiara los ánimos de sus miles de seguidores convocados en Washington al grito de Save America (Salvad América), una turba enajenada se dirigió al Capitolio. Cerca de 800 personas penetraron en el edificio, devastando oficinas y enfrentándose a golpes con la policía. Muchos de ellos estaban armados con garrotes, gases nocivos y otros artefactos. La demanda acusa al expresidente de haber seguido la insurrección por televisión y haberse negado a ordenar a los asaltantes que se fueran después de que “él personalmente había enviado al Capitolio momentos antes”. Trump “alentó y apoyó a los atacantes” en el momento más violento de la jornada, sostiene la demanda. Después, a través de un video, les pidió que se fuesen a casa.

¿Qué es el Acuerdo de Doha firmado entre Trump y el Talibán y por qué ha sido clave para que los islamistas recuperen Afganistán?

El guion de la vertiginosa recuperación del poder en Afganistán por parte de los talibanes se gestó mucho antes de la toma de Kabul el domingo.

El 29 de febrero de 2020, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, y los talibanes firmaron en Doha, Qatar, el acuerdo que fijó un calendario para la retirada definitiva de Estados Unidos y sus aliados tras casi 20 años de conflicto.

A cambio se firmó el compromiso de los talibanes de no permitir que el territorio afgano fuese utilizado para planear o llevar a cabo acciones que amenazaran la seguridad de Estados Unidos.

Se le llamó oficialmente Acuerdo para Traer la Paz a Afganistán, aunque de momento su único resultado observable es la caída del gobierno afgano, con la salida del presidente Ashraf Ghani del país, y el temor a que los talibanes restauren el régimen integrista que impusieron en Afganistán antes de la invasión occidental.

Muchos expertos creen que el retorno de los talibanes es consecuencia del Acuerdo de Doha. “Aquello no fue un acuerdo de paz, fue una rendición”, le dijo a BBC Mundo Hussain Haqqani, director para Asia Central y Meridional del Instituto Hudson y ex embajador de Pakistán en Estados Unidos.

Qué se acordó en Doha

El acuerdo fijó un calendario para la retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados internacionales en un plazo de 14 meses desde que se anunciara el acuerdo.

A cambio, Washington obtenía el compromiso de que los talibanes no permitirían “que ninguno de sus miembros, ni otras personas o grupos, incluida al-Qaeda, usen el territorio afgano para amenazar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados”.

Igualmente, se establecía que los talibanes y el gobierno afgano entablarían después las llamadas negociaciones entre afganos, que deberían desembocar en un alto el fuego y un acuerdo definitivo sobre el futuro político del país.

Los talibanes incluyeron al final de la negociación la exigencia de un acuerdo de liberación de prisioneros, que fue finalmente incluida. Hasta 5.000 prisioneros talibanes y 1.000 funcionarios del gobierno afgano presos de los talibanes serían liberados.

Qué falló en el Acuerdo de Doha

Para Laurel Miller, diplomática estadounidense retirada y directora del Programa de Asia del International Crisis Group, un centro de análisis, “nada de lo que está pasando es sorprendente”.

Haqqani, por su parte, asegura que “lo único que acordaron los talibanes fue una retirada estadounidense”.

“Dijeron: ‘De acuerdo, comenzaremos un diálogo con el gobierno afgano’. Pero nunca se lo tomaron en serio”.

El hecho es que el gobierno afgano cayó antes de que el diálogo con los talibanes produjera el alto el fuego previsto y un acuerdo definitivo. E incluso la violencia se recrudeció en los meses posteriores al acuerdo, según algunos observadores, debido al interés de los talibanes en controlar el mayor territorio posible y ganar fuerza de cara a esas negociaciones inconclus

El Acuerdo de Doha se basaba en la premisa, repetida por el gobierno de Joe Biden y de su antecesor, Donald Trump, de que serían las fuerzas de seguridad afganas las que tomarían el control de la situación después de la retirada occidental.

