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La UE pide a Venezuela que “revierta” la decisión de expulsar a su embajadora

La Unión Europea pidió este jueves al Gobierno venezolano que “revierta” su decisión de obligar a la embajadora de la UE en ese país, Isabel Brilhante, a abandonar Venezuela en 72 horas.

“La UE lamenta profundamente esta decisión que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Pedimos que se revierta esta decisión”, dijo a EFE la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Nabila Massrali.

El Gobierno venezolano declaró este miércoles persona non grata a la embajadora a Brilhante y le dio tres días para abandonar la nación en respuesta a las sanciones que el lunes aprobó la UE contra 19 diputados de la Asamblea Nacional, la judicatura y el Comité Nacional Electoral de Venezuela, en respuesta a los comicios del 6 de diciembre que la UE no reconoce.

El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, se reunió hoy con la embajadora europea para comunicarle la decisión, después de que ayer el parlamento -de mayoría chavista- pidiese al presidente, Nicolás Maduro, que expulsara a Brilhante por considerarla persona non grata.

La portavoz del SEAE dijo que “Venezuela solo superará su crisis actual a través de la negociación y el diálogo, al que la UE está completamente comprometida”, pero añadió que la decisión de hoy “socava” esa voluntad de cooperación.

El 29 de junio de 2020, Maduro ya ordenó a Brilhante la salida del país, una decisión que revocó el 2 de julio, con la esperanza de que la decisión facilitara el diálogo entre la UE y Venezuela.

Aquella decisión también estuvo precedida de otra ronda de sanciones a Venezuela por parte de los países de la Unión Europea.

La UE aprueba nuevas sanciones contra régimen de Maduro tras comicios fraudulentos de diciembre

La Unión Europea (UE) aprobó este lunes nuevas sanciones contra Venezuela tras las elecciones del pasado 6 de diciembre que los países de la UE no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos.

En total, la lista incluye a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y a Diosdado Cabello, número dos del presidente Nicolás Maduro.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE ampliaron hoy la lista, añadiendo a 19 personas entre las que se encuentra la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y Leonardo Enrique Morales Poleo, respectivamente.

También incluyen a varios diputados de la Asamblea Nacional constituida el 5 de enero, que la UE tampoco reconoce, así como a magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de Venezuela.

“Los individuos añadidos a la lista son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales”, dijeron los Veintisiete en un comunicado.

Las sanciones implican la prohibición de entrar al territorio comunitario y la congelación de los activos y bienes que tengan en la UE.

La UE reiteró hoy su disposición a continuar “trabajando y colaborando con todos los actores en Venezuela” para promover un “una diálogo pacífico y democrático”, así como “una solución sostenible a la crisis en el país”.

Tras la constitución de la nueva Asamblea Nacional, controlada ahora por los partidarios del régimen de Nicolás Maduro, la UE ya expresó que no reconoce al actual parlamento y se mostró partidaria de trabajar con el líder opositor Juan Guaidó para poder celebrar nuevos comicios en el país, aunque desde entonces ha evitado tratarle de presidente.

“La UE mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015, que fue la última expresión libre de los venezolanos”, dijeron entonces los Veintisiete.

Maduro señala que las sanciones internacionales, que incluyen el bloqueo en el exterior de activos pertenecientes a su país, están impidiendo que su país ofrezca una mejor respuesta a la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19.

En una intervención virtual durante la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maduro dijo que su país afronta más de 47wQbNPTDJp9hMYdvogK2hAUiHsGeiybwaWe36bwtRQ3UTpYV7YuZ8FV5j9nauFCWwcjM6dTzpL5s2N79Rp5unwdMvc8ZKU, con el fin último de provocar un cambio de gobierno.

El Gobierno de Maduro cifra en al menos 30.000 millones de dólares los activos a los que no puede acceder por las restricciones impuestas por Estados Unidos y la UE y que –según el mandatario- servirían para cubrir necesidades básicas de la población.

“Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, desacatando los llamados de la comunidad internacional”, dijo Maduro al Consejo de Derechos Humanos (CDH), el foro internacional más importante en este ámbito y que se celebra desde Ginebra en formato esencialmente virtual.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, consideró en el pasado que las sanciones financieras contra Venezuela no son la forma más eficaz de propiciar la colaboración del gobierno de Maduro.

Una misión de investigación creada por mandato del CDH y que trabaja bajo el amparo de la Oficina de Bachelet corroboró graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo eventos que pueden representar crímenes contra la humanidad y de los que altos responsables del gobierno habrían sido cómplices.

La UE ampliará las sanciones en Venezuela a una treintena de dirigentes implicados en el proceso electoral

El bloque europeo dará luz verde a la extensión de las restricciones, en principio en el Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes. Se busca de esta forma dar respuesta a las elecciones del pasado mes de diciembre y redoblar la presión sobre las autoridades de Caracas. El número de personas objeto de sanciones europeas pasaría a ser el doble, puesto que en la actualidad las medidas afectan a 36 dirigentes.

Esta es la respuesta del bloque europeo a un proceso electoral que tacha de fraude y del que no reconoce el resultado, aunque a su vez ha evitado extender el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado pero mantiene que es un interlocutor para la salida a la crisis venezolana.

Se espera que la lista incluya a una treintena de funcionarios,. Según ha informado una fuente diplomática, la medida supondría la congelación de bienes y la prohibición de entrada en la UE, en línea con las cuatro rondas de sanciones aprobadas hasta ahora por el bloque desde que estableciera el plan de sanciones en 2017, a la vista del deterioro democrático en el país.

En el margen de este régimen de restricciones, la UE mantiene en la lista negra a 36 personas con cargos oficiales y responsables de minar la democracia y violar derechos fundamentales. Con este instrumento, los Veintisiete buscan responder a acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos. Las medidas comprenden también el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna.

Coronavirus: cumbre de la UE dividida por fondo de recuperación económica

Los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunen en el centro de conferencias “Space Egg” de Bruselas, por primera vez en persona desde el comienzo de la pandemia.

Casi todo es diferente ahora. El edificio parece estar vacío. No se permite la entrada a los periodistas. A los jefes sólo se les permite traer a unos pocos asistentes. El personal del Consejo Europeo, los funcionarios, los técnicos, las fuerzas de seguridad, están reducidos al mínimo.

La gran sala de conferencias en el segundo piso del edificio del consejo tiene capacidad para 300 personas. Pero solo unas 50 pueden entrar en la sala para esta cumbre extraordinaria especial, dedicada exclusivamente al presupuesto y a un paquete de estímulo económico, que suman un total de casi 1,8 billones de euros.

Casi todos los jefes de Estado y de Gobierno usan una máscara cuando caminan sobre la alfombra roja en la sala de entrada, pero el presidente permanente del Consejo, Charles Michel, no la usa. La actual presidenta del Consejo de la UE, la Canciller Angela Merkel, lleva una mascarilla y se detiene un momento. Recién cuando el lugar frente a la cámara de televisión es desocupado por otro jefe de gobierno, ella da un paso adelante para hacer su declaración. El distanciamiento tiene máxima prioridad también aquí.

Merkel con sentimientos mixtos

Queda por ver si también será posible mantener la distancia en las largas noches de negociaciones que ahora seguirán. Después de todo, la reunión “física” ha sido programada para que se puedan forjar acuerdos en pequeñas sesiones o en diálogos intensivos. “No se puede realmente discutir en las videoconferencias”, dice un diplomático de la UE que estuvo ocupado con la preparación de la cumbre.

Muchas sillas quedan vacías por el coronavirus.

Angela Merkel, sobre la que pesan enormes expectativas como presidenta en turno del Consejo de la UE y representante del mayor país del club, se muestra cautelosa. “Las diferencias son todavía muy grandes y no puedo decir si llegaremos a un resultado esta vez. Sería deseable”, indicó.