Según fuentes militares anónimas citadas por el diario The Washington Post, muchos mandos militares y policiales afganos aceptaron rendirse a los talibanes a cambio de dinero, una vez el Acuerdo de Doha dejó claro que la retirada de las fuerzas de Estados Unidos era inminente.

Una de las grandes preocupaciones ahora es qué pasará con las afganas ya que se teme que vuelvan a sufrir la discriminación y violencia machista que fueron la tónica en el régimen talibán de la década de 1990.

El Acuerdo de Doha no menciona una línea sobre ellas, ni obliga a los talibanes a respetar los derechos humanos.

Suhail Saheen, portavoz de los talibanes, le dijo a la BBC que en el nuevo Afganistán “las mujeres pueden tener acceso a la educación y al trabajo”.

El analista Haqqani alerta, en cambio, de que nunca se te confiar “en la palabra de los talibanes: siempre llevan sus promesas a tribunales que se rigen por su interpretación del islam”.

Haqqani cree que “es solo cuestión de tiempo que se materialice” la amenaza de acciones terroristas desde Afganistán que temen los países occidentales y lamenta que el Acuerdo de Doha no incluye ningún mecanismo para garantizar que, efectivamente, los talibanes cumplen su compromiso de no permitir que Afganistán se convierta en una base terrorista.

Él es uno de los que teme que entre los 5.000 presos liberados en virtud del Acuerdo de Doha pueda haber integrantes de organizaciones yihadistas como Al-Qaeda, Estado Islámico o el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental, que tiene como objetivo la región china de Xinjiang, donde viven los uigures, una minoría de chinos musulmanes.

Cómo se llegó al Acuerdo de Doha

La invasión de Afganistán fue parte de la “guerra contra el terror” declarada por el expresidente estadounidense George W. Bush después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El Afganistán de los talibanes era una de las bases de Al-Qaeda y la inteligencia estadounidense ubicaba allí y en el vecino Pakistán la sede principal de actuación de su líder, Osama Bin Laden.

A sus acciones contra intereses estadounidenses y occidentales se sumarían más tarde las del autodenominado Estado Islámico.

Cuando Trump llegó a la Casa Blanca en 2017 lo hizo con la promesa de poner fin a las “guerras interminables” de Estados Unidos.

En 2018 comenzaron las conversaciones con los talibanes para poner fin a un conflicto en el que han muerto más de 2.400 militares estadounidenses y más de 32.000 civiles afganos.

Trump le encargó al enviado especial de Estados Unidos en Afganistán, Zalmay Khaliljad, negociar un acuerdo con los talibanes en Doha, donde llevaba tiempo instalada gran parte de la dirigencia talibán, encabezada por Mulá Abdul Ghani Baradar.

Las negociaciones se interrumpieron varias veces y Trump llegó a dar por “muerto” el acuerdo, pero finalmente Washington acabó aceptando la demanda talibán de que se apartara al gobierno afgano de las negociaciones y eso desbloqueó el diálogo.

Cuando anunció el acuerdo, Trump advirtió: “Si las cosas van mal, volveremos con una fuerza como nunca antes se ha visto”.

Su sucesor en la Casa Blanca, Biden, decidió acelerar la retirada y, pese a las imágenes de las últimas horas, se ha reafirmado en su decisión de poner fin a “la guerra más larga de Estados Unidos”.

Para las hemerotecas quedarán palabras como la del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras el anuncio del Acuerdo de Doha: “Solo nos marcharemos cuando las condiciones sean adecuadas”.

También las de la activista afgana Zahra Husseini, que le dijo a AFP: “Mientras veía como lo firmaban, tuve ese mal presentimiento de que llevaría al retorno de los talibanes al poder y no a la paz”.

Fuente. MSN.com

La OMS pide retrasar dosis extra de vacunas contra coronavirus para apoyar a países pobres

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a las naciones ricas detener su esfuerzo en la distribución de las vacunas de refuerzo contra COVID-19, a fin de mejorar la distribución de la inmunización en los países más pobres.

“Necesitamos una reversión urgente de la mayoría de las vacunas que van a los países de ingresos altos, a que la mayoría se dirija a los países de ingresos bajos”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

El planteamiento de la OMS es que para diciembre se logre vacunar al 40 por ciento de la población mundial.

El panorama general aquí es, como política, no avanzar con reforzadores hasta que lleguemos al mundo entero en un punto en el que las poblaciones mayores, las personas con comorbilidades, las personas que trabajan en la primera línea estén todas protegidas en la medida de lo posible con vacunas”, dijo el Dr. Bruce Aylward, asesor de la OMS.

La postura de ese organismo ocurre en medio del aumento de casos de coronavirus con la viariantes delta y lambda, las cuales son más agresivas y de fácil contagio.

Los expertos de la OMS consideran que el mundo entero está en riesgo y por ello deben asegurarse las vacunas para todos.

“El mundo entero está en medio de esto y, como hemos visto con la aparición de variante tras variante, no podemos salir de él a menos que todo el mundo salga junto”, expresó Aylward. “Con la enorme disparidad en la cobertura de vacunación, simplemente no vamos a poder lograr eso”.

Los expertos descartaron que esto afecte a los países ricos, aunque enfrenten una nueva ola de contagios con las nuevas variantes.

En EE.UU. no hay todavía una política de reforzamiento, como en Israel.

Los funcionarios de la OMS esperan que para 2022 el 70% de la población del mundo esté vacunada.

El presidente Joe Biden informó este martes de la distribución de más vacunas a nivel mundial, al menos 500 millones, pero destacó que se han enviado 111 millones de dosis a más de 60 países.

Declaran culpable de fraude a banquero relacionado con Trump

Un jurado federal en Manhattan declaró culpable ayer martes al banquero Stephen Calk de cargos penales por permitirle a Paul Manafort obtener 16 millones de dólares en préstamos antes de que el ahora exjefe de campaña de Donald Trump le ayudara a conseguir una entrevista para un puesto en el gobierno de Trump.

El jurado declaró culpable a Calk de soborno de una institución financiera y asociación ilícita. Los abogados del banquero de Chicago dijeron que su defendido no hizo nada ilegal en las semanas después que Trump ganó la elección presidencial en noviembre de 2016.

Sin embargo, los fiscales dijeron que Calk allanó el camino para que Manafort recibiera préstamos a los que no tenía derecho, con esperanzas de que Calk consiguiera un puesto de alto nivel en el gobierno de Trump. Aunque al final Calk obtuvo una entrevista en la Trump Tower, no fue contratado.

El juez fijó para el 10 de enero la audiencia de condena de Calk, que fue director ejecutivo del Federal Savings Bank.

Durante el juicio, el excolaborador de Trump Anthony Scaramucci declaró que nunca habría permitido que Calk consiguiera la entrevista para el cargo en el gobierno si hubiera sabido que Calk estaba ayudando a Manafort a obtener préstamos millonarios para sus negocios de bienes raíces.

Scaramucci declaró que Manafort, quien fue jefe de la campaña de Trump durante un período clave —desde junio hasta inicios de agosto de 2016—, habló con él en diciembre de ese año para alentarlo a considerar a Calk para un puesto en el equipo de transición.

En aquel entonces, Scaramucci estaba trabajando en el equipo de transición presidencial.

Aunque Calk quería convertirse en secretario de la Defensa, al final fue entrevistado para otros puestos cuando se volvió claro que no podría conseguir esa posición, según mostró el testimonio.

Trump demanda a Facebook, Twitter y Google por censura

El expresidente estadounidense anunció este miércoles 7 de julio que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook, Twitter y Google, intensificando su batalla por la libertad de expresión en las redes, tras la censura de la que se dice víctima.