Merkel habló de “negociaciones muy, muy difíciles” para los días siguientes. La cumbre especial está programada para dos días. Pero podría extenderse hasta el lunes, dicen los diplomáticos de la UE. Si fracasa este intento, habrá otra cumbre especial.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que junto con Merkel propuso un “fondo de reconstrucción” para la economía post-Corona por un monto de 500.000 millones de euros, se muestra más optimista. “Tenemos que encontrar un acuerdo y estoy seguro de que lo lograremos”, dijo Macron a su llegada a Bruselas. Este es “el momento de la verdad para nuestras ambiciones europeas”, dijo el presidente francés.

Presupuesto para siete años

Sobre la mesa se encuentra la primera propuesta para un acuerdo. El volumen del presupuesto común de la UE para los próximos siete años sería de 1,1 billones de euros. A eso se sumaría un fondo de recuperación de 750.000 Millones de euros, que se financiaría inicialmente a través de créditos. Dos tercios de esa suma se pagarían entre 2021 y 2023 como subsidio a los estados miembros sacudidos por el coronavirus. De momento no queda claro quién recibiría cuánto dinero y según qué criterios.

Angela Merkel en Bruselas: “Simplemente tenemos que trabajar duro”.

Se han formado varias alianzas entre los 27 estados miembros, que luchan por sus intereses. Para la mediadora, Angela Merkel, el reto es ahora desentrañar la extremadamente compleja red de intereses. Los llamados “cuatro ahorrativos”, los Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Austria, cuestionan tanto la cantidad como el plan de un fondo de recuperación. Los “amigos de la cohesión”, es decir, los estados que reciben mucho dinero de los fondos agrícolas y estructurales, quieren evitar recortes a favor de los estados del sur que sufren particularmente por la pandemia. Los países que más sufren, por otro lado, piden altos subsidios sin mayores controles.

Budapest amenaza  

Al final debe haber un arreglo. Esto les queda claro a todos los participantes, porque el presupuesto y el fondo de recuperación deben ser aprobados por unanimidad. Después, el Parlamento Europeo también debe dar su aprobación. Debido a que es la primera vez que la Comisión de la UE toma dinero prestado, también es necesaria la ratificación en los 27 parlamentos de los estados miembros.

Así que no es una gran ayuda que un parlamento nacional, el parlamento húngaro, amenace ya con un veto. Si la UE no detiene el procedimiento contra Hungría por no garantizar el Estado de derecho, el presupuesto será bloqueado, amenaza el parlamento. Otros estados miembros también han definido sus “líneas rojas”. “Simplemente tenemos que trabajar duro”, dijo la canciller Angela Merkel en la apertura de la primera reunión.

Maduro responde y expulsa a embajadora de la Unión Europea en Venezuela

No ocultó su molestia Nicolás Maduro por la reciente decisión de la Unión Europea de sancionar a miembros de la Asamblea Constituyente, al diputado Luis Parra a quien el TSJ le entregó la «presidencia» del parlamento y a algunos militares y funcionarios de su gobierno. Colonialistas, racistas, supremacistas y algunas cosas más dijo que eran. Y anunció una decisión: la embajadora de la UE tiene 72 horas para salir del país.

Isabel Brilhante Pedrosa, entonces, debe estar haciendo maletas.

«¿Quiénes son ellos para tratar de imponerse con la amenaza? ¿Quiénes son? ¡Ya basta! Por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea para que abandone nuestro país», dijo Maduro.

El conflicto le alimenta el verbo: “Nosotros desde Venezuela le hablamos claro y duro. No le tenemos miedo a nadie (…) ¡Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela!”.

Las sanciones de la UE van contra 11 personas. La mayoría por acciones directas contra Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado. Sobre el diputado Luis Parra por su «ilegítima» elección a través del TSJ con la que se intenta despojar a Guaidó de su cargo al frente del parlamento; contra los también diputados Franklyn Duarte y José Noriega, quienes fueron proclamados por el TSJ como vicepresidentes de la Asamblea Nacional; contra Gladys del Valle Requena y Tania Valentina Díaz González, quienes a través de la Asamblea Constituyente impulsaron el despojo de la inmunidad parlamentaria de Guaidó. Y otros.

Incluye, cosa curiosa, también a Jorge Márquez, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, acusado de limitar el derecho a la información.

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