“Estoy presentando, como representante principal, una demanda colectiva contra las grandes tecnológicas, incluidas Facebook, Google y Twitter, así como sus directores ejecutivos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Jack Dorsey”, anunció Trump en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.

Los tres grupos “implementan una censura ilegal e inconstitucional”, añadió el líder republicano de 75 años que fue suspendido en Facebook y Twitter tras el mortal asalto de sus simpatizantes al Capitolio el 6 de enero.

“Estamos pidiendo a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida que ordene el fin inmediato de la censura ilegal y vergonzosa por parte de grupos de redes sociales dirigida a estadounidenses”, dijo. “Exigimos (…) el fin del silencio forzado”, reclamó.

“Nos alzamos por la democracia estadounidense al defender los derechos a la libertad de expresión de cada estadounidense: demócrata, republicano, independiente, lo que sea”, dijo Trump. “Esta demanda es solo el comienzo”, añadió.

Trump, quien dice ser acompañado en la demanda por miles de ciudadanos que han sido excluidos de redes sociales, aseguró que busca el fin inmediato de la censura, las listas negras y lo que llama la “cancelación” de personas que comparten sus posiciones políticas.

La Organización Trump y su jefe financiero fueron imputados penalmente ante un gran jurado en NY

a Organización Trump y su jefe financiero, Allen Weisselberg, han sido acusados formalmente de cargos derivados de una investigación en Nueva York sobre los tratos comerciales del expresidente, dijeron a The Washington Post dos personas familiarizadas con el asunto.

El diario, que cita a dos fuentes conocedoras de la cuestión, informa que la acusación permanecerá bajo secreto hasta mañana jueves, por lo que se desconoce por ahora qué cargos se imputan exactamente.

Según habían avanzado hoy varios medios, se espera que la empresa del expresidente estadounidense Donald Trump y Weisselberg sean acusados por supuestos delitos fiscales como resultado de una larga investigación llevada a cabo por fiscales neoyorquinos.

Por ahora, la Fiscalía de Nueva York no ha confirmado oficialmente las acusaciones, que serían las primeras en el marco de las pesquisas que mantiene desde hace unos tres años el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance.

Entre los imputados no está en principio Donald Trump, pero sí Weisselberg, figura clave en la compañía y a quien los fiscales han estado tratando de convencer para que coopere con la investigación, de acuerdo con varias fuentes.

Según The Wall Street Journal, el director financiero de la Organización Trump habría rechazado esas propuestas y será acusado de cargos vinculados a evasión fiscal, después de que la Fiscalía haya estudiado durante meses si él y otros empleados de la compañía evitaron ilegalmente el pago de impuestos sobre algunas compensaciones que recibían como vehículos, apartamentos o matrículas en escuelas privadas.

En caso de que los fiscales puedan demostrar que la empresas y sus ejecutivos esquivaron sistemáticamente el pago de impuestos, podrían presentar cargos más graves, añade el periódico.

The Washington Post agrega que los fiscales confían en que Weisselberg termine por testificar contra Trump para reducir sus propios problemas legales.

Las investigaciones en torno a la empresa del expresidente se han acelerado en los últimos meses, con varios ejecutivos siendo llamados a testificar ante un gran jurado en preparación de las posibles acusaciones.

Las pesquisas han abarcado posibles fraudes fiscales, de seguros y otros delitos de alcance penal, supuestamente cometidos antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Estos podrían incluir tasaciones infladas, desgravaciones sin justificación y contabilidad duplicada para, a la postre, no pagar o pagar muy pocos impuestos durante años, según ha ido trascendiendo.

El fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, consiguió un gran triunfo el pasado febrero, cuando logró acceso a años de declaraciones de impuestos de Trump tras una larga batalla legal en la que el Tribunal Supremo terminó por rechazar los argumentos del expresidente para que esos documentos se mantuvieran confidenciales.

La Fiscalía, además, ha estado investigando los pagos secretos de dinero que la campaña electoral de Trump hizo a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera pública una supuesta relación sexual con el entonces candidato a la Presidencia, dado que podrían infringir la legislación del estado de Nueva York.

En mayo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que desarrollaba en paralelo una investigación civil en torno a la empresa de Trump, anunció que se sumaba a la vía criminal abierta por Vance.

Trump renunció a la gestión diaria de la empresa mientras estuvo en la Casa Blanca, pero no está claro qué papel desempeña ahora en el entramado, del que sigue siendo dueño a través de un fideicomiso administrado por sus hijos mayores y Weisselberg.

El exmandatario republicano ha negado en todo momento cualquier irregularidad y ha denunciado repetidamente que las investigaciones son fruto de una persecución política por parte de fiscales demócratas.

Murió Champ, uno de los perros del presidente Joe Biden

Ayer sábado, el presidente Joe Biden anunció la muerte de Champ, perro de la familia, luego de 13 años con la familia.

“Nuestros corazones están apesadumbrados hoy porque les dejamos saber que nuestro amado pastor alemán, Champ, falleció pacíficamente en casa. Fue nuestro compañero constante y querido durante los últimos 13 años y fue adorado por toda la familia Biden”, manifestó en un comunicado el mandatario.

Biden manifestó que “incluso cuando la fuerza de Champ disminuyó en sus últimos meses, cuando entramos en una habitación, inmediatamente se levantaba, su cola siempre meneaba, y nos acariciaba con la nariz para rascar su oreja o darle un masaje en la barriga. Dondequiera que estuviéramos, él quería estar, y todo mejoró instantáneamente cuando estaba a nuestro lado”.

El presidente Biden y la primera dama Jill tienen otro pastor alemán, Major, el cual llegó a la familia en el año 2018.

“En nuestros momentos más alegres y en nuestros días más afligidos, él estaba allí con nosotros, sensible a cada uno de nuestros sentimientos y emociones no expresados. Amamos a nuestro dulce y buen chico y siempre lo extrañaremos”, cerró el comunicado del mandatario.

Trump denuncia que caso penal en su contra es una “cacería de brujas”

El expresidente de Estados Unidos, el empresario Donald Trump, aseguró este miércoles (19.05.2021) que la investigación penal de la Fiscalía de Nueva York contra su conglomerado empresarial es una cacería de brujas de los demócratas, que no quieren que se postule de nuevo a la presidencia en 2024. El republicano emitió un comunicado para referirse al tema.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció la noche del martes que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en la indagación penal relacionada con el grupo inmobiliario de Trump y el pago de impuestos. La pesquisa busca comprobar si el conglomerado engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó.

El republicano señaló en un comunicado que se trata de “una continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de Estados Unidos” y se mostró como una víctima de investigadores y “testigos mentirosos”, que en esta ocasión “buscan desesperadamente un delito”. La investigación está en curso desde 2019, como un caso civil, al que ahora se agrega el criminal.

Riesgo legal para Trump

“Hemos informado a la Organización Trump que nuestra investigación sobre la organización ya no es de naturaleza puramente civil”, dijo la fiscal James a través de un portavoz. “Ahora estamos investigando activamente a la Organización Trump en materia penal, junto con el fiscal de distrito de Manhattan”, agregó.

El expresidente aseguró que se trata de una campaña de la fiscal James incluso antes de que fuera elegida en ese cargo, la cual buscaba su destitución cuando él era presidente (2017-2021). “Hizo campaña para enjuiciar a Donald Trump incluso antes de saber algo sobre mí”, expresó el republicano, hablando de sí mismo en tercera persona. Agregó que buscan “la destrucción de la suerte política del presidente Donald J. Trump” porque no quieren que se presente de nuevo como candidato.

La notificación de James a la organización supone un nuevo nivel de riesgo legal para el expresidente, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está examinando millones de páginas de documentos que incluyen las declaraciones de impuestos del magnate neoyorquino